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Kasparov y Jodorkovsky, las dos caras de la oposición rusa en el exilio

Kasparov (izquierda) y Jodorkovsky (derecha). Foto: Web Summit / Vygintas Skaraitis.

LISBOA // El próximo año Rusia vivirá dos grandes acontecimientos que la pondrán en el centro de la atención mundial: las elecciones presidenciales (marzo y abril) y el Mundial de Fútbol  (junio y julio). La Marea tuvo ocasión de escuchar y hablar con dos de las caras más conocidas de la oposición contra Vladímir Putin en el exilio, la leyenda del ajedrez Gari Kasparov y el oligarca ruso Mijaíl Jodorkovsky, que participaron esta semana en la Web Summit de Lisboa (conocido como el Foro de Davos de la tecnología) para opinar sobre política, tecnología, derechos humanos y el futuro de la segunda potencia militar.

Kasparov y Jodorkovsky tienen una relación fluida y se definen como ‘amigos’ a pesar de sus marcadas diferencias. Kasparov alcanzó la fama al convertirse en campeón de ajedrez de la URSS con solo 12 años, mientras que Jodorkovsky se convirtió en el hombre más rico de Rusia con solo 40 años gracias a las privatizaciones de la perestroika y sus vínculos con el poder. Ambos aprietan con firmeza al estrechar la mano, saben lo que es recibir amenazas de muerte y tienen un objetivo común: echar a Putin del Kremlin. Sin embargo, las dos caras más visibles de la oposición rusa en el exilio defienden estrategias muy diferenciadas para relevar al ex espía de la KGB, que rige Rusia desde 1999.

Kasparov tiene mente de estratega, valora el simbolismo de cualquier gesto y mira a largo plazo. Jodorkovsky es lo que muchos denominarían un ‘pragmático’, el hombre de negocios que busca resultados inmediatos y que está dispuesto a usar cualquier carta sobre la mesa para ganar la partida. “Lo más interesante que pasará en Rusia próximamente es esa dramatización llamada ‘elecciones’”, opina Jodorkovsky, que llegó a estar en el puesto 15 de la lista de fortunas mundiales que elabora Forbes, y fundador de la organización Open Russia, que cuenta con consejeros como Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado de EEUU, y el banquero Jacob Rothschild.

Aunque Putin todavía no ha confirmado si concurrirá a las presidenciales de 2018, los medios más cercanos al presidente dan por sentado que se presentará. Kasparov y Jodorkovsky no tienen dudas de que en ese caso volvería a ganar holgadamente, como viene sucediendo desde 1999, pero mientras el ajedrecista pide boicotear ampliamente estas elecciones, el oligarca apuesta por animar a una participación masiva para “mandar un mensaje” a Putin, a pesar de estar seguro de que “el recuento de votos está totalmente controlado por el gobierno”.

“No estoy de acuerdo con mi amigo Jodorkovsky, creo que el boicot no es algo pasivo sino activo, un desafío, porque todos sabemos que esas elecciones son una farsa”, dijo Kasparov en una rueda de prensa celebrada apenas una hora después de la que ofreció el oligarca. El ajedrecista, conocido por sus partidas contra super ordenadores y por ser campeón mundial durante 15 años, trabaja ahora como embajador de la empresa de ciberseguridad Avast y dirige la Fundación Derechos Humanos, con sede en Nueva York.

“Denegar la legitimidad de esta farsa es muy importante porque, sin importar cuántos se muestren en contra, el régimen se sentirá sacudido”, asegura. Kasparov esgrime la facilidad del Gobierno ruso para acallar voces opositoras (él mismo fue candidato en 2007 pero fue excluido por “obstrucción oficial” y burocrática). Por eso cree que “si continuamos generando un frente común y unido contra el régimen, negando su legitimidad y asegurando que se debilite a nivel internacional, estaremos más cerca del cambio”.

La estrategia que defiende Jodorkovsky es distinta. Además de llamar a una participación masiva, el oligarca ruso también apoya medidas de “influencia útil”, más allá de las sanciones contra dirigentes del Kremlin que, a pesar de contar con su respaldo, llevan a la sociedad rusa “a sentir que tiene que agruparse en torno al líder”, según sus propias palabras. Jodorkovsky, que pasó ocho años en una cárcel en Siberia acusado de varios delitos económicos -Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia-, explica tres líneas de acción: la educación política -que incluye animar a la participación en elecciones-, la protección de los derechos humanos, y la batalla de la información.

“Los medios de Putin ofrecen interpretaciones simplistas y no siempre honestas de la realidad, por desgracia la mayoría de la gente [en Rusia], el 80%, se cree esas informaciones sin contrastar. Hay que dar interpretaciones alternativas”, sostiene Jodorkovsky. En ese punto sí coincide con el ajedrecista, que se muestra preocupado por cómo las actuales “habilidades casi ilimitadas para que un individuo difunda su mensaje” conviven con “nuestra incapacidad para protegernos de ciertos discursos dañinos”. En este sentido, Kasparov cree que es necesario explorar cómo “miles de potenciales ciberactivistas anónimos podrían organizarse” y acusa abiertamente a Twitter, Facebook, Amazon y otras grandes del sector tecnológico por su responsabilidad en las limitaciones que enfrentan esos ciberactivistas porque, a su entender, “están minando la normalidad democrática”, aunque matiza que “no es lo mismo que la información la recolecte Facebook o la KGB”.

Sin embargo, a diferencia de Kasparov, Jodorkovsky no tiene reparo en mencionar y aplaudir varias veces las acciones del Congreso estadounidense contra Rusia, y en mostrar su preocupación por cómo la inseguridad jurídica merma la actividad económica en su país. Son ideas que el oligarca defiende desde que trabajó como asesor económico del expresidente Boris Yeltsin.

En los últimos meses la oposición extraparlamentaria rusa, aglutinada en torno al inhabilitado Alexei Navalni, protagonizó varias manifestaciones contra la corrupción, la crisis económica y el autoritarismo del Kremlin que acabaron con decenas de detenidos, algunos de forma ‘preventiva’ antes de comenzar las marchas -entre ellos el propio Navalni, detenido el mismo día del 65 cumpleaños de Putin-, y con una afluencia menor de la que se esperaba.

En verano de 2018 Rusia acogerá el Mundial de Fútbol y, tal y como sucedió en Brasil, las autoridades estarán listas para apagar posibles disturbios. Jodorkovsky está en contra de boicotear el Mundial de Rusia, una acción sobre la que Kasparov aún no se ha pronunciado y que sí defienden decenas de colectivos y organizaciones pro-derechos humanos dentro y fuera del país.

Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, ¿hará falta otra revolución para poner fin al periodo Putin? “Los que recuerdan la historia de la revolución rusa no quieren otra: demasiada sangre, demasiada destrucción económica”, opina Jodorkowsky, rival declarado de Putin desde que en 2003, durante un programa de televisión al que asistieron ambos, el oligarca criticó la corrupción endémica en Rusia. El antiguo presidente de Yukos Oil (la mayor petrolera privada rusa) cree que el sistema legal ruso está tan viciado que es imposible arreglarlo desde dentro. “Por eso creo que hay que para cambiar Rusia, hay que dar un paso hacia fuera. Viviendo en Suiza he visto cómo funciona una democracia correcta”, argumenta.

“No tengo las respuestas, nadie las tiene, pero creo que lo importante es precisamente eso: hacer las preguntas correctas”, argumenta Kasparov. Está convencido de que si los líderes de lo que denomina “mundo libre” tuvieran la mirada de largo alcance que atribuye a Winston Churchill, “Putin nunca habría llegado a donde está”. ¿Cree que su experiencia como campeón de ajedrez le ayudará a navegar las aguas revueltas de la política rusa? Kasparov, que prefiere que le definan como activista por los derechos humanos en vez de como político, lleva años respondiendo la misma pregunta: “Para nada, porque en ajedrez tenemos normas fijas y resultados impredecibles, pero en la Rusia de Putin sucede todo lo contrario”.

 
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Ecos de tiempos no tan lejanos

Franco en Reus (1940). Foto: Joan Barceló.

Miguel García Lerma es doctorando en Historia Contemporánea.

El escenario está montado, y el teatro de guiñol comienza su función sin más guión aparente que un choque de trenes auspiciado por las “derechas” casticistas que poco o nada quieren solucionar,. La liebre ha sido levantada, y nadie se quiere cobrar la pieza. Por un lado, los exconvergentes, que reculan cuando les han quitado la red de un salto que llevan anunciando a bombo y platillo años. Por otro lado, el “Gobierno de la Nación”, que nunca ha aceptado la pluralidad de ésta más que para el voto de los Presupuestos Generales del Estado, siempre que le ha hecho falta pactar con la derecha nacionalista. Ya lo sabíamos, pero hoy día sorprende a muchos el hecho de que la pasta siempre se entienda con la pasta, independientemente de la bandera que la expida.

Para aquellos que partimos de una perspectiva de izquierdas que asume, en cierto sentido, algunos de los horizontes programáticos e ideológicos de la izquierda rupturista de este país, consideramos que el derecho de autodeterminación es, si me permiten el vulgarismo, “sagrao”. Sagrado porque es un derecho inalienable de los pueblos según varios documentos de organismos internacionales. Sagrado porque también los ciudadanos y ciudadanas debemos participar en la toma de decisiones del encaje territorial de nuestro estado. Sagrado, porque ha sido uno de los principios fundamentales que ha configurado el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, y ha permitido la descolonización de países brutalmente explotados por sus metrópolis.

Y pese a las profundas reservas que el que suscribe tiene ante el formato de referéndum que ha propuesto la “Cheneralitá” (usando de modo jocoso como llamaba a la institución un catalán universal como era Ivá), no podemos cerrar los ojos ante la movilización que está dándose en Cataluña. Y como reservas no nos faltan, no tanto por el proceso en sí, sino por los mecanismos legales que se han puesto en marcha para desarrollarlo, y la mano que dirige el timón (una derecha tan nacionalista y corrupta como el Partido Popular)

Pero en este artículo quiero simplemente analizar la otra parte, la gestión del gobierno Popular, desde una perspectiva discursiva. No vamos a entrar en las grandes declaraciones, o en las líneas programáticas, sino en dos elementos que considero elocuentes. Porque, como dice el refranero, ‘de casta le viene al galgo’, y cuando las cosas están mal, las viejas pulsiones salen a la luz. Vamos a ello. Por un lado la preocupación por el Orden Público, y por otro lado la reaparición misteriosa del término “propaganda ilegal”. A aquellos más jóvenes, les sonará a otro elemento del tedioso lenguaje político, pero por mi profesión (investigador histórico), puedo vislumbrar parte de la significación que tiene el uso del lenguaje en esta circunstancia. Con respecto al primer elemento, al menos sobre papel, desde la constitución de 1978 no tenemos unas Fuerzas de Orden Público (FOP), sino unas Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).

“¡Es lo mismo!”, dirán algunos, “otro eufemismo para llamar a la misma cosa”. Pero los términos tienen una significación profunda, y hay matices. Si bien ambas definen a “profesionales de la violencia institucional” -por muy polémico que pueda resultar el término-, el uso de FOP está asociado a la judicialización de actitudes políticas (entendiendo que ciertas reivindicaciones políticas alteran el orden público), mientras que el uso de FSE está asociado a la protección de la seguridad de la ciudadanía, partiendo de sus derechos y libertades. O de una manera mas simple, el concepto orden público tiene un elemento represivo, y el concepto seguridad ciudadana, un elemento democrático. O ese fue el cambio que se nos acentuó en el mundo académico y en los investigadores de la Transición Española en un momento que se planteaba el debate sobre la no depuración del personal policial de la dictadura. Cambio que el gobierno del Partido Popular, al parecer, se empeña en olvidar.

El segundo elemento que ha salido estos días a colación es el de la propaganda ilegal. Si bien no existe como elemento en nuestro Código Penal, ha estado presente en boca de nuestros dirigentes en la última semana, con el absurdo de ver a las FSE persiguiendo carteles e imprentas. El concepto de propaganda ilegal, una vez más, asumido por nuestro gobierno de la dictadura, fue un mecanismo contra los vencidos de la guerra en un contexto de represión. Sobre todo a la altura de la década de los años setenta, cuando constituyó una de las principales razones de encausamiento de disidentes políticos por el Tribunal de Orden Público. Quizás estos pequeños “lapsus” terminológicos podrían ser simples construcciones lingüísticas, sin mala fe, ante la celebración de un referéndum que excede el marco legal de nuestro ordenamiento jurídico. O quizás el uso de “viejas palabras” por los herederos de una cultura política que considera, como Fraga expuso en 1976, que la calle es suya.

Pero lo cierto es que el tratamiento del problema ha pasado por una judicialización del hecho político, es decir, se enmarcan actitudes políticas dentro del ámbito judicial, en lugar de ofrecer soluciones políticas a un problema que va más allá de una legislación concreta. Lo que no entiende el gobierno es que dos millones de personas en la calle no pueden constituir un colectivo a encarcelar y reprimir. Y si, recuperando estos ecos de un pasado no tan lejano, quizás de forma leve, pero muy significativa, el gobierno nos está diciendo que no tiene problema en encuadrar, dentro de una democracia, actitudes políticas fuera de la ley, que tiemblen no solo los activistas catalanes, si no cualquier activista social de este país (o país de países, como se prefiera). Porque se va a convertir en un problema de orden público. Porque su propaganda va a ser ilegal. Y hay que estar atentos, porque este giro no es sino el primer paso de una deriva autoritaria, que una vez iniciada, como el mismo ‘Procés’ en sí, no sabemos como va a acabar.

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