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Petición colectiva contra el secretismo de la venta de armas españolas

Vehículo de combate Pizarro de fabricación española. FOTO: JONATHAN FINEGOLDl

El lucrativo mercado de la guerra es también uno de los más opacos. En el caso de España, sexto exportador mundial de armas, destaca la ausencia de información pública en comparación con otras democracias occidentales. Este martes varias asociaciones no gubernamentales de renombre han pedido información sobre la autorización de armas a países como Arabia Saudí e Iraq, así como el cese de estas ventas a países en conflicto o con regímenes autoritarios. La petición coincide con la comparecencia en el Congreso de Marisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio.

España fue uno de los primeros países en ratificar en 2014 el nuevo Tratado Internacional de Comercio de Armas, que prohíbe vender material bélico a gobiernos que cometen atrocidades y violan de manera sistemática los derechos humanos y la legislación internacional. Entre los principales clientes de las armas hechas en España están los regímenes de Arabia Saudí, Egipto y Bahréin, además de gobiernos como los de Israel, Turquía, Brasil y Colombia, acusados de emplear armamento de guerra contra la población civil. Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, integrantes de la campaña Armas Bajo Control, pidieron que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso publique las actas de la Junta Interministerial que dio luz verde a la exportación de armas a esos países y exigieron el cese de esas ventas.

En 2016 la industria armamentística española exportó misiles, equipos de mortero, municiones, carros de combate, buques de guerra y otros artilugios bélicos por valor de 4.362 millones de euros, operaciones que contaron con el beneplácito del Gobierno (la ley establece que el Ejecutivo ha de validar la venta de “material de defensa” al extranjero). Según las organizaciones citadas, es necesario “que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore la evaluación del riesgo del uso de las armas contrario al derecho internacional”.

El destino más polémico de estas armas es Arabia Saudí, un régimen autoritario de tipo feudal acusado de atacar de manera indiscriminada a objetivos civiles en Yemen y de proveer al grupos armados afines a Daesh. En total, la campaña Armas Bajo Control pone la lupa sobre 16 “operaciones de potencial preocupación” sobre las que apenas existe información pública para “potenciar la transparencia (…) y el escrutinio parlamentario”. Desde 1987 las actas que autorizan estas ventas son secretas, mientras que este año se cumple una década desde la entrada en vigor de la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de su doble uso.

Estas y otras peticiones y propuestas de la campaña Armas Bajo Control aparecen plasmadas en un amplio informe publicado este martes, que además recoge los casos pormenorizados de otros controvertidos envíos de material bélico a una amplia lista de países, entre ellos República Centroafricana, Camerún, Guatemala, México, Pakistán y Ucrania.

Además de ratificar el Tratado sobre Comercio de Armas, el gobierno de España firmó la “regla de oro”, que rige el principio de “no autorizar armas para cometer atrocidades”, una norma que estaría siendo violada en el caso de al menos dieciséis países que importan armamento español, según el informe.

En marzo la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunció que España duplicará el gasto en defensa en los próximos siete años. Los presupuestos nacionales de 2017, aún pendientes de aprobación, incrementarán en un 30% el gasto militar español respecto a 2016. Este aumento refleja los intentos del Ejecutivo por acabar con la ingeniería contable iniciada en el gobierno de Felipe González para maquillar el gasto armamentístico real de España y que durante décadas se ha beneficiado del secretismo de Estado que ahora denuncian varias ONG.

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Liturgia fascista de Erdogan en Washington

Un guardaespaldas de Erdogan agrede a un manifestante en Washington I La Marea

Tarde del 16 de mayo en Dupont Circle, el barrio de las embajadas de Washington DC. Miembros de la comunidad kurda se concentran en Sheridan Circle, una rotonda justo en frente de la residencia oficial del embajador de Turquía en Estados Unidos. Esperan la llegada del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, que viene de reunirse con Donald Trump en un amistoso encuentro en la Casa Blanca. Decenas de guardaespaldas rodean el vehículo del mandatario turco mientras los manifestantes cantan consignas contra el presidente a un centenar de metros de distancia.

De repente, de forma coordinada, un grupo de turcos favorables a Erdogan y algunos elementos de su equipo de seguridad arremeten con brutalidad contra los kurdos y algunos de sus simpatizantes. La violencia es extrema. Un guardaespaldas estrangula por momentos a una mujer mientras esta intenta zafarse de su agresor. Guardias trajeados arrollan a un hombre que lleva un megáfono y le propinan varias patadas en la espalda y en la cabeza hasta que acaba con el rostro hinchado y ensangrentado. La policía municipal de Washington intenta interceder y uno de sus agentes es agredido por los oficiales turcos. Aun así, la intervención de contención policial es providencial para evitar que los más exaltados se ceben con los heridos. Después del asalto, nueve personas son ingresadas en el hospital.

“Hoy he experimentado de primera mano hasta dónde llega la brutalidad del fascismo turco. […] Un guardia de seguridad me ha cogido. Me ha estrangulado y bloqueado la cabeza hasta reventarme una vaso sanguíneo del ojo. Me agarraba y me decía que me mataría. Milagrosamente un hombre que pasaba en coche me ha ayudada a entrar en su vehículo. Este hombre me ha salvado la vida”. Así narra la agresión de la que fue víctima Ceren Borazan, una estudiante kurda nacida en Turquía hace 26 años y que reside en Washington, quien participó en la manifestación.

Borazan explica que después de este episodio se siente muy dolorida físicamente y relata la pesadilla que está viviendo. “Temo por mi vida. Desde que ha pasado esto y mi foto ha salido por todos los medios, recibo muchísimas amenazas de muerte. Me dicen que conocen mi dirección. Que saben dónde vive mi familia. Tengo miedo de volver a Turquía pero también tengo miedo aquí, en Estados Unidos”, confiesa con la voz entrecortada. “Para ellos, todos los kurdos somos terroristas. Yo sólo estaba allí por la defensa de la democracia y de los derechos humanos”, añade.

En un análisis de los audios que contienen las grabaciones del momento de la agresión, realizado por el medio estadounidense The Daily Caller, se llega a la conclusión de que fue el mismo Erdogan quien ordenó la segunda carga, la más brutal. Según este estudio, en la escena se puede escuchar que algunos guardias dicen “ha dicho que ataquemos”, segundos antes del inicio de la acción. En un vídeo se ve de forma evidente como un jefe de seguridad consulta a Erdogan, que se encuentra dentro de su vehículo oficial, y como, casi inmediatamente, da la orden de actuar a los hombres que finalmente agreden a los allí congregados. Erdogan sale del coche y durante medio minuto mira la acción impasible hasta que, finalmente, entra en la residencia del embajador turco.

La escena fue tan escandalosa que incluso la policía de Washington organizó una rueda prensa para denunciar lo acontecido, apuntando que los guardias de seguridad tienen visa diplomática, algo que impide que se pueda hacer justicia con aquellos involucrados en las palizas del pasado martes. Hasta el senador republicano John McCain condenó los hechos en Twitter: “Esto son los Estados Unidos de América. Nosotros no hacemos esto aquí”. Por su parte, Donald Trump, tan dado a los comentarios sobre la actualidad política en las redes sociales, ha optado por el silencio, algo que ha enfadado a las víctimas.

Acostumbrados a una extrema derecha europea que en los últimos años ha intentado maquillar su carácter esencialmente violento con el fin de ganar apoyo popular y situarse en las instituciones democráticas, la liturgia autoritaria de los guardaespaldas de Erdogan evidencia de nuevo la espina dorsal del fascismo. La limpieza interna mediante métodos violentos es una de las características de un Estado fascista, en el que se normaliza la persecución social, policial y judicial de los considerados enemigos.

Después de la demostración de la soldadesca de Erdogan en el corazón político de Estados Unidos, nadie debe dudar ya del carácter fascista del gobierno turco. Erdogan se vio reforzado por el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016, momento que aprovechó para intensificar la purga. Si las autoridades turcas son capaces de asaltar brutalmente a manifestantes pacíficos en Washington, ¿qué no harán en el interior de las cárceles en Turquía? Amnistía Internacional (AI) ya ha denunciado en repetidas ocasiones el incremento de las torturas en centros de detención turcos desde el pasado verano y el Consejo por la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa realizó un informe que Erdogan se negó a publicar.

El fascismo en Turquía se ve alentado por el silencio europeo. En juego está el acuerdo en materia de refugiados que firmaron en marzo del año pasado la Unión Europea y el gobierno turco, para garantizar las devoluciones de migrantes sirios que llegasen a Grecia desde Turquía. Si bien este acuerdo bilateral ha reducido el tráfico de personas a través de la ruta más mortal, las condiciones de vida de los refugiados sirios en territorio turco son, a menudo, infrahumanas.

Según AI, “la mayoría de la población refugiada siria infantil no tiene acceso a la educación, y la mayoría de la población refugiada siria adulta no tiene acceso a un empleo legal”. A pesar de esta realidad, la Unión Europea entiende que Turquía es su mayor aliado para acabar con la presión migratoria en sus fronteras. Europa calla a cambio de una solución temporal para el problema de los refugiados. Con la Unión Europea a sus pies y con la aprobación de Donald Trump por su lucha común contra Estado Islámico, Erdogan ha entendido el mensaje. El fascismo en Turquía tiene carta blanca.

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AI advierte de los peligros “irreversibles” de la cirugía a menores intersexuales

AI denuncia la cirugía invasiva e irreversible en los menores intersexuales I La Marea

Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles las cirugías invasivas a las que son sometidos menores intersexuales en Alemania y Dinamarca para “normalizar” su sexo, y ha exigido a estos dos países que garanticen el fin de estas operaciones que “violan sus derechos humanos”.

“Estas intervenciones normalizadoras se llevan a cabo sin tener pleno conocimiento de los efectos potencialmente dañinos a largo plazo que tienen en los menores de edad”, afirma Laura Carter, investigadora de AI sobre orientación sexual e identidad de género.

“Nos referimos a incisiones realizadas en tejidos sensibles, con consecuencias para toda la vida, basadas únicamente en estereotipos sobre el aspecto que debe tener un niño o una niña. La cuestión es a quién beneficia esta práctica, porque nuestro informe muestra que para las personas sometidas a ella ha sido una experiencia trágica”, prosigue Carter.

El informe Ante todo no hacer daño, basado en casos de Dinamarca y Alemania, ilustra el modo en que los estereotipos de género anacrónicos dan lugar a que se practiquen intervenciones quirúrgicas no urgentes, invasivas e irreversibles a menores de edad intersexuales —término que se utiliza habitualmente para designar a las personas que presentan variaciones de las características sexuales, como los cromosomas, los genitales y los órganos reproductores.

El estudio detalla el modo en que en estos dos países europeos, estas intervenciones “se llevan a cabo en bebés y menores de 10 años”, pese a no existir investigaciones médicas que respalden la necesidad de pasar por el quirófano.

Alrededor del 1,7% de la población mundial —porcentaje similar al de personas pelirrojas— tiene variaciones de las características sexuales.

Muchos de los encuestados por AI aludieron al trauma físico y mental que sufrieron en el momento en que se practicaron las cirugías y posteriormente en su vida.

“Dada la actual falta de investigación y conocimiento médico en esta área, no se deben tomar decisiones que cambien la vida y sean irreversibles cuando el menor de edad es demasiado joven para manifestar su opinión sobre lo que se le hace”, afirma Carter.

Según Amnistía Internacional, el planteamiento actual sobre esta cuestión no protege los derechos humanos de los menores daneses y alemanes, incluidos el derecho a la vida privada y el derecho al más alto nivel posible de salud.

Estas prácticas también han sido condenadas expresamente por la ONU que, en repetidas ocasiones, han considerado que las intervenciones quirúrgicas en menores intersexuales son innecesarias y nocivas.

Por todos estos motivos, AI pide a Alemania y Dinamarca que cualquier solución, entre ellas la relativa a una intervención quirúrgica, se aplace hasta que la persona afectada “pueda participar significativamente en la decisión de lo que se le hace a su cuerpo”.

AI reclama asimismo que se indemnice a las personas sometidas a intervenciones innecesarias y a impartir formación sobre diversidad de género y corporal a los profesionales médicos.

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La crisis de la vivienda no ha terminado… y menos aún para las mujeres

vivienda

Vanessa, de 34 años y con dos hijas, fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, y actualmente reside en Móstoles en el inmueble ocupado La Dignidad. “Alquilaría una habitación si viviera yo sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas”, declara. Asegura no haber recibido información completa sobre las ayudas existentes para las víctimas de violencia como ella, y lamenta no poder acceder a una vivienda social. “La trabajadora social me dice que no me puede ayudar porque tengo un piso en propiedad con una persona que me daba palizas, consumía drogas y bebía mucho”, denuncia. Es uno de los testimonios con los que Amnistía Internacional retrata la situación de la vivienda en España diez años después del inicio de la crisis.

En su informe La crisis de la vivienda no ha terminado denuncia cómo está afectando la violación de este derecho constitucional especialmente a las mujeres, y en particular a las que encabezan hogares monomarentales y a las víctimas de violencia de género. “No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión”, afirma la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos.

La organización lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo. Tampoco se tienen en cuenta -añade- las desigualdades de género, algo que provoca mayor discriminación hacia las mujeres. Según los datos recogidos por Amnistía Internacional, el índice medio de exposición a la pobreza en España, el 22,1%, asciende hasta el 37,5% en el caso de las familias monoparentales, el 83% de ellas encabezadas por mujeres.

“La desigualdad de género no solo se ve reflejada en esto, también en el acceso a vivienda social para algunas mujeres víctimas de violencia. Y aunque en teoría, según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección. Esto, en la práctica, supone que la mayoría de las víctimas de violencia de género no consiguen el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda”, prosigue.

La organización señala, además, el oscurantismo en torno al asunto: “No existen datos desagregados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, ni siquiera se distingue entre locales comerciales y viviendas. Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad”, denuncia Suárez-Llanos.

“La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social”, sostiene el autor del informe, Koldo Casla. “El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos”, añade.

Los fondos buitre

Del total de desahucios registrados en 2016, las provincias de Madrid y Barcelona acumulan el 34% de ellos con 4.760 y 6.710 desalojos por impago de alquiler respectivamente. En Madrid la situación es especialmente preocupante para las víctimas de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que se produjo entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento, denuncia Amnistía Internacional. Más de cuatro años después, continúa Casla, las personas afectadas siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución.

Es el caso de Paula, de 39 años y con tres hijos. Sin haber sido informada del proceso, cuenta que un día recibió una notificación de cómo la vivienda social en la que vivía desde hacía ocho años había sido vendida a la empresa Encasa Cibeles por parte del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid). “Era desesperante pensar que no podíamos luchar y teníamos que aceptar las condiciones que el nuevo propietario nos imponía”, declara. Después de que se le subiera el precio de alquiler, Paula no pudo seguir pagando y finalmente fue desahuciada. Actualmente vive en una casa  que no reúne las condiciones adecuadas, especialmente para su hijo. “Después de decirle que no podría solicitar una nueva vivienda social porque ya había sido adjudicataria de una, el consejo para poder volver a serlo era sobrecogedor: ser desahuciada de nuevo para acceder a una vivienda de emergencia social”, afirma la organización en un comunicado.

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AI advierte del mayor retroceso en Derechos Humanos desde el nazismo

Cola de refugiados en Belgrado. I LA MAREA

Un mundo “más dividido y peligroso” en el que los Derechos Humanos retroceden y se debilitan debido a “las atrocidades masivas”. Esta es la advertencia que ha lanzado este miércoles Amnistía Internacional (AI) durante la presentación de su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo. La ONG denuncia que la retórica “tóxica y deshumanizadora” que los políticos proclaman en su discurso del “nosotros contra ellos” retrotrae a “la década de 1930”, cuando el nazismo y el fascismo se propagaron por Europa.

“Se trate de Trump, Orban, Erdogan o Duterte, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistema y tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas. La política de demonización que se hace en la actualidad difunde la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Esta práctica amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana”, denuncia Salil Shetty, secretario general de AI.

Para esta ONG, un claro ejemplo de la tendencia global a hacer política de manera más airada y divisiva fue la venenosa retórica de campaña de Donald Trump, pero los líderes políticos de otras partes del mundo también apostaron su poder a discursos de miedo, culpa y división.

Está retórica tiene un impacto cada vez mayor en las políticas y medidas que se adoptan. Amnistía Internacional denuncia que, en 2016, los Gobiernos “hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscababan el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas, justificaron la tortura y la vigilancia masiva, y ampliaron poderes policiales draconianos”.

El informe documenta cómo 36 países violaron el derecho internacional, al devolver de forma ilícita a personas refugiadas a países donde sus derechos humanos corrían peligro. “Los límites de lo que se considera aceptable han cambiado. Los políticos legitiman, desvergonzada y activamente, todo tipo de retóricas y políticas de odio basadas en la identidad de las personas, como la misoginia, el racismo y la homofobia. El primer blanco han sido las personas refugiadas, y si esta situación persiste en 2017, aparecerán también otros en el punto de mira”, prosigue Shetty.

España, en el punto de mira

Amnistía Internacional sostiene que España no se ha quedado al margen del menoscabo de los derechos humanos. Por un lado, “la acogida de personas que huyen de conflictos o de graves violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente, y se siguen produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Por otro, se ha utilizado el delito de ‘enaltecimiento de terrorismo’ para limitar desproporcionadamente la libertad de expresión”, señala AI en su informe.

La ONG también denuncia la “impunidad” hacia ciertos casos de tortura cometidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y tilda de “insuficientes” las cifras de refugiados acogidos por el Estado español (1.034 personas). Asimismo, la organización advierte que “no se garantiza el derecho a la información” y de la falta de garantías de protección para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de trata, o las personas del colectivo LGBTI.

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La gran marcha de mujeres contra Donald Trump

Marcha de Mujeres sobre Washington I La Marea

El colectivo de mujeres norteamericano The Pussyhat Project ha convocado una manifestación en Washington para el próximo 21 de enero, un día después de que Donald Trump tome posesión como nuevo presidente de EEUU.

El motivo de esta Marcha de las Mujeres sobre Washington fueron las ofensivas palabras contra el colectivo femenino pronunciadas por Trump en 2005 y que fueron filtradas por el diario The Washington Post durante la última campaña de las elecciones presidenciales, así como las políticas discriminatorias hacia las mujeres que el presidente republicano ha amenazado con realizar.

Las actrices Katy Perry y Cher encabezarán esta manifestación que cuenta con el apoyo de distintas organizaciones a favor de los derechos civiles como Amnistía Internacional. “Como artistas, mujeres, y lo más importante, dedicadas americanas, es vital que nos mantengamos unidas en solidaridad de la protección, la dignidad y los derechos de las comunidades. Los derechos de inmigrantes, trabajadores, parejas, homosexuales y la justicia racial y medioambiental no son intereses especializados, nos afectan a todos y deberían ser cruciales para todos los americanos”, ha afirmado la actriz America Ferrera, quien también participaré en la marcha. Más de 250.000 personas ya han confirmado su asistencia a través de su página de Facebook.

De forma paralela, se celebrará también otra concentración junto a la embajada de EEUU en Londres. Además de en estas dos ciudades, otras 300 marchas similares recorrerán 55 localidades de EEUU y Puerto Rico, Japón, Australia, Francia, Colombia o Kenia.

La manifestación pretende aglutinar a todas las mujeres que se hubieran sentido ofendidas: mujeres blancas, negras, LGTB, nativas americanas o discapacitadas con la intención de reivindicar los derechos de las mujeres como parte indisoluble de los Derechos Humanos, además de visibilizar la naturaleza transversal de la opresión de la mujer ya sean de color, queer, transgénero o cisgénero.

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