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Las mujeres que fueron arrojadas al mar desde el acantilado de Cabo Peñes

XIXÓN // El 2 de junio de 1938, los cuerpos de Rita, Rosaura, y María, junto con los de otras diez personas, fueron arrojados al mar desde los acantilados de Cabo Peñes (Gozón) por parte de los falangistas locales del cercano pueblo de Candás. El crimen que cometieron estas trabajadoras de las conserveras Albo y Alfageme era el de colaborar con el Socorro Rojo, ser familia de sindicalistas o pertenecer a la UGT de sus fábricas de conservas. Algunos cadáveres, devueltos por el mar tras ser arrojados a las frías aguas del Cantábrico, han sido rescatados del olvido por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de una fosa del cementerio de Bañugues (Gozón), para que el aniversario de su muerte pueda conmemorarse con la dignidad que sus restos merecen.

Los crímenes de Cabo Peñes

Anselmo “El Rondón” era una de los grandes objetivos del Negociado de Orden Público del Ayuntamiento de Carreño, cuando comenzó una redada en mayo de 1938 para reprimir a todos los afectos al Frente Popular. La lista negra incluyó a 52 nombres de Candás, cerca de Xixón. Anselmo no pudo escapar cuando cayó el frente y tuvo que regresar a su casa. Se escondió en un zulo debajo de la cama en su propio hogar, fue uno de los “topos” que intentaban sobrevivir en la oscuridad. Un descuido de un familiar con problemas psíquicos acabó con su vida. Al ir a comprar vino, la mujer dijo que era “para Anselmín”. Los falangistas acudieron a su casa y se produjo una huida que acabó con un tiroteo en el que “El Rondón” resultó herido y uno de los falangistas murió por fuego amigo.

Las autoridades acusaron a Anselmo de ser el responsable de la muerte del falangista. En una recreación del vía crucis, los miembros de Falange arrastraron y golpearon a Anselmo por todo el pueblo. Al final del camino esperaba “Casa Genarín”, el lugar habilitado para las torturas de la Brigada de Investigación y Vigilancia. Los días posteriores se produjeron detenciones masivas de todos aquellos incluidos en la lista de los 52. Los arrestos incluyeron a familiares, con la intención de que los fugitivos pudieran salir de sus escondites. En los interrogatorios se cometieron toda clase de actos atroces y torturas: las violaciones a las mujeres fueron norma, a otra de las detenidas le rompieron las dos piernas, a otra le clavaron una estaca en la espalda. El procedimiento habitual contra los rojos para que hablaran.

Rita “La Camuña”, conservera y responsable del Socorro Rojo Internacional, Rosaura Muñiz, conservera en la factoría Alfageme, y María “La Papona”, encargada de la fábrica de Conservas Albo y de UGT, se encontraban entre las detenidas. Fueron conducidas en un camión junto al resto de arrestados el día 2 de junio de 1938 hacia el Cabo Peñes, un lugar idílico que fue testigo de la tragedia. Lo último que vieron los ajusticiados fue el inmenso y vasto paisaje de las aguas del Cantábrico. Fueron asesinadas y arrojadas por el acantilado.

El mar, como si fuera consciente de la barbarie, devolvió los cuerpos a su terruño para que pudieran ser enterrados por sus familias o amigos. Los cuerpos de las asesinadas fueron apareciendo en las playas de la zona en un goteo de dramas irreconocibles: los días 2 y 3, en la playa de Bañugues; el día 4, en la playa de Las Botadas; el 7, en Muniello. A Rosaura la identificaron por el mandil en el que conservaba el número de identificación de la conservera en la que trabajaba. Los hallazgos causaron una conmoción tremenda. Los cadáveres fueron enterrados en prados cercanos o en fosas habilitadas por los vecinos..

En el cementerio de Bañugues sólo queda una cruz humilde con un ramo de flores marchito. La tierra removida días después de los trabajos de exhumación es evidencia silenciosa de un nuevo acto de recuperación de la dignidad por parte de la ARMH. Una mujer entra en el camposanto y suspira enojada al ver al periodista agachado mientras mira fijamente a la fosa e intenta reconstruir las vidas de las conserveras de Candás. La mujer, que va a poner un ramo en la tumba de algún ser querido, muestra de forma clara y sin disimulo su indignación hacia las familias de los represaliados en Cabo Peñes. Que algún día ellos puedan depositar un ramo de flores en el nicho de las víctimas, como hoy hace ella, le molesta.

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MADRID // Cero euros. Es la cantidad que dedican los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se han presentado este martes, a la Ley de Memoria Histórica. En 2013, el gobierno de Mariano Rajoy eliminó la partida destinada, fundamentalmente, a la financiación de exhumaciones de víctimas del franquismo. Desde entonces, el Ejecutivo del PP no ha destinado ni un céntimo al desarrollo de esta ley, aprobada por el socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Pocos meses después de que entrase en vigor, Rajoy —entonces en la oposición— ya dejó clara cuál era su postura. “Yo, desde luego, eliminaría todos aquellos artículos de la Ley de la Memoria que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos”, afirmó en una entrevista concedida al diario 20 minutos. “Entonces, ¿no tiene derecho una familia a recuperar los restos del abuelo que está en una cuneta y…?”, repreguntó a Rajoy el periodista Arsenio Escolar. “Si sabe dónde… Pero mire, yo creo que en el año 78 dijimos: ‘Miremos hacia el futuro‘. Hagámoslo”, replicó el dirigente popular.

Con Rajoy ya instalado en Moncloa, el Gobierno del PP eliminó las ayudas a las víctimas del franquismo, que ascendían a algo más de seis millones de euros en 2011. En apenas dos años, la ley se quedó sin presupuesto. “Los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones”, declaró por aquel entonces el actual portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en una tertulia televisiva. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunció a Hernando por un delito de injurias graves, y la fiscalía archivó la querlla al no encontrar “elementos suficientes para ejercer acciones penales o civiles”.

Hace pocas semanas, Hernando criticó de nuevo a las víctimas de la dictadura franquista, al asegurar que “esto de estar todo los días con los muertos para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos”. Y otra vez la ARMH se dirigió a la fiscalía, al considerar que estas palabras podrían incumplir el artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de hasta 4 años de prisión para quienes públicamente “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada”.

 

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