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La crisis en Túnez reactiva la indignación en pleno aniversario de la Revolución

Foto: Antonello Veneri.

LUNA GÁMEZ, SEMMADA ARRAIS // A un día del séptimo aniversario de la denominada Revolución de los Jazmines, considerada como el detonante de la Primavera Árabe, la indignación prende en una veintena de ciudades de Túnez en forma de protestas contra la política de recortes y austeridad aprobada recientemente por el gobierno de Yousseff Chahed, del partido Nidaa Tounes. Chahed llegó al gobierno en 2014 gracias al apoyo de los islamistas conservadores de Ennahda, formación que gobernó los tres años precedentes.

Las revueltas de 2011 lograron expulsar al dictador Ben Ali e instaurar la democracia en Túnez. No obstante, la política actual continúa reproduciendo algunas de sus viejas prácticas, sin conseguir sacar a flote la desmembrada economía tunecina. El desempleo se sitúa ya en el 15% de la población activa (40% en el caso de los jóvenes), la deuda pública asciende al 70% del PIB y la devaluación del dínar hace mella en las economías de los hogares, que en 2017 vieron subir los precios un 6%.

‘¿A qué esperamos?’ Esa es la pregunta que da nombre al movimiento ‘Fech Nestannew?’ (en dialecto tunecino), que un grupo de jóvenes indignados puso en marcha el simbólico día 3 de enero, aniversario de los ‘motines del pan’ de 1983, para hacer un llamamiento a la movilización contra la nueva Ley de Finanzas aprobada por Chahed, que según sus detractores, impondrá medidas de austeridad que aumentarán el coste de vida, el desempleo y la precariedad de los servicios públicos.

“¡El pueblo quiere la caída del presupuesto!”, es uno de los principales lemas que se escuchan estos días en las calles tunecinas. La chispa de la indignación prendió en las ciudades más desfavorecidas del país, pronto se transformó en llamas después de que Khomsi el-Yerfeni, uno de los muchos tunecinos indignados con la falta de trabajo, falleciese el pasado lunes durante una manifestación en Tourba, al norte de Túnez capital. Varios testigos aseguran que el-Yerfeni fue atropellado por un coche de policía, mientras que las autoridades achacan su muerte a un fallo respiratorio. Desde entonces, la ola de indignación se ha contagiado por varias ciudades. Con el Ejército desplegado desde el martes pasado para controlar los enfrentamientos entre manifestantes y agentes, así como los ataques a comisarías de policía y otros bienes públicos, varios activistas, sindicatos y movimientos piden siguen llamando a la población a manifstarse de forma pacífica. El número de detenidos asciende ya a 778 personas, según el último balance del Ministerio del Interior, y los heridos se cuentan por decenas.

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La crisis económica, talón de Aquiles de la ‘primavera tunecina’

“Gracias a la Revolución me mudé a Túnez capital, centro político y social del país en aquel momento, y monté mi propio consultorio”, cuenta Rym El Ghid, una joven dentista que considera que el giro político del país le permitió rebelarse como ciudadana y conocer a muchas personas nuevas, algo que no le era posible en el los viejos tiempos de censura. El Ghid cree que la situación económica del país empeoró con los nuevos gobiernos, no obstante no se arrepiente de haber participado en la Revolución: “Si volviese atrás en el tiempo, volvería a hacerla porque realmente necesitábamos un cambio político”.

Tras 56 años de gobiernos autoritarios en Túnez, primero bajo el férreo puño de Habib Bourguiba y después bajo el de su sucesor, Zine el-Abidine Ben Ali, la Revolución que comenzó en 2011 conquistó su primer gobierno democrático y concibió una nueva Constitución -la primera aprobada en democracia, segunda desde que el país se independizase de Francia en 1956-.

“La Revolución tunecina no sólo representaba una protesta de índole política, también partía de un claro malestar por la marcha de la economía, por la corrupción y por la acumulación de la riqueza en unas pocas manos”, explica Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de estudios árabes en la Universidad de Alicante, quien considera que siete años después la situación no ha mejorado. “Un crecimiento económico del 2% es insuficiente para crear empleo, las inversiones se han reducido a causa de la inestabilidad y los atentados del ISIS han espantado a los turistas, dando el golpe de gracia a la economía tunecina”, añade este académico especializado en la Primavera Árabe.

Una economía ya lastrada en el régimen de Ben Ali, que tras la Revolución recibió varios préstamos del Banco Mundial y el FMI, entre ellos los aprobados en 2016 de 4.100 y 2.400 millones de euros respectivamente, a cambio de profundas reformas fiscales. Para cumplir con sus acreedores, el Gobierno tunecino propuso una nueva Ley de Finanzas que prevé apretar el cinturón del gasto público, aumentar los impuestos directos e indirectos y congelar los salarios públicos, entre otras medidas. Instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o el Real Instituto Elcano ya alertaron de los riesgos de la desregulación del mercado de trabajo en Túnez. No obstante, el Ejecutivo de Chahed pide paciencia, asegurando que 2018 será el último año de penurias para los desempleados y comerciantes, que pierden el sueño incrédulos ante la falta de oportunidades y el insostenible aumento del coste de vida.

Hay quien, ante la falta de esperanza, anhela de nuevo la vuelta del antiguo régimen. “El único beneficio de la Revolución ha sido poder hablar, pero solo eso. ¿Para qué hablar si no hay ni turistas ni empleo?”, se pregunta Battikh Abderazak, originario de Monastir y propietario de una tienda de artesanía familiar. Este artesano y comerciante asegura que varios de sus amigos tuvieron que cerrar sus negocios. “Lo que el pueblo necesita es un buen líder”, añade con expresión de desprecio mientras sus manos dibujan el gesto de quien sujeta con fuerza unas riendas.

La diferencia de opiniones sobre la Revolución refleja que buena parte de la población no se identifica aún con el proceso de reforma político tunecino, una debilidad que podría costar caro al movimiento de indignación actual, que todavía no ha conseguido alcanzar e integrar a todas las capas de la sociedad. Esta idea es defendida por activistas como la reconocida bloguera y escritora Lina Ben Mhenn. “Si no conseguimos atraer a todas las clases sociales, corremos el riesgo de que las manifestaciones no se traduzcan en una conquista sino en miedo y en desgaste”, afirma Ben Mhenn.

Libertad de expresión en peligro

Las muestras artísticas estuvieron en primera fila durante el soplo de aire fresco inicial que la Revolución trajo a Túnez. Sin embargo, las voces de contestación política, así como los movimientos de oposición -liderados principalmente por el sindicato de la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), uno de los más movilizados de todo el Magreb y pieza clave de las manifestaciones de 2011, junto con la débil coalición de partidos políticos de izquierda- se toparon rápidamente con viejos obstáculos.

De esta forma, la libertad de expresión pasó a ser para muchos activistas casi como un espejismo que se repite y se convierte en un estímulo para continuar hacia adelante. Muchos de los cientos de personas detenidas durante estos últimos días se encuentran privados de libertad por haber desafiado las ideas del actual gobierno, y sus prácticas heredadas de los anteriores regímenes autoritarios. Otros permanecen arrestados por haber llamado a la movilización, como sucede con algunos de los líderes y fundadores del movimiento Fech Nestannew?

La activista Ben Mhenn repite con ironía el principal eslogan de las manifestaciones de 2011 (“Empleo, libertad y dignidad”) para afirmar con rotundidad que ninguno de esos objetivos ha sido alcanzado. “Tuvimos un año o dos de libertad de expresión, pero eso no perduró. En los medios occidentales no se habla mucho, pero cada día hay ataques a la dignidad humana, detenciones de blogueros, periodistas, raperos… Además de la violencia policial arbitraria”, declara esta mujer de 34 años, conocida por investigar los casos de violencia policial y la represión por parte de formaciones políticas islamistas. Ben Mhenn vive el miedo a la represión en sus propias carnes. “Casi cada día me contactan personas que han sido abusadas por las fuerzas de seguridad”, añade mientras explica que se encuentra amenazada de muerte por grupos terroristas. Cuenta con protección policial por orden del Ministerio del Interior, aunque los mismos agentes que la protegen ya la llevaron a la boca del lobo en varias ocasiones. En 2014, su propio guardaespaldas la entregó a una comisaría de policía en la que una veintena de agentes le propinó una paliza. “Al denunciar, la acusación se volvió contra mí, dijeron que fui yo quién agredió a los agentes”, cuenta Ben Mhenn. Después de tres años de proceso judicial, a principios de este mes de enero fue declarada inocente. “Quieren intimidarme y callarme, pero no lo están consiguiendo”.

A pesar de los hilos sueltos y las incógnitas sobre la Revolución, la indignación recorre de nuevo las calles de Túnez con la esperanza, en esta ocasión, de bloquear las medidas de austeridad del gobierno y lograr unas condiciones de vida dignas. La población tunecina, que en 2011 se convirtió en un ejemplo de éxito revolucionario, no baja la guardia ni cesa en demostrar su capacidad de movilización.

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¿Cuál es el verdadero motivo que lleva a Montoro a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

MADRID *// ¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?

La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.

Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?

Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.

La clave es que cuanto más superávit tenga el Ayuntamiento de Madrid, más déficit público puede tener la administración central que gestiona Montoro. Esto es así porque Bruselas no mira las cuentas de cada una de las administraciones sino que mira las cuentas del conjunto de ellas. El superávit de Madrid sirve para maquillar las maltrechas cuentas de Montoro, y por eso éste se niega a que el Ayuntamiento de la capital reduzca su superávit para invertir en infraestructuras o incrementar la inversión social. Es decir, no se trata de un castigo al Ayuntamiento por no manejar bien sus cuentas, sino que es una maniobra para aprovecharse del superávit de la capital. Montoro puede permitir que un pequeño ayuntamiento se salte la Regla de Gasto y pierda algunos millones de superávit, pero no puede permitir perder los casi 1.000 millones de euros de Madrid. Sobre todo porque permitirlo podría hacer que el ejemplo de Madrid fuese imitado por tantas otras administraciones, ¡y es que el conjunto de las corporaciones locales registra un superávit superior a los 7.000 millones de euros que Montoro necesita como el comer!

Ni que decir tiene, además, que en todo este movimiento también hay una cuestión política de enorme calado: el Ministerio está encantado de poner palos en las ruedas a un ayuntamiento que está demostrando que hay alternativas a las políticas de austeridad. El gobierno de Ahora Madrid ha puesto ya de manifiesto que se pueden sanear las cuentas al mismo tiempo que pones la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos. Los fanáticos de la austeridad, entre los que se encuentra Montoro, no pueden permitir que este ejemplo triunfe y se difunda, y por eso están tratando por todos los medios que su proyecto político no prospere.

Pero el Ministerio se ha extralimitado en sus competencias, y es lo que el gobierno de Ahora Madrid está utilizando en los tribunales para defenderse de los ataques políticos de Montoro. Resulta que -tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF- la Regla de Gasto española es mucho más restrictiva que la Regla de Gasto de la Unión Europea porque ésta se aplica sobre el conjunto de las administraciones y no sobre cada una de ellas y además ni siquiera es de obligado cumplimiento. Pero es que hay más: el Ministerio está realizando una interpretación de la Regla de Gasto que no viene recogida en la legislación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, sino que se apoya en una orden ministerial que no tiene carácter normativo y que excede los criterios que la ley establece para la Regla de Gasto. Es decir, que existe una discrepancia de interpretación de la Regla de Gasto entre el Ministerio y el Ayuntamiento que tendrán que dirimir los tribunales.

Veremos en qué acaba la cosa.

*Eduardo Garzón es asesor de economía en Ayuntamiento de Madrid

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No es Manuela, son los parques

Manuela Carmena durante el pleno de investidura.

En el ámbito local es donde la ciudadanía puede comprender sin martingalas su pago de impuestos. Más o menos así: Yo aporto un X por ciento de lo que gano/gasto –que me cuesta un riñón y un ojo y la vesícula–, y ahí aparece un parque. Yo vuelvo a aportarlo, y se abren cuatro escuelas infantiles. De nuevo, y los centros deportivos municipales son gratis para los críos. Etcétera. Muy esquemáticamente viene a querer decir que en los municipios es donde los ciudadanos pueden comprobar el fruto de pagar impuestos, o sea ver que vale la pena, o sea comprender el funcionamiento de lo público.

Paralelamente, aquel ciudadano que comprende de esa forma la fiscalidad, no solo deja de demonizar los impuestos, sino que pasa a demonizar a aquellos que los evaden y también a aquellos que roban de lo público, porque roban de su riñón, su ojo y su vesícula. De ahí la sustancial importancia del ámbito local y de la actuación política a ese nivel. Porque si el ciudadano no ve frutos, no solo trata de no aportar lo suyo sino que deja de castigar al que lo evade o lo roba. Nadie quiere entregar su riñón a cambio de nada.

Hasta aquí, lo fácil.

Ayer, el ministro Montoro envió una carta al Ayuntamiento de Madrid informándole de que Hacienda pasaba a intervenir las cuentas del Consistorio, algo nunca visto en España.

Se podría explicar el malestar entre los municipios de otra manera, pero sirva el comunicado de apoyo de la Red Municipalista contra la Deuda y los Recortes:

Tras la carta remitida por parte del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Madrid con la intención de intervenir las cuentas municipales, desde la Red Municipal Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes queremos expresar nuestro rechazo a esta intervención. Asimismo, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con Ahora Madrid y todo su equipo, que han demostrado con su gestión que se puede gobernar dando prioridad a los derechos sociales de las mayorías, y no a los intereses de las élites económicas y financieras.

El actual gobierno del ayuntamiento de Madrid no solo ha puesto en el centro de la política económica a las personas, sino que lo ha hecho reduciendo la deuda insostenible e ilegítima que dejaron los gobiernos de Gallardón y Botella.

Los ataques al Ayuntamiento de Madrid desde el Ministerio de Hacienda han sido continuos desde que Ahora Madrid entró en el Ayuntamiento. El Gobierno de Manuela Carmena ha demostrado que se pueden hacer políticas sociales al mismo tiempo que se reducen gastos superfluos y se reduce deuda. La gestión de la Concejalía de Economía y Hacienda, con el concejal Carlos Sánchez Mato a la cabeza, ha desarrollado una gestión responsable, a la vez que con un marcado carácter social, de las finanzas de la ciudad. Esto es precisamente lo que el Gobierno del Partido Popular y Montoro no pueden tolerar.

La Red Municipalista, en la que aparecen cargos municipales de distintos partidos, se fundó el pasado mes de marzo para luchar contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, también llamada “Ley Montoro”. Representa a más de 600 municipios en toda España.

Esa red de protesta no había recibido una respuesta contundente hasta el momento. Hasta que el ministro Cristóbal Montoro decidió, hace un par de días, intervenir y fiscalizar semanalmente las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Manuela Carmena. El argumento del ministerio para hacerlo es que su plan económico financiero no se atiene a la legalidad y “el incumplimiento sucesivo y acumulativo de la Regla de Gasto”. Cabe preguntarse, entonces, por qué precisamente al Ayuntamiento de Madrid, cuando supera el medio millar los municipios que se encuentran en la misma situación, además de las comunidades autónomas y la propia Administración Central.

Desde el Ayuntamiento madrileño se da la siguiente explicación: “Se trata claramente de una medida de carácter político. Se nos está poniendo palos en las ruedas simplemente porque somos adversarios políticos y aquí no hay otra cuestión. Porque si uno se atiene a la interpretación estricta de la ley, o lo más neutra posible, nuestro plan económico financiero lo acaba respetando. De hecho, en la propia comunicación que nos han enviado, se ve claramente que cuando metemos nuestro plan económico financiero en la aplicación informática del Ministerio, nos da que que cumplimos la regla de gasto. Lo único que ocurre es que ahora ellos han modificado la forma de calcular esa regla de gasto y dicen que tal y como siempre la hemos calculado estaba mal. Pero en realidad, el ministerio nunca –este encontronazo lleva dos años—nos había dicho que nuestro método de calculo era erróneo… nos decía otras cosas, como que a lo mejor teníamos que recortar algo más o ajustar tal o cual partida presupuestaria, pero nunca que nuestra base de cálculo era errónea. Por lo tanto, creemos que no se ajusta a la legalidad y que simplemente es un ataque político”.

De hecho, las cuentas del Consistorio capitalino no pueden jugar más a favor del ciudadano: Desde la llegada del equipo de Manuela Carmena, el Ayuntamiento ha reducido la deuda ciudadana en más de 2.000 millones de euros, lo que supone un 40% de los que se encontraron a su llegada; han multiplicado por dos la inversión en infraestructuras y ha incrementado en un 50% la inversión social.

Sin embargo, la citada Ley Montoro impone a los Ayuntamientos priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público. “Lo que ocurre”, explican fuentes del Consistorio madrileño, “es que el Ayuntamiento a lo mejor ingresa un 7% más que el año pasado, pero esta Ley le obliga a que solo incremente el gasto en un 1,5 o 2%. Por lo tanto, incrementas el gasto mucho menos de lo que has incrementado los ingresos y por lo tanto te sobra dinero en la cuenta bancaria”. O sea, que la Administración central reprime las inversiones de los municipios, controla sus gastos y al final quienes se benefician de la maniobra son las cuentas que el Estado presenta ante Bruselas. Miles de millones de euros ahorrados en los últimos dos años por los ayuntamientos han seguido este camino.

Sin embargo, el último paso de Montoro, inédito hasta el momento, interviniendo las cuentas madrileñas inaugura una nueva manera de hacer. O no. O quizás puede ser, como afirman los perjudicados, sólo una medida política destinada a atenazar a la adversaria.

Pero cuando el ciudadano ha aprendido lo que valen su riñón, su ojo y su vesícula, resulta harto difícil jugar con ellos. Ya les puedes citar el artículo 135 de la Constitución, la prioridad del pago de la deuda o la austeridad. Frente a ellos, el parque, las escuelas infantiles y el ejercicio de los críos resultan argumentos incontestables. Sobre todo, cuando aquel que los reclama se coronó con una amnistía fiscal.

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El aparato cultural del Estado español: hacia una ensoñación totalitaria

Concentración Parlem, en Barcelona, el 7 de octubre. Foto: Jorge Lizana / Fotomovimiento

“Debe imponerse la fuerza de la razón”, le dijo Donald Tusk a Mariano Rajoy sobre la forma de lidiar con el conflicto catalán. Ocurre que la razón perdió su significado cuando desde Bruselas se instigó a que coincidiera con las máximas de la austeridad. Cuando la lógica política del Gobierno es superada por aquellas que establecen las fuerzas económicas, al Estado sólo le queda tratar de encontrar la legitimidad para responder a este momento histórico de crisis de Régimen mediante el uso de medios autoritarios y jerárquicos. Y el independentismo catalán lo ha sacado a relucir. Ya sólo queda movilizar al eficaz aparato cultural con el fin de eliminar cualquier atisbo de disidencia e imponer definitivamente la voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy para mantener el orden y la ley. Sólo existe un límite, y nada tiene que ver con consideraciones democráticas, sino con una cuestión de marca internacional: que el conflicto no escale hacia el uso de la fuerza policial y genere mala prensa en los medios extranjeros.

Interpretar el pasado para impedir un presente alternativo

No obstante, cuando hablamos de la batalla por el relato, también nos encontramos ante una lucha por la forma en la que entendemos la historia; el camino mediante el cual hemos llegado hasta aquí. De esta forma, Javier Cercas recuperó de forma cínicamente inteligente “el momento en que el Gobierno de la Generalitat se rebeló contra la legalidad democrática, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal española y cortó con el Gobierno de Madrid”. En la misma línea, pero ampliando las fronteras de su enfoque, Fernando Savater apuntaba recientemente que “el comunismo y el nazismo son la mugre política que la Unión Europea trató de erradicar. Pero ahí siguen”. Además definió con absoluto desprecio a la eurodiputada Marina Albiol como un “error histórico”. No es casualidad.

Los intelectuales de este débil y caduco momento buscan aquellos patrones similares en el tiempo anterior con dos finalidades: recuperar la conformidad del pasado para los valores del presente e impedir el surgimiento de un momento histórico que desemboque en grandes modelos alternativos. Algo que el propio Nietzsche ya criticó en sus segundas consideraciones intempestivas allá por el siglo XIX: “La historia solo resulta prometedora cuando nace de una nueva cultura naciente”. Cercas y Savater son parte de un amplio elenco de sacerdotes de una historia que se ha revelado inservible para establecer un ideal de democracia real en España. Tratan de usar el conocimiento del pasado para desarraigar un futuro, no ya que permita a los pueblos obtener su libertad, sino siquiera tener la capacidad para intentarlo.

Se da otro suceso curioso. En el mismo momento en que el Estado trata de hacer hegemónico el relato presente sobre la crisis catalana polarizando las posiciones de forma que quede enterrado cualquier matiz, observamos que el relato futuro que quedará sobre el conflicto vasco trata de asentarse sobre las mismas bases. Es una casualidad del destino que el Premio Nacional de Narrativa lo recibiera la Patria de Fernando Aramburu -esa novela ensalzada por todo el aparato patrio que presenta una idea de Euskadi en la que están las víctimas y aquellos cuya pistola sólo parecía conocer una patria-. Legítimo, desde luego, pero como ocurre con el relato que promueve el Estado, cualquier tinte intermedio es desdeñado. Cuando se tiene aprensión del contenido subversivo que posee todo recuerdo del pasado, el precio que pagamos no es otro que el olvido. El mismo que ya permite a Alfonso Alonso amenazar a Euskadi con aplicar el 155 o a Pablo Casado, enfant terrible del neoconservadurismo, dar un aviso a navegantes (léase ‘disidentes’). Oriol Junqueras y los otros siete consellers enviados a prisión sin fianza son otro de los ejemplos de represión que trata de justificar el relato cultural hegemónico.

España pasó de una dictadura a una democracia de forma pacífica, entró a formar parte de la actual Unión Europea en pocos años y, sin disfrutar la memoria española de lo que se denominaron los «Treinta Gloriosos», pronto se vio obligada a pagar con sus derechos sociales la factura de la austeridad. Fiel a Angela Merkel, el Ejecutivo de Rajoy cargó todo el peso de la supuesta recuperación sobre la clases más bajas, eliminó de forma sucesiva distintas libertades civiles y cerró la puerta a cualquier ideal de avance democrático en nuestra sociedad. Lejos de cambiar de idea, el reorden del establishment español -que coincide con un proceso de expansión global del capitalismo- trata ahora de que cualquier futura agenda económica o antisocial, por dura que sea, no reciba oposición alguna. Los conservadores usarán toda la fuerza de la Constitución, y en caso de que deba hacerse una reforma, la encabezará una derecha desbordada de poder gracias al apoyo de PSOE y Ciudadanos. Aquello que esté a la izquierda o tenga tintes discrepantes tratará de ser barrido.

Probablemente, el suceso más clarividente de cómo el relato gubernamental trata de acallar a los críticos fuera el artículo en donde Antonio Muñoz Molina atacaba frontalmente a un periodista de la talla de Jon Lee Anderson. Incluso el mundo artístico, ese plano subjetivo que crean los grandes novelistas -algunos articulistas ya convertidos en propagandistas del régimen-, trata de impedir la reflexión con el fin de justificar las acciones del Gobierno. En una entrevista con Nueva Revista, Anderson fue apelado sobre este tema de la siguiente forma: “[El artículo de Muñoz Molina] quizá demuestre que la democracia española es frágil, y por eso hay que defenderla”. A lo que respondió: “¿Y van a ganar adeptos a su causa atacando a los que intentan observar el proceso con ojos críticos pero constructivos?”. Cuando la democracia española es tan frágil que no admite crítica, la tendencia antidemocrática queda de manifiesto. Y solo la perspicacia del aparato cultural puede camuflarlo.

España en un mundo post-orwelliano

En un breve texto publicado en What Orwell Didn’t Know, un libro sobre la propaganda y la nueva cara de la política americana, Alice O’Connor apuntaba que si bien George Orwell describió a la perfección la maquinaria de propaganda en los regímenes totalitarios, nunca imaginó que el consenso de Washington establecido después de la Guerra Fría por los ideólogos de la derecha se convertiría en el nuevo pensamiento único de época. En esta suerte de mundo post-orwelliano, donde el libro más vendido ha vuelto a ser 1984, las élites hasta invocan al escritor inglés para eliminar una oposición que es bastante más moderada que aquella representada entonces por Vladímir Ilich Lenin. Pero han ocurrido muchas cosas desde que Orwell ironizó sobre la revolución rusa en Rebelión en la Granja. Y aún más desde que el mismo Lenin escribiera sobre la imposición de las exigencias socialdemócratas que “la libertad de crítica se redujo en el acto no sólo a la falta de crítica, sino a la falta de todo juicio independiente en general”.

En algo menos de un siglo, el triunfo de la democracia burguesa asentada en un liberalismo embridado ha dado lugar a una suerte de nuevo totalitarismo económico impuesto violentamente por la burguesía neoliberal, donde la socialdemocracia que criticaba Lenin es ya una breve distopía de lo que fue. No es ninguna causalidad que su precaria situación coincida con la avanzada bifurcación entre capital y democracia. Sin embargo, en España aún se mantiene viva. Aunque sea al precio de justificar la cara menos democrática del gobierno conservador.

Lo verdaderamente preocupante es que, si bien es cierto que la crisis catalana es la forma en la que se pone de manifiesto la crisis 78, pareciera como si la forma en la que el Estado español ha gestionado el suceso le hubiera permitido superar el eje arriba/abajo y la crisis de un régimen cuyas brechas permitieron emerger a un movimiento contrahegemónico como el que en su momento trató de ser Podemos. Los conservadores han logrado que la idea del “Estado de Derecho” adquiera la suficiente legitimidad como para colocarnos en una especie de momento histórico donde todo vale para legitimar intervenciones sociales radicales que muchos rechazarían en tiempos normales. Todo concepto debe adaptarse a aquel tiempo en que se utiliza, y la unidad de España es cada vez más una idea totalitaria. Lo vislumbraba Iñigo Errejón en conversaciones con La Marea tras las primeras elecciones: “El consenso ha tenido más peso por parte de las élites que el término democracia. El valor consenso se ha abierto camino de una forma totalitaria”.

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La inversión española en paraísos fiscales se multiplica por cuatro

Billetes de 500 euros. Foto: Fufu Wolf.

Entre 2015 y 2016 la inversión española hacia paraísos fiscales se multiplicó por cuatro, hasta el punto de que actualmente uno de cada cuatro euros invertidos por empresas o particulares de España acaba en un territorio offshore, según detalla el informe El dinero que no ves, sobre paraísos fiscales y desigualdad, que este jueves publica Oxfam Intermón. A nivel internacional, el dinero acumulado en paraísos fiscales aumentó un 45% entre 2008 y 2016, más del doble del crecimiento económico mundial en ese periodo.

El crecimiento de esta actividad coincide con la dificultad de decenas de Estados de todo el mundo, entre ellos España, para ajustar sus deficitarios presupuestos nacionales a través de programas de austeridad basados en recortes de partidas como la educación, la sanidad y otros servicios públicos. Para Oxfam, los paraísos fiscales contribuyen al aumento de la desigualdad “ya que suponen una vía de escape para que grandes empresas y fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo”, aumentando la presión fiscal del Estado sobre las familias, el trabajo y el consumo.

El creciente éxito financiero de estos países y territorios opacos llega en un momento en que las grandes multinacionales han visto un considerable aumento en sus beneficios que “no se ha visto reflejado en su contribución tributaria”, según el informe de Oxfam. Entre 2007 y 2014 los beneficios de estas corporaciones se multiplicaron por tres, pero su contribución a la Hacienda pública de los países de la OCDE (agrupa a 35 países, entre ellos España) cayó y pasó de representar el 3,6% al 2,8% del PIB de esas naciones. “Esta caída en la recaudación se debe en gran medida a su juego perverso, que les permite reducir al mínimo su contribución a las arcas públicas, lo que supone inmensas pérdidas de recursos fiscales esenciales para poner en marcha políticas públicas (…) y aviva así la actual crisis de desigualdad”, explica José María Vera, director general de Oxfam Intermón.

Según los cálculos de esta organización, las economías en fase de desarrollo pierden cada año 85.000 millones de euros de recaudación que terminan escondidos en paraísos fiscales, una cantidad similar a la que haría falta para escolarizar a 124 millones de menores o para establecer servicios sanitarios que salvarían hasta seis millones de vidas. En América Latina, la región más desigual del planeta, gravar los dividendos que las compañías reparten entre sus accionistas permitiría financiar políticas públicas para sacar de la pobreza a 32 millones de personas, según los cálculos de Oxfam. La movilización ciudadana es imprescindible para poner fin a las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes empresas y forzar una reforma en profundidad del sistema fiscal internacional, sostiene esta organización independiente a través de la campaña El dinero que no ves.

Coladero fiscal en España

“En España tenemos una brecha de recaudación de seis puntos frente a los países de la zona euro”, sostiene el director de Oxfam, quien además pide la creación urgente de una ley española de evasión fiscal. Entre 2015 y 2016 la inversión procedente de España en paraísos fiscales se cuadruplicó. La organización advierte que la evasión fiscal en España ya acumula una pérdida de 23.000 millones de euros para las arcas españolas desde 2007, casi el doble del dinero que haría falta para pagar la renta mínima a todas las familias sin ingresos en España (12.000 millones). “No podemos renunciar a recaudar lo que en justicia corresponde pagar a las grandes empresas (…) eso supone dejar en la cuneta la lucha contra la desigualdad”, explica Vera. España es el país de la Unión Europea donde más aumentó la desigualdad en los últimos años, solo por detrás de Chipre.

Oxfam identifica varios problemas sobre la evasión fiscal en España y señala varias medidas para ponerle fin y acabar con la impunidad, como crear una ley de evasión fiscal, adoptar una definición clara y vinculante sobre paraísos fiscales, descartar de los concursos públicos a las empresas con actividad en territorios offshore, y equiparar los impuestos que pagan las grandes compañías, que actualmente tienen una presión fiscal muy por debajo de la que afrontan pequeñas y medianas empresas.

El 47% del dinero que grandes corporaciones y fortunas esconden en paraísos fiscales pasa antes por cinco democracias ‘desarrolladas’, de las cuales cuatro son países europeos. España es uno de los países de Europa que más recortó su presupuesto público desde el estallido de la crisis pero la lucha contra la evasión fiscal sigue siendo una tarea pendiente, según denuncian Oxfam e incluso los técnicos del Ministerio de Hacienda. En 2016 las empresas del Ibex 35 tenían 891 filiales en territorios offshore, mientras que la impunidad de los delitos financieros contribuye a que bancos como el UBS, salpicados por grandes escándalos fiscales, planteen trasladar su sede a España.

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Banco Santander y la quiebra de Puerto Rico

Un grupo de estudiantes sostiene una pancarta contra el Banco Santander en San Juan, Puerto Rico. Foto: David Galarza.

Esta semana miles de personas de Puerto Rico, Estados Unidos e incluso Brasil celebraron el Día Internacional contra los Bancos con manifestaciones frente a las sedes del Santander y el Popular puertorriqueño (ninguna relación con la entidad española) para protestar contra las supuestas maniobras de estas entidades financieras para lucrarse de la frágil situación económica que atraviesa Puerto Rico.

Los convocantes acusan a dos ejecutivos del Santander de ser los responsables de que la colonia estadounidense alcanzara niveles de deuda insostenibles en beneficio de la entidad española, al mismo tiempo que implementaban un duro programa de austeridad cargado de privatizaciones, recortes sociales y privilegios fiscales para inversores con perfil especulador y grandes fortunas. ¿Qué ha pasado exactamente?

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