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“No me llames Dolores, llámame Lola”

El conocido estribillo de la canción electropop de la cantante Pastora “No me llames Dolores, llámame Lola” nos viene a la mente cuando escuchamos las grabaciones que salieron a la luz esta semana y en las cuales José Villarejo, ex comisario de policía actualmente en prisión, con familiaridad a la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, […]

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Llamar a la Familia Real ‘mafiosos, puteros y corruptos’ es libertad de expresión

Se ha archivado la causa por injurias a la Corona, en la que un usuario de Twitter fue acusado por referirse a la Familia Real como “esta familia de puteros, criminales, mafiosos, corruptos, con fortuna en paraísos fiscales, los Borbones de la perra”. El Juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha decidido archivar el […]

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Un organigrama para Catalunya

La jueza titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, ha realizado su último acto judicial antes de entregar al Tribunal Supremo la causa que investiga contra miembros del Govern y contra los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En un informe requerido por el Tribunal Supremo acerca del estado de tramitación de esta causa que se sigue por los delitos de rebelión, de sedición y de malversación de fondos públicos, ha plasmado su particular visión de toda la planificación política del Parlament, del Govern y de la “sociedad civil” (asociaciones ANC y Òmnium), desde el resultado electoral del 27 de octubre de 2015, bajo el concepto de “organización”.

No le ha aplicado el calificativo de “criminal”, pero en el seno de un procedimiento penal, en el que se repite constantemente la palabra “organización”, con inclusión de un organigrama, con reparto de funciones, para la realización de “un plan preconcebido”, es evidente que se estaría hablando de organización criminal y no de una simple reunión de una comunidad de vecinos.

En el organigrama que se incluye en dicho informe, se sitúan cuatro casillas: “legislativo”, “ejecutivo”, “sociedad civil” y “asesores ideólogos”. Es decir, la estructura de la Comunidad Autónoma de Catalunya y quienes participaron en el plan secesionista.

Hasta ahí, nada habría que objetar. El resultado electoral del 27 de octubre de 2015 fue mayoritariamente soberanista: todos los partidos que concurrieron a las elecciones lo hicieron con un programa político lícito, que no fue intervenido por ninguna autoridad judicial o policial. El programa soberanista con el que concurrieron los partidos independentistas no fue anulado ni ilegalizado y los mítines y campañas realizados no fueron suspendidos ni hubo detenciones, pese a que su programa soberanista fue claramente anunciado, con total transparencia y publicidad.

A partir de este resultado electoral del 27 octubre de 2015, el primer acto parlamentario que impulsa el proceso soberanista data del 9 de noviembre de 2015. Es esta fecha la que toma como punto de partida la querella de Fiscalía, que recogerá todos los actos parlamentarios y dos decretos del Govern.

Esta es la organización: una detallada y exhaustiva descripción de los trabajos parlamentarios, realizados por parlamentarios y votados por ellos. Es decir, una planificada acción política con el objetivo de cumplir un programa político, que fue el mayoritariamente votado por los ciudadanos catalanes.

Como colofón, estos dos años de realización de actos parlamentarios y actuaciones de gobierno fueron acompañados de la legitimidad popular, visibilizada en movilizaciones sociales de apoyo a esta actividad política: Diadas y diversas manifestaciones masivas, en las que no hubo nunca ni violencia ni intimidación y no se registraron tampoco detenciones. Se han llegado a registrar hasta dos millones de personas en apoyo al soberanismo. Esta parece ser, la “sociedad civil” marcada como brazo de esta organización descrita por la jueza Lamela.

Nos preguntamos cuál es el elemento criminal que subyace en esta descripción de los hechos y en este organigrama: más bien pareciera una loa a la actividad política consistente en cumplir un programa político, tal cual fue demandado por el 47,4% del electorado, de forma coherente, sistemática y planificada, si no fuera por el hecho de que hay diez personas en prisión provisional y cinco perseguidas en Bélgica para ser encarceladas.

Se dice que todos los actos parlamentarios que impulsaron el Procés fueron suspendidos y anulados por el Tribunal Constitucional. Y ahí está, precisamente, la confusión buscada por muchos que apoyan esta escalada de represión: los actos ilícitos no son necesariamente delictivos. Por ejemplo, el despido de una mujer por el hecho de quedarse embarazada, sería un ilícito que conllevaría la nulidad del despido, es decir, sin efectos jurídicos. El empleador que así ha actuado no es un delincuente por ello, realizó una ilicitud pero no delinquió.

En el Procés, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de los actos parlamentarios pero éstos no son en sí mismos delictivos ni obedecen a un plan criminal preconcebido para la comisión de los delitos de rebelión o sedición.

Llama la atención que el informe emitido por la jueza Lamela se prodiga en detalles sobre dicha planificación parlamentaria y nada diga acerca de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias. Esta protección institucional está contenida tanto en la Constitución Española como en el Estatut de Catalunya, que aunque fuera cribado por el Congreso de los Diputados y anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional, precisamente en este punto se mantuvo intacto. Ni se deben perseguir a los parlamentarios por los votos y opiniones en el ejercicio de su cargo ni se debe detener a los parlamentarios y miembros del Govern -artículos 57 y 70 del Estatut-.

También sorprende que se omita el hecho de que el Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona está investigando 280 casos de maltrato policial durante la jornada del 1 de Octubre, lo que abunda en la idea de que la violencia no procedió de la multitud que acudió a votar, sino de ciertos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que cargaron brutalmente contra la sociedad civil.

Pese a ello, se insiste en que la planificación incluía grandes movilizaciones “intimidatorias” y que se había abonado en “las masas” la falsa idea de que se estaba legislando conforme a Derecho para procurar la independencia. Como si la sociedad civil no hubiera estado “abonada” de ese deseo soberanista, legítima y pacíficamente perseguido, antes de la celebración de las elecciones del 27 de octubre de 2015. Probablemente, en las manifestaciones pacíficamente convocadas los días 20 y 21 de septiembre hubo incidentes aislados, en los que se dañaron vehículos policiales, pero los responsables están sin identificar, lo cual no convierte el ejercicio del derecho de manifestación en un acto insurreccional o sedicioso.

Esta delirante construcción de la dinámica parlamentaria llevada a cabo durante dos años, con organigrama incluido, viene, sin duda alguna, propiciada por una visión muy paranoica basada en meros futuribles, que incluiría una distopía sobre el futuro del reino de España, como panorama desgarrador de lo que los “padres” de nuestra Constitución habrían querido evitar.

Sin embargo, los hechos son los que son, documentados en actas parlamentarias y en archivos videográficos, por más que jueces y policías se empeñen en interpretarlos como hechos sediciosos o de rebelión.

No estamos defendiendo el independentismo sino las garantías que sostienen todo sistema democrático, que en este caso incluyen el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la actividad de representación política en órganos parlamentarios y de gobierno y el derecho a no ser sujetos a la arbitrariedad de los poderes públicos, respetando en todo caso la separación de poderes del Estado. Todos, por cierto, con categoría de Derechos Humanos. Hasta un juez belga podría verlo.

  • Isabel Elbal forma parte del equipo jurídico que defiende a Meritxell Serret y Antoni Comín

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Abogados de los detenidos de Alsasua: “Están vetando el derecho de defensa”

Concentración ante el Palacio de Justicia de Navarra. Foto: Altsasu Gurasoak.

Los abogados y abogadas de los ocho jóvenes de Alsasua acusados de delitos y amenazas terroristas, y que se enfrentan a penas de entre 12 y más de 60 años de cárcel, denuncian varias anomalías en la instrucción del juicio por la supuesta agresión que tuvo lugar la madrugada del 15 de octubre de 2016 contra un sargento, un teniente de la Guardia Civil (ambos fuera de servicio) y sus dos parejas en un bar de esta localidad navarra.

A la espera del juicio oral y sentencia, los seis abogados dieron una rueda de prensa en Madrid para pedir proporcionalidad y señalar que, desde su punto de vista, hay varias anomalías en el proceso que “están vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías”, conforme al artículo 24.2 de la Constitución y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre las que destacaron:

 ¿Un caso para la Audiencia Nacional?

La defensa argumentó que debería ser la Audiencia Provincial de Navarra, y no la Audiencia Nacional, la competente para juzgar los hechos acontecidos en octubre de 2016. Según estos abogados defensores, el Tribunal Supremo se basó en documentos iniciales que no incluían el informe forense (el que establece la gravedad de las lesiones, siendo la más grave una fractura de tobillo) al determinar que el caso quedara en manos de la Audiencia Nacional. “Haciendo omisión de este razonamimento del Supremo, se acusó a los jóvenes de terrorismo en la Audiencia Nacional (…) se ha producido una quiebra de la apariencia de imparcialidad de la Audiencia Nacional”, argumentaron los letrados. Además, destacaron que los primeros informes periciales de Policía y Guardia Civil no señalaban hechos de carácter terrorista, ya que, “de ser así, la juez de Pamplona se habría inhibido”.

El Ministerio Fiscal y las demás acusaciones, entre ellas el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), argumentan que se trata de un delito de terrorismo porque dos de los agredidos pertenecen a la Guardia Civil y algunos de los jóvenes estarían vinculados a Alde Hemendik (‘Fuera de aquí’), un colectivo que pide la salida de las fuerzas de seguridad del Estado de Navarra y País Vasco, y que según la parte acusadora, habría estado a su vez ligado a la extinta ETA. La supuesta relación de Alde Hemendik y ETA estaría argumentada en un informe de inteligencia de la propia Guardia Civil, pero la defensa asegura que esto no tiene ningún nexo con lo sucedido en el bar de Alsasua y se queja de que la Justicia impida que se realice un informe pericial histórico sobre esa supuesta relación. “A las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación”, señalaron los abogados de la defensa.

El informe de la Guardia Civil señalaba un posible delito de odio, pero una semana después de que los jóvenes fueran detenidos, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo señaló un supuesto delito de terrorismo en su denuncia.

Pruebas denegadas

Los letrados defensores también explicaron que la práctica totalidad de las pruebas que presentaron fueron rechazadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, entre ellas vídeos del lugar donde transcurrieron los hechos, testimonios, resoluciones judiciales anteriores y entrevistas que dos de las víctimas concedieron a la COPE y Onda Cero y en las que, según la defensa, contradicen sus propias versiones de los hechos, mientras que “a las acusaciones se les han admitido prácticamente todas las pruebas”, declaró el abogado Jaime Montero, quien además las tachó de legítimas pero “irrelevantes”. “Hemos tenido que bucear para encontrar a personas que no aparecen en ningún momento de la investigación pero que estaban presentes en el momento en que sucedieron los hechos”, aseguró uno de los abogados.

La juez Carmen Lamela, también conocida por decretar prisión para los consejeros catalanes cesados, no admitió esas pruebas de las defensas, porque las consideró ajenas al proceso, lo que a ojos de estos letrados es una contradicción ya que negar la relación de esas pruebas con el juicio sería como negar la acusación de terrorismo. “Han tratado de convertir una bronca de bar a las cinco de la mañana en un día de ferias en un acto terrorista, es absolutamente disparatado”, dijo José Luis Galán, abogado de uno de los acusados.

Testigos rechazados

Los letrados también señalaron que no se les está permitiendo aportar testigos presenciales y criticaron que ni la Policía ni la Guardia Civil fueron diligentes durante la fase de investigación para encontrar personas que presenciaron los hechos. Según el letrado Jaime Montero, “fueron las familias de los encarcelados quienes tuvieron que hacer esa investigación (…) la jueza nos denegó esa fase de instrucción, por lo que solo se escuchó una parte de los hechos”. Desde la defensa también sugirieron testigos pertenecientes a Alde Hemendik que ponían en cuestión la relación de los jóvenes acusados con ese colectivo, pero tampoco fueron admitidos. “Para estos chavales, ETA es historia”, explicaron los abogados, apoyándose en la edad de los acusados (oscilaban entre 19 y 24 años en el momento de la detención). Sin embargo, todos los testigos aportados por las distintas partes de la acusación sí fueron aceptados.

Fallos en la rueda de reconocimiento

Un informe pericial señala posibles fallos durante la rueda de reconocimiento en la que los agentes víctimas de la agresión identificaron a sus supuestos agresores, pero la Sala no admitió tampoco ese documento. “Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades, nacionalidades y etnias, de los cuales ninguno era de Alsasua, previamente trasladados desde las prisiones de soto del Real y Alcalá-Meco”, señalaron los abogados de los acusados.

Presunción de inocencia

Durante el último año, varios medios de comunicación definieron a los acusados como terroristas, a pesar de que todavía el caso no ha sido sentenciado. Los abogados dicen que sus clientes no se plantean denunciar lesiones al honor y su presunción de inocencia porque “bastante tienen con esta losa” y porque creen que esta medida no les va a facilitar “pensar un proyecto de vida”.

Los tres jóvenes que permanecen en prisión incondicional y sin fianza (al principio fueron siete) se encuentran “bien tratados” pero a más de 400 kilómetros de su hogar familiar, separados desde su ingreso en la cárcel y sometidos a “condiciones duras”, con la comunicaciones intervenidas y en régimen de primer grado, que implica menos horas de salida al patio. Los abogados creen que es injusto que tres de los jóvenes permanezcan entre rejas de forma preventiva por un hipotético riesgo de huida, ya que fueron los propios acusados quienes se personaron por voluntad propia cuando supieron de los cargos que se les atribuían. “Es absolutamente desproporcionado”, señaló Amaia Izko, abogada de uno de los acusados.

El auto sobre el que se desarrollará la vista oral en la Audiencia Nacional es irrecurrible, por lo que los abogados de la defensa solo pudieron formular una protesta por escrito que enfatiza la inadmisión de las pruebas aportaron. No obstante, aseguran que las presentarán de nuevo cuando se abra la sesión oral -“no nos han comunicado ningún plazo dentro de la urgencia que requiere esto, porque llevan presos un año“-. Tampoco descartan recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y “esperamos no tener que llegar al Tribunal de Justicia Europeo“, señaló uno de los abogados. Las penas solicitadas para los jóvenes acusados suman 375 años de prisión.

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El auto de Carmen Lamela que ha enviado a prisión a Oriol Junqueras y los exconsellers del Govern

MADRID// La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a prisión incondicional al vicepresidente de la Generalitat de Catalunya destituido por el artículo 155, Oriol Junqueras, y sus consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles Mundó, atendiendo a la petición de la Fiscalía.

La titular del juzgado de la Audiencia Nacional ha considerado que existe el peligro de reincidir en la comisión de delitos, y se ha escudado en el viaje a Bruselas de Carles Puigdemont para alertar del riesgo de fuga. Los miembros de su Govern se enfrentan a penas de prisión de hasta 30 años por delitos de rebelión, sedición, y malversación de caudales públicos.

AUTO DE LA JUEZ CARMEN LAMELA 

 

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“Más dura será la caída”

Dos sucesos sorprendentes han sucedido: la presentación de dos querellas por el Fiscal General del Estado contra ex miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y el viaje con destino a Bélgica de Carles Puigdemont y cinco ex miembros de su Govern.

La querella contra Puigdemont y contra altos cargos que permanecen aforados se ha presentado ante el Tribunal Supremo y la que se dirige contra los no aforados ha sido presentada ante la Audiencia Nacional.

En ambas, se incluyen los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El eje central lo constituye un conjunto de actos parlamentarios que han llevado, desde noviembre de 2015, a proclamar la independencia de Catalunya, según el Fiscal General del Estado.

Sin embargo, lo más relevante de ambas acciones judiciales, sin duda, es el anuncio desde hace, al menos, 10 días de que el Fiscal General del Estado iba a presentar una querella por rebelión, que podría dar lugar a la prisión provisional de los investigados. Este anuncio público y reiterado por parte del máximo representante de la institución que defiende la legalidad en nuestro país, fue precedido por diferentes instrucciones transmitidas a la Fiscalía de Catalunya: en paralelo a una causa judicial contra la Mesa del Parlament y su presidenta, ordenó que los Fiscales citaran, bajo apercibimiento de ser detenidos si no comparecían, a los 700 alcaldes que se habían comprometido públicamente a proporcionar espacios públicos el día 1 de octubre, fecha de la consulta popular convocada.

Estas actuaciones públicas por parte de la Fiscalía, sobre todo su anuncio reiterado y constante de aplicar medidas contundentes como la prisión provisional, resultaron un aviso claro para los afectados: serían citados a declarar en calidad de investigados por delitos gravísimos que conllevan como mínimo la pena de 15 años de prisión, por lo que, a buen seguro, se solicitaría la prisión provisional. Traducido al lenguaje común: de acordarse la prisión provisional para los investigados, podrían permanecer un máximo de 4 años a la espera de juicio (2 años prorrogables a 2 años más) y, caso de ser condenados, no saldrían en libertad pasados, mínimo, 15 años. Es decir: desde el momento en que fueran citados y comparecieran, tendrían una perspectiva de libertad a partir del año 2032.

No en vano, se solicita en las querellas la citación urgente de los investigados para prestar declaración y en unidad de acto, el ingreso en prisión. Sólo traduzco a legos, pues la expresión “comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” significa eso.

Claro que una persona que no tiene nada que temer no huye de la Justicia, confía en las instituciones y espera ser absuelto.

Es lógico que se pueda pensar así, pero ante el riesgo de que mínimamente no funcione la Administración de Justicia, el justiciable desea ponerse a salvo, es lo que se conoce como “riesgo de fuga”. Este es el principal motivo por el que los jueces dictan autos de prisión, para conjurar ese potencial riesgo de fuga y asegurarse la presencia del investigado en el juicio oral.

En el presente caso, eliminado el factor sorpresa, puesto que el Fiscal General del Estado ha avisado que haría lo que finalmente ha hecho, parece que los justiciables se han dado a la fuga. No conozco ninguna operación contra sospechosos por la comisión de delitos gravísimos, en la que se incluya un reiterado anuncio público de que serán ingresados en prisión provisional.

Este anuncio, además, no resultaba descabellado, pues si alguien adujera que el Fiscal no decreta prisiones, estaría en lo cierto, pero en este país están sucediendo cosas muy extrañas: el Fiscal General del Estado -designado por el Gobierno- se ha extralimitado en la resolución de este problema político surgido a partir de la puesta en marcha del denominado Procés, dirigido a proclamar la independencia de Cataluña.

Esta actitud no sólo se ha circunscrito al aviso de detención de 700 alcaldes catalanes, sino a la asunción de funciones no jurisdiccionales como el hecho de dar instrucciones directamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña. Instrucción esta que fue anulada por la juez competente. Sin embargo, vimos cómo la Fiscalía, si no era frenada por nadie, seguía una senda irrefrenable, con gran ímpetu represivo, hasta el extremo de restar importancia al hecho de que hubiera más de 900 personas que requirieron asistencia médica, como consecuencia de la brutalidad policial sufrida el día 1 de octubre. Al menos, ante estas cifras, debió haber instado una investigación de oficio. No obstante, ha hecho todo lo contrario: negar las agresiones y, de paso, ha provocado una injusta revictimización de quienes sufrieron estos ataques, quienes, por cierto, ya han comenzado a denunciar ante los órganos judiciales correspondientes.

Asimismo, como dato que, sin duda, ha debido influir determinantemente en la huida, es el hecho de que hace dos semanas fueron encarcelados los líderes de las asociaciones ANC y Òmnium, que convocaron las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre. No es, por tanto, un dislate pensar que si miembros destacados de la sociedad civil, convocantes de concentraciones y movilizaciones han sido duramente reprimidos, la misma suerte tendrán quienes aparecen como sospechosos de uno de los delitos más graves del Código Penal, el de rebelión.

Teniendo como precedente que en esa causa por sedición, la movilización ciudadana ha sido criminalizada hasta el extremo de que su actividad constituye “alzamiento público y tumultuario” -sedición- y que no aparecen motivos objetivos para que la competencia recaiga en la Audiencia Nacional, lo lógico es barruntar que en las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado por rebelión también aparecerán reescritos el Código Penal y las normas procesales sobre competencias.

Todo parece apuntar, además, a que se persigue alejar estos procedimientos de Cataluña, deslocalizarlos y estigmatizar a los investigados en un órgano, la AN, que concentra el peor de los simbolismos en materia de represión. Para muestra, un botón: el rosario de causas por un delito de opinión, el enaltecimiento terrorista, contra tuiteros, raperos y titiriteros.

Lo que, de forma palmaria, corrobora todos los temores de los fugados es el título que llevaba el archivo de las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado, para su difusión pública: “Más dura será la caída”, refinada versión expresión del “A por ellos” que jaleaban guardias civiles y policías nacionales en su viaje para cubrir la jornada del 1 de octubre.

Dejando de esta forma en evidencia la imparcialidad de la institución que defiende la legalidad en este país, lo que emerge es la idea de internacionalizar este asunto. Y no, no me refiero a difundir por aire, mar y tierra el independentismo, sino a la necesidad que podría haber surgido de que un órgano judicial no español revise las estrategias del Ministerio Público.

Ignoro si esta fuga ha sido buscada, si responde a un plan o si, por el contrario, estamos ante un desesperado acto de supervivencia; lo que parece insoslayable es que un órgano judicial belga podrá revisar el contenido de estas querellas y entrar a valorar si los delitos por los que serán buscados los fugados serían aplicables en su propio país.

Por poner un ejemplo: un juez belga deberá dilucidar si la sociedad civil independentista en Cataluña es un mero instrumento, en manos de sus gobernantes, que ha ejercido “la presión intimidatoria de la multitud” para proclamar la independencia o si la “resistencia pacífica en los colegios electorales fue utilizada como eufemismo para impedir el cumplimiento de una orden judicial el 1-O”, según se expresa las querellas.

Es decir, un juez belga debería admitir la criminalización de la protesta social en una parte de Europa y considerar que los actos parlamentarios durante dos años en el Parlament son un conjunto de actos preparatorios para cometer uno de los mayores crímenes del ordenamiento jurídico de un país: la rebelión. Y debería tolerar que, pese a la no violencia de dichos actos políticos, nuestro Fiscal General estira este concepto para equipararlo al golpe de un Estado democrático.

Realmente, me queda una duda: ¿el Fiscal General del Estado previó este escenario? No sabemos si los hechos presuntamente delictivos, según se desprende de la redacción de estas dos querellas, superarán el filtro de los valores democráticos en los países de nuestro entorno.

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Prisión incondicial para los líderes de ANC y Òmnium Cultural

La Audiencia Nacional ha dictado prisión sin fianza a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por considerarles los “principales promotores y directores” de las protestas celebradas los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona. “No constituyeron una protesta ciudadana aislada, casual o convocada pacíficamente, sino una compleja estrategia en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”, sostiene la jueza Carmen Lamela.

Con respecto al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que también ha declarado este lunes, la magistrada ha acordado su libertad con medidas cautelares, aunque la Fiscalía también había pedido prisión sin fianza por un delito de sedición. Según el auto, la actuación de Trapero “no aparece suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación”.

“Os quiero pedir que cualquier respuesta que hagamos en los próximos días y, sobre todo, las que tendremos que continuar haciendo en esta movilización permanente que nos debe llevar hasta la proclamación de la república, la hagamos siempre con esta actitud que nos ha hecho tan fuertes: unidad, civismo y confianza en nosotros mismos”, ha solicitado el presidente de la ANC en un vídeo grabado antes de su declaración. En otra grabación, Cuixart afirma: “Ya intuíamos, y hoy tenemos una muestra más, que la represión del Estado no tendría límites”.

L’1 d’octubre tots junts vam decidir obrir les portes a la llibertat, i la guanyarem!#LlibertatJordis pic.twitter.com/8q4Xpu9V9T

— Assemblea Nacional (@assemblea) 16 de octubre de 2017

La reacción del presidente catalán, Carles Puigdemont, y del vicepresidente, Oriol Junqueras, ha incidido en la “represión” y en la “falta de diálogo”: “Pretenden encarcelar ideas, pero fortalecen necesidad de libertad”, ha afirmado Puigdemont. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado su rechazo a la decisión de la juez en un tuit: “¿Prisión por organizar manifestaciones pacíficas? Totalmente injusto y un grave error que nos aleja del diálogo. ¡Basta de judicialización!”. Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, decía en la misma red social que la decisión les parecía “desproporcionada”.

En las calles, las caceroladas de las diez de la noche se han adelantado en múltiples ciudades. Para este martes, la ANC y Òmnium han convocado concentraciones, un paro a las 12 del mediodía ante los centros de trabajo y concentraciopnes silenciosas a las 19h ante las delegaciones del Gobierno español en las cuatro provincias catalanas.

La carta de Puigdemont

Este mismo lunes, Puigdemont envió su respuesta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155, en el que pedía que resolviera la duda sobre si había proclamado, o no, la independencia de Cataluña.

La respuesta del president insiste en la ambigüedad mantenida hasta el momento para no provocar la fractura en en el seno del independentismo: “La suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento”. Ahora el Ejecutivo ha exigido a Puigdemont que “vuelva a la sensatez”. “Está en su mano evitar que se den los siguientes pasos”, advirtió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la mañana. El nuevo plazo cumplirá el jueves a las diez de la mañana. Esto implica la activación del segundo requerimiento. Ese día y a esa hora, el Ejecutivo trasladará al Senado las medidas propuestas adoptadas tras un Consejo de Ministros.

“Puigdemont sigue teniendo en su mano la solución. Que conteste sí o no”, insistió Sáenz de Santamaría. En su opinión, el presidente de la Generalitat aún “tiene la oportunidad de decir que no tiene que revocarla [la declaración de independencia] porque no la ha declarado”. “Tiene una oportunidad de rectificar”, remachó.

El encarcelamiento de ambos líderes, sin embargo, vuelve a tensar la situación entre el Gobierno y la Generalitat. Este mismo martes ya hay convocadas protestas para pedir su liberación.

 

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Puigdemont comparecerá el martes en el Parlament

Carles Puigdemont, en el Parlament | La Marea

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá la tarde del martes en el Parlament después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el pleno del lunes, ante la previsión de una posible Declaración Unilateral de Independencia. En su petición de comparecencia, Puigdemont ha avanzado que informará “sobre la situación política actual”, sin ofrecer más pistas sobre el contenido de la sesión plenaria.

Poco antes del anuncio del presidente catalán, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha abandonado sin medidas cautelares la sede de la Audiencia Nacional, tras una breve declaración ante la juez Carmen Lamela. Trapero y otros dos altos cargos de la policía autonómica catalana están siendo investigados por un posible delito de sedición, tras el dispositivo de seguridad desplegado por los Mossos el 20 de septiembre en la Conselleria de Economía de la Generalitat. Ante la juez, el mayor ha explicado su versión de los hechos y se ha mostrado “muy satisfecho”.

También han abandonado la Audiencia Nacional sin cargos los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. No obstante, será previsiblemente el lunes cuando la Fiscalía pida a Trapero y el resto de los investigados la prisión preventiva o bien alguna otra medida cautelar. A última hora de la mañana, la Fiscalía ha recibido un nuevo atestado que extiende los posibles hechos delictivos del jefe de los Mossos al 1-0.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha pedido disculpas por los heridos de las cargas policiales del día del referéndum pero ha defendido la actuación policial. A su vez, Millo ha responsabilizado al Govern de la situación vivida el 1-0. Además, un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia del Govern contra la operación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar el 1-O. En su auto, el juez reconoce que “afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana”.

Mientras, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el decreto-ley para facilitar el cambio de sede social de las empresas que decidan dejar Cataluña. El decreto permite que sea el consejo de administración quien decida el cambio de sede sin necesidad de convocar a la junta de accionistas. “Es muy triste la salida de empresas de Cataluña, y eso es culpa de una política irresponsable que genera inquietudes en el mundo empresarial. El Gobierno siempre va a favorecer todo lo que permita la prosperidad económica en Cataluña”, ha afirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

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El padre de uno de los detenidos de Alsasua: “no pedimos impunidad, pedimos justicia”

Interior de una celda. Foto: Jorge González.

El proceso sigue abierto y pendiente de juicio, así que todo son supuestos. La instrucción del caso sostiene que el 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles (un sargento y un teniente) que no estaban de servicio y sus respectivas parejas fueron agredidas durante una pelea en un bar de Alsasua, una pequeña localidad de Navarra. Uno de los agentes terminó con una fractura de tobillo y las otras tres personas sufrieron policontusiones y magulladuras de carácter leve. Un mes después de los hechos, fueron detenidas ocho personas. En total hay 11 imputados, entre ellos dos menores de edad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de 50 años de prisión por lesiones terroristas para seis de los detenidos; 62 para otro de ellos, al que suma la acusación de amenaza terrorista, y 12 para otro acusado, al que solo imputa este último delito. Las familias de los acusados y quienes les conocen no dan crédito a lo que está pasando. La Marea conversa con el padre de uno de los tres jóvenes que siguen detenidos horas después de la multitudinaria concentración de apoyo que tuvo lugar este viernes en Pamplona. Pide que no revelemos su nombre para no restar protagonismo a las familias de los demás acusados.

¿En qué momento del proceso se encuentran?

El día 4 de este mes salieron las peticiones de penas, que son estrambóticas. Piden 375 años para los ocho imputados, desde 62 años para el que más, hasta 12 y medio para el que menos. Estamos desencajados ante la desproporcionalidad con la que se ha tratado el tema desde el principio. Ahora estamos a la espera de juicio, se espera que sea en otoño.

¿Por qué están tardando tanto?

Nos están diciendo que las cosas suelen ir más lentas pero que en principio lo están acelerando. Aquí hay tres encarcelados. Se llegó a decir que fue un linchamiento de 20, 40 personas, pero después imputaron a 11 personas, entre ellas dos menores, y seguimos sin entender el tratamiento que se le ha dado a todo esto, una pelea de bar a altas horas de la madrugada.

¿Cómo están los detenidos?

Bueno, uno es hijo mío. Ellos en principio están en régimen FIES [Ficheros Internos de Especial Seguimiento], con tratamiento de terrorismo y las condiciones que ello requiere. Está todo intervenido, las comunicaciones, las cartas… Cuando vas a la visita en el auditorio, están encerrados con llave. En el caso de mi hijo estamos hablando de un chaval de 21 años al que se trata de terrorista. Es muy dura esta situación. Al principio estuvieron en la prisión de Soto del Real los tres, en módulos diferentes, pero hace poco más de un mes los trasladaron a cárceles diferentes de Madrid.

¿Qué ha cambiado en el pueblo desde que empezó todo esto?

Lo criminalizaron. Este es un pueblo muy dinámico, toda la vida ha venido gente de otras partes del estado, de Extremadura, de Castilla… Este es un pueblo variopinto que siempre ha recibido con los brazos abiertos a la gente, un pueblo que está totalmente unido. Han conseguido el efecto contrario de lo que querían. Estamos desbordados por el despliegue de solidaridad, se respira en la calle. Se creó una plataforma de apoyo a los detenidos, y ayer en Pamplona esta plataforma organizó una manifestación y llenó la Plaza del Castillo, que no es un trabajo fácil.

¿Cómo ha cambiado Alsasua desde aquella noche de octubre?

Esto lo han sacado de madre los medios de comunicación. Pensamos que esto puede estar orquestado desde antes. Una pelea de barrio, a las cinco de la mañana, con alcohol… Eso ha ocurrido en todas partes cada dos por tres. Hace poco hubo una en Lugo y otra en los sanfermines. Cuando en esos casos hay atentado contra la autoridad, se dirime en un juicio rápido, cuatro o seis meses de cárcel, la denuncia correspondiente y no va a más. En este caso le han dado todo el matiz político que han querido. Aquí cuando ETA dejó la actividad armada, se respiraba un clima normal, no había ese distanciamiento que han querido mostrar. Una de las novias de los guardias civiles llevaba 15 días en el pueblo y habló de Alsasua como si llevara toda la vida, poniendo en boca de gente del pueblo actividades que no se han dado ni en la época más difícil de Alsasua. Es terrible el tratamiento que se le ha dado este tema, las mentiras que se han vertido sobre el pueblo… Por ejemplo, aquí hay una carretera que divide el pueblo por la mitad. Muchos medios dijeron que uno de los márgenes, la parte del casco viejo, era la zona abertzale y la otra la nacional, cuando la realidad es que aquí en cualquier parte del pueblo se respira tranquilidad y normalidad. Es estrambótico.

¿Cómo ha enturbiado esto la percepción en el pueblo hacia los cuerpos de seguridad?

El temor está ahí. Han implicado a chavales por el hecho de estar ahí, y en este caso podría haber sido cualquiera que estuviera en el bar o fuera. Imagino que ahora levantarán el pie del acelerador en montajes de este tipo porque la gente no es tonta y se da cuenta de que esto está totalmente fuera de sitio, porque se les ha ido de las manos.

¿Alguien del entorno de la Guardia Civil se ha solidarizado con ustedes?

Sí. Mira, incluso el coronel jefe de la Guarda Civil en Navarra, cuando pasó toda esta vorágine a finales de noviembre, hizo una intervención pública que no trascendió a nivel nacional. Estamos hablando del coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra. Dijo que Alsasua no es territorio hostil, que es un pueblo normal, con convivencia normal con la Guardia Civil.

El juez Baltasar Garzón, que ejerció en la misma Audiencia Nacional que ahora juzga este caso, volvió a repetir hace unos días que había una actuación desorbitada por parte de la Justicia. El fiscal Perlas pide en total 375 años de cárcel. En opinión de ustedes los familiares, ¿qué sería lo justo?

Nosotros no somos jueces. Lo primero que pedíamos era presunción de inocencia, que no la hubo en ningún momento. Desde el principio se criminalizó a los chavales. También pedimos que se haga una investigación real de los hechos, porque la instrucción de este caso se hizo basándose únicamente en el testimonio de los guardias civiles y sus compañeras. Pedimos justicia, proporcionalidad, que se juzgue esto en la verdadera medida de lo que fue. No pedimos impunidad. Estamos hablando de una pelea a las cinco de la mañana que acaba con un tobillo roto. Llegaron a decir que fue un linchamiento de 50 personas, pero si así hubiera sido, los habrían matado.

Los imputados son personas jóvenes sin antecedentes. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo les está afectando todo esto?

Imagínate. El mayor tiene 30 años, ese salía de trabajar y se asomó allí por casualidad. Le marcaron y ahora está imputado y podrían caerle 60 años encima. El resto son chavales, la menor tiene 17 años. Son estudiantes. Te puedo hablar de todos porque esto es un pueblo de 7.000 habitantes. Mi hijo es estudiante, aficionado al deporte, hacía una vida normal. No estaba metido en política, a pesar de lo que han dicho. Chavales normales, cada uno con su ideología, que están estudiando, haciendo vida normal. No les dan libertad porque, según el auto, son hijos de familias arraigadas, y el propio arraigo dicen que puede provocar que les facilitemos la huida. Antes eran los desarraigados los que podían huir en un caso así, pero en nuestro caso dicen que nosotros podríamos facilitar su huida. Es totalmente desproporcionado. Aquí la concentración de ayer fue tan multitudinaria porque la gente ve lo que está pasando. Por desgracia eso no se ve fuera, no trasciende más allá de los medios locales.

Muchos medios han difundido una versión caricaturizada de ustedes: familias sombrías, ultranacionalistas, del entorno de ETA… ¿Usted cómo responde a eso?

A mí me produce risa. Yo no soy ultranacionalista ni mucho menos. En el grupo hay gente de ideologías totalmente diferentes. Lo estamos llevando en grupo porque todo esto no es más que una pelea de barrio y no lo estamos politizando como lo han querido politizar ellos. Cada uno tiene su forma de pensar, pero eso no es un crimen. Otra cosa es que actúes de forma violenta. No hay nadie del grupo que sea una persona violenta, nadie ha estado nunca detenido… Que nos criminalicen así no es más que otra parte del relato que están generando sobre este tema.

¿Han recibido alguna amenaza?

No. Más allá de lo que se ha publicado en algunos medios, no hemos recibido amenazas personales.

¿Destacaría alguna muestra de solidaridad que le haya marcado de forma especial?

Las más cercanas. Todas esas muestras son muy importantes y las agradecemos todas. El 26 de noviembre a la primera manifestación que se hizo acudieron 20.000 personas. Imagínate 20.000 personas manifestándose en silencio en un pueblo de 7.000 habitantes. Vas por la calle y te están dando abrazos, el apoyo de decir “esto hay que desmontarlo, es una vergüenza”. La solidaridad de todo el mundo es muy importante, desde la más cercana hasta la que viene de Europa, pero ese apoyo cálido y cercano de un abrazo es el que te llega más.

¿A que se agarran en estos momentos para mantener la esperanza?

A la justicia. No pedimos otra cosa que justicia. Viendo cómo se están desarrollando las cosas, tenemos miedo, pánico. Estamos totalmente desamparados. Se ha establecido un relato totalmente diferente al real y no sabemos a qué obedece todo esto. El apoyo de la gente es lo que hace que podamos tirar para adelante y seguir luchando. Solo pedimos justicia.
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El juez Andreu propone juzgar a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. I La Marea

MADRID // El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la investigación abierta del “caso Bankia”, que investiga la salida a Bolsa de la entidad, y ha procesado a 34 personas, entre ellas al expresidente Rodrigo Rato; al exconsejero delegado, Francisco Verdú y a los exconsejeros José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. A todos ellos, el juez les imputa los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010-2011 y fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa.

El juez ha sobreseído el procedimiento para la auditora Deloitte y para los directivos de la CNMV y del Banco de España (BdE), cuya imputación había solicitado la acusación popular. Quedan fuera de la causa, entre otros, el exgobernador del BdE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el exvicepresidente Javier Aríztegui.

A lo largo de 253 folios, el magistrado resume los cinco años de investigación penal. Además de los interrogatorios practicados, Andreu se ha basado en los informes periciales recabados, que le permiten concluir que los estados financieros individuales y consolidados de BFA (la matriz de Bankia) a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2011, así como las cuentas anuales de Bankia de 2011, no reflejaban la imagen fiel de la situación económica de la entidad.

“Cuentas maquilladas”

En su escrito, el magistrado sostiene que los administradores de BFA y Bankia “aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la Entidad con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado”.

Por ese motivo, el juez argumenta que debe procederse contra los miembros del Consejo de Administración que adoptaron las decisiones, en tanto que tenían un deber especial de actuación y datos suficientes para conocer la conducta de sus subordinados que podría crear un riesgo jurídicamente desaprobado, como así ocurrió, “Debían adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias”, escribe el juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional también considera que los consejeros investigados falsearon la información económica que contenía el folleto informativo elaborado para la salida del banco a Bolsa. Según Andreu, no sólo se produjo una falsa información al inversor, sino que “se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos”.

Reflejo irreal de Bankia

Por ese reflejo “irreal” de la situación de Bankia que mostraba el folleto informativo, el juez imputa el delito de fraude de inversores a Bankia y BFA S.A. como personas jurídicas y a Rato, Verdú, Olivas y Fernández Norniella en tanto que participaron en la  reunión del Consejo de Administración de Bankia que aprobó la inclusión de esa información en el folleto. El mismo delito se imputa también al auditor externo como cooperador necesario,  por analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia que se presentaron en ese folleto de emisión para su salida al parqué bursátil.

La Comisión Intersindical de Crédito, personada como acusación popular, atribuyó a varios directivos de la CNMV y del Banco de España su responsabilidad en la comisión de los hechos investigados. Sin embargo, el juez ha descartado su responsabilidad penal. En el caso de la CNMV, Andreu explica que su labor era la de adoptar las medidas necesarias legalmente establecidas para la protección de los inversores, “y no parece razonable exigirle que constatara por sus propios medios que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de la entidad”. Respecto al Banco de España, el juez reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella, y que “no ha participado en la ficción de aparentar solvencia donde no la había”.

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