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La gran estafa del rescate a la banca

Manifestación contra Bankia I La Marea

El Banco de España ha publicado esta semana su informe anual en el que estima el coste de las ayudas públicas a la banca. Este documento, con datos correspondientes al 31 de diciembre de 2016, eleva las ayudas en forma de capital otorgadas por el FROB (organismo del Estado) a 54.353 millones de euros, de los cuales solo se han recuperado 3.873 millones, lo que supone el 7,1%. Para que nos hagamos una idea de esta cantidad, desde 2010 hasta 2015 se han recortado 78.000 millones de euros en educación, sanidad, vivienda, desempleo, cultura e investigación.

La institución estima que se espera recuperar un total de 14.275 millones de euros. Sin embargo, hace apenas un año, el FROB fijaba esta cifra en 16.000 millones, lo que demuestra que las expectativas son aún peores, y no sabemos cuánto más pueden empeorar. Tampoco debemos olvidar que las ayudas a la banca no solo han tenido la forma de capital, por lo que el dinero público comprometido ha sido muy superior al de las cantidades citadas.

De hecho, recientemente el Tribunal de Cuentas cuantificó el volumen total de dinero público que hemos comprometido todos los ciudadanos: 251.563 millones de euros, una cantidad astronómica equivalente a la cuarta parte de lo que genera la economía española en un año. Esta cantidad incluye no solo las aportaciones de capital (dinero entregado a la banca con la intención de que sea permanente), sino también los avales (respaldo de lo público en caso de que las cosas se le pongan feas a la banca), garantías por la compra de entidades y determinados créditos extraordinarios en algunos procesos de reestructuración. Si bien parte de ese dinero ha sido devuelto y no supondrá pérdidas, llama la atención que ninguna otra empresa privada haya recibido un trato similar.

A todo ello, además, habría que sumarle dos tipos de ayuda pública que oficialmente no son consideradas tales: protección de todos los depósitos bancarios hasta el valor de 100.000 euros y las inyecciones de liquidez, tanto estatales como europeas. Ambos mecanismos son claras ayudas públicas, porque si el Estado no se comprometiera a respaldar con dinero público los depósitos bancarios, la gente temería por sus ahorros y las entidades bancarias habrían sufrido ya hace tiempo importantes retiradas de dinero. Lo mismo ocurre con las inyecciones públicas de liquidez: si no fuese por ese fácil y recurrente acceso a la liquidez otorgada por organismos públicos, todas las entidades habrían tenido que echar el cierre. La cuantificación de todas estas ayudas supera con creces el billón y medio de euros.

Según datos de Eurostat, en 2015 España era el tercer Estado de toda la Unión Europea con más volumen de garantías en vigor, concedidas al sector financiero como porcentaje sobre el PIB (12,45%), solo superada por Irlanda y Grecia (13,3% y 24,3%, respectivamente). Y según un informe del Banco Central Europeo con datos disponibles hasta 2015, solo cinco países de la Eurozona registraban hasta entonces un coste superior al del rescate bancario español: Irlanda (26,7% del PIB), Grecia (12,7%), Eslovenia (10,9%), Chipre (10,6%) y Portugal (6,8%) frente al 4,9% de España. Tenemos el dudoso honor de haber experimentado el rescate bancario más costoso de las mayores economías de la zona euro.

Pero es que, además, no es correcto ni riguroso utilizar expresiones como “rescate a la banca”. No se ha rescatado a toda la banca, ni mucho menos. Se ha rescatado solo a sus propietarios, que no es lo mismo. Porque 1 de cada 3 trabajadores de las entidades bancarias han sido despedidos desde 2008 (77.253 empleados de rango medio y bajo); ellos formaban parte de la banca y no han recibido ningún tipo de ayuda pública. Tampoco las ayudas han beneficiado por igual a todos los componentes del sector financiero: el año pasado, 133 banqueros españoles cobraron más de un millón de euros cada uno de ellos. Curiosa forma de premiar a aquellos que han provocado agujeros de capital en sus negocios y que han tenido que ser rescatados.

Y basta ya de culpar únicamente a las cajas de ahorro o pensar que son las únicas que han recibido ayudas. El agujero del sector bancario se debe a una masiva concentración del negocio en la construcción y en la promoción inmobiliaria a partir de un elevadísimo endeudamiento proveniente de bancos extranjeros. La burbuja inmobiliaria explotó para todo el mundo, no solo para las cajas. En términos generales, las cajas no estaban en peor situación que los bancos, pero el Gobierno decidió liquidar las primeras y entregárselas mayoritariamente a los segundos, para lo cual utilizó ayudas públicas de todo tipo. Fue una decisión política, no técnica. Estas ayudas acabaron en el seno de los bancos, ergo los bancos fueron ayudados.

Si a mí me dan una ayuda de 1.000 euros pero luego mi monedero acaba en las manos de otra persona, ¿quién se beneficia realmente de la ayuda? Además, ¿qué es eso de decir que las cajas de ahorros eran una forma de banca pública? Desde 1988 las cajas se rigieron por el ordenamiento jurídico privado, de forma que su gestión no se diferenció mucho de la de los bancos. Suponían una fórmula jurídica muy particular pero estaban mucho más lejos de ser banca pública que banca privada.

Un rescate justo y mucho más eficaz y eficiente tendría que haber comenzado por hacer pagar los platos rotos a los verdaderos responsables (los propietarios, accionistas, gerentes y acreedores) que son los que de verdad se beneficiaron cuando las cosas iban bien; y solo si no hubiese sido suficiente para evitar el colapso del sistema bancario, el Estado tendría que haber hecho irrupción con sus ayudas, pero luego haber aprovechado para regular y controlar las entidades ayudadas y asegurar así que su actividad redundase en beneficio de la mayoría social y no solo de unos pocos como ocurre actualmente.

Porque ojo con pensar que recuperar el dinero utilizado es una buena noticia. La mayor parte del dinero recuperado lo ha sido por vender partes de entidades nacionalizadas, lo que quiere decir que el Estado compró algo en ruinas, dedicó mucho tiempo, esfuerzos y recursos en levantarlo de nuevo, y luego se deshizo de él. Es decir, que se ha utilizado dinero público para sanear unos balances deteriorados y ahora que está todo limpito se vende de nuevo al mejor postor, en vez de utilizarlo en beneficio público. Se han socializado las pérdidas y privatizado las ganancias. Como siempre.
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Adicae y Podemos piden explicaciones por la “extraña” venta del Banco Popular

Este jueves la asociación de consumidores bancarios Adicae pidió que se explique en el Congreso la “extraña maniobra de intervención y venta del Popular” al Banco Santander. Adicae comparó la operación para salvar al Banco Popular de la quibra con la controvertida adquisición de la CAM por parte del Banco Sabadell y pidió al Santander que ofrezca una alternativa a los 305.000 accionistas del Popular que perderán la integridad de sus inversiones. Un tercio del accionariado del Popular está compuesto por pequeños inversores.

Desde el BCE hasta el Ministerio de Economía español, pasando por buena parte de los diarios y televisiones del país, los elogios han caído sobre el Banco Santander después de que este miércoles comprara por un euro el Banco Popular, evitando así un costoso rescate con fondos públicos. Se trata de la primera operación de este tipo bajo las normas de resolución de entidades bancarias de la Unión Europea y, aunque los depósitos de los clientes del Popular están asegurados por el Santander, los accionistas de la entidad quebrada han perdido la totalidad de sus inversiones. Entre esos accionistas hay numerosos empleados de la entidad intervenida que, además de haber perdido sus acciones y bonos, podrían perder su empleo si el Santander decide reducir plantilla.

Adicae pide explicaciones para entender por qué las autoridades decidieron intervenir el Popular y venderlo al Santander tras asignar un valor cero a sus acciones, en lugar de propiciar una venta normal, que habría supuesto compensaciones para los pequeños accionistas. En noviembre de 2016 el Santander había atribuido a las acciones del Popular un valor de entre 1 y 1,7 euros por título.

Desde la Secretaría de Economía de Podemos subrayan que esta operación acentúa la concentración en el sector bancario y pidieron explicaciones al Gobierno, así como una investigación de la CNMV para saber si hubo fraude por parte del Popular en la venta de bonos convertibles a particulares. Desde 2008 hasta 2016, la cuota de mercado de los cinco mayores bancos de España pasó del 31,4% al 61,8%, según datos del BCE.

“El Santander aprovecha la indefensión de los pequeños accionistas en España para hacer negocio y engordar a costa de los ahorros de decenas de miles de familias”, dijo Adicae a través de un comunicado de prensa

Varios analistas, así como el diario económico Cinco Días han puesto en duda la información facilitada a los inversores para que adquiriesen acciones del Popular en la ampliación de capital en junio del 2016. Adicae y otras organizaciones tacharon esta operación de imprudente ya que, según estas fuentes, contribuyó a aumentar la “bola de nieve”. La auditora PwC destacó desajustes en los balances de este banco por valor de 694 millones y el consejo de administración del Popular llegó a reconocerlos.

Ese no es el único suceso que pone en duda la veracidad de la información sobre la que los accionistas se basaron para invertir ahí su dinero: en 2016 la CNMV multó con un millón de euros al Popular por vender bonos convertibles que el Supremo declaró nulos por “desconocimiento de la dinámica y desenvolvimiento del producto”.

Adicae propone que se canjeen las acciones del Popular por títulos del Santander. De momento el Santander se congratula de haber evitado un costoso rescate con dinero público y ha anunciado una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para sanear los balances del Popular, sexto banco más grande de España, lastrados principalmente por su enorme cartera de activos inmobiliarios.

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Los excesos de la banca rozan el cielo en Sevilla

Este reportaje sobre Torre Sevilla está incluido en #LaMarea46

Al pie de la gigantesca torre cobriza, en una soleada mañana de invierno, un trabajador apura un cigarrillo durante un descanso. “No es que se vea mucha gente, pero poco a poco se va llenando. No es mal sitio para trabajar”, dice. Por la puerta no pasa nadie en casi diez minutos. El edificio y su entorno aún no forman parte de los itinerarios habituales de Sevilla, que vive de espaldas al extremo sur de la Isla de la Cartuja. Entramos. Al subir por el ascensor, los oídos se taponan por el rápido cambio de presión. Las vistas quitan el hipo. La ciudad parece una maqueta. Pero, más allá de la obnubilación que provocan las alturas, cabe echar pie a tierra y preguntarse: ¿llegará a cobrar sentido la inversión en el séptimo edificio más alto de España? De momento, y tras suponer un gasto de más de 300 millones de euros, entre los escasos beneficiarios del rascacielos concebido en origen para ser emblema del poder financiero andaluz sólo sobresalen las adjudicatarias, con FCC y Dragados (Grupo ACS) como marcas destacadas.

La torre de oficinas de más de 180 metros, impulsada en los albores de la crisis por Cajasol y terminada por CaixaBank tras absorber en 2012 a Banca Cívica, ha logrado hacerse realidad a pesar de la depresión financiera y de los recelos de la Unesco, que a punto estuvo de sacar a Sevilla de la lista de Patrimonio de la Humanidad por su impacto visual. Ahora, a la espera de que el edificio alcance un todavía lejano umbral de rentabilidad, el proyecto plantea dudas sobre su integración en la ciudad y su capacidad de atraer empresas, problemas similares a los de la Torre Agbar en Barcelona. “Fue un proyecto faraónico a mayor gloria de las cajas y del alcalde [Alfredo Sánchez Monteseirín, del PSOE]. Quería ser un símbolo de modernidad, pero al final sólo queda una agresión al paisaje urbano”, afirma el arquitecto José García Tapial, funcionario de Urbanismo hasta 2008.

Una de las paradojas del rascacielos es que “si no tiene éxito, será otro proyecto infrautilizado, como el Estadio Olímpico, y si funciona generará un problema de movilidad”, en palabras de Ricardo Marqués, de la asociación A Contramano. La línea 2 del metro de Sevilla, programada con parada en la zona, es ahora una inversión imposible por falta de dinero, lo cual dificulta los accesos en transporte público a una zona históricamente mal conectada. El puente proyectado como solución de urgencia se descartó por su elevado coste y su falta de adecuación al planeamiento. El Ayuntamiento ha tenido que reforzar el transporte público a la zona con una línea de autobús y prevé mejorar los carriles bici. Todo para paliar los problemas derivados de una planificación excesiva en origen. “No se tomaron las medidas necesarias para regular su gran impacto en la zona, junto a un acceso conflictivo como el de las autovías de Huelva y Mérida”, señala el decano del Colegio de Arquitectos, Sebastián García.

Viniendo de Mérida, desde decenas de kilómetros, se observa la torre como un aguijón clavado en las carnes erizadas de la ciudad. ¿Cómo ha llegado ahí ese gigante? El proyecto cristalizó con Sánchez Monteseirín como alcalde (1999-2011) y Antonio Pulido como presidente de El Monte (2006), luego de Cajasol (2007) y al final de Banca Cívica (2011). El hoy presidente de la Fundación Cajasol apostó por un rascacielos que iba a simbolizar la pujanza de las finanzas del sur. El arquitecto chileno César Pelli, con las Torres Petronas de Kuala Lumpur en el currículo, ganó el concurso de ideas y la obra ya rodaba en 2007, a pesar de que la crisis enseñaba los colmillos.

La torre, cuya adjudicación inicial más sonada recayó en FCC y en una filial de Abengoa, empezó a crecer desafiando a una depresión que ya no negaba ni José Luis Rodríguez Zapatero, el último en pronunciar la palabra “crisis”. Pero vaya que si había crisis. Y la probó en primera persona Cajasol, que en 2012 acabó devorada por CaixaBank. Los valedores del rascacielos perdieron pie. Donde había estado Monteseirín, mandaba Juan Ignacio Zoido, alcalde de 2011 a 2015 y hoy ministro del Interior (PP); donde había estado Pulido, cogió el timón Isidro Fainé. Ni Zoido ni Fainé miraban el proyecto con ojos golosos. La opción de tirarlo estuvo sobre la mesa. Finalmente Fainé, presidente de CaixaBank hasta 2016, se decantó por “dotarlo de usos empresariales, comerciales y culturales y sacarlo adelante pese a la gran inversión”, explican en la entidad financiera.

Mercado de alquiler alicaído

Los desafíos de la torre siguen irresueltos. Finalizada en 2015, está lejos de llenarse. Es lógico, porque el alquiler de oficinas en Sevilla es un mercado alicaído. Uno de cada tres metros cuadrados está vacío, según un informe de Inerzia sobre la foto del sector terciario a finales de 2015. Ese mercado ha tenido que hacer hueco al mayor rascacielos de oficinas de Andalucía, ofertada a 15-20 euros el metro cuadrado. De las 37 plantas útiles, ya hay empresas en una veintena, contando las 12 de un hotel, de cuyo acondicionamiento se encarga FCC, en la parte alta del edificio. Pero, poniendo la lupa, se observa que en el catálogo de firmas instaladas destacan las vinculadas al proyecto y/o a CaixaBank: Puerto Triana, sociedad promotora de la torre desde sus inicios, propiedad del banco; la filial inmobiliaria de CaixaBank, Building Center; Ayesa, responsable de la gestión integral de la obra y que ocupa nada menos que 5.400 metros cuadrados… En resumen, es más fácil encontrar grandes firmas implicadas en el proyecto que empresas decididas a instalarse.

Aunque también se han sumado marcas como Deloitte y Orange, la demanda de oficinas no compensa aún la inversión. El presupuesto superaba los 300 millones y la inversión final ha sido mayor, según un gestor vinculado a la torre. Ni la Fundación Cajasol ni CaixaBank detallan su coste exacto. La Fundación se remite para cualquier dato a La Caixa, que se limita a señalar que ha invertido 325 millones pero no sólo en la torre, sino en todo el complejo: 215.000 metros cuadrados que incluyen un centro comercial, un parque, un aparcamiento y un CaixaForum, que acaba de ser inaugurado. No se comenta nada sobre la inversión anterior a la absorción en 2012 de Banca Cívica por casi mil millones. Ni tampoco se ofrece un listado de las adjudicatarias a lo largo del proyecto, entre las que están Dragados –responsable del tramo final de la obra y del centro comercial–, y Siemens, autor de los dispositivos tecnológicos.

CaixaBank, con la ayuda del actual alcalde, Juan Espadas (PSOE), se esfuerza en rebautizar el rascacielos como Torre Sevilla –nada de Torre Pelli o Torre Cajasol–. Es un intento de quitarle la pátina de grandilocuencia y pasar página del historial de polémicas que acumula, la mayor de todas por haber robado a la Giralda la primacía en el skyline. “Cada vez que hay en Sevilla un proyecto novedoso, como la biblioteca del Prado o las Setas de la Encarnación, sale una plataforma para que nada cambie. Han dado todas las excusas: la Giralda, que si problemas con los aviones, que si era un símbolo del poder financiero… Nosotros apoyamos el proyecto, que viene a generar actividad a una ciudad que lo necesita”, defiende José María Bascarán, presidente de la Asociación sevillasemueve. Fernando Mendoza, de la plataforma Túmbala, discrepa de raíz. “Es una torre vulgar y megalómana, que aplasta a toda la ciudad, especialmente a Triana. Y no tiene aceptación popular. Ni siquiera ha habido inauguración oficial”, afirma.

Aunque Sevilla es parsimoniosa para el cambio de hábitos, es previsible que cuando culminen las instalaciones culturales y comerciales la zona cobre pulso. Las tiendas nuevas suelen tener tirón y en otras ciudades el CaixaForum ha funcionado. Aunque insuficientemente comunicada, la parcela está en realidad a un paseo del centro. Y siempre estará el recordatorio visual de la torre, que será a la vez testimonio de una era de excesos y reclamo de una nueva área de consumo.



Un sueño dorado en la larga resaca de la Expo 92

Circula un sarcasmo sobre el fiasco de aquel gran proyecto del poder político y financiero andaluz: “Andalucía pasó del sueño de la caja única a la realidad de una única caja”. El puyazo es atinado. Durante los años del boom, políticos y banqueros coquetearon con la idea de una gran caja andaluza, pero al levantarse con la resaca del crash sólo quedaba Unicaja. El Monte y Caja San Fernando, sumadas en Cajasol y luego en Banca Cívica, acabaron en CaixaBank. Cajasur, en Kutxabank. De aquel sueño sólo queda en pie –a la manera del dinosaurio de Monterroso que seguía ahí cuando despertamos– el inmenso rascacielos.

La historia de la torre hunde sus raíces en la época en que las cajas andaluzas pensaban no en grande, sino en enorme. Al término de la Expo 92, Sevilla heredó una especie de ciudad de pabellones dentro de la ciudad, entre los dos brazos del Guadalquivir: la Isla de la Cartuja. Al tiempo que la zona se configuraba como polo empresarial, terrenos antes esquinados se revalorizaban. Y ahí estaban las cajas, en febril apogeo de su búsqueda de oportunidades urbanísticas.

A finales de los 90, los presidentes de El Monte (Isidoro Beneroso) y Caja San Fernando (Juan Manuel López Benjumea), aupados a sus cargos por el PSOE y afectos a la idea de una gran caja sevillana fusionada que diera a la capital el liderazgo financiero andaluz, apadrinaron un gigantesco proyecto de espacio comercial con la firma de Ricardo Bofill. La idea llevaba el lazo de la modernidad: una iniciativa de vanguardia para espolear a una ciudad nostálgica del 92 y escocida por el fracaso, en el 97, de su intentona olímpica.

El proyecto no salió, pero la idea de sacar punta a aquella inmensa parcela quedó sembrada y germinaría años después en forma de espiga rojiza, después acompañada de instalaciones comerciales y culturales. Hoy el alcalde Juan Espadas (PSOE) llama a toda la zona la “manzana de oro” de Sevilla. Manzana de oro: suena a la dorada retórica precrisis, cuando las cajas soñaban con rascacielos.

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El cártel de las auditoras y los 235.000 millones de euros perdidos

Seguramente habrá oído hablar de Deloitte, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Ernst & Young (E&Y) y KPMG, conocidas en el mundillo financiero como las big four por ser las cuatro empresas de auditoría que dan el visto bueno a las millonarias cuentas de las mayores corporaciones de planeta, un oligopolio de facto a escala global. Sus consejos cómplices y sus deficientes auditorías pusieron al borde del abismo a grandes empresas y bancos “demasiado grandes para quebrar” debido a su tamaño. Cuando estalló la crisis y los gobiernos acudieron a salvar a estas compañías con dinero público, las big four no quedaron relegadas por sus errores previos y responsabilidad, sino que fueron contratadas para diseñar e implementar los programas de rescate.

Este negocio, bautizado como “la industria del rescate”, es el protagonista del nuevo informe El negocio del rescate en la UE, que este miércoles publica el Transnational Institute, un centro de estudios europeos con sede en Ámsterdam y Bruselas. Las cifras son de vértigo: entre 2008 y 2015, los Estados de la Unión Europea (UE) gastaron, con el beneplácito de las instituciones comunitarias, un total de 747.000 millones de euros en paquetes de rescate y planes para recapitalizar entidades sin liquidez. Además, comprometieron 1,19 billones para garantizar los pasivos (deuda) de la banca y de corporaciones al borde de la bancarrota. Hasta 2016, el apoyo a las instituciones financieras por parte de los 28 Estados miembro ya suma unas pérdidas irrecuperables de 213.000 millones de euros, una cifra similar al gasto militar de Rusia durante más de tres años.

En las 30 páginas de El negocio del rescate en la UE, los economistas Sol Trumbo y Matthijs Peters explica en qué consiste esta particular y desconocida industria basándose en los datos de 130 fuentes. Se trata de un documento con tono didáctico, acompañado de infografías y que incluye cinco ejemplos detallados —los casos de España, Grecia, Irlanda, Reino Unido y Países Bajos—, además de propuestas como la creación de una banca pública y una empresa de auditoría estatal. Sol Trumbo ofrece a La Marea más detalles de esta investigación.

En pocas palabras, ¿qué es la industria del rescate?

Es básicamente todo el coste adicional que se genera cuando hay que rescatar a un banco. Las instituciones europeas y los gobiernos no tienen la capacidad técnica para rescatar a un banco y dependen de empresas de auditoría y consultoría financiera para diseñar e implementar esos paquetes. Sucede que muchas de esas empresas que se han beneficiado con estos contratos millonarios eran las mismas que ofrecían consultoría y asesoría a esos mismos bancos antes de la crisis, es decir, ganaron cientos de millones diciéndoles cómo gestionar sus negocios. Y cuando esos negocios cayeron, las instituciones públicas las llamaron para diseñar los paquetes de rescate.

El informe destaca el “gasto oculto para los contribuyentes” de los rescates en la UE, ¿En qué consiste ese gasto?

Es todo el dinero del que no se habla. Cuando se rescata a una institución financiera, normalmente se comenta cuántos miles de millones de euros van a hacer falta, pero los contribuyentes no siempre saben lo que significa. Tratamos de explicar qué tipos de rescate hay, cuánto se ha gastado, etcétera. Los gobiernos venden la idea de que estamos dando un préstamo a los bancos porque están pasando un bache, pero que nos lo van a pagar en el futuro. En la práctica hemos visto que no es así, y de ahí viene la cifra de 213.000 millones de euros que se han perdido para siempre. El caso español es de los más graves: 45.000 millones se han perdido para siempre, cifra solo superada por los 46.000 millones en Irlanda. Además de todas esas pérdidas, existen las facturas para las empresas de auditoría y consultoría financiera por diseñar esos paquetes de rescate, que estamos viendo que también generan enormes pérdidas.

¿Qué es el oligopolio de las auditoras y qué rol jugó en la crisis?

Las empresas de auditoría son actores muy importantes porque tienen una enorme influencia en la gestión de la actividad financiera, bancaria y empresarial en el mundo. Las cuatro grandes tienen el 61% de todo el mercado de auditoría en la UE, una proporción que asciende al 80% en países como España e Italia. Su relación con las grandes corporaciones es aún más impresionante: el 95% de las compañías de mayor tamaño de EEUU están auditadas por las cuatro grandes. Ellas atestiguan que las cuentas de los bancos reflejan la realidad, pero la actividad de estas empresas va más allá de la auditoría. De hecho, ganan más por su labor de asesoría financiera y tributaria que por sus auditorías. Ganaron cientos de millones de euros antes de la crisis dando servicios a los bancos, como gestión de riesgo o gestión de negocio. También sabemos gracias al Luxemburg Leaks que asesoraban en el uso de paraísos fiscales para reducir la tributación de sus clientes, y eso es fundamental: tuvieron un rol clave en el mercado antes de la crisis, y cuando esa manera de hacer banca se derrumba y los contribuyentes gastan miles de millones en su rescate, de nuevo las auditorías son llamadas para gestionar y diseñar los programas de rescate. El papel de las auditoras es clave antes, durante y después de la crisis.

Con frecuencia pensamos que el sistema bancario de EEUU está más “desbocado” que el europeo, pero el informe muestra que en la UE los activos bancarios representaban el 274% del PIB de la región en 2013, frente al 83% de sus pares estadounidenses…

Un problema importante con las auditoras en la UE es que estaban ofreciendo servicios de auditoría y consultoría al mismo tiempo y al mismo cliente. Un caso paradigmático es el de Deloitte con Bankia en 2011: Deloitte hacía trabajo de contabilidad para Bankia, construía sus estados financieros y al mismo tiempo los auditaba. Ese año Bankia declaró beneficios de 300 millones de euros y Deloitte auditó esas cuentas diciendo que eran acordes a la realidad. Un año después el gobierno español tuvo que ingresar 25.000 millones de euros para mantener Bankia a flote después de su salida a Bolsa. Cuando se revisaron las cuentas auditadas por Deloitte, se vio que había irregularidades y que no reflejaban el verdadero estado financiero de Bankia, que en realidad en 2011 había perdido 4.500 millones de euros. El tema es muy grave, consecuencia del conflicto de interés que surge cuando la auditora es al mismo tiempo consultora. En EEUU esta práctica está prohibida desde 2012, desde el caso Enron, pero en la UE hemos tenido que vivir varias crisis para que por fin se aprobaran medidas. Lo que también decimos es que en la UE no hay iniciativas para reducir la influencia de las empresas de auditoría que tienen un control de mercado muy grande, y eso debería cambiar para evitar nuevos casos de conflicto de interés.

¿Por qué los gobiernos recompensan con nuevos contratos a empresas que aparentemente dan servicios deficientes?

Creemos que puede deberse a las puertas giratorias en muchos altos cargos de empresas financieras, con un fuerte poder de influencia política. Además, tras décadas de financiarización y de dejar en manos privadas la gestión de asuntos financieros, los gobiernos no tienen alternativas ya que las cuatro grandes y un pequeño grupo de consultoras son las únicas a las que todavía se les reconoce algún tipo de autoridad en materia financiera. Por eso es importante mejorar la capacidad pública para gestionar asuntos financieros. Un primer paso podría ser una banca pública, no solo porque es más resistente a la crisis, sino porque puede mejorar la capacidad de las instituciones para resolver asuntos financieros.

¿Qué cree que se podría hacer para desmantelar la “industria del rescate”?

En primer lugar, acabar con la enorme concentración de las empresas de auditoría. También hay que mejorar la capacidad de las instituciones públicas para gestionar los asuntos financieros, empezando por la creación de una banca pública y siguiendo por la creación de empresas públicas de auditoría. Por otro lado, fortalecer la capacidad de los ciudadanos para gestionar asuntos financieros. Las auditorías ciudadanas de la deuda han sido algunas de las experiencias más interesantes de los últimos años en España, y eso puede ser una vía para estar listos como sociedad y tener todas las herramientas si se repite una nueva crisis financiera, sin tener que depender de actores privados que solo buscan el beneficio propio.

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Wall Street siempre gana

Donald Trump, precandidato a presidente de EEUU por el Partido Republicano. FOTO: Facebook de DT

Menos mal que la candidata de Wall Street en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre pasado era Hillary Clinton, mientras que Donald Trump logró convencer a un número suficiente de votantes de que no tenía nada que ver con el odiado establishment financiero de su Nueva York natal. Porque ahora resulta que toda la política económica del futuro inquilino de la Casa Blanca estará en manos de altos directivos o gente muy cercana a Goldman Sachs, el banco más poderoso de Wall Street que siempre se las apaña para estar del lado del caballo ganador. El secretario del Tesoro (Steven Mnuchin), el jefe de gabinete (Steve Bannon) y el principal asesor económico (Gary Cohn), entre otros, han trabajado en este banco y el futuro jefe de la SEC, el organismo que debe supervisar a los mercados, Jay Clayton, es un reconocido abogado neoyorquino que ha asesorado a Goldman Sachs, donde trabaja su esposa.

Lo primero que va a hacer la nueva administración republicana –lo del muro en la frontera con México va para largo, imagino– será desmantelar la regulación que Barack Obama impuso al sector financiero en respuesta a las prácticas y abusos que provocaron la gran crisis de 2008 que acabó contagiando medio mundo. No sorprende pues que las acciones de la banca hayan sido las que más han subido desde la victoria de Trump. Los inversores se están frotando las manos ante la perspectiva de que la Ley Dodd-Frank de regulación financiera acabe en el cubo de basura de la Historia.

Muchos expertos criticaron a Obama por no ir lo suficientemente lejos en castigar a los responsables de Wall Street cuya avaricia e irresponsabilidad causó la gran crisis financiera. Pero el presidente saliente tomó algunas medidas importantes, como la separación entre la actividad más especulativa de los bancos y el negocio tradicional con el pequeño ahorrador. EEUU ha ido mucho más lejos que Europa en instalar cortafuegos en el sector financiero. El colchón de capital de las entidades americanas ha aumentado bastante más que el de sus colegas europeos, por ejemplo. De hecho, Washington logró excluir los servicios financieros de las negociaciones con la Unión Europea para crear un gran espacio de libre comercio, el famoso TTIP, para no tener que rebajar sus estándares más estrictos. Wall Street estaría encantado en adoptar la regulación mucho más laxa del sector en Europa.

Con Trump y su agenda proteccionista, el TTIP está muerto pero, el sector financiero de EEUU podrá cantar victoria con el esperado fin de Dodd-Frank. Los republicanos alegan que menos regulación ayuda a los bancos a invertir más y, de este modo, crear más empleo. Puede que sea así a corto plazo, pero a largo aumentará el riesgo de que se cree otra burbuja financiera, probablemente mayor que la que estalló en 2008. No hay que olvidar que los responsables de entonces siguen mandando en Wall Street, si no han fichado ya por la administración de Trump. Ya se sabe, a final la banca siempre gana.

Artículo publicado en El Heraldo (Colombia)

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Multa de 900.000 euros al Popular por recomendar inversiones no adecuadas y cobrar comisiones ilegales

El BOE de hoy recoge una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que impone dos multas a Popular Banca Privada que suman 900.000 euros. Ambas infracciones, muy graves, se cometieron entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2011.

La CNMV impone a Popular la más cuantiosa de las dos, de 600.000 euros, por cobrar comisiones ilegales en sus servicios de inversión. En concreto, el banco incumplió la normativa que obliga a que dichas comisiones sean, por un lado, claras para el cliente y con cálculos transparentes; y, por otro, que no entorpezcan “la obligación de la empresa de actuar en el interés óptimo del cliente”.

La otra multa, de 300.000 euros, sanciona la recomendación a clientes de instrumentos financieros no adecuados a sus objetivos de inversión o a su experiencia y conocimientos. Ambas son recurribles ante la Audiencia Nacional.

El BOE de hoy también recoge otra sanción, en este caso de 150.000 euros y por una falta grave, a Banco Mare Nostrum. En su caso, la CNMV considera que no evaluó la conveniencia en operaciones de compra de clientes minoristas sobre instrumentos financieros complejos y que, además, no les entregó toda la información necesaria.

Artículo publicado originalmente en El BOE nuestro de cada día.

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