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El juez Andreu propone juzgar a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. I La Marea

MADRID // El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la investigación abierta del “caso Bankia”, que investiga la salida a Bolsa de la entidad, y ha procesado a 34 personas, entre ellas al expresidente Rodrigo Rato; al exconsejero delegado, Francisco Verdú y a los exconsejeros José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. A todos ellos, el juez les imputa los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010-2011 y fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa.

El juez ha sobreseído el procedimiento para la auditora Deloitte y para los directivos de la CNMV y del Banco de España (BdE), cuya imputación había solicitado la acusación popular. Quedan fuera de la causa, entre otros, el exgobernador del BdE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el exvicepresidente Javier Aríztegui.

A lo largo de 253 folios, el magistrado resume los cinco años de investigación penal. Además de los interrogatorios practicados, Andreu se ha basado en los informes periciales recabados, que le permiten concluir que los estados financieros individuales y consolidados de BFA (la matriz de Bankia) a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2011, así como las cuentas anuales de Bankia de 2011, no reflejaban la imagen fiel de la situación económica de la entidad.

“Cuentas maquilladas”

En su escrito, el magistrado sostiene que los administradores de BFA y Bankia “aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la Entidad con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado”.

Por ese motivo, el juez argumenta que debe procederse contra los miembros del Consejo de Administración que adoptaron las decisiones, en tanto que tenían un deber especial de actuación y datos suficientes para conocer la conducta de sus subordinados que podría crear un riesgo jurídicamente desaprobado, como así ocurrió, “Debían adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias”, escribe el juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional también considera que los consejeros investigados falsearon la información económica que contenía el folleto informativo elaborado para la salida del banco a Bolsa. Según Andreu, no sólo se produjo una falsa información al inversor, sino que “se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos”.

Reflejo irreal de Bankia

Por ese reflejo “irreal” de la situación de Bankia que mostraba el folleto informativo, el juez imputa el delito de fraude de inversores a Bankia y BFA S.A. como personas jurídicas y a Rato, Verdú, Olivas y Fernández Norniella en tanto que participaron en la  reunión del Consejo de Administración de Bankia que aprobó la inclusión de esa información en el folleto. El mismo delito se imputa también al auditor externo como cooperador necesario,  por analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia que se presentaron en ese folleto de emisión para su salida al parqué bursátil.

La Comisión Intersindical de Crédito, personada como acusación popular, atribuyó a varios directivos de la CNMV y del Banco de España su responsabilidad en la comisión de los hechos investigados. Sin embargo, el juez ha descartado su responsabilidad penal. En el caso de la CNMV, Andreu explica que su labor era la de adoptar las medidas necesarias legalmente establecidas para la protección de los inversores, “y no parece razonable exigirle que constatara por sus propios medios que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de la entidad”. Respecto al Banco de España, el juez reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella, y que “no ha participado en la ficción de aparentar solvencia donde no la había”.

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El BOE publica las dos multas impuestas a Hernández Moltó, expresidente de CCM

Juan Pedro Hernández Moltó I La Marea

El BOE recoge este jueves una resolución que declara firmes, tras un largo periplo por los tribunales, dos sanciones que el Banco de España impuso en 2009 a Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) hasta la intervención de la entidad en 2009. Las dos multas, por infracciones muy graves de la ley de las entidades bancarias, suman 130.000 euros. Antes de presidir la entidad entre 1999 y 2009, Hernández Moltó fue diputado del PSOE, concejal, consejero y secretario general de los socialistas en Castilla-La Mancha.

La primera sanción, por deficiencias en los sistemas de control interno que pusieron en peligro la viabilidad de la entidad, se resolvió con 85.000 euros y tres años de inhabilitación para trabajar en el sector de la banca. La segunda, por no contar con los recursos mínimos necesarios para cubrir sus operaciones, es de 45.000 euros y dos años de inhabilitación.

Hernández Moltó recurrió ante la Audiencia Nacional, que lo desestimó en 2013. Entonces acudió al Tribunal Supremo (TS), ante el que presentó un recurso de casación. El pasado diciembre, el TS consideró que no había lugar al recurso. Así, tras casi siete años, el BOE recoge este jueves de nuevo las multas para hacerlas efectivas.

En paralelo, durante todo ese periplo judicial para valorar la sanción administrativa, el expresidente de Caja Castilla-La Mancha fue juzgado en la Audiencia Nacional por la quiebra de la entidad. Hace un año, fue condenado por manipular las cuentas de la entidad a dos años de inhabilitación y una multa de 29.970 euros. Eso sí, fue absuelto de administración fraudulenta y no se amplió la pena por considerar que no había habido “enriquecimiento personal”.

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