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¿Cuál es el verdadero motivo que lleva a Montoro a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

MADRID *// ¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?

La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.

Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?

Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.

La clave es que cuanto más superávit tenga el Ayuntamiento de Madrid, más déficit público puede tener la administración central que gestiona Montoro. Esto es así porque Bruselas no mira las cuentas de cada una de las administraciones sino que mira las cuentas del conjunto de ellas. El superávit de Madrid sirve para maquillar las maltrechas cuentas de Montoro, y por eso éste se niega a que el Ayuntamiento de la capital reduzca su superávit para invertir en infraestructuras o incrementar la inversión social. Es decir, no se trata de un castigo al Ayuntamiento por no manejar bien sus cuentas, sino que es una maniobra para aprovecharse del superávit de la capital. Montoro puede permitir que un pequeño ayuntamiento se salte la Regla de Gasto y pierda algunos millones de superávit, pero no puede permitir perder los casi 1.000 millones de euros de Madrid. Sobre todo porque permitirlo podría hacer que el ejemplo de Madrid fuese imitado por tantas otras administraciones, ¡y es que el conjunto de las corporaciones locales registra un superávit superior a los 7.000 millones de euros que Montoro necesita como el comer!

Ni que decir tiene, además, que en todo este movimiento también hay una cuestión política de enorme calado: el Ministerio está encantado de poner palos en las ruedas a un ayuntamiento que está demostrando que hay alternativas a las políticas de austeridad. El gobierno de Ahora Madrid ha puesto ya de manifiesto que se pueden sanear las cuentas al mismo tiempo que pones la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos. Los fanáticos de la austeridad, entre los que se encuentra Montoro, no pueden permitir que este ejemplo triunfe y se difunda, y por eso están tratando por todos los medios que su proyecto político no prospere.

Pero el Ministerio se ha extralimitado en sus competencias, y es lo que el gobierno de Ahora Madrid está utilizando en los tribunales para defenderse de los ataques políticos de Montoro. Resulta que -tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF- la Regla de Gasto española es mucho más restrictiva que la Regla de Gasto de la Unión Europea porque ésta se aplica sobre el conjunto de las administraciones y no sobre cada una de ellas y además ni siquiera es de obligado cumplimiento. Pero es que hay más: el Ministerio está realizando una interpretación de la Regla de Gasto que no viene recogida en la legislación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, sino que se apoya en una orden ministerial que no tiene carácter normativo y que excede los criterios que la ley establece para la Regla de Gasto. Es decir, que existe una discrepancia de interpretación de la Regla de Gasto entre el Ministerio y el Ayuntamiento que tendrán que dirimir los tribunales.

Veremos en qué acaba la cosa.

*Eduardo Garzón es asesor de economía en Ayuntamiento de Madrid

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No es Manuela, son los parques

Manuela Carmena durante el pleno de investidura.

En el ámbito local es donde la ciudadanía puede comprender sin martingalas su pago de impuestos. Más o menos así: Yo aporto un X por ciento de lo que gano/gasto –que me cuesta un riñón y un ojo y la vesícula–, y ahí aparece un parque. Yo vuelvo a aportarlo, y se abren cuatro escuelas infantiles. De nuevo, y los centros deportivos municipales son gratis para los críos. Etcétera. Muy esquemáticamente viene a querer decir que en los municipios es donde los ciudadanos pueden comprobar el fruto de pagar impuestos, o sea ver que vale la pena, o sea comprender el funcionamiento de lo público.

Paralelamente, aquel ciudadano que comprende de esa forma la fiscalidad, no solo deja de demonizar los impuestos, sino que pasa a demonizar a aquellos que los evaden y también a aquellos que roban de lo público, porque roban de su riñón, su ojo y su vesícula. De ahí la sustancial importancia del ámbito local y de la actuación política a ese nivel. Porque si el ciudadano no ve frutos, no solo trata de no aportar lo suyo sino que deja de castigar al que lo evade o lo roba. Nadie quiere entregar su riñón a cambio de nada.

Hasta aquí, lo fácil.

Ayer, el ministro Montoro envió una carta al Ayuntamiento de Madrid informándole de que Hacienda pasaba a intervenir las cuentas del Consistorio, algo nunca visto en España.

Se podría explicar el malestar entre los municipios de otra manera, pero sirva el comunicado de apoyo de la Red Municipalista contra la Deuda y los Recortes:

Tras la carta remitida por parte del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Madrid con la intención de intervenir las cuentas municipales, desde la Red Municipal Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes queremos expresar nuestro rechazo a esta intervención. Asimismo, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con Ahora Madrid y todo su equipo, que han demostrado con su gestión que se puede gobernar dando prioridad a los derechos sociales de las mayorías, y no a los intereses de las élites económicas y financieras.

El actual gobierno del ayuntamiento de Madrid no solo ha puesto en el centro de la política económica a las personas, sino que lo ha hecho reduciendo la deuda insostenible e ilegítima que dejaron los gobiernos de Gallardón y Botella.

Los ataques al Ayuntamiento de Madrid desde el Ministerio de Hacienda han sido continuos desde que Ahora Madrid entró en el Ayuntamiento. El Gobierno de Manuela Carmena ha demostrado que se pueden hacer políticas sociales al mismo tiempo que se reducen gastos superfluos y se reduce deuda. La gestión de la Concejalía de Economía y Hacienda, con el concejal Carlos Sánchez Mato a la cabeza, ha desarrollado una gestión responsable, a la vez que con un marcado carácter social, de las finanzas de la ciudad. Esto es precisamente lo que el Gobierno del Partido Popular y Montoro no pueden tolerar.

La Red Municipalista, en la que aparecen cargos municipales de distintos partidos, se fundó el pasado mes de marzo para luchar contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, también llamada “Ley Montoro”. Representa a más de 600 municipios en toda España.

Esa red de protesta no había recibido una respuesta contundente hasta el momento. Hasta que el ministro Cristóbal Montoro decidió, hace un par de días, intervenir y fiscalizar semanalmente las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Manuela Carmena. El argumento del ministerio para hacerlo es que su plan económico financiero no se atiene a la legalidad y “el incumplimiento sucesivo y acumulativo de la Regla de Gasto”. Cabe preguntarse, entonces, por qué precisamente al Ayuntamiento de Madrid, cuando supera el medio millar los municipios que se encuentran en la misma situación, además de las comunidades autónomas y la propia Administración Central.

Desde el Ayuntamiento madrileño se da la siguiente explicación: “Se trata claramente de una medida de carácter político. Se nos está poniendo palos en las ruedas simplemente porque somos adversarios políticos y aquí no hay otra cuestión. Porque si uno se atiene a la interpretación estricta de la ley, o lo más neutra posible, nuestro plan económico financiero lo acaba respetando. De hecho, en la propia comunicación que nos han enviado, se ve claramente que cuando metemos nuestro plan económico financiero en la aplicación informática del Ministerio, nos da que que cumplimos la regla de gasto. Lo único que ocurre es que ahora ellos han modificado la forma de calcular esa regla de gasto y dicen que tal y como siempre la hemos calculado estaba mal. Pero en realidad, el ministerio nunca –este encontronazo lleva dos años—nos había dicho que nuestro método de calculo era erróneo… nos decía otras cosas, como que a lo mejor teníamos que recortar algo más o ajustar tal o cual partida presupuestaria, pero nunca que nuestra base de cálculo era errónea. Por lo tanto, creemos que no se ajusta a la legalidad y que simplemente es un ataque político”.

De hecho, las cuentas del Consistorio capitalino no pueden jugar más a favor del ciudadano: Desde la llegada del equipo de Manuela Carmena, el Ayuntamiento ha reducido la deuda ciudadana en más de 2.000 millones de euros, lo que supone un 40% de los que se encontraron a su llegada; han multiplicado por dos la inversión en infraestructuras y ha incrementado en un 50% la inversión social.

Sin embargo, la citada Ley Montoro impone a los Ayuntamientos priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público. “Lo que ocurre”, explican fuentes del Consistorio madrileño, “es que el Ayuntamiento a lo mejor ingresa un 7% más que el año pasado, pero esta Ley le obliga a que solo incremente el gasto en un 1,5 o 2%. Por lo tanto, incrementas el gasto mucho menos de lo que has incrementado los ingresos y por lo tanto te sobra dinero en la cuenta bancaria”. O sea, que la Administración central reprime las inversiones de los municipios, controla sus gastos y al final quienes se benefician de la maniobra son las cuentas que el Estado presenta ante Bruselas. Miles de millones de euros ahorrados en los últimos dos años por los ayuntamientos han seguido este camino.

Sin embargo, el último paso de Montoro, inédito hasta el momento, interviniendo las cuentas madrileñas inaugura una nueva manera de hacer. O no. O quizás puede ser, como afirman los perjudicados, sólo una medida política destinada a atenazar a la adversaria.

Pero cuando el ciudadano ha aprendido lo que valen su riñón, su ojo y su vesícula, resulta harto difícil jugar con ellos. Ya les puedes citar el artículo 135 de la Constitución, la prioridad del pago de la deuda o la austeridad. Frente a ellos, el parque, las escuelas infantiles y el ejercicio de los críos resultan argumentos incontestables. Sobre todo, cuando aquel que los reclama se coronó con una amnistía fiscal.

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“Las concertinas estaban antes de Trump. ¿Las puso el populismo o la demagogia?”

trump

El neoliberalismo ha creado vencedores y vencidos. Y los vencidos han apostado por opciones neofascistas ante la insuficiente respuesta de la izquierda. No hay frontera para el capital, pero sí para las personas. Trump no es el inicio de ninguna ola. La ultraderecha lleva fermentando años en Europa. Estas son, básicamente, las ideas en las que han coincido todos los ponentes del debate Antídotos de izquierda contra el neofascismo, organizado por La Marea en Sevilla. En este vídeo puedes ver las principales intervenciones.

“No se están practicando políticas en clave antifascistas en los barrios”, denunció José Chamizo, exdefensor de Pueblo Andaluz, quien apeló a los políticos a llevar su discurso de izquierda a los rincones donde siguen votando al PP. La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, reivindicó el papel del 15-M y las protestas en la calle como arma para frenar las políticas de ultraderecha. “Si en Francia hubiera habido 15-M Le Pen no estaría donde está”, dijo. En respuesta a Antonio Hurtado, diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso, que propuso más derechos, acabar con el miedo al otro, a los musulmanes, y hacer políticas que no sean ni “demagogia ni populismo”, Rodríguez afirmó que las concertinas en España estaban antes de Trump: “¿Y quiénes las han puesto, la demagogia o el populismo?”.

Tras realizar una autocrítica sobre la izquierda pero también denunciar “el degüello” a todo lo que va en contra del establishment -en referencia a Unidos Podemos-, el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, denunció las políticas de la UE con los refugiados y abogó por construir la política desde el pueblo. “España está rota socialmente”, aseguró. Maíllo también recriminó al diputado del PSOE que hubiera votado a favor de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Hurtado justificó que esa modificación no había afectado a la vida de las personas y reivindicó su posición como persona de izquierda por su defensa de la libertad, derechos y la justicia distributiva. “El Estado del Bienestar es posible”, aseguró. La defensa del 135 generó un sonoro revuelo en el espacio Tramallol, donde se celebró el acto. Numerosos asistentes desaprobaron sus palabras.

Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, argumentó la necesidad de construir la democracia “derribada por el neoliberalismo” con profundos cambios culturales y económicos: “Porque si no, no vamos a llegar a amplias capas de la población que pueden permitir precisamente esos cambios”. Y como Chamizo, insistió en la necesidad de estar en los barrios y “recuperar a esas clases desposeídas”.

Las intervenciones duraron más de dos horas y varias personas del público se quejaron de los escasos minutos que tuvieron para participar. La Marea se comprometió a organizar un debate en el que los protagonistas sean los asistentes.

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