Suspendida una conferencia de Anna Gabriel por no ser de “interés general”

La diputada Anna Gabriel, momentos antes de la entrevista - SARAI RUA

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria ha suspendido este viernes la autorización de una cesión de un espacio municipal para albergar una conferencia de la diputada de la CUP, Anna Gabriel, en defensa del referéndum del 1-0 en Cataluña.

En su auto, el juez Manuel Castro argumenta que “la defensa de un proyecto político supramunicipal, en este caso la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña, no entra dentro de las competencias que se atribuyen al municipio, como tampoco forman parte de las mismas la celebración de actos de promoción o campaña electoral a favor de la celebración del referéndum”.

“Existe esa apariencia en contra de la legalidad de la cesión del local público”, prosigue el auto, “al chocar con las prohibiciones del Tribunal Constitucional […]. Tampoco se aprecia el beneficio para el interés general de la celebración de dicho acto, debiéndose recordar que un acto en apoyo del referéndum de independencia de Cataluña puede aparentemente ser tachado de partidista, en el sentido de no representativo del conjunto de los ciudadanos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz”, sostiene el magistrado. Todos estos motivos son suficientes, según el juzgado, para la suspensión cautelar de la cesión del Centro Cívico Aldabe, dependiente del Ayuntamiento de Vitoria.

Tras la emisión de este dictamen, la Policía Local ha irrumpido en el espacio municipal 45 minutos después del inicio de la conferencia. En ese instante, los organizadores han puesto punto y final al acto. “Pueden ilegalizar un acto, pero no pueden ilegalizar a todo un pueblo. El 1 de octubre votaremos”, ha señalado Gabriel tras la suspensión.

Esta misma semana, otro juzgado de Madrid ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PP contra la celebración, este domingo 17 de septiembre, de un acto en el espacio municipal Matadero a favor del derecho a decidir en Cataluña. En el auto, el juez José Yusty afirma que la cesión del local implica “favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional y se dirige claramente contra lo dispuesto en la Constitución Española”. “Se trata por tanto de un referéndum ilegal, y en consecuencia, los actos de apoyo al mismo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular, pues tiene la obligación de cumplir las leyes vigentes”, añade.

En las últimas horas, la Fiscalía de Tarragona también ha abierto diligencias por el acto de abertura de la campaña para el referéndum del 1-0, este jueves en el Tarraco Arena, en el que participaron el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell.
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