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Abogados de los detenidos de Alsasua: “Están vetando el derecho de defensa”

Concentración ante el Palacio de Justicia de Navarra. Foto: Altsasu Gurasoak.

Los abogados y abogadas de los ocho jóvenes de Alsasua acusados de delitos y amenazas terroristas, y que se enfrentan a penas de entre 12 y más de 60 años de cárcel, denuncian varias anomalías en la instrucción del juicio por la supuesta agresión que tuvo lugar la madrugada del 15 de octubre de 2016 contra un sargento, un teniente de la Guardia Civil (ambos fuera de servicio) y sus dos parejas en un bar de esta localidad navarra.

A la espera del juicio oral y sentencia, los seis abogados dieron una rueda de prensa en Madrid para pedir proporcionalidad y señalar que, desde su punto de vista, hay varias anomalías en el proceso que “están vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías”, conforme al artículo 24.2 de la Constitución y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre las que destacaron:

 ¿Un caso para la Audiencia Nacional?

La defensa argumentó que debería ser la Audiencia Provincial de Navarra, y no la Audiencia Nacional, la competente para juzgar los hechos acontecidos en octubre de 2016. Según estos abogados defensores, el Tribunal Supremo se basó en documentos iniciales que no incluían el informe forense (el que establece la gravedad de las lesiones, siendo la más grave una fractura de tobillo) al determinar que el caso quedara en manos de la Audiencia Nacional. “Haciendo omisión de este razonamimento del Supremo, se acusó a los jóvenes de terrorismo en la Audiencia Nacional (…) se ha producido una quiebra de la apariencia de imparcialidad de la Audiencia Nacional”, argumentaron los letrados. Además, destacaron que los primeros informes periciales de Policía y Guardia Civil no señalaban hechos de carácter terrorista, ya que, “de ser así, la juez de Pamplona se habría inhibido”.

El Ministerio Fiscal y las demás acusaciones, entre ellas el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), argumentan que se trata de un delito de terrorismo porque dos de los agredidos pertenecen a la Guardia Civil y algunos de los jóvenes estarían vinculados a Alde Hemendik (‘Fuera de aquí’), un colectivo que pide la salida de las fuerzas de seguridad del Estado de Navarra y País Vasco, y que según la parte acusadora, habría estado a su vez ligado a la extinta ETA. La supuesta relación de Alde Hemendik y ETA estaría argumentada en un informe de inteligencia de la propia Guardia Civil, pero la defensa asegura que esto no tiene ningún nexo con lo sucedido en el bar de Alsasua y se queja de que la Justicia impida que se realice un informe pericial histórico sobre esa supuesta relación. “A las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación”, señalaron los abogados de la defensa.

El informe de la Guardia Civil señalaba un posible delito de odio, pero una semana después de que los jóvenes fueran detenidos, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo señaló un supuesto delito de terrorismo en su denuncia.

Pruebas denegadas

Los letrados defensores también explicaron que la práctica totalidad de las pruebas que presentaron fueron rechazadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, entre ellas vídeos del lugar donde transcurrieron los hechos, testimonios, resoluciones judiciales anteriores y entrevistas que dos de las víctimas concedieron a la COPE y Onda Cero y en las que, según la defensa, contradicen sus propias versiones de los hechos, mientras que “a las acusaciones se les han admitido prácticamente todas las pruebas”, declaró el abogado Jaime Montero, quien además las tachó de legítimas pero “irrelevantes”. “Hemos tenido que bucear para encontrar a personas que no aparecen en ningún momento de la investigación pero que estaban presentes en el momento en que sucedieron los hechos”, aseguró uno de los abogados.

La juez Carmen Lamela, también conocida por decretar prisión para los consejeros catalanes cesados, no admitió esas pruebas de las defensas, porque las consideró ajenas al proceso, lo que a ojos de estos letrados es una contradicción ya que negar la relación de esas pruebas con el juicio sería como negar la acusación de terrorismo. “Han tratado de convertir una bronca de bar a las cinco de la mañana en un día de ferias en un acto terrorista, es absolutamente disparatado”, dijo José Luis Galán, abogado de uno de los acusados.

Testigos rechazados

Los letrados también señalaron que no se les está permitiendo aportar testigos presenciales y criticaron que ni la Policía ni la Guardia Civil fueron diligentes durante la fase de investigación para encontrar personas que presenciaron los hechos. Según el letrado Jaime Montero, “fueron las familias de los encarcelados quienes tuvieron que hacer esa investigación (…) la jueza nos denegó esa fase de instrucción, por lo que solo se escuchó una parte de los hechos”. Desde la defensa también sugirieron testigos pertenecientes a Alde Hemendik que ponían en cuestión la relación de los jóvenes acusados con ese colectivo, pero tampoco fueron admitidos. “Para estos chavales, ETA es historia”, explicaron los abogados, apoyándose en la edad de los acusados (oscilaban entre 19 y 24 años en el momento de la detención). Sin embargo, todos los testigos aportados por las distintas partes de la acusación sí fueron aceptados.

Fallos en la rueda de reconocimiento

Un informe pericial señala posibles fallos durante la rueda de reconocimiento en la que los agentes víctimas de la agresión identificaron a sus supuestos agresores, pero la Sala no admitió tampoco ese documento. “Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades, nacionalidades y etnias, de los cuales ninguno era de Alsasua, previamente trasladados desde las prisiones de soto del Real y Alcalá-Meco”, señalaron los abogados de los acusados.

Presunción de inocencia

Durante el último año, varios medios de comunicación definieron a los acusados como terroristas, a pesar de que todavía el caso no ha sido sentenciado. Los abogados dicen que sus clientes no se plantean denunciar lesiones al honor y su presunción de inocencia porque “bastante tienen con esta losa” y porque creen que esta medida no les va a facilitar “pensar un proyecto de vida”.

Los tres jóvenes que permanecen en prisión incondicional y sin fianza (al principio fueron siete) se encuentran “bien tratados” pero a más de 400 kilómetros de su hogar familiar, separados desde su ingreso en la cárcel y sometidos a “condiciones duras”, con la comunicaciones intervenidas y en régimen de primer grado, que implica menos horas de salida al patio. Los abogados creen que es injusto que tres de los jóvenes permanezcan entre rejas de forma preventiva por un hipotético riesgo de huida, ya que fueron los propios acusados quienes se personaron por voluntad propia cuando supieron de los cargos que se les atribuían. “Es absolutamente desproporcionado”, señaló Amaia Izko, abogada de uno de los acusados.

El auto sobre el que se desarrollará la vista oral en la Audiencia Nacional es irrecurrible, por lo que los abogados de la defensa solo pudieron formular una protesta por escrito que enfatiza la inadmisión de las pruebas aportaron. No obstante, aseguran que las presentarán de nuevo cuando se abra la sesión oral -“no nos han comunicado ningún plazo dentro de la urgencia que requiere esto, porque llevan presos un año“-. Tampoco descartan recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y “esperamos no tener que llegar al Tribunal de Justicia Europeo“, señaló uno de los abogados. Las penas solicitadas para los jóvenes acusados suman 375 años de prisión.

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El padre de uno de los detenidos de Alsasua: “no pedimos impunidad, pedimos justicia”

Interior de una celda. Foto: Jorge González.

El proceso sigue abierto y pendiente de juicio, así que todo son supuestos. La instrucción del caso sostiene que el 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles (un sargento y un teniente) que no estaban de servicio y sus respectivas parejas fueron agredidas durante una pelea en un bar de Alsasua, una pequeña localidad de Navarra. Uno de los agentes terminó con una fractura de tobillo y las otras tres personas sufrieron policontusiones y magulladuras de carácter leve. Un mes después de los hechos, fueron detenidas ocho personas. En total hay 11 imputados, entre ellos dos menores de edad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de 50 años de prisión por lesiones terroristas para seis de los detenidos; 62 para otro de ellos, al que suma la acusación de amenaza terrorista, y 12 para otro acusado, al que solo imputa este último delito. Las familias de los acusados y quienes les conocen no dan crédito a lo que está pasando. La Marea conversa con el padre de uno de los tres jóvenes que siguen detenidos horas después de la multitudinaria concentración de apoyo que tuvo lugar este viernes en Pamplona. Pide que no revelemos su nombre para no restar protagonismo a las familias de los demás acusados.

¿En qué momento del proceso se encuentran?

El día 4 de este mes salieron las peticiones de penas, que son estrambóticas. Piden 375 años para los ocho imputados, desde 62 años para el que más, hasta 12 y medio para el que menos. Estamos desencajados ante la desproporcionalidad con la que se ha tratado el tema desde el principio. Ahora estamos a la espera de juicio, se espera que sea en otoño.

¿Por qué están tardando tanto?

Nos están diciendo que las cosas suelen ir más lentas pero que en principio lo están acelerando. Aquí hay tres encarcelados. Se llegó a decir que fue un linchamiento de 20, 40 personas, pero después imputaron a 11 personas, entre ellas dos menores, y seguimos sin entender el tratamiento que se le ha dado a todo esto, una pelea de bar a altas horas de la madrugada.

¿Cómo están los detenidos?

Bueno, uno es hijo mío. Ellos en principio están en régimen FIES [Ficheros Internos de Especial Seguimiento], con tratamiento de terrorismo y las condiciones que ello requiere. Está todo intervenido, las comunicaciones, las cartas… Cuando vas a la visita en el auditorio, están encerrados con llave. En el caso de mi hijo estamos hablando de un chaval de 21 años al que se trata de terrorista. Es muy dura esta situación. Al principio estuvieron en la prisión de Soto del Real los tres, en módulos diferentes, pero hace poco más de un mes los trasladaron a cárceles diferentes de Madrid.

¿Qué ha cambiado en el pueblo desde que empezó todo esto?

Lo criminalizaron. Este es un pueblo muy dinámico, toda la vida ha venido gente de otras partes del estado, de Extremadura, de Castilla… Este es un pueblo variopinto que siempre ha recibido con los brazos abiertos a la gente, un pueblo que está totalmente unido. Han conseguido el efecto contrario de lo que querían. Estamos desbordados por el despliegue de solidaridad, se respira en la calle. Se creó una plataforma de apoyo a los detenidos, y ayer en Pamplona esta plataforma organizó una manifestación y llenó la Plaza del Castillo, que no es un trabajo fácil.

¿Cómo ha cambiado Alsasua desde aquella noche de octubre?

Esto lo han sacado de madre los medios de comunicación. Pensamos que esto puede estar orquestado desde antes. Una pelea de barrio, a las cinco de la mañana, con alcohol… Eso ha ocurrido en todas partes cada dos por tres. Hace poco hubo una en Lugo y otra en los sanfermines. Cuando en esos casos hay atentado contra la autoridad, se dirime en un juicio rápido, cuatro o seis meses de cárcel, la denuncia correspondiente y no va a más. En este caso le han dado todo el matiz político que han querido. Aquí cuando ETA dejó la actividad armada, se respiraba un clima normal, no había ese distanciamiento que han querido mostrar. Una de las novias de los guardias civiles llevaba 15 días en el pueblo y habló de Alsasua como si llevara toda la vida, poniendo en boca de gente del pueblo actividades que no se han dado ni en la época más difícil de Alsasua. Es terrible el tratamiento que se le ha dado este tema, las mentiras que se han vertido sobre el pueblo… Por ejemplo, aquí hay una carretera que divide el pueblo por la mitad. Muchos medios dijeron que uno de los márgenes, la parte del casco viejo, era la zona abertzale y la otra la nacional, cuando la realidad es que aquí en cualquier parte del pueblo se respira tranquilidad y normalidad. Es estrambótico.

¿Cómo ha enturbiado esto la percepción en el pueblo hacia los cuerpos de seguridad?

El temor está ahí. Han implicado a chavales por el hecho de estar ahí, y en este caso podría haber sido cualquiera que estuviera en el bar o fuera. Imagino que ahora levantarán el pie del acelerador en montajes de este tipo porque la gente no es tonta y se da cuenta de que esto está totalmente fuera de sitio, porque se les ha ido de las manos.

¿Alguien del entorno de la Guardia Civil se ha solidarizado con ustedes?

Sí. Mira, incluso el coronel jefe de la Guarda Civil en Navarra, cuando pasó toda esta vorágine a finales de noviembre, hizo una intervención pública que no trascendió a nivel nacional. Estamos hablando del coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra. Dijo que Alsasua no es territorio hostil, que es un pueblo normal, con convivencia normal con la Guardia Civil.

El juez Baltasar Garzón, que ejerció en la misma Audiencia Nacional que ahora juzga este caso, volvió a repetir hace unos días que había una actuación desorbitada por parte de la Justicia. El fiscal Perlas pide en total 375 años de cárcel. En opinión de ustedes los familiares, ¿qué sería lo justo?

Nosotros no somos jueces. Lo primero que pedíamos era presunción de inocencia, que no la hubo en ningún momento. Desde el principio se criminalizó a los chavales. También pedimos que se haga una investigación real de los hechos, porque la instrucción de este caso se hizo basándose únicamente en el testimonio de los guardias civiles y sus compañeras. Pedimos justicia, proporcionalidad, que se juzgue esto en la verdadera medida de lo que fue. No pedimos impunidad. Estamos hablando de una pelea a las cinco de la mañana que acaba con un tobillo roto. Llegaron a decir que fue un linchamiento de 50 personas, pero si así hubiera sido, los habrían matado.

Los imputados son personas jóvenes sin antecedentes. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo les está afectando todo esto?

Imagínate. El mayor tiene 30 años, ese salía de trabajar y se asomó allí por casualidad. Le marcaron y ahora está imputado y podrían caerle 60 años encima. El resto son chavales, la menor tiene 17 años. Son estudiantes. Te puedo hablar de todos porque esto es un pueblo de 7.000 habitantes. Mi hijo es estudiante, aficionado al deporte, hacía una vida normal. No estaba metido en política, a pesar de lo que han dicho. Chavales normales, cada uno con su ideología, que están estudiando, haciendo vida normal. No les dan libertad porque, según el auto, son hijos de familias arraigadas, y el propio arraigo dicen que puede provocar que les facilitemos la huida. Antes eran los desarraigados los que podían huir en un caso así, pero en nuestro caso dicen que nosotros podríamos facilitar su huida. Es totalmente desproporcionado. Aquí la concentración de ayer fue tan multitudinaria porque la gente ve lo que está pasando. Por desgracia eso no se ve fuera, no trasciende más allá de los medios locales.

Muchos medios han difundido una versión caricaturizada de ustedes: familias sombrías, ultranacionalistas, del entorno de ETA… ¿Usted cómo responde a eso?

A mí me produce risa. Yo no soy ultranacionalista ni mucho menos. En el grupo hay gente de ideologías totalmente diferentes. Lo estamos llevando en grupo porque todo esto no es más que una pelea de barrio y no lo estamos politizando como lo han querido politizar ellos. Cada uno tiene su forma de pensar, pero eso no es un crimen. Otra cosa es que actúes de forma violenta. No hay nadie del grupo que sea una persona violenta, nadie ha estado nunca detenido… Que nos criminalicen así no es más que otra parte del relato que están generando sobre este tema.

¿Han recibido alguna amenaza?

No. Más allá de lo que se ha publicado en algunos medios, no hemos recibido amenazas personales.

¿Destacaría alguna muestra de solidaridad que le haya marcado de forma especial?

Las más cercanas. Todas esas muestras son muy importantes y las agradecemos todas. El 26 de noviembre a la primera manifestación que se hizo acudieron 20.000 personas. Imagínate 20.000 personas manifestándose en silencio en un pueblo de 7.000 habitantes. Vas por la calle y te están dando abrazos, el apoyo de decir “esto hay que desmontarlo, es una vergüenza”. La solidaridad de todo el mundo es muy importante, desde la más cercana hasta la que viene de Europa, pero ese apoyo cálido y cercano de un abrazo es el que te llega más.

¿A que se agarran en estos momentos para mantener la esperanza?

A la justicia. No pedimos otra cosa que justicia. Viendo cómo se están desarrollando las cosas, tenemos miedo, pánico. Estamos totalmente desamparados. Se ha establecido un relato totalmente diferente al real y no sabemos a qué obedece todo esto. El apoyo de la gente es lo que hace que podamos tirar para adelante y seguir luchando. Solo pedimos justicia.
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