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“La regulación de los CIE da a la policía una capacidad de actuación arbitraria”

Año tras año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU suspende a España por la situación en la que se encuentran las personas encerradas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), cuyo último capítulo se llama Archidona. Aunque son unas cárceles destinadas a inmigrantes, los jueces que han de controlar esos espacios se ven limitados en su vigilancia ya que tienen que compaginar esa labor con la carga de trabajo diario en los juzgados. Pese a ello, hay algunas voces, como la del juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, que han conseguido dictar algunos autos en los que prueban y denuncian el ataque a la dignidad que sufren las personas encerradas en estos centros. El juez, que acaba de suspender la expulsión de siete migrantes trasladados desde la cárcel de Archidona al CIE de Aluche*, aparca por un momento sus papeles y la carga de trabajo del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid y contesta estas preguntas a través del correo electrónico.

Un interno en el CIE únicamente debería estar privado de la libre circulación, sin embargo son muchas las denuncias de vulneración de los derechos humanos, ¿cuáles son los que más se violan en esos centros?

El conjunto de vulneración de derechos humanos que más se han denunciado son los que van contra la integridad moral y la dignidad de las personas; contra la integridad física y contra la intimidad.

¿Puede ponernos algunos ejemplos?

Hay muchos, por ejemplo los insultos y tratos vejatorios, amenazas, intimidaciones, cacheos con desnudos integrales o cuasi integrales; los porrazos, las patadas, los puñetazos y los registros continuos.

En ocasiones ha afirmado que un preso común tiene más garantías que un interno en el CIE, ¿en qué sentido?

Un preso internado en un centro penitenciario tiene más garantías en relación con sus derechos, ya que el propio sistema de la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento, así como la existencia de juzgados especializados permanentes de vigilancia penitenciaria, permiten que las funciones de garantía sean más intensas en las prisiones. Precisamente porque la legislación penitenciaria es mucho más concreta, detallada y, por lo tanto, impide las prácticas no reglamentadas. Por el contrario, la regulación de los centros de internamiento, otorga a los funcionarios de policía, debido a la ausencia de concreción y detalle, una capacidad de actuación arbitraria y no reglada, hasta el punto de que tanto la Ley Orgánica como el reglamento de funcionamiento de los centros de internamiento se caracterizan por establecer unas normas de funcionamiento abiertas, elásticas y carentes de concreción fáctica regulatoria, lo que posibilita la arbitrariedad policial.

Otro de los problemas de estos centros es que no cuenta con funcionarios de prisiones, ¿qué problemas añadidos ocasiona esa circunstancia?

El problema no radica en que los centros de internamiento no cuenten con funcionarios de prisiones. El problema radica en que los centros están policialmente gestionados, cuando toda la gestión interna y de ordenación interna debería ser desempeñada por asistentes sociales con conocimientos de idiomas, de la legislación de extranjería, de la legislación de asilo y de la relativa a derechos humanos. El problema añadido que ocasiona el sistema policial de control y gestión radica en que incrementa la ausencia de asistencia a personas especialmente vulnerables.

¿Quién controla las condiciones en las que se encuentran los internos de los CIE? ¿Cómo es ese trabajo de control?

En principio, las condiciones de los CIE han de ser controladas teóricamente por el director del centro, por el administrador y por el médico de la Administración General del Estado previsto en la legislación vigente. Desde luego, el control de las condiciones corresponde también a los jueces de control, como garantes no solo de los derechos fundamentales, sino como garantes de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, ya que las personas internadas únicamente están privadas de la libertad deambulatoria. El control realizado por los jueces se verifica mediante visitas de inspección, entrevistas con las personas internadas, y la recepción de denuncias y quejas de las personas internadas, de sus familiares y, fundamentales, de las ONG.

¿Cuál es el grado de vulnerabilidad ante la justicia española de un preso español y de alguien que no tiene papeles?

La mayor vulnerabilidad de las personas sin papeles se produce en distintas fases ante la jurisdicción, ya que un gran número de personas sin papeles carece de apoyos o de abogados de su elección. Además, las personas internadas en los CIE, en gran número de ocasiones, son desplazadas de los lugares donde residen a los lugares donde se encuentran encerradas, por lo cual se produce un aislamiento de sus familiares y una dificultad de comunicación con el abogado o abogados que les hayan podido asistir en el lugar concreto donde han sido detenidos.

*La entrevista fue realizada con anterioridad al caso de Archidona.

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“Archidona es un banco de prueba para normalizar los inmigrantes en la cárcel”

archidona

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La abogada y senadora de Podemos Maribel Mora ha seguido muy de cerca durante años la situación de la población reclusa y migrante como miembro de Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). La semana pasada visitó la cárcel de Archidona (Málaga), que ha sido reconvertida en CIE por el Ministerio de Interior. El Defensor del Pueblo, en una visita anterior a las instalaciones, ha constatado la violación de derechos de las personas allí encarceladas.

¿Cómo se han podido encarcelar a migrantes en la cárcel de Archidona?

En primer lugar, hay que afirmar tajantemente que la reclusión de cientos de migrantes, recién llegados a nuestras costas en patera, atenta contra la legalidad vigente, contra la propia Ley de Extranjería que aprobó el PSOE y sobre la que el PP posteriormente incluyó modificaciones que amparaban, por ejemplo, las devoluciones en caliente que ya se practicaban durante el gobierno socialista. En las resoluciones judiciales que el Ministerio del Interior utiliza para justificar su actuación se habla de internamiento en un centro de carácter no penitenciario dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, cuando es un centro precisamente penitenciario por un lado y no existe siquiera una Jefatura Superior de Policía en Archidona por otro. Otros autos hablan del centro de internamiento de extranjeros habilitado que corresponda (es la nomenclatura que se utiliza para habilitar centros temporales) y esta cárcel no dispone de ninguna orden que le habilite como centro de internamiento temporal. Entre otras cosas porque no es posible hacerlo en un centro de carácter penitenciario. Es más, la orden que está publicada en el BOE el 18 de marzo de 2017 es de creación como centro penitenciario. Me consta que varios colectivos sociales han puesto en manos de la Fiscalía esta grave irregularidad. Y ya hemos presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, detallando estas graves irregularidades que observamos e instándole a que actúe con urgencia ante una vulneración evidente de los derechos fundamentales de las personas a las que se ha privado de su libertad.

¿Entonces cómo, aun así, están encarcelados? El Defensor del Pueblo ya ha dicho que esas condiciones violan los derechos de esas personas…

Sucede, por desgracia, que aunque existen organismos a nivel estatal como internacional con competencias para fiscalizar posibles violaciones de los derechos humanos, Defensor del Pueblo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ejemplo, no existen mecanismos para hacer efectivos sus dictámenes. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto a las devoluciones en caliente, que considera ilegales, ya hemos visto que el Gobierno no lo acata cuando no le parece porque no hay mecanismos para que hagan ejecutivas sus sentencias. En el caso del Defensor del Pueblo, puede emitir recomendaciones solamente. En el caso de Archidona, el Defensor reconoce que se dan numerosas irregularidades y vulneraciones de la legalidad y de los derechos humanos, pero no insta a su cierre, entre otras cosas porque no tiene competencias para hacerlo. Eso sí, puede ser más o menos contundente y crítico con el Gobierno. En este caso toca ser lo más tajante posible porque estamos hablando de uno de los actos más graves en la historia de los internamientos de migrantes en España y un banco de pruebas para normalizar esta barbaridad y usar módulos de prisiones para internar inmigrantes que lleguen en pateras.

¿Cree que el Gobierno está endureciendo –aún más– las medidas contra la migración conscientemente, es decir, como un nuevo modelo iniciado con la legalización de las devoluciones en caliente?

Sí, así es. Nuestro país, por desgracia, ha sido el alumno aventajado de una Europa que prefiere mirar hacia otra parte ante la crisis humana que afecta a África, Oriente Medio y al conjunto del mundo árabe. La misma política de externalización de fronteras que Europa ha negociado con un país como Turquía, con acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos, ya las habían puesto en práctica gobiernos españoles de diferente signo político (PP y PSOE) con Marruecos y otros países africanos, Estados con un grave déficit democrático. Lo que ha sucedido en Archidona puede sentar un grave precedente. El Gobierno ha recluido en una prisión a cientos de personas migrantes que huyen de la violencia y la miseria, algunos siendo víctimas de mafias que les han traído a Europa a través de una peligrosa travesía en patera. Cuando eso sucede, nos podemos temer lo peor, es decir, la criminalización de las personas migrantes. Es un banco de pruebas para ver cómo reacciona la opinión pública ante el hecho de recluir a migrantes en las cárceles. Si consiguen que esta posibilidad se normalice en la ciudadanía nos vamos a encontrar con que el Gobierno planteará una reforma legal en este sentido. Es un momento muy peligroso y grave.

¿Y cree que está habiendo suficiente contestación con respecto al caso de Archidona?

Creo que, a pesar de que numerosos movimientos y colectivos sociales están denunciando el inhumano encarcelamiento de migrantes en Archidona, la actualidad informativa que se nos impone va por otros caminos y un suceso tan grave y terrible pasa desapercibido para la mayoría de la población. Por eso vamos a seguir denunciando esta situación y estoy convencida de que habrá una importante contestación social y muchas personas que ocupamos puestos de responsabilidad política haremos todo lo posible para evitar la criminalización de la pobreza, y la ampliación de los políticas de externalización de fronteras que, pisoteando los DDHH de las personas migrantes, es lo que suponen los planteamientos del Partido Popular.

¿Qué opina de la presentación del CIE de Algeciras que hizo el ministro Zoido?

Me parece lamentable que el señor Zoido se atreva a acudir a Algeciras, donde hay un CIE cuyo plan de emergencia reconoce que sería imposible evacuar a las personas internas en caso de incendio. El ministro Zoido presentaba feliz un nuevo modelo de CIE pretendiendo hacernos creer que se trata de una especie de hotel 5 estrellas para inmigrantes. Por cierto, esas condiciones que vendía a bombo y platillo como algo fantástico que graciosamente pretende dar a los migrantes que encierra, son solamente las condiciones que según nuestra actual legislación deberían tener todos los CIE. No hay ningún CIE 5 estrellas, como Zoido nos intenta hacer creer. Se está publicitando la creación de nuevos CIE sin analizar si quiera la efectividad del sistema. Más de la mitad de las personas que internamos no son expulsables y quedan después en libertad. No tiene sentido que les dejemos hasta 60 días sin libertad para nada. En el CIE de Algeciras no se llegan a expulsar ni el 4% de las personas que se internan. Eso sí, el sufrimiento de alguien que llega después de meses o años de tránsito huyendo para terminar aquí es indescriptible. Estamos internando a personas que sufren naufragios en la patera donde ven perder la vida a amigos o compañeros de viaje, y tal como los rescatamos en el mar los metemos en un CIE.

¿Qué es lo peor del CIE en sí mismo?

Es terrible el hecho de que a una persona que no ha cometido ningún delito, sino una simple falta administrativa al acceder irregularmente a territorio español (entre otras cosas porque no hay vías seguras para hacerlo de forma regularizada), se la prive de libertad, se le limiten sus derechos más esenciales y se la obligue a vivir en condiciones inhumanas, tal y como sucede en los CIE de Algeciras y Tarifa, por ejemplo. A todo ello hay que añadir que los CIE no son siquiera útiles para la política migratoria del actual Gobierno. A la mayoría de personas a las que se interna no se las podré devolver a sus países de origen, porque no hay convenios de retorno firmados con los mismos. Y eso el Gobierno lo sabe. ¿Por qué mantienen los CIE como una herramienta central en sus políticas migratorias? Por que es mucho más fácil jugar con el miedo mostrando un enemigo, al que se criminaliza, que viene de fuera y que viene a “robarnos” lo que tenemos, mostrando así a “sujetos” a los que se trata como objetos y son deshumanizados. Sin embargo, otra política migratoria es posible. Respetuosa con la legalidad internacional de Derechos Humanos que España ha suscrito, y con nuestra propia legalidad, pero el Gobierno no está interesada en ello.

¿Por qué se incumplen sistemáticamente los DDHH si son eso, derechos humanos?

Los derechos humanos se vulneran, por desgracia, a lo largo y ancho del mundo, tanto en los países en vías de desarrollo como en las sociedades occidentales, en las que presuponemos que existen más garantías y libertades. Los responsables son los propios gobiernos en la mayoría de los casos. Las personas no se colocan en el centro de las prioridades políticas. A parte de que se usan dobles raseros y no se garantizan igual a todas las personas. 

¿Por qué no ocurre nada cuando los Estados violan los DDHH?

Recientemente en el Senado se ratificó el CETA, un tratado comercial que, una vez aprobado, vincula de manera efectiva a los Estados firmantes para afectar radicalmente a la sociedad en su conjunto. Sin embargo y muy lamentablemente, no sucede lo mismo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con otros convenios internacionales, que para los Estados tienen un carácter meramente simbólico. En este sentido, por ejemplo, es sintomático lo que sucede en Europa, a priori una referencia en materia de libertades y donde existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como digo, y cuyas sentencias no son de obligado cumplimiento por los Estados firmantes. Los pilares europeos se basan después de la II Guerra Mundial en proteger por ejemplo a los refugiados. Sin embargo, los intereses espurios tanto en este tema como en otros muchos están transformando Europa en un espacio insolidario y racista.

¿Cuánto hemos retrocedido en el cumplimiento de los DDHH?

Efectivamente, durante la última década, existe un retroceso en materia de derechos humanos que tiene que ver con una crisis (económica, política e incluso civilizatoria) de índole global. Sucede en un Oriente Medio que se desangra por las guerras y la violencia, pero también en una Europa que se sacude con movimientos xenófobos, islamófobos y antisemitas. Pienso que estamos en un momento crítico en el que es muy importante que a nivel personal y colectivo analicemos en qué sociedad queremos vivir y qué mundo vamos a dejar para quienes nos sucedan.

¿Y en España?

España, por desgracia, no es una referencia en materia de derechos humanos. El pasado 3 de octubre conocimos una sentencia del TEDH que consideraba “ilegales y contrarias a los derechos humanos” las devoluciones en caliente que se producen en nuestra frontera sur. Sin embargo, es algo que afecta al común de la sociedad y las políticas puestas en marcha por el Partido Popular durante los últimos años son una amenaza al común de la sociedad. Aunque debemos recordar que fue en épocas del Gobierno del PSOE cuando se comenzaron a realizar estas prácticas inhumanas y fueron quienes pusieron las concertinas. Es una realidad que las personas migrantes son víctimas sistemáticas de unas políticas que durante los últimos años han recortado sus derechos. Miles de migrantes malviven durante años en nuestro Estado sin posibilidad de tener papeles, tener por tanto trabajo legalizado, se les niegan derechos como ciudadanos pero no pueden volver a sus lugares de origen. Son ciudadanos de segunda categoría a los que abandonamos y miramos hacia otro lado. Las cárceles, donde como activista he estado involucrada durante 20 años, son otros de los lugares donde observamos preocupantes violaciones de los derechos humanos. De hecho el TEDH nos ha condenado ocho veces por no investigar suficientemente casos de malos tratos o torturas. Es quizás este uno de los mayores problemas de vulneración de DDHH que además se niegan. Mientras que se niegue la existencia de la tortura no avanzaremos como sociedad para erradicarla.

¿Qué derecho se incumpla en las cárceles españolas todos los días?

El derecho a la salud, por ejemplo. Un 40% de la población reclusa de nuestro país padece algún trastorno mental y en muchas prisiones no acude ningún psiquiatra. Un 6% es portador del VIH y hasta un 20% tiene hepatitis C sin que, por ejemplo, tengan acceso a los últimos tratamientos para combatir la hepatitis C en igualdad de condiciones que las personas en libertad. Las condiciones de la atención sanitaria en las prisiones son muy deficientes.

¿Qué es lo más doloroso que ha visto en primera persona relacionado con el incumplimiento de los DDHH?

Los casos de tortura, que afectan fundamentalmente a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, personas presas o migrantes. Por desgracia en nuestra frontera sur y en las cárceles españolas se ven casos de vulneración de los derechos humanos terribles y escandalosos.

¿La sociedad sabe en general qué son los DDHH y que se violan a diario, por ejemplo, en asuntos de sanidad, vivienda, educación…?

Yo sí creo que las personas tenemos conciencia, por un instinto casi natural, de lo que es justo y de lo que no lo es. Hace ya varios años, con el estallido del 15-M, pudimos observar a una sociedad que se rebelaba contra la injusticia, que exigía fundamentalmente dignidad. También pienso que tanto la crisis económica como las nefastas políticas de los últimos años son un grave peligro, porque es posible que puedan generar sociedades menos solidarias, más arbitrarias e individualistas.

Se está legislando incluso contra los derechos humanos. La ley mordaza, otro ejemplo.

Para mí es evidente que la ley mordaza tiene como principal objetivo criminalizar la legítima protesta de una sociedad que se movilizaba contra los recortes sociales y contra la corrupción. Creo que la mayor parte de los gobernantes europeos son también conscientes de la involución democrática que la ley mordaza supone. Sin embargo, la actual Europa se ha edificado sobre los principios económicos del neoliberalismo y no sobre el respeto a los derechos humanos.

¿Por qué no se ha derogado todavía?

Tengo una absoluta confianza en que existe una mayoría parlamentaria que nos va a permitir derogarla en la actual legislatura. Es evidente que una amplia mayoría social está en contra de los recortes de libertad que el PP puso en marcha amparándose en su mayoría absoluta. Esperemos que esa mayoría social sea también mayoría parlamentaria.

¿Qué relación ve entre DDHH y el sistema económico en el que vivimos? ¿Qué papel juegan las políticas de austeridad y recortes?

Se trata de una relación estrecha y directa. Las sociedades que más se preocupan por respetar los derechos humanos son aquellas donde menos desigualdades existen y donde se procura garantizar al conjunto de la población unas condiciones mínimas de dignidad. Los recortes y el austericidio de la última década nos ubican en una perspectiva contraria. Cuando se recorta en sanidad y en educación, obviamente, se está recortando en derechos humanos y se está menoscabando la dignidad de nuestra sociedad.

¿Hacia dónde vamos en general? ¿Cómo quedarán los DDHH pongamos año 2049? Habría que redactarlos de nuevo?

Más que redactarlos de nuevo, creo que es necesario garantizarlos. Creo que durante los últimos años se ha producido una grave involución. A escala global, pero también en el Estado español. No soy capaz de prever en qué situación nos encontraremos en 2049, pero soy optimista y quiero pensar que podemos invertir la última deriva que hemos vivido. Eso solo será posible si la mayoría social lucha para que la minoría que ostenta el poder económico no imponga un modelo de sociedad donde unos pocos hacen el agosto a costa de los derechos del resto.

¿Es mayor el cumplimiento de los DDHH que su vulneración?

Es complicado hacer ese cálculo. Creo que es más interesante pensar sobre la dirección en la que vamos. Se trata de una reflexión tanto personal como colectiva respecto a la sociedad en la que queremos vivir, sobre las condiciones de vida que queremos, no solo para nosotras mismas, sino para nuestras semejantes también.

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El Defensor del Pueblo constata la violación de derechos en la cárcel de Archidona reconvertida en CIE

No es un CIE, es una cárcel. Y es una cárcel, además, con numerosas carencias. Es la conclusión del Defensor del Pueblo sobre la situación del más de medio millar de personas extranjeras internadas en el centro penitenciario de Archidona (Málaga) tras llegar en patera a las costas levantinas. “Las personas permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena (excepto para la comida) sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños. Esta ausencia de horario y actividades favorecen los incidentes entre los internos”, afirma la institución en una nota de prensa tras la visita de dos técnicos a las instalaciones en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

Según el Defensor, otra medida que no favorece la normalización de la convivencia en el centro es que la gestión directa con los internos la están realizando agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con su uniformidad e instrumentos habituales. No se están respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE (carencia de atención sanitaria suficiente, información normas mínimas de funcionamiento del centro; ausencia horario y actividades, etc)”, denuncia el Defensor.

Además, según el relato de los internos entrevistados, el traslado al centro se realizó con los ciudadanos extranjeros unidos por la muñeca contraria mediante bridas. Sobre las visitas de familiares, afirma que se realizan en locutorios cerrados con mamparas aislantes de cristal, mediante teléfono, y la privacidad no está garantizada.

El pasado miércoles, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró en el Congreso que estas personas están “en mejores condiciones y con mejores garantías” que las internadas en los CIE. “El internamiento en Archidona está avalado por la Ley española, la europea, sentencias del Supremo y siete jueces. No todo vale en política y menos en un asunto tan serio. ¿Qué hacemos con estas personas, las dejamos en la calle?”, zanjó.

El internamiento en Archidona está avalado por la Ley española, la europea, sentencias del Supremo y siete jueces. No todo vale en política y menos en un asunto tan serio. pic.twitter.com/dJXetruWFo

— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 29 de noviembre de 2017

Al Defensor, sin embargo, también le ha llamado la atención que en los autos de autorización de internamiento que se han emitido por órganos judiciales de diferentes localidades (Alicante, Almería, Cartagena, Elche, Lorca o Vera) no consta el lugar exacto en el que se produjo la detención de cada una de estas personas cuando la norma establece que el juez competente es el del lugar de la detención. Además, indica que, salvo en los autos procedentes de Elche, no se valora el hecho de autorizar el internamiento en unas instalaciones que tienen atribuido carácter penitenciario. Por otra parte, el centro en los diferentes autos recibe diversas denominaciones, lo que genera dudas al Defensor sobre la información facilitada a los distintos órganos jurisdiccionales. “Con independencia de que las condiciones arquitectónicas del centro sean mejores que las de cualquier CIE, las carencias detectadas no permiten considerar que los servicios sean similares a los de los centros de internamiento”, añade el Defensor. 

Por ello, la institución pide sustituir como agentes de custodia a los miembros de la UIP por funcionarios policiales de las brigadas que habitualmente prestan servicios en los CIE, proceder de manera inmediata al reconocimiento médico de todas las personas internadas en el centro; establecer asistencia médico-sanitaria las 24 horas; garantizar a cada interno la disponibilidad de sus objetos personales y de vestuario y su sustitución con una frecuencia aceptable; establecer un horario diario de actividades para los internos; garantizar que las visitas de familiares se realicen sin separación física por mamparas y en condiciones de privacidad; facilitar los medios materiales para que los internos puedan comunicar su detención y lugar de internamiento a familiares o la persona que determinen; establecer convenios con los colegios de abogados y ONG para hacer efectivo el derecho a la orientación jurídica y social; habilitar los instrumentos necesarios para la formalización de reclamaciones, quejas e instancias a las distintas autoridades competentes; y completar los expedientes administrativos y devolver a los internos las copias de los autos de internamiento o cualquier otra documentación administrativa.

Por último, el Defensor recuerda a la Dirección General de la Policía su obligación de velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, especialmente en lo referido a impedir altercados entre ellos y en lo relativo a la existencia de planes de evacuación, prevención de incendios y almacenamiento de las imágenes y sonidos captados por los sistemas de videovigilancia.

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