You are here

Mauricio Valiente: “Es un derecho humano que haya fuentes en la calle”

Puedes suscribirte aquí. Y si quieres regalar una suscripción esta Navidad, un curso, unos pendientes republicanos o una agenda diseñada con amor, puedes descargarte los vales aquí.

A Mauricio Valiente (Madrid, 1966) se le solía ver en protestas contra los desahucios. Ahora es concejal en el Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid) y, más que batallar a pie de calle, lo hace desde las instituciones. En su carrera se ha desarrollado como abogado especializado en asilo, inmigración y derechos humanos. Hablamos con él sobre la aspiración de su gobierno a convencer a la población de que los derechos humanos son transversales: sin igualdad no hay bienestar común.

En el imaginario colectivo, el concepto derechos humanos nos remite a países como Ruanda. Sin embargo, la violación de estos derechos también se produce en países privilegiados.

Hasta ahora, cuando se hablaba de derechos humanos parecía que se hablaba del otro lado del planeta. Derechos humanos es una aspiración compartida de igualdad, de libertad, de superación… Pero tiene que ver también con lo cotidiano. Quien presuma de que en su país se respetan los derechos humanos empieza mal. Nuestro punto de vista es que tenemos mucho que trabajar para cumplir con algo a lo que nos hemos comprometido a nivel internacional. Hay derechos que, independientemente de la ideología política, todos los gobiernos están obligados a garantizar. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, que en esta ciudad, lamentablemente, no se garantiza. No es llegar con un discurso catastrofista de que hay hambre. No, es que hay subalimentación y está demostrado que eso tiene que ver con los ingresos de la población. Algunas veces se ha intentado caricaturizar los análisis que hacíamos de la situación, como si estuviéramos en otro país. Precisamente queríamos hacer ver que las violaciones de derechos humanos forman parte de la vida cotidiana.

¿Qué rango de acción tiene un gobierno municipal cuando quiere invertir más en gasto público pero la política que se aplica en el ámbito estatal y europeo es neoliberal (que recorta en gasto público)?

Es evidente que hay una superestructura concebida para evitar que puedan hacerse otras políticas que no sean las neoliberales. Prueba de ello es cómo Montoro está utilizando ese marco para impedir que el Ayuntamiento de Madrid haga lo que tenemos que hacer, que es priorizar las políticas sociales. Aun así, hay margen de maniobra para que nosotros o cualquier gobierno dé un giro real a lo que estamos viviendo. Por poner un ejemplo: cuando más se necesitaba, el gobierno municipal de Madrid [el anterior del PP] vendió viviendas sociales a fondos buitre. Cuando más se necesitaba. Nosotros evidentemente no solo no vamos a hacer eso sino que vamos a intentar recuperar vivienda pública. La normativa y el mercado hacen que sea muy difícil recuperar lo que se vendió, lo que se dilapidó, pero vamos a ir a los tribunales y vamos a invertir para tener un derecho tan básico como la vivienda. El mercado trabaja en dirección contraria a los derechos humanos. Solo una política pública de vivienda ambiciosa garantizará derechos y el equilibrio de una ciudad que será cada vez más desigual.

Hace poco participó en el festival Transeuropa, donde habló de ciudades refugio. ¿Qué son exactamente?

Son espacios de acogida que garantizan que cualquier persona que vive en ellos tiene igual acceso a los recursos municipales. Una ciudad que no pone fronteras, en la que su mobiliario público no es hostil para nadie.

Esa hostilidad se vio cuando el anterior gobierno quitó bancos de lugares públicos para que no pudiesen dormir en ellos personas sin hogar.

Sí, en nuestro plan de derechos humanos hay cosas tan concretas como que haya fuentes en la calle. Las ciudades tienen que ser abiertas. Una ciudad refugio, por ejemplo, es una ciudad solidaria que acoge a personas que se han desplazado de manera forzosa.

En épocas de crisis suelen preocupar cuestiones materiales e inmediatas (como el empleo), por encima de cuestiones posmaterialistas (racismo, derechos LGTBI…). ¿Cómo se convence desde el ayuntamiento de que los DDHH son transversales?

La derecha xenófoba avanza en toda Europa y han usado con éxito el argumento de la competencia por los recursos, o sea que el problema de la precariedad en el empleo es el inmigrante y no el empresario… Aunque parezca sorprendente, ha triunfado. Es difícil explicarlo. Hay que empezar con un discurso coherente y persistente en materia de derechos. Por ejemplo: “No hay personas ilegales”.

Esta entrevista forma parte del dossier Cuestión de Derechos (Humanos) de #LaMarea55.

Más en lamarea.com

Read More

El cese de Sánchez Mato, un ejemplo de política subyugada

Manuela Carmena durante el pleno de investidura.

El cese de Sánchez Mato como concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid por parte de Manuela Carmena ha supuesto un nuevo episodio en el que la alcaldesa, y quienes la apoyan, han vuelto a agachar la cabeza ante la derecha, en este caso ante Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública del Gobierno central. Sin embargo este suceso, más allá de sus protagonistas concretos, nos puede valer para analizar los males que azotan a la izquierda y el funcionamiento político de nuestra sociedad actual. De hecho, su desenlace es la constatación de que esos males no son percibidos como tal, sino tan solo como el único resultado posible. Lo que aquí se juega es más que una batalla partidista o un modelo municipal, lo que aquí se dirime es que sea la política quien dirige a la economía o que quede relegada a mero apéndice gestionario del modelo neoliberal.

La primera consecuencia, la más grave, es que muchos simpatizantes de Ahora Madrid, así como una parte de los políticos de eso que se llamó el cambio, han aceptado el horizonte de la abnegación, el there is no alternative thatcheriano, la siniestra confusión que nos lleva a pensar que la responsabilidad es un término absoluto y no dirigido: siempre se es responsable respecto a alguien o algo y en este caso Carmena lo ha sido respecto a Montoro, la Troika y los mercados, no hacia sus votantes. La responsabilidad es mucho mayor que la de una mala decisión o una simple decepción –la cual siempre es superable–, la responsabilidad es la educar en una mentira interesada a miles de personas hipotecando nuestro futuro inmediato. Resulta paradójico que quien se aupó sobre el sí se puede diga ahora que no es el momento, que se jacte de la imposibilidad.

A Sánchez Mato, quien había hecho una más que correcta labor en su área, logrando superávit, reduciendo la deuda y aumentando la inversión, se le cesa con la excusa de su negativa para votar su plan económico y financiero, para entendernos, un papelote que los ayuntamientos que han superado el techo de gasto impuesto por Montoro, esto es, Bruselas, tienen que presentar al ministro para decirle que se van a portar bien. Encontramos aquí la primera mentira en el asunto. Decir que este plan era de Sánchez Mato equivaldría a decir que el Quijote es autoría del señor que activa la imprenta donde se edita. El concejal, junto a otros compañeros de grupo, se mantuvo firme en la convicción de no aprobar algo que no representaba su trabajo, su línea política, la del programa con el que Ahora Madrid se presentó a las elecciones. El PP salió al quite. Los compañeros de viaje lo expresan todo.

Había herramientas legales y vericuetos administrativos para no haber tenido aún que poner en marcha el plan. Lo que se ha presentado como una elección entre la independencia del ayuntamiento o la intervención del ministro es realmente aceptar una intervención de facto. Reducir la partida de inversión a límites de supervivencia ni siquiera vistos en los momentos más duros de la crisis para pagar la deuda de la M30 y sus sobrecostes –veremos de qué naturaleza– es algo más que una intervención, es ponerte la careta del ministro pero recibir tú los golpes. Del no debemos, no pagamos, a pase y sírvase usted mismo.

El cese no era obligatorio, ni técnico, sino una cabeza que tanto Montoro, como la alcaldesa querían cobrarse. La razón es doble: por un lado, no ha convenido mostrar a la ciudadanía que otra política económica es posible; por otro, que quien la ha llevado a cabo sea un comunista ha despertado grandes suspicacias, y no solo en la derecha. El ministro se quita a una de las pocas figuras que le había plantado cara, la alcaldesa elimina a quien le recordaba cuál era el compromiso fundacional de Ahora Madrid. Efectivamente, como se ha dicho, había razones estratégicas y electoralistas, pero no precisamente por parte del concejal.

Montoro ha hecho su trabajo. Su herramienta, presentada como una falsa asepsia económica, ha sido la de retorcer su propia norma de gasto para pedir unos recortes aún más exagerados a Madrid, una dureza inédita en otros ayuntamientos, donde se ha sido más suave o directamente se ha mirado hacia otro lado. La razón es obvia: Madrid era la punta de lanza de las políticas contrarias al austericidio. Hacer fracasar su proyecto es asestar un aldabonazo a las mismas.

Si esta es la situación concreta, donde las excusas han venido más por parte de la propia Carmena que de la derecha –que se ha limitado a observar y frotarse las manos– cabría indagar en las causas de cómo ha sido posible que se llegue hasta aquí. Si bien las razones del reparto de poder dentro del contexto del Podemos madrileño han importado, también habría que recordar que Carmena ya representa una corriente en sí misma, donde su mano derecha en la sombra, Cueto, ha ejercido de Richelieu contra los sectores más avanzados de la convergencia: IU, Anticapitalistas y Madrid 129. La auditoría municipal, el caso del Open de Tenis o la operación Chamartín se han destapado como los casos en los que el carmenismo ha pugnado con estos sectores, es decir, se ha hecho patente la lucha entre la tecnocracia social liberal y la izquierda transformadora.

Es cierto que la división favorece a la derecha, como no es menos cierto que esta ya es una coartada que nos debería sonar: fue la que durante años utilizó el PSOE cada vez que aplicaba políticas de derechas. Que quien crea las divisiones advierta de ellas es tan solo un mecanismo para cargar la culpa sobre quien, justamente, las critica. Esta no ha sido la primera línea roja que el carmenismo ha cruzado. Desde el caso Zapata, pasando por los titiriteros, hasta sus encontronazos con las plataformas de vivienda no ha dudado en dejar a los pies de los caballos a quien haya hecho falta para no enturbiar su buscada imagen de sensatez. Mención aparte quizá merezca el caso de Rita Maestre, donde la concejala conservó su puesto y, pese a haber recibido el apoyo de todos los sectores de Ahora Madrid así como de la izquierda en general, no dudó en utilizar un vídeo en las primarias de Podemos donde abjuraba de ellos. Los significantes vacíos no entienden de lealtad.

La propia línea política del carmenismo podría encajar a menudo en el propio Ciudadanos. Insistir en la mentira de la gestión neutra, en la ideología de la no ideología, en el gobernar para todos. Siempre se gestiona de acuerdo a unos principios, en una dirección, buscando unos resultados, siempre se gobierna de acuerdo a una ideología, nunca se puede gobernar para todos, cuando ese todos, la ciudadanía, está compuesto por clases sociales con intereses contrapuestos. Insistir en despolitizar Ahora Madrid no es más que politizarlo de acuerdo a una ideología muy concreta, la que piensa que tratando bien a los ricos se podrán crear unas condiciones óptimas para todos. El PP opina lo mismo, solo que sabe que la segunda parte de la propuesta es tan irreal como prescindible.

Carmena se ha movido a la perfección en las guerras culturales y en la crítica de los sectores más reaccionarios a sus proyectos de movilidad. Mientras que ella sea presentada como una peligrosa revolucionaria por los grandes medios, mantiene a salvo su imagen para la mayoría de sus votantes, que perciben lo exagerado de las acusaciones. El juego le ha permitido ir sorteando el conflicto, tapado por encontronazos teatrales, hasta que el conflicto se ha presentado y no ha tenido más remedio que hacerle frente, elegir, aplicar una ideología, la suya. Carmena, al renunciar unilateralmente al programa de Ahora Madrid y condenar al ostracismo a las bases de Ganemos, no ha mostrado independencia, sino cesarismo, aquella forma de proceder que sitúa las decisiones personales –las de su corriente y los intereses que representa– por encima del proyecto que representaba.

Porque este ha sido el pecado original no, siendo justos, de la alcaldesa, sino de quien la aupó a ser quien es. Carmena, ya como creación electoral, fue una figura indispensable para ganar el ayuntamiento, no por sí misma, sino por los valores que se le asociaron en una campaña que duró meses y que se construyó desde abajo: sin el esfuerzo coordinado de miles de personas no hubiera sido más que una candidata más. El problema de las figuras vacías es que nunca lo están realmente y en este juego de matrioskas lo que Carmena traía coincide poco con lo que Ahora Madrid decía pretender.

Esto no es un conflicto entre una izquierda radical, insensata y perdedora contra una nueva política victoriosa con los pies en la tierra. Lo primero porque, resulta absurdo, calificar lo que Sánchez Mato ha representado como idealista, cuando no ha existido nada más material que sus cuentas, dirigidas ideológicamente hacia el objetivo de una gestión más justa. Lo segundo porque las victorias no son cosas de campañas ni de piruetas retóricas, sino de contextos y saber aprovecharlos, y el que se dio en las pasadas elecciones no se dará en las siguientes. Lo tercero porque lo electoral era solo una herramienta para ir más allá, o al menos eso se nos dijo con el asalto municipalista: la clave era aprovechar las instituciones para mostrar otra forma de hacer, pero también para fomentar una repolitización por abajo. Justo al revés de lo hecho, ya que la idea no era crear superheroínas, sino dejar claro que sin la movilización ciudadana y su implicación en los asuntos de la polis no hay transformación posible. No esperábamos la revolución, sí algo de oxígeno.

Hay que tener, efectivamente, los pies en la tierra. Pero para ello lo que es imprescindible es recordar que siempre existen dos tierras, la del club de campo y la de los barrios que te votaron. No hay nada peor que el escapismo atroz de la falsa sensatez.

Más en lamarea.com

Read More

¿Cuál es el verdadero motivo que lleva a Montoro a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

MADRID *// ¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?

La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.

Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?

Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.

La clave es que cuanto más superávit tenga el Ayuntamiento de Madrid, más déficit público puede tener la administración central que gestiona Montoro. Esto es así porque Bruselas no mira las cuentas de cada una de las administraciones sino que mira las cuentas del conjunto de ellas. El superávit de Madrid sirve para maquillar las maltrechas cuentas de Montoro, y por eso éste se niega a que el Ayuntamiento de la capital reduzca su superávit para invertir en infraestructuras o incrementar la inversión social. Es decir, no se trata de un castigo al Ayuntamiento por no manejar bien sus cuentas, sino que es una maniobra para aprovecharse del superávit de la capital. Montoro puede permitir que un pequeño ayuntamiento se salte la Regla de Gasto y pierda algunos millones de superávit, pero no puede permitir perder los casi 1.000 millones de euros de Madrid. Sobre todo porque permitirlo podría hacer que el ejemplo de Madrid fuese imitado por tantas otras administraciones, ¡y es que el conjunto de las corporaciones locales registra un superávit superior a los 7.000 millones de euros que Montoro necesita como el comer!

Ni que decir tiene, además, que en todo este movimiento también hay una cuestión política de enorme calado: el Ministerio está encantado de poner palos en las ruedas a un ayuntamiento que está demostrando que hay alternativas a las políticas de austeridad. El gobierno de Ahora Madrid ha puesto ya de manifiesto que se pueden sanear las cuentas al mismo tiempo que pones la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos. Los fanáticos de la austeridad, entre los que se encuentra Montoro, no pueden permitir que este ejemplo triunfe y se difunda, y por eso están tratando por todos los medios que su proyecto político no prospere.

Pero el Ministerio se ha extralimitado en sus competencias, y es lo que el gobierno de Ahora Madrid está utilizando en los tribunales para defenderse de los ataques políticos de Montoro. Resulta que -tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF- la Regla de Gasto española es mucho más restrictiva que la Regla de Gasto de la Unión Europea porque ésta se aplica sobre el conjunto de las administraciones y no sobre cada una de ellas y además ni siquiera es de obligado cumplimiento. Pero es que hay más: el Ministerio está realizando una interpretación de la Regla de Gasto que no viene recogida en la legislación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, sino que se apoya en una orden ministerial que no tiene carácter normativo y que excede los criterios que la ley establece para la Regla de Gasto. Es decir, que existe una discrepancia de interpretación de la Regla de Gasto entre el Ministerio y el Ayuntamiento que tendrán que dirimir los tribunales.

Veremos en qué acaba la cosa.

*Eduardo Garzón es asesor de economía en Ayuntamiento de Madrid

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

No es Manuela, son los parques

Manuela Carmena durante el pleno de investidura.

En el ámbito local es donde la ciudadanía puede comprender sin martingalas su pago de impuestos. Más o menos así: Yo aporto un X por ciento de lo que gano/gasto –que me cuesta un riñón y un ojo y la vesícula–, y ahí aparece un parque. Yo vuelvo a aportarlo, y se abren cuatro escuelas infantiles. De nuevo, y los centros deportivos municipales son gratis para los críos. Etcétera. Muy esquemáticamente viene a querer decir que en los municipios es donde los ciudadanos pueden comprobar el fruto de pagar impuestos, o sea ver que vale la pena, o sea comprender el funcionamiento de lo público.

Paralelamente, aquel ciudadano que comprende de esa forma la fiscalidad, no solo deja de demonizar los impuestos, sino que pasa a demonizar a aquellos que los evaden y también a aquellos que roban de lo público, porque roban de su riñón, su ojo y su vesícula. De ahí la sustancial importancia del ámbito local y de la actuación política a ese nivel. Porque si el ciudadano no ve frutos, no solo trata de no aportar lo suyo sino que deja de castigar al que lo evade o lo roba. Nadie quiere entregar su riñón a cambio de nada.

Hasta aquí, lo fácil.

Ayer, el ministro Montoro envió una carta al Ayuntamiento de Madrid informándole de que Hacienda pasaba a intervenir las cuentas del Consistorio, algo nunca visto en España.

Se podría explicar el malestar entre los municipios de otra manera, pero sirva el comunicado de apoyo de la Red Municipalista contra la Deuda y los Recortes:

Tras la carta remitida por parte del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Madrid con la intención de intervenir las cuentas municipales, desde la Red Municipal Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes queremos expresar nuestro rechazo a esta intervención. Asimismo, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con Ahora Madrid y todo su equipo, que han demostrado con su gestión que se puede gobernar dando prioridad a los derechos sociales de las mayorías, y no a los intereses de las élites económicas y financieras.

El actual gobierno del ayuntamiento de Madrid no solo ha puesto en el centro de la política económica a las personas, sino que lo ha hecho reduciendo la deuda insostenible e ilegítima que dejaron los gobiernos de Gallardón y Botella.

Los ataques al Ayuntamiento de Madrid desde el Ministerio de Hacienda han sido continuos desde que Ahora Madrid entró en el Ayuntamiento. El Gobierno de Manuela Carmena ha demostrado que se pueden hacer políticas sociales al mismo tiempo que se reducen gastos superfluos y se reduce deuda. La gestión de la Concejalía de Economía y Hacienda, con el concejal Carlos Sánchez Mato a la cabeza, ha desarrollado una gestión responsable, a la vez que con un marcado carácter social, de las finanzas de la ciudad. Esto es precisamente lo que el Gobierno del Partido Popular y Montoro no pueden tolerar.

La Red Municipalista, en la que aparecen cargos municipales de distintos partidos, se fundó el pasado mes de marzo para luchar contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, también llamada “Ley Montoro”. Representa a más de 600 municipios en toda España.

Esa red de protesta no había recibido una respuesta contundente hasta el momento. Hasta que el ministro Cristóbal Montoro decidió, hace un par de días, intervenir y fiscalizar semanalmente las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Manuela Carmena. El argumento del ministerio para hacerlo es que su plan económico financiero no se atiene a la legalidad y “el incumplimiento sucesivo y acumulativo de la Regla de Gasto”. Cabe preguntarse, entonces, por qué precisamente al Ayuntamiento de Madrid, cuando supera el medio millar los municipios que se encuentran en la misma situación, además de las comunidades autónomas y la propia Administración Central.

Desde el Ayuntamiento madrileño se da la siguiente explicación: “Se trata claramente de una medida de carácter político. Se nos está poniendo palos en las ruedas simplemente porque somos adversarios políticos y aquí no hay otra cuestión. Porque si uno se atiene a la interpretación estricta de la ley, o lo más neutra posible, nuestro plan económico financiero lo acaba respetando. De hecho, en la propia comunicación que nos han enviado, se ve claramente que cuando metemos nuestro plan económico financiero en la aplicación informática del Ministerio, nos da que que cumplimos la regla de gasto. Lo único que ocurre es que ahora ellos han modificado la forma de calcular esa regla de gasto y dicen que tal y como siempre la hemos calculado estaba mal. Pero en realidad, el ministerio nunca –este encontronazo lleva dos años—nos había dicho que nuestro método de calculo era erróneo… nos decía otras cosas, como que a lo mejor teníamos que recortar algo más o ajustar tal o cual partida presupuestaria, pero nunca que nuestra base de cálculo era errónea. Por lo tanto, creemos que no se ajusta a la legalidad y que simplemente es un ataque político”.

De hecho, las cuentas del Consistorio capitalino no pueden jugar más a favor del ciudadano: Desde la llegada del equipo de Manuela Carmena, el Ayuntamiento ha reducido la deuda ciudadana en más de 2.000 millones de euros, lo que supone un 40% de los que se encontraron a su llegada; han multiplicado por dos la inversión en infraestructuras y ha incrementado en un 50% la inversión social.

Sin embargo, la citada Ley Montoro impone a los Ayuntamientos priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público. “Lo que ocurre”, explican fuentes del Consistorio madrileño, “es que el Ayuntamiento a lo mejor ingresa un 7% más que el año pasado, pero esta Ley le obliga a que solo incremente el gasto en un 1,5 o 2%. Por lo tanto, incrementas el gasto mucho menos de lo que has incrementado los ingresos y por lo tanto te sobra dinero en la cuenta bancaria”. O sea, que la Administración central reprime las inversiones de los municipios, controla sus gastos y al final quienes se benefician de la maniobra son las cuentas que el Estado presenta ante Bruselas. Miles de millones de euros ahorrados en los últimos dos años por los ayuntamientos han seguido este camino.

Sin embargo, el último paso de Montoro, inédito hasta el momento, interviniendo las cuentas madrileñas inaugura una nueva manera de hacer. O no. O quizás puede ser, como afirman los perjudicados, sólo una medida política destinada a atenazar a la adversaria.

Pero cuando el ciudadano ha aprendido lo que valen su riñón, su ojo y su vesícula, resulta harto difícil jugar con ellos. Ya les puedes citar el artículo 135 de la Constitución, la prioridad del pago de la deuda o la austeridad. Frente a ellos, el parque, las escuelas infantiles y el ejercicio de los críos resultan argumentos incontestables. Sobre todo, cuando aquel que los reclama se coronó con una amnistía fiscal.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

PP y Ciudadanos piden en plenos municipales cancelar las suscripciones a ‘La Marea’ por motivos ideológicos

MADRID // El Partido Popular ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que elimine las suscripciones municipales a La Marea y Diagonal por motivos ideológicos. No ocurre lo mismo con otras publicaciones de distinto posicionamiento editorial, como ABC, El País o La Razón. Los populares han exigido al consistorio a través de distintas vías —en comisión, en plenos de Juntas de Distrito y en preguntas al Gobierno de Ahora Madrid— que se rescindan estas suscripciones lo antes posible.

El pasado 22 de febrero, Marta Higueras, primera teniente de alcalde de Madrid, ya respondió en la Comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a preguntas de la concejal del PP Beatriz Elorriaga Pisarik que La Marea y Diagonal son dos revistas más dentro de la amplia oferta de la que disponen los centros de jubilados: “En todos los centros se cuenta con carácter general con suscripciones a los diarios ABC, El País, El Mundo y La Razón, y también a diarios deportivos como As o Marca. Es también frecuente en algún distrito encontrar habitualmente publicaciones gratuitas de índole local, como El Distrito o el periódico de las asociaciones Gente, La Gaceta, La Gaceta Local o Distrito-21″.

Un argumento que no convenció a Elorriaga, quien rebatió que no se debía aumentar la oferta con cabeceras como La Marea o Diagonal por sus posicionamientos editoriales: “Tampoco consideramos que estas revistas sean principales ni sean de información general; desde luego La Marea y Diagonal son revistas de marcado carácter ideológico, con una clara tendencia política”. 

La revista mensual La Marea cuenta con 3.400 suscripciones. El Ayuntamiento de Madrid tiene actualmente 38 suscripciones, que incluyen 12 números en papel. Cada una de ellas alcanza una tarifa de 50 o 60 euros, dependiendo del precio vigente en el momento de darse de alta, repartidas entre seis distritos (Latina, Tetuán, Ciudad Lineal, Chamartín, Moncloa-Aravaca y Moratalaz). Además, el distrito de Fuencarral-El Pardo recibe La Marea a través de un contrato con una empresa subsidiaria a la distribuidora Logintegral. MásPúblico Sociedad Cooperativa, empresa editora de La Marea, ignora si en otros distritos reciben la revista a través de esa vía.

La campaña del Partido Popular continúo en los plenos de las Juntas de Distrito. En el celebrado este jueves en Carabanchel, el vocal del PP, José María Lorenzo Moreno, acusó al gobierno de Ahora Madrid de manipular y adoctrinar a los ancianos por ofrecer ambas revistas entre las opciones de prensa, a las que calificó “de carácter ideológico y de su círculo más cercano”. Lorenzo, además, comparó erróneamente precios en las suscripciones, al no tener en cuenta la periodicidad de las publicaciones. Así, el concejal insistió en que el precio del diario As era de 0,93 euros, por los 4,23 euros de La Marea, sin considerar que el medio deportivo es de periodicidad diaria y la revista es mensual. Asimismo, obvió que Diagonal dejó de publicarse el pasado 15 de diciembre, tal como le recordó el portavoz de Ahora Madrid.

Ciudananos, a través de su vocal Francisco Rubio, se unió a la petición del PP de Carabanchel de cancelar las suscripciones. Rubio consideró “poco ético que el dinero público se utilice para sufragar medios periodísticos minoritarios, partidistas y de ideologías trasnochadas y claramente antisistema. Estos medios no contribuyen a formar, educar e informar, sino todo lo contrario”. Bosco Labrado, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, también votó a favor de esta moción. Sin embargo, Begoña Villacís, portavoz de la formación naranja en el consistorio, se ha desmarcado completamente del posicionamiento de su grupo en la Junta de Distrito y ha asegurado que dará instrucciones a los coordinadores para votar en contra de cualquier moción del PP en este sentido. “Ha sido un error que no podemos volver a cometer”, ha insistido.

El portavoz del PSOE en Carabanchel, Rafael José Vélez, que votó en contra de la moción, aseguró que no sería su grupo el que negara a nadie mayor pluralidad informativa. “Me arriesgaré a que me adoctrinen, porque me he suscrito a una de las publicaciones” 

Esther Gómez Morante, concejal de Ahora Madrid y presidenta del distrito de Carabanchel, reprochó al PP y Ciudadanos que trataran a las personas mayores como si fueran menores de edad por creer que saben qué es lo que quieren leer y qué lecturas buscan adoctrinarles. Además, explicó que lo único que ha hecho la Junta de Gobierno ha sido ampliar la oferta editorial al incluir el diario ABC, El País, As, Diagonal y La Marea, frente a años anteriores, cuando el PP se limitaba a una suscripción a El Mundo y otra a La Razón. “La libertad de prensa en este país existe. Yo entiendo que ustedes no se la crean demasiado, pero como existe todo el mundo tiene derecho a leer lo que quiera y a acceder a la información lo más plural posible”, sostuvo.

En un receso, a preguntas de La Marea, el concejal del PP José María Lorenzo Moreno admitió que “nunca” había leído la revista pero que había buscado que es una publicación surgida del diario Público y por eso sabía “de qué pie cojea”. Tras ser cuestionado por la discriminación ideológica frente a otras publicaciones como ABC o La Razón, Lorenzo Moreno increpó a este redactor. “¡Qué pretende usted! ¡Que qué pretende usted!”, fue su respuesta. Al incidir en la pregunta, el edil contestó: “Por personas como usted… y no use esa grabación porque como la use le voy a denunciar”. Ningún responsable del PP ha querido hablar con La Marea para explicar la posición oficial del partido.  

El Ayuntamiento de Madrid no es la única institución pública suscrita a esta revista. En estos momentos hay suscripciones activas con la Universidad de Salamanca, la Universidad del País Vasco, la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, la Biblioteca Pública de Segovia, diversas bibliotecas a través de la Diputación de
Barcelona. También en el extranjero, entre las que destacan las contratadas por la Biblioteca Municipal de Lyon (Francia) y la Universidad de Uppsala (Suecia).

https://www.youtube.com/watch?v=FIA04WmK7QQ&feature=youtu.be

 

Más en lamarea.com

Read More

La incoherente preocupación del PP por los derechos humanos en Venezuela

ANA ENCINAS DÍAZ* // La contribución más destacada de Percival Manglano a la gestión de la ciudad de Madrid este mes es una proposición para que el pleno del Ayuntamiento de Madrid exija a las autoridades venezolanas la “inmediata liberación de Leopoldo López, Antonio Ledezma y todos los demás presos políticos encarcelados en Venezuela”. Sin tener la más mínima intención de discurrir acerca de lo que el señor Manglano entiende por “presos políticos”, la aportación de este concejal del PP para los habitantes de Madrid en el mes de febrero remueve en quien firma este texto una mezcla de sensaciones que van desde el bochorno hasta las ganas de chanza.

Más allá del humor con el que se aborde este filón que el Partido Popular cree haber encontrado en Venezuela, lo cierto es que Percival Manglano nos trae un poco más de lo de siempre: un nuevo episodio de guerra cultural que, previsiblemente, tendrá poco recorrido pero que bien le vale para llevarse unos cuantos titulares y, con hilos bien movidos, arañar unos minutos en televisión. La cuestión es la siguiente: ¿Es el pleno del Ayuntamiento de Madrid el lugar desde el que hacer este tipo de reivindicaciones políticas? ¿Aceptaríamos que el Ayuntamiento de Caracas se posicionase sobre la imputación de todo el PP en la trama Gürtel? ¿Y si la alcaldesa de Maracaibo exigiese la inmediata entrada en prisión de Iñaki Urdangarín o Rodrigo Rato?

Volvamos a Madrid. Entre las atribuciones del pleno se encuentran la fiscalización y control del gobierno de la ciudad, la aprobación de ordenanzas y reglamentos municipales, la aprobación de presupuestos, los acuerdos de participación o la definición de la forma de gestión de los servicios públicos, entre otras funciones. Se le supone el espacio donde representantes de distintas sensibilidades políticas de la ciudad canalizan sus propuestas e inquietudes para debatirlas y, si hay mayoría, aprobarlas. Desde otra perspectiva, podemos considerar que el pleno es el lugar desde el que los grupos políticos que están fuera del gobierno pueden exponer sus ideas para mejorar la vida de quienes viven en esta ciudad, defenderlas y forzar que se lleven a cabo, independientemente de la tendencia política de quien ocupe el sillón de la alcaldía. Irremediablemente, tenemos que detenernos ante otra pregunta: ¿Cómo va a mejorar la vida de madrileñas y madrileños la aprobación o no de esta proposición?

Cubazuela del norte y otras batallas culturales que suenan a broma

La fijación de la derecha por Venezuela en general y contra las decisiones de su gobierno en particular no es nueva ni mucho menos está exenta de contradicciones. A pesar del apoyo explícito de Aznar al golpe de Estado de 2002 contra Chávez –en el que participaron Capriles y Leopoldo López–, su colega Morenés nos contaba en 2012 que veía en Chávez “un gran amigo” de España. La declaración se hacía con motivo de la visita a Caracas de una conocida empresa española que se dedica a la fabricación de material militar. También nos dijeron los observadores internacionales que asistieron a las últimas elecciones presidenciales en Venezuela (entre los que había parlamentarios del PP y del PSOE) lo siguiente: “Creemos que el resultado electoral es fiable por contrastable y porque asegura el ejercicio libre, secreto y universal del voto”.

No sirve, pues, escudarse en los derechos humanos para motivar el uso interesado que hace el PP de la situación política en Venezuela, a pesar de reconocerles su derecho a la preocupación por la política internacional. Tendría sentido, eso sí, si alargasen la vista y cuestionasen también las visitas y negocios del rey en Arabia Saudí, la situación del Sáhara o el avance de la extrema derecha en Europa. Tampoco sobraría que en su labor política se preocupasen por vulneraciones que se dan en nuestro país y de las que casi siempre han sido cómplices o ejecutores: baste hablar de la Ley Mordaza o de la valla y las concertinas de Melilla, por ejemplo. Quizá después de ver los resultados de su defensa de los derechos humanos en estos ámbitos podríamos tomar en serio su acción y alejar la sospecha de que esta campaña constante a favor de los opositores venezolanos en realidad está vinculada con algo que va más allá de una guerra cultural o de la defensa de los negocios de la familia Capriles en Madrid.

El objetivo tras este uso partidista de las instituciones es situar en la agenda pública un tema que, en esta ocasión, el PP quiere volver a colocar desde una perspectiva que nace sesgada y para ello se aprovecha del interés que en la prensa genera una sesión plenaria. Presión institucional y miedo mediático para trasladar un mensaje moralista que intenta ligar los intereses neoliberales y conservadores de determinada facción del PP con el interés de la población de Madrid. No es una práctica desconocida y el mismo grupo la ha utilizado con diferentes resultados. Consiguieron hace poco más de un año que el gobierno de Ahora Madrid denunciase a unos titiriteros que no habían cometido ningún delito y llevar ante los tribunales a un concejal por hacer unos chistes en Twitter, pero otras veces no fueron más allá de la parodia y del “no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena”. ¿Por qué no valerse de las víctimas del terrorismo o de los propios hijos para poner contra las cuerdas a un gobierno de cambio? Al fin y al cabo, mejor que la gente en Madrid opine sobre las “desastrosas consecuencias” que tiene esto y no de la Ley de Gasto que Montoro impone a las cuentas municipales, ¿no?

*Ana Encinas Díaz es miembro de Ganemos Madrid.

Más en lamarea.com

Read More

El Ayuntamiento de Madrid se desvincula de la feria de armas Homsec

Salón Homsec I La Marea

MADRID // El Ayuntamiento de Madrid ha remitido una carta a los organizadores del próximo Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad y Defensa (Homsec 2017), que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de marzo en Ifema (Madrid), para que “se retire el logo” municipal “que aparece en el folleto de dicho evento, toda vez que no existe apoyo institucional por parte de este Ayuntamiento con el citado acontecimiento ni consta que en el año 2015 hubiese dicho apoyo”. La carta fue enviada el pasado 3 de octubre y remitida por el área de Salud, Seguridad y Emergencias del consistorio al Grupo Atenea-Seguridad Nacional, la empresa organizadora del certamen.

Hace sólo dos días, 84 colectivos firmaron un manifiesto contra la celebración de esta feria de armamento. “Instituciones que se declaran defensoras de la paz y los derechos humanos, como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, no deberían permitir que eventos de este tipo se celebren en espacios de gestión pública como el Ifema. Queremos que los espacios públicos sirvan para la promoción de una cultura de paz, no como escaparates de la guerra y la violencia”, reza el documento suscrito por las entidades que integran la Plataforma Desarma Madrid.

Estas asociaciones, entre ellas Greenpeace, la Asamblea Antimilitarista de Madrid, CGT y Ecologistas en Acción, exigían al Ayuntamiento de Madrid, “declarada como una ciudad de paz y acogida en la que todas las personas puedan sentirse seguras”, que se desmarcara públicamente de esta iniciativa. Además, solicitan la cancelación del evento y llaman a la sociedad civil “a denunciar y boicotear esta feria“.

Asimismo, denuncian que “el promotor” de Homsec, el único salón profesional enfocado a la Seguridad Nacional en España, “es el Grupo Atenea-Seguridad Nacional, entramado empresarial fomentado por personajes vinculados con el golpe de Estado de febrero de 1981 y conocidos por su vinculación a los ideales de la extrema derecha”.

Más de 15.000 visitantes procedentes de 40 países y 195 expositores participarán en una feria que los organizadores presentan como “una oportunidad estratégica única para la industria española de cara a exportar a Iberoamércia, Norte de África y Oriente Medio”.

faldon_noticias

Más en lamarea.com

Read More