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La fotogenia de Kim Jong-un

Este artículo sobre Kim Jong-un está incluido en #LaMarea53. Puedes suscribirte aquí.

Cada ejercicio balístico de Corea del Norte —y últimamente ha habido tres muy singulares: la detonación de una bomba de hidrógeno de 100 kilotones y dos misiles de crucero que han sobrevolado territorio japonés— invita a una reubicación del reino eremita en el tablero internacional. El resultado nunca varía: Kim Jong-un suele comunicarse lanzando misiles (van 16 este año al cierre de este artículo) y no pierde una oportunidad de cultivar su papel de enfant terrible de la actualidad internacional. Hace unas semanas Kim III, cómodo en su rol de supervillano, se fotografía de espaldas sentado en un escritorio con unos prismáticos a mano, en medio de una pista inmaculada (todo en la Corea que él pisa es inmaculado), dispuesto a disfrutar del espectáculo del lanzamiento de un proyectil Hwasong-12 de rango intermedio y alcance de 3.700 km. “Que me vean así”, cavila, y ordena la difusión de ese retrato de espaldas a través de la sempiterna agencia de noticias nacional, la Korean Central News Agency (KCNA).

Su particular fotogenia está estudiada y le viene de su padre. De Kim Jong Il ha heredado la querencia por la denominada política Songun (“las armas, primero”) y, visto lo visto, su afición por los blockbusters (en la foto solo le falta acariciar un gato de angora para ser el perfecto archienemigo de James Bond). Es fácil imaginar el pánico del fotógrafo al que ha tocado inmortalizar al Querido Camarada si se tiene en cuenta que, en condiciones normales, fotografiarle por la espalda y sin mostrar el cuerpo entero conllevaría pena de cárcel vitalicia.

Pero, ¿qué hay detrás –o delante– de esa imagen tan preparada? Por un lado, esto es obvio, es una demostración de fiereza dirigida al gran enemigo histórico, Estados Unidos, y a su presidente de turno, posiblemente la persona menos conveniente para gestionar las relaciones con Corea desde Harry Truman, hombre que contribuyó de forma clave a la división del país en 1945 meses después de soltar las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La fotografía también trata de subrayar la imprevisibilidad de su protagonista. El secreto norcoreano siempre es el mejor guardado: que no quede otra opción que la conjetura. Tanto sabe lo que va a pasar el mejor estudioso de Corea del Norte como el más serio estudioso de las Loterías y Apuestas del Estado: nada. Esto es así.

Pero cómo no preguntárnoslo. ¿Podría el hombre de la foto provocar una guerra –dando una orden a través de ese intercomunicador raro que vemos a su izquierda–, y qué alcance tendría esta? Pese a las bravatas cotidianas, cuesta pensar que tal cosa llegue a suceder. Estados Unidos puede descargar un ataque letal sobre Corea del Norte –Donald Trump acaba de amenazar con hacerlo apenas seis meses después de soltar en Afganistán la bomba GBU-43 sobre “túneles y personal” del Daesh– pero es previsible que a Pyongyang le diera tiempo de atacar Seúl (que está solo a 195 km) o Japón (unos 1.000 km). La amenaza nuclear es virtualmente nula en la península coreana dada la proximidad física de surcoreanos y norcoreanos (50 millones y 25 millones, respectivamente); a ambos los bañaría la misma lluvia ácida con un golpe de viento. Debe saberse que las relaciones con Corea del Sur son buenas dentro de la hostilidad; hace años que el régimen Juche no considera al vecino un adversario sino un pobre hermano equivocado y con quien algún día habrá que reunificarse (bajo bandera comunista, claro está). Lo mismo ocurre con Japón, algo olvidado como enemigo. Cuentan ciertos diplomáticos que Tokio está protegido, en realidad, por protocolos secretos con la mismísima Pyongyang. A nadie interesa matar y morir sin más. Aunque alguien puede decir que de eso se tratan las guerras. La guerra civil de Corea (1950-1953), sin ir más lejos, dejó tres millones de bajas y un inútil empate técnico que dura hasta hoy.

Una de las estrategias más recurrentes de Kim Jong-il fue desarrollar armamento pesado para llamar la atención y lograr bienes que el país, rico en minerales e industria pesada pero con poca superficie cultivable, necesitaba, a cambio de deponer (siempre de forma temporal) su actitud. Hay motivos para pensar que su joven sucesor opere bajo esa misma lógica y que esta sea su tradicional manera de requerir petróleo. Pocos saben que los dos principales donantes de energía y comida humanitarias a Corea del Norte son Estados Unidos y Corea del Sur. El plan solía funcionarle al hijo de Kim Il-sung y padre de Kim Jong-un.

Volvemos al primogénito: Kim Jong-un posa frente a un mapa y al ideal de belleza norcoreano: un misil. En el mapa seguramente aparecen los otros dos países que siempre observan con recelo el problema coreano: Rusia (poco preocupada en las últimas décadas por lo que haga su antiguo amigo comunista) y China (aliado tradicional que últimamente está más próximo a Corea del Sur y que trata de no meterse en demasiados líos con el Norte ante la amenaza de que un derrumbe de su régimen suponga la entrada de millones de refugiados en su país). Lo que ocurra en adelante –incluido, y perdón por la ingenuidad, una posible lentísima glasnost que vaya abriendo el camino a una reunificación a medio plazo– solo lo sabe el hombre de espaldas.

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La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) gana el Premio Nobel de la Paz 2017

Un camión militar transporta misiles nucleares | La Marea

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) ha recibido este viernes el Premio Nobel de la Paz 2017. El galardón de este año “insta a los Estados nucleares a que inicien las negociaciones para la eliminación gradual en el mundo de 15.000 armas nucleares“, ha explicado el Comité noruego. Y ha añadido: “ICAN ha sido el agente principal de la sociedad civil en los esfuerzos para lograr una prohibición de las armas nucleares bajo el derecho internacional”.

El Comité ha subrayado, como “importante argumento” para la prohibición de las armas, el “inaceptable sufrimiento humano” que provocan y ha destacado que otros tipos de armamento menos destructivo como las minas antipersonas, bombas de racimo y las armas químicas y biológicas ya han sido prohibidas por distintos tratados.

ICAN es una coalición global formada por 331 socios en 80 países que trabaja para movilizar a las personas de todo el mundo “para inspirar, persuadir y presionar a sus gobiernos para que inicien negociaciones para que se firme un tratado que prohi?ba las armas nucleares”, según se autodefine.

Personalidades destacadas como el líder antirracista Desmond Tutu, el Dali Lama, Yoko Ono y Martin Sheen han brindado su apoyo a la campaña.

ICAN sucede en el palmarés al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien fue distinguido por sus “decididos esfuerzos” por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado, una decisión que se anunció días después de vencer el “no” en el referéndum colombiano a los acuerdos con la guerrilla de las FARC.

El Nobel de la Paz está dotado con 9 millones de coronas suecas (943.784 euros, 1,1 millones de dólares).

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PP, PSOE y Ciudadanos rechazan vetar la venta de armas a Arabia Saudí

En el centro, el rey Felipe VI junto a Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, rey de Arabia Saudí. FOTO: CASA REAL.

España seguirá vendiendo armamento a Arabia Saudí a pesar de las violaciones de derechos humanos y de la Convención de Ginebra en Yemen gracias a los votos en contra del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos durante la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso celebrada este martes. Unidos Podemos, PDCat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) votaron a favor del veto a la exportación de armas a Arabia Saudí y también a Iraq, mientras que el PNV se abstuvo.

Actualmente España es el tercer mayor proveedor de material militar al régimen saudí, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, con unas exportaciones de armas que superaron los 1.360 millones de euros entre 2013 y 2016, es decir, 26 veces más que en el trienio anterior (2009-2012).

En 2016 las organizaciones Oxfam Intermón, FundiPau, Aministía Internacional y Greenpace pidieron por carta al Gobierno que vetara la venta de armas españolas a Arabia Saudí después de comprobar que estaban siendo utilizadas para atacar objetivos civiles en Yemen y violar varias ‘leyes de la guerra’ recogidas en la Convención de Ginebra, contribuyendo así a la grave crisis humanitaria que vive ese país. Además, alertan de las violaciones a los derechos humanos de la petromonarquía saudí contra sus propios ciudadanos. Arabia Saudí es, junto a Qatar, uno de los países más relevantes en la difusión del wahabismo, la corriente del islam fundamentalista que nutre el ideario de los combatientes de DAESH.

Entre los principales contratos armamentísticos de España con Arabia Saudí está la fabricación de cinco corbetas en los astilleros de Navantia en Cádiz, con el beneplácito del consistorio gaditano de Podemos. Oxfam Intermón advirtió de que el ejército saudí planea emplear estos buques militares para asediar y bloquear la entrada de víveres al puerto de Saná, capital de Yemen, una acción prohibida por los tratados internacionales por su devastador efecto sobre la población civil.

En la votación de este martes la Comisión de Defensa aprobó dos propuestas para prohibir la venta de armas a países que violen los derechos humanos (una medida ya contemplada en tratados firmados por España) y para mejorar el seguimiento parlamentario de la venta de armas a otros países una vez realizada la entrega del material bélico. No obstante, la negativa del PP, PSOE (preside la Comisión) y Ciudadanos para poner fin a la exportación de armas a la monarquía saudí llega apenas 10 días después de que Civio revelara que en septiembre de 2016, los gobiernos de España y Arabia Saudí firmaron un acuerdo sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, un secretismo que varias organizaciones denunciaron por última vez en mayo de este año. Este pacto entró en vigor en agosto y tendrá una duración de cinco años.

España fue uno de los primeros países en ratificar en 2014, con Pedro Morenés al frente del Ministerio de Defensa, el nuevo Tratado Internacional de Comercio de Armas, que prohíbe vender material bélico a gobiernos que cometen atrocidades y violan de manera sistemática los derechos humanos y la legislación internacional. Actualmente España es el sexto mayor exportador de armamento a nivel mundial y es uno de los principales proveedores militares de Egipto, Turquía, Bahréin, Israel, Brasil y Colombia, con gobiernos acusados de emplear armamento de guerra contra la población civil. A pesar de los votos en contra de PP y Ciudadanos, la Comisión de Defensa aprobó este martes pedir al gobierno más detalles sobre las armas exportadas a estos países.

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La interminable guerra en Afganistán se acaba de alargar

Afganistán

En Estados Unidos tenemos dos presidentes: el verdadero Donald Trump y el Trump del teleprompter. El verdadero Trump dice –y tuitea– lo que se le pasa por la mente. El del teleprompter lee desde una pantalla discursos que le preparan. Su voz suena forzada al leerlos, de forma tal que algunas personas comparan estos discursos con el video de un rehén. Las dos versiones de Trump han estado en plena exhibición últimamente, tanto en las declaraciones en las que afirmó la equivalencia moral entre los neonazis y los activistas antifascistas que se congregaron para oponerse a ellos, como en sus ataques a los medios de comunicación y las amenazas con cerrar el gobierno si no se construye su muro fronterizo.

Sin embargo, fue el anuncio que hizo en su discurso del lunes pasado, en el que el presidente Trump prometió que la guerra en Afganistán –la más larga en la historia estadounidense– iba a continuar, lo que podría ser lo más atemorizante de todo, asegurando más sufrimiento y muertes tanto para los soldados estadounidenses como para los civiles afganos.

Matthew Hoh, veterano de guerra, excomandante de la Armada que luchó en Irak, dijo sobre el anuncio en una entrevista para Democracy Now!: “Fue una vil y desagradable demagogia basada en el miedo. Por supuesto, me entristece mucho que no hubiera nada en ese discurso más allá de la perspectiva de más muertes”.

Tras combatir en Irak, Hoh trabajó en el Departamento de Estado estadounidense en Afganistán, cargo al que renunció en 2009. En su carta de renuncia de cuatro páginas, Hoh escribió: “No veo el valor ni el sentido de las continuas bajas de tropas estadounidenses ni de los gastos de recursos en apoyo al gobierno afgano en lo que, en realidad, es una guerra civil que lleva 35 años en curso… No creo que ninguna fuerza militar haya estado a cargo de una misión tan compleja, opaca y hercúlea como la que ha recibido el Ejército estadounidense en Afganistán”.

Donald Trump sostuvo durante mucho tiempo que Estados Unidos debería retirarse de Afganistán. En octubre de 2011, tuiteó: “Es hora de irse de Afganistán. Estamos construyendo carreteras y escuelas para gente que nos odia. No contempla nuestros intereses nacionales”. En enero de 2013, en una rara coincidencia de opinión con el entonces presidente Barack Obama, tuiteó: “Estoy de acuerdo con el presidente Obama en torno a Afganistán. Debemos hacer una rápida retirada. Para qué seguir desperdiciando nuestro dinero… ¡a reconstruir Estados Unidos!”. Más adelante, en las elecciones presidenciales de 2016, obtuvo la mayoría de los delegados del Colegio Electoral y, a pesar de perder el voto popular nacional por tres millones de votos, se convirtió en presidente del país.

El lunes, en un discurso en la base militar Fort Myer, justo al lado del Cementerio Nacional de Arlington, el Trump del teleprompter dijo: “Poco después de asumir la presidencia, instruí al secretario de Defensa Mattis y a mi equipo de seguridad nacional para que emprendieran una revisión exhaustiva de todas las opciones estratégicas en Afganistán y el sur de Asia”. El círculo íntimo de Trump en la Casa Blanca se ha reducido a sus familiares y sus generales: el general John Kelly, jefe de Gabinete; el general James Perro Loco Mattis, secretario de Defensa y el teniente general H.R. McMaster, asesor de seguridad nacional. Después de una reunión en Camp David con estos generales y otros asesores militares, Trump anunció en su discurso de Fort Myer su compromiso de enviar miles de tropas más y de destinar decenas de miles de millones de dólares de los impuestos de los ciudadanos para la guerra en Afganistán.

Kathy Kelly, tal como Matthew Hoh, tiene una amplia experiencia en Afganistán. Como activista por la paz del grupo Voces por la No-violencia Creativa fue nominada en dos ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Ella está de acuerdo con Hoh respecto a que el gobierno de Afganistán, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, se ha venido abajo y no está ofreciendo ninguna seguridad contra los diversos caudillos de la guerra afganos.

En una entrevista para Democracy Now!, Kelly explicó: “Estados Unidos es uno más de los varios caudillos militares del país en este momento. Sin duda es el que está más armado y el que tiene mayor acceso a fondos, pero Estados Unidos no ha favorecido ningún tipo de gobierno que haya sido conveniente para el pueblo de Afganistán”.

El periódico The New York Times informó recientemente que el presidente Trump está siendo informalmente asesorado sobre Afganistán por el multimillonario inversionista Stephen Feinberg, propietario de la empresa contratista militar DynCorp, y que Trump podría estar procurando el control por parte de Estados Unidos de la riqueza mineral aún sin explotar de Afganistán, que se estima que tiene un valor de un billón de dólares. Kathy Kelly responde al respecto: “Afganistán es un país que necesita poder alimentar a su pueblo, no enviarlo a mazmorras y minas para trabajar como siervos. Para restaurar la infraestructura agrícola se debería volver a sembrar los huertos, limpiar los sistemas de riego, reponer los rebaños. Se necesitaría desvincular a la gente del comercio del opio. Esas son cosas que se podrían hacer”.

El presidente Trump debería reunirse un fin de semana en Camp David con activistas por la paz, así como con civiles afganos, que conocen su país y su sufrimiento mejor que nadie. No obstante, si tenemos en cuenta lo que hemos aprendido sobre Donald Trump en los primeros siete meses de su presidencia –ya sea sobre el verdadero Trump o el hombre del teleprompter– podemos asumir que ese tipo de reunión no está en el guion.


© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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El Tribunal de Cuentas carga contra los créditos extraordinarios para armamento

armamento Dolores de Cospedal I La Marea

Desde el punto de vista Constitucional, el uso del Decreto-Ley para aprobar de forma reiterada –cade verano– créditos extraordinarios para pagar los compromisos adquiridos hace años por la compra de armamento no se sostiene, tal y como aclaró el Tribunal Constitucional hace un año. Desde el punto del control y el buen uso de las cuentas públicas, tampoco, como afirma en su informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas.

El BOE publica las conclusiones de la Comisión Mixta de Las Cortes para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre el informe de fiscalización de los Programas Especiales de Armamento (PEAs). La primera de ellas insta al Gobierno a realizar un presupuesto “realista de los programas especiales de armamento dentro de los Presupuestos Generales del Estado, evitando el recurso a créditos extraordinarios y suplementarios mediante Real Decreto-ley”.

Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional coinciden: este gasto anual es más que previsible e ignorarlo en los presupuestos que aprueba el Congreso para luego incluirlos vía Decreto-Ley no solo es inconstitucional, puesto que esta figura está prevista solo para situaciones excepcionales no previsibles; sino que además se salta reglas básicas de la contabilidad pública.

Por un lado, afirma el informe del Tribunal de Cuentas, que analiza el gasto en estos programas en 2012, 2013 y 2014, este mecanismo se salta la división de competencias -puesto que es el Congreso quien debe aprobar los presupuestos y no el Gobierno mediante Decreto-Ley, aunque luego se convalide-; por otro, crea presupuestos que, a priori y de forma conocida por todos, no son realistas y falsean la realidad de la contabilidad del Ministerio de Defensa y del Gobierno.

El informe se basa, entre otras, en varias pruebas que demuestran que son gastos más que previsibles y que se podían haber incluido en los presupuestos iniciales sin problema. Una de ellas es el hecho de que el pago de estos programas y su reparto anual se aprueba en Consejo de Ministros con tiempo suficiente, y en muchos casos se trata de contratos firmados en los años 90, por lo que ha habido tiempo suficiente para planificar el gasto.

Además, el mecanismo de financiación de los PEAs es, en buena parte, público: el Ministerio de Industria adelanta la totalidad o buena parte de las necesidades de inversión a las empresas, un dinero que estas devuelven -a coste cero- cuando Defensa les paga por las unidades entregadas.

Pero si hay algo que demuestra que la no inclusión de estos pagos en los Presupuestos Generales del Estado falsea de forma voluntaria las cuentas públicas que se aprueban en Las Cortes y se presentan a la ciudadanía es que se conoce su coste: cada año analizado, como recalca el informe, el Ministerio de Defensa, en los créditos que solicita para el proyecto de presupuestos, incluye estos pagos. El Gobierno ignora esta petición, los excluye de los PGE que presenta y acaba pagando casi exactamente lo mismo vía crédito extraordinario.

En 2012, Defensa pidió 1,787 millones para el pago de estos programas (885 en 2013 y 890 en 2014). El Gobierno no incluyó estas partidas en su proyecto de PGE, pero acabo pagando 1.783 millones (877 en 2013 y 884 en 2014) vía créditos extraordinarios.

Además, el hecho de que se haya usado cada año (también en 2015, aunque no sea objeto de este análisis) muestra que no es una situación coyuntural para paliar un problema puntual, sino estructural. Un uso habitual. En total, esos créditos extraordinarios suman unos 4.500 millones de euros en los últimos años.

El crédito de 2012, que incluyó los pagos de 2011, es el más abultado. Aunque en 2016 no se pudo aprobar un Decreto-Ley como los anteriores, porque el Constitucional ya había declarado su ilegalidad, el presupuesto de Defensa engordó casi 1.400 millones de euros durante el año. Y es que, incluso sin contar esos créditos extraordinarios, todos los años se producen modificaciones, que no pasan ni siquiera por la convalidación del Congreso, que hacen que las cuentas de este ministerio siempre sean muy superiores a lo que se presupuestó de forma inicial.

Como no pudo aprobar el tradicional Decreto-Ley el año pasado, el Gobierno ha traspasado esa anualidad del pago de los PEAs, que suma 717 millones) a 2017. El proyecto de PGE del Gobierno para 2017 ha subido, por primera vez, la cuantía prevista para Defensa. Serán 7.573 millones. Si se aprobara, nada hace pensar que ese presupuesto inicial, como ha pasado en años anteriores, no engorde, lo que elevaría aún más esa cifra.

Con cargo a la deuda pública

Otra de las irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas en su informe es que estos créditos extraordinarios siempre se costean con Deuda Pública. Según las normas vigentes, debería haberse sufragado con cargo al fondo de contingencia o restando de otros créditos.

El informe afea al Gobierno que cada año justifique ese uso de la Deuda Pública de forma distinta. En ocasiones, Hacienda ha alegado que el fondo de contingencia no es suficiente para cubrir esos pagos, pero el Tribunal de Cuentas considera que ese motivo no es suficiente y que, al ampliar la deuda, se está poniendo en juego la estabilidad financiera y el principio de reducción del gasto.

En paralelo, critica que la excesiva rotación del personal y la falta de planificación y de recursos lleva al Ministerio de Defensa a aprobar encomiendas de gestión para gestionar estos programas. Además, afea que se tenga en cuenta el beneficio industrial a la hora de calcular el pago a Navantia, una sociedad mercantil estatal financiada con fondos públicos que no debería ser tratada como una empresa privada, puesto que puede ser considerado un “exceso de financiación pública de la sociedad”.

Este artículo ha sido publicado originalmente en El BOE nuestro de cada día.

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Oxfam exige a España más ayuda a Yemen y que cese la venta de armas a Arabia Saudí

MADRID // Oxfam Intermón ha denunciado que, desde el inicio de la guerra en Yemen hace dos años, España solo ha destinado 700.000 euros de ayuda humanitaria, periodo en el que ha vendido armas a Arabia Saudí por 650 millones de euros pese a conocer el “riesgo sustancial” de que se usen contra la población yemení.

Por ello, la ONG ha exigido al Gobierno español que deje de vender armas a Riad y aumente la ayuda humanitaria a Yemen. Desde 2015, la guerra civil ha causado más de 8.000 muertos, 44.000 heridos y ha situado a siete millones de personas al borde de la hambruna.

Yemen está al borde del abismo y España podría contribuir a paliar esta situación si destinara más fondos y cesase la venta de armas a países que están implicados en la guerra, como Arabia Saudí”, ha aseverado en una nota el director de Oxfam Intermón, José María Vera.

La aportación española de ayuda humanitaria es “ínfima” y “no supone ni el 0,02% del total de las contribuciones de todos los donantes internacionales”, ha lamentado.

Vera recuerda que el presupuesto para la Oficina de Acción Humanitaria para 2017 es de menos de 16,3 millones de euros y ha pedido que se aumenten hasta los 150 millones en 2018 “para poder responder con urgencia a las extremas necesidades de millones de personas afectadas por conflictos y desastres naturales” incluidas las necesidades de la población yemení.

Ha recordado, además, que el pasado mayo Oxfam Intermón, junto con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2017 para sumar 19,5 millones (a los 16,3 millones consignados) que no fue aprobada.

“El Gobierno español demuestra así su escaso compromiso con las personas más vulnerables ya sea porque pasan hambre o porque han tenido que dejar sus hogares por culpa de la violencia”, ha señalado la ONG. Y ha incidido en que la referida partida se ha recortado un 85% desde 2009.

Según el último informe publicado por Oxfam Intermón, junto con Amnistía Internacional, Fundi Pau y Greenpeace, entre 2015 y 2016 España exportó munición, bombas, torpedos, cohetes, misiles, granadas de mortero, sistemas de dirección de tiro, equipos electrónicos y aeronaves a Arabia Saudí por valor de más de 650 millones de euros.

Según Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), entre 2013 y 2015 España fue el tercer principal exportador mundial de armas a Arabia Saudí, tras EEUU y Reino Unido.

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Fragatas españolas ‘made in Australia’

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con la tripulación de la fragata Cristóbal Colón en Australia. Foto: Jose I. Gómez/MDE

El Gobierno de España lleva décadas apostando fuerte por la industria armamentística nacional. Este martes la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, finalizó su viaje oficial a Australia para “reforzar los lazos de cooperación en materia de Defensa” y promover la venta de nueve fragatas antisubmarinas F-100 de Navantia al ejército australiano. A diferencia de la venta de corbetas a Arabia Saudí, en este caso la controversia no reside en el respeto a los derechos humanos en Australia, sino en otro aspecto: si prospera el acuerdo, las fragatas serán fabricadas íntegramente en los astilleros de la ciudad australiana de Adelaida.

La información contrasta con el argumento de la creación de empleo, uno de los que con más frecuencia esgrimen la TEDAE, la patronal armamentística española, y las distintas administraciones, desde el Gobierno central del PP hasta el Ayuntamiento  de Cádiz, regido por Podemos. Según TEDAE, la producción de armas mantiene 51.000 puestos de trabajo en España. En el caso del posible contrato con Australia, el rol de Navantia se limitaría a la cesión del conocimiento técnico necesario para fabricar las fragatas F-100.

Navantia responde que Australia tiene una industria naval en crecimiento y que “lógicamente” quieren dejar la carga de trabajo en su país. “Por supuesto que en España se podrían construir, las [fragatas] de las armadas española y noruega sí se construyeron, pero Australia quiere hacerlo en su país”, explicó vía email la responsable de prensa de Navantia, compañía propiedad del Estado español a través del holding estatal SEPI. La empresa no publicó notas de prensa al respecto y su último informe de cuentas data de 2015. La Marea aguarda las respuestas del Ministerio de Defensa sobre sus gestiones, aparentemente fallidas, para que la fabricación tuviera lugar en astilleros españoles.

En los tres días que duró la visita oficial, Cospedal también visitó la fragata española Cristóbal Colón, atracada en Sidney desde enero de este año. Permanece en aguas australes como parte del plan de apoyo institucional a Navantia para obtener el contrato y para instruir a los marines australianos en el manejo de sus destructores Hobart, diseñados por Navantia junto con la británica BAE Systems y la estadounidense Raytheon. El apoyo de las autoridades españolas a la industria armamentística va desde las gestiones de la Casa Real en Arabia Saudí hasta la cesión de soldados para que ejerzan de comerciales en beneficio de compañías como General Dynamics.

ABC asegura que el despliegue del Cristóbal Colón fue costeado por el Gobierno australiano, aunque no cita fuentes y el Ministerio de Defensa no desglosó detalles como el coste de mantener el Cristobal Colón y su tripulación durante más de cuatro meses en Australia. El anterior ministro de Defensa, Pedro Morenés (ahora embajador en Washington), realizó un viaje similar en 2013 que también contó con la presencia de un buque de guerra español. A finales de mayo varias organizaciones internacionales lanzaron una petición al gobierno contra el secretismo de la venta de armas españolas.

 

El HMAS Canberra y el HMAS Adelaida en 2016 en Fort Denison, Australia. Foto: Printjockey.

Desde 2007 Australia es, junto con Noruega, Arabia Saudí y Turquía, uno de los principales destinos de las armas españolas. El plan de modernización naval de la Real Marina Australiana (proyecto SEA5000) está valorado en aproximadamente 20.000 millones de euros. Australia ya desembolsó más de 3.000 millones de dólares por la compra de dos buques de Navantia (ver foto), construidos en sus astilleros de Ferrol, que ya han sufrido averías en sus propulsores, causando un considerable debate en los medios de ese país. En esta ocasión, los buques de guerra españoles compiten con los de la italiana Fincantieri y la británica BAE Systems, segundo mayor contratista militar del mundo.

Cospedal regresa a España un día después de que El País informara de los planes de la Fuerza Aérea para renovar la flota de aviones de combate con los F-35 de la estadounidense Lockheed Martin, más caros que los Eurofighter previstos inicialmente, en cuyo desarrollo España ya ha invertido 10.630 millones de euros.

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Que la cobertura mediática sobre las víctimas de Manchester sea un modelo para la cobertura de todas las víctimas de guerra

Donald Trump y el rey Salman de Arabia Saudí. FOTO: GOBIERNO DE EEUU.

En su primera gira oficial como presidente, Donald Trump, el pretendido líder del mundo libre, visitó a una monarquía absoluta, el Reino de Arabia Saudí, un Estado petrolero conocido por la ausencia de instituciones democráticas y las flagrantes violaciones de los derechos humanos. El principal acontecimiento en materia de política exterior que Trump anunció el fin de semana en Riad fue un amplio acuerdo para la venta de armas a Arabia Saudí por 110.000 millones de dólares. Muchas personas morirán como consecuencia de este flujo de armamento. Sin embargo, el acuerdo aún no es una realidad. La afinidad de Trump con autócratas, hombres poderosos y matones afronta resistencia. Mientras el mundo procesa el horror del ataque suicida ocurrido esta semana en Manchester, Inglaterra, en el que la mayoría de las víctimas eran adolescentes que asistieron a un concierto, deberíamos prepararnos para una ola similar de muertes inocentes, esta vez en Yemen, el blanco de los incesantes bombardeos lanzados por Arabia Saudí, con el apoyo de Estados Unidos.

Partamos de la premisa de que matar niños está mal, y punto. Tanto en Manchester como en Saná, Yemen. Está mal matar niños como parte de un acto de guerra, ya sea que la matanza sea perpetrada por un soldado estadounidense, un avión Predator de Estados Unidos controlado en forma remota, un piloto saudí de un F-35 proporcionado por Estados Unidos, o, para utilizar el término actual, por un terrorista.

Cuando un atacante suicida hizo estallar una bomba en el concierto de Ariana Grande en Manchester esta semana, las víctimas mortales fueron casi en su totalidad sus fans: chicas jóvenes, pre-adolescentes, y sus padres. Los medios de noticias etiquetaron el ataque acertadamente de “salvaje”. Pero recordemos un acontecimiento ocurrido durante la primera semana de gobierno de Trump. En aquel entonces, con característica soberbia, Trump y sus funcionarios calificaron de “exitoso” a un ataque contra Yemen, a pesar de que murió un miembro de la Armada y se perdió un helicóptero. Sin embargo, inicialmente no se informó de la muerte de 30 civiles en el ataque, muchos de ellos mujeres y niños, entre los que se encontraba la niña de 8 años de edad Nawar Anwar al-Awlaki. Su nombre es conocido porque era la hija de Anwar al-Awlaki, un clérigo musulmán que fue asesinado en 2011 en un ataque con un avión no tripulado de Estados Unidos. El hermano mayor de Nawar, Abdulrahman al-Awlaki, un joven de 16 años de edad nacido en Denver, murió en otro ataque de un avión no tripulado dos semanas después de que su padre fuera asesinado. Abdulrahman no sabía que habían asesinado a su padre y estaba intentando ubicarlo cuando las fuerzas estadounidenses mataron a Abdulrahman.

El ataque fallido de enero tuvo lugar tras el desastroso ataque de Arabia Saudí contra un funeral en Saná el 8 de octubre de 2016, en el que más de 140 personas murieron, en su mayoría civiles. Tras el ataque, el Presidente Barack Obama, que había autorizado una venta de armas a Arabia Saudí por 115.000 millones de dólares, retiró las municiones de precisión de la venta, dado que muy probablemente serían utilizadas contra civiles. Donald Trump levantó la restricción a esas armas. El Rey de Arabia Saudí, un dictador, ahora posee armamento de última generación para lanzar contra la población de Yemen.

En respuesta al ataque en Manchester, Tariq Ali, comentarista político, escritor, editor de la New Left Review y un activista pacifista británico de gran trayectoria, declaró en el noticiero “Democracy Now!”: “Estos ataques terroristas no solo ocurren en Europa. Ocurren cada día en Irak, Siria, Afganistán, Pakistán, Yemen y Bahrein. Todos deploramos la pérdida de vidas inocentes. Es así. Todos lo hacemos. Pero no podemos tener un doble discurso según el cual sostenemos que si alguien muere en Europa, su vida es más valiosa que las vidas de las personas que mueren en gran parte del mundo musulmán. Y a menos que Occidente comprenda que este doble discurso provoca y enoja cada día a más personas, esto seguirá sucediendo”.

Así como han cubierto las historias de las víctimas del ataque de Manchester, los medios de comunicación deberían cubrir las conmovedoras biografías y la historia de vida de cada joven fallecido en Yemen, Siria, Irak y Afganistán. Tenemos que conocer los nombres, tenemos que escuchar las historias de estas personas que también perdieron sus vidas.

El acuerdo armamentístico de Trump con Arabia Saudí es un error. Exacerbará la situación en una región que ya ha sido devastada por la guerra y afectará a Yemen de manera muy severa. Debido a la terrible destrucción del país, Yemen sufre una epidemia de cólera, hambruna y un colapso casi absoluto de su infraestructura de saneamiento, agua y de asistencia médica y hospitalaria. Se trata de una crisis humanitaria de gran magnitud.

Después de haber vendido este nuevo arsenal al rey de Arabia Saudí, el Presidente Trump se dirigió a Israel y luego se reunió con el Papa. Tras la reunión, Trump tuiteó: “Me voy del Vaticano con mayor determinación que nunca de lograr la PAZ mundial”. Algunos quizá tengan la esperanza de que Trump realmente haga lo que tuitea. Mientras tanto, millones de personas en todo el mundo se están organizando para poner fin a las guerras y detener las ventas de armas que las promueven.


© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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