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Más de 60.000 personas desbordan Altsasu pidiendo libertad y justicia para los 8 jóvenes

Kilómetros de retenciones y riadas de manifestantes han colapsado el pueblo de Altsasu en la convocatoria ‘Esto no es justicia. Altsukoak aske’. 60.000 personas contra uno de los montajes policiales más escandalosos de los últimos años.
La manifestación contra la infame sentencia a los jóvenes de Altsasu, condenados hasta a 13 años de prisión por una pelea con dos guardias civiles, tendrá ha tenido lugar este domingo 24 de marzo a las 12 de la mañana bajo el lema “Esto no es justicia. Altsukoak aske”.
Seguimos sobrecogidos con lo sucedido hoy en . Hemos multiplicado por 8 la población de . Es con diferencia la mayor manifestación jamás celebrada en nuestro pueblo y de nuevo una de las mayores de la historia de .

5.532 personas están hablando de esto

A pesar de que los vecinos de Altsasu se habían organizado para poder alojar, aparcar o dar de comer a los manifestantes, la masiva afluencia de manifestantes ha sobrepasado las previsiones, multiplicando por 7 la población de la localidad. Los vecinos de Altsasu han ofrecido sus casas y el frontón del pueblo para ofrecer a los solidarios un lugar en el que pasar la noche. A la entrada del pueblo, algunos de los 55 autobuses que se han llenado para ir a la manifestaciones y numerosos coches han formado 5 kilómetros de retenciones, que aparcaron los vehículos y se dirigieron a pie al inicio de la manifestación.
colapsado con miles y miles de personas. Aparcamientos llenos y retenciones en la carretera, la solidaridad ha desbordado su justicia para ricos y liberticida pidiendo justicia y libertad para los jóvenes encarcelados @Altsasugurasoak http://www.izquierdadiario.es/El-pueblo-de-Altsasu-se-prepara-para-acoger-a-los-asistentes-a-la-movilizacion-del-24M 

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Mientras los jóvenes de Altsasu llevan 859 días privados de libertad en uno de los montajes policiales más escandalosos de los últimos años, las familias, organizadas en la plataforma Altsasu Gurasoak, continúan con un activo recorrido de movilizaciones y difusión, que ya ha tenido un coste de más de 140.000€ y casi medio millón de kilómetros, así como una prolongada batalla jurídica.
Ésta tiene su episodio más reciente en la confirmación de las penas por la Audiencia Nacional, tras retirar el enjuiciamiento por terrorismo, pero manteniendo las mismas penas, a través de un nuevo subterfugio legal, el “agravante de discriminación ideológica”. Se trata de una institucionalización de las prácticas habituales de la justicia para ricos del Régimen, la penalización a modo de venganza por criterios políticos.
Las propias familias denuncian que “en el mismo año que se produjeron los hechos, hubo 9.571 casos de atentados a la autoridad” y “ninguno se instruyó ni se enjuició con la calificación de terrorismo, no fue enjuiciado por la Audiencia Nacional, ni llegó a castigos tan alarmantes incluso en el caso de utilización de armas o atropello con vehículos”, remarcando que “Incluso si el relato en que se sustenta la sentencia fuera verdad las penas de tantos años de cárcel son una barbaridad”, alcanzando un total de 72 años de cárcel en las condenas actuales.
Emozioa gainezka!! Ikaragarria da! Eskerrik asko zuen elkartasunagatik!! Maite zaituztegu!!

Llevamos todo el recorrido emocionadas. Sois impresionantes, muchas gracias por todo el cariño y apoyo que nos dais. MAITE ZAITUZTEGU!!

2.311 personas están hablando de esto

Según declara Altsasu Gurasoak, la Audiencia Nacional “demuestra su afán de venganza y de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad”, afirmando que la misma “no es un órgano de justicia”. La Audiencia Nacional cuenta con un histórico de represión judicial desde su fundación, acto seguido de la disolución del franquista Tribuna de Orden Público, con dos terceras partes de los miembros del mismo.

La acusación del delito de “terrorismo” por una pelea de bar fue lo que permitió en primer lugar que el caso fuera llevado a la Audiencia Nacional y la “prisión preventiva” a tres de los jóvenes condenados, una medida completamente violatoria de las libertades individuales, habiendo cumplido años de cárcel mientras la sentencia era recurrida. Por ello los familiares denuncian que todo el proceso ha sido un verdadero “montaje judicial”, instrumentalizando la figura penal de “terrorismo” para dar una condena ejemplarizante contra jóvenes vascos.
Roberto Jara
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Más de 60.000 personas desbordan Altsasu pidiendo libertad y justicia para los 8 jóvenes

Kilómetros de retenciones y riadas de manifestantes han colapsado el pueblo de Altsasu en la convocatoria ‘Esto no es justicia. Altsukoak aske’. 60.000 personas contra uno de los montajes policiales más escandalosos de los últimos años.
La manifestación contra la infame sentencia a los jóvenes de Altsasu, condenados hasta a 13 años de prisión por una pelea con dos guardias civiles, tendrá ha tenido lugar este domingo 24 de marzo a las 12 de la mañana bajo el lema “Esto no es justicia. Altsukoak aske”.
Seguimos sobrecogidos con lo sucedido hoy en . Hemos multiplicado por 8 la población de . Es con diferencia la mayor manifestación jamás celebrada en nuestro pueblo y de nuevo una de las mayores de la historia de .

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colapsado con miles y miles de personas. Aparcamientos llenos y retenciones en la carretera, la solidaridad ha desbordado su justicia para ricos y liberticida pidiendo justicia y libertad para los jóvenes encarcelados @Altsasugurasoak http://www.izquierdadiario.es/El-pueblo-de-Altsasu-se-prepara-para-acoger-a-los-asistentes-a-la-movilizacion-del-24M 

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Ésta tiene su episodio más reciente en la confirmación de las penas por la Audiencia Nacional, tras retirar el enjuiciamiento por terrorismo, pero manteniendo las mismas penas, a través de un nuevo subterfugio legal, el “agravante de discriminación ideológica”. Se trata de una institucionalización de las prácticas habituales de la justicia para ricos del Régimen, la penalización a modo de venganza por criterios políticos.
Las propias familias denuncian que “en el mismo año que se produjeron los hechos, hubo 9.571 casos de atentados a la autoridad” y “ninguno se instruyó ni se enjuició con la calificación de terrorismo, no fue enjuiciado por la Audiencia Nacional, ni llegó a castigos tan alarmantes incluso en el caso de utilización de armas o atropello con vehículos”, remarcando que “Incluso si el relato en que se sustenta la sentencia fuera verdad las penas de tantos años de cárcel son una barbaridad”, alcanzando un total de 72 años de cárcel en las condenas actuales.
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Según declara Altsasu Gurasoak, la Audiencia Nacional “demuestra su afán de venganza y de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad”, afirmando que la misma “no es un órgano de justicia”. La Audiencia Nacional cuenta con un histórico de represión judicial desde su fundación, acto seguido de la disolución del franquista Tribuna de Orden Público, con dos terceras partes de los miembros del mismo.

La acusación del delito de “terrorismo” por una pelea de bar fue lo que permitió en primer lugar que el caso fuera llevado a la Audiencia Nacional y la “prisión preventiva” a tres de los jóvenes condenados, una medida completamente violatoria de las libertades individuales, habiendo cumplido años de cárcel mientras la sentencia era recurrida. Por ello los familiares denuncian que todo el proceso ha sido un verdadero “montaje judicial”, instrumentalizando la figura penal de “terrorismo” para dar una condena ejemplarizante contra jóvenes vascos.
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Abogados de los detenidos de Alsasua: “Están vetando el derecho de defensa”

Concentración ante el Palacio de Justicia de Navarra. Foto: Altsasu Gurasoak.

Los abogados y abogadas de los ocho jóvenes de Alsasua acusados de delitos y amenazas terroristas, y que se enfrentan a penas de entre 12 y más de 60 años de cárcel, denuncian varias anomalías en la instrucción del juicio por la supuesta agresión que tuvo lugar la madrugada del 15 de octubre de 2016 contra un sargento, un teniente de la Guardia Civil (ambos fuera de servicio) y sus dos parejas en un bar de esta localidad navarra.

A la espera del juicio oral y sentencia, los seis abogados dieron una rueda de prensa en Madrid para pedir proporcionalidad y señalar que, desde su punto de vista, hay varias anomalías en el proceso que “están vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías”, conforme al artículo 24.2 de la Constitución y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre las que destacaron:

 ¿Un caso para la Audiencia Nacional?

La defensa argumentó que debería ser la Audiencia Provincial de Navarra, y no la Audiencia Nacional, la competente para juzgar los hechos acontecidos en octubre de 2016. Según estos abogados defensores, el Tribunal Supremo se basó en documentos iniciales que no incluían el informe forense (el que establece la gravedad de las lesiones, siendo la más grave una fractura de tobillo) al determinar que el caso quedara en manos de la Audiencia Nacional. “Haciendo omisión de este razonamimento del Supremo, se acusó a los jóvenes de terrorismo en la Audiencia Nacional (…) se ha producido una quiebra de la apariencia de imparcialidad de la Audiencia Nacional”, argumentaron los letrados. Además, destacaron que los primeros informes periciales de Policía y Guardia Civil no señalaban hechos de carácter terrorista, ya que, “de ser así, la juez de Pamplona se habría inhibido”.

El Ministerio Fiscal y las demás acusaciones, entre ellas el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), argumentan que se trata de un delito de terrorismo porque dos de los agredidos pertenecen a la Guardia Civil y algunos de los jóvenes estarían vinculados a Alde Hemendik (‘Fuera de aquí’), un colectivo que pide la salida de las fuerzas de seguridad del Estado de Navarra y País Vasco, y que según la parte acusadora, habría estado a su vez ligado a la extinta ETA. La supuesta relación de Alde Hemendik y ETA estaría argumentada en un informe de inteligencia de la propia Guardia Civil, pero la defensa asegura que esto no tiene ningún nexo con lo sucedido en el bar de Alsasua y se queja de que la Justicia impida que se realice un informe pericial histórico sobre esa supuesta relación. “A las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación”, señalaron los abogados de la defensa.

El informe de la Guardia Civil señalaba un posible delito de odio, pero una semana después de que los jóvenes fueran detenidos, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo señaló un supuesto delito de terrorismo en su denuncia.

Pruebas denegadas

Los letrados defensores también explicaron que la práctica totalidad de las pruebas que presentaron fueron rechazadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, entre ellas vídeos del lugar donde transcurrieron los hechos, testimonios, resoluciones judiciales anteriores y entrevistas que dos de las víctimas concedieron a la COPE y Onda Cero y en las que, según la defensa, contradicen sus propias versiones de los hechos, mientras que “a las acusaciones se les han admitido prácticamente todas las pruebas”, declaró el abogado Jaime Montero, quien además las tachó de legítimas pero “irrelevantes”. “Hemos tenido que bucear para encontrar a personas que no aparecen en ningún momento de la investigación pero que estaban presentes en el momento en que sucedieron los hechos”, aseguró uno de los abogados.

La juez Carmen Lamela, también conocida por decretar prisión para los consejeros catalanes cesados, no admitió esas pruebas de las defensas, porque las consideró ajenas al proceso, lo que a ojos de estos letrados es una contradicción ya que negar la relación de esas pruebas con el juicio sería como negar la acusación de terrorismo. “Han tratado de convertir una bronca de bar a las cinco de la mañana en un día de ferias en un acto terrorista, es absolutamente disparatado”, dijo José Luis Galán, abogado de uno de los acusados.

Testigos rechazados

Los letrados también señalaron que no se les está permitiendo aportar testigos presenciales y criticaron que ni la Policía ni la Guardia Civil fueron diligentes durante la fase de investigación para encontrar personas que presenciaron los hechos. Según el letrado Jaime Montero, “fueron las familias de los encarcelados quienes tuvieron que hacer esa investigación (…) la jueza nos denegó esa fase de instrucción, por lo que solo se escuchó una parte de los hechos”. Desde la defensa también sugirieron testigos pertenecientes a Alde Hemendik que ponían en cuestión la relación de los jóvenes acusados con ese colectivo, pero tampoco fueron admitidos. “Para estos chavales, ETA es historia”, explicaron los abogados, apoyándose en la edad de los acusados (oscilaban entre 19 y 24 años en el momento de la detención). Sin embargo, todos los testigos aportados por las distintas partes de la acusación sí fueron aceptados.

Fallos en la rueda de reconocimiento

Un informe pericial señala posibles fallos durante la rueda de reconocimiento en la que los agentes víctimas de la agresión identificaron a sus supuestos agresores, pero la Sala no admitió tampoco ese documento. “Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades, nacionalidades y etnias, de los cuales ninguno era de Alsasua, previamente trasladados desde las prisiones de soto del Real y Alcalá-Meco”, señalaron los abogados de los acusados.

Presunción de inocencia

Durante el último año, varios medios de comunicación definieron a los acusados como terroristas, a pesar de que todavía el caso no ha sido sentenciado. Los abogados dicen que sus clientes no se plantean denunciar lesiones al honor y su presunción de inocencia porque “bastante tienen con esta losa” y porque creen que esta medida no les va a facilitar “pensar un proyecto de vida”.

Los tres jóvenes que permanecen en prisión incondicional y sin fianza (al principio fueron siete) se encuentran “bien tratados” pero a más de 400 kilómetros de su hogar familiar, separados desde su ingreso en la cárcel y sometidos a “condiciones duras”, con la comunicaciones intervenidas y en régimen de primer grado, que implica menos horas de salida al patio. Los abogados creen que es injusto que tres de los jóvenes permanezcan entre rejas de forma preventiva por un hipotético riesgo de huida, ya que fueron los propios acusados quienes se personaron por voluntad propia cuando supieron de los cargos que se les atribuían. “Es absolutamente desproporcionado”, señaló Amaia Izko, abogada de uno de los acusados.

El auto sobre el que se desarrollará la vista oral en la Audiencia Nacional es irrecurrible, por lo que los abogados de la defensa solo pudieron formular una protesta por escrito que enfatiza la inadmisión de las pruebas aportaron. No obstante, aseguran que las presentarán de nuevo cuando se abra la sesión oral -“no nos han comunicado ningún plazo dentro de la urgencia que requiere esto, porque llevan presos un año“-. Tampoco descartan recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y “esperamos no tener que llegar al Tribunal de Justicia Europeo“, señaló uno de los abogados. Las penas solicitadas para los jóvenes acusados suman 375 años de prisión.

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