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Defender Madrid de Montoro y de los recortes

PABLO CARMONA*// Con los últimos acontecimientos sobre el presupuesto de Madrid se demuestra que, en materia de austeridad, Madrid constituye el campo de pruebas más avanzado de nuestro país. El culebrón de tecnicismos y cifras sobre el presupuesto madrileño que ocupa la agenda pública no responde más que a una batalla política. De un lado, el gobierno del PP quiere secar las arcas municipales e intervenir sus cuentas. Del otro, el Ayuntamiento de Madrid defiende a capa y espada un presupuesto con un enorme superávit capaz de cubrir buena parte de las necesidades sociales y las inversiones que tanto demanda la ciudad.

Las reglas del juego vienen marcadas por el famoso artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro. Esta ley –además de aplicarse–, ha sido interpretada y retorcida en la persecución contra Madrid desde los más amplios malabarismos políticos. De nada han valido las muestras de solvencia, e incluso las concesiones en forma de recortes no estructurales que se han hecho desde el Ayuntamiento en sus últimos documentos, todos los intentos han sido tumbados. Sencillamente, Montoro no busca un acuerdo con Madrid, sino su rendición.

Como se ha ratificado en los últimos días, son muchas las administraciones que incumplen la regla de gasto, pero los mismos criterios de estabilidad que valen para otras administraciones no son efectivos para Madrid. El propio Montoro, año tras año, tiene que pedir prórrogas a Bruselas producto de sus reiterados incumplimientos con los compromisos adquiridos en materia de déficit y deuda pública. Sin embargo, el color político del gobierno de Madrid y el de algunas comunidades autónomas o ayuntamientos, son dos muy distintos y ahí está la clave del problema. Madrid se ha convertido en objetivo político evidente.

La Troika manda. Montoro te interviene

Mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha tratado –cumpliendo todos los objetivos de estabilidad–, de desarrollar políticas sociales, de fomentar la inversión en las necesidades más básicas de los madrileños y las madrileñas, el gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido con el papel que tiene asignado desde Bruselas. Algo así como el lobo que guarda a las gallinas. El marco europeo es meridianamente claro: el Gobierno español tiene toda la comprensión en sus incumplimientos de objetivos con Bruselas, mientras mantenga a raya a aquellas administraciones que demuestran con sus prácticas que el presupuesto público puede dedicarse a cubrir las necesidades sociales. El objetivo es sustraer recursos destinados a atender las graves desigualdades sociales que acrecentó la crisis para desviarlos con el único fin de engrosar las cuentas de resultados del sistema financiero. Sin duda, este es el pecado original de Ahora Madrid que Montoro no puede consentir. Solo así se entiende la fiereza y la intransigencia e incluso las interpretaciones fuera de la ley con las que ataca nuestras cuentas públicas.

Una vez que la maquinaria de recortes se pone en marcha, la lógica es aplastante. Lo que no se ganó en las urnas, se gana por la fuerza. La Ley de Estabilidad funciona en la práctica de acuerdo con la doctrina del shock, una vez se pone en funcionamiento se empiezan a aplicar las medidas más severas. En apariencia, para las administraciones se presenta el siguiente dilema: ajustarse a los dictados o ser intervenido, pero la realidad es que cualquiera de las dos opciones suponen una intervención real. 

La intervención de las cuentas públicas por parte del Ministerio de Hacienda aparece como la amenaza inmediata y conlleva la pérdida de toda autonomía sobre el motor político de cualquier gobierno, sus presupuestos. Pero si uno se detiene y piensa con cierta frialdad, se puede comprobar que tal dilema no existe. En realidad, el dilema se resume entre acatar los recortes –esto es, recortar de motu proprio–, o esperar a ser intervenido y que se apliquen exactamente los mismos recortes.

¿Qué se juega en Madrid? 

Como decíamos, Madrid es el laboratorio a la hora de aplicar estas políticas de austeridad. La primera pregunta es, por tanto, ¿por qué este nivel de celo y de presión sobre la ciudad de Madrid? ¿Por qué este ataque tan persistente y determinado sobre nuestro presupuesto? De manera automática se presenta la siguiente respuesta: este ataque se produce porque Madrid es uno de los símbolos del llamado cambio político. No obstante, si buceamos un poco más, se pueden añadir nuevas cuestiones. ¿Por qué razón se aplican con tanta rigidez medidas que fueron diseñadas para controlar el gasto en los peores años de la crisis? ¿No es lógico que cuando algunas administraciones han saneado sus cuentas se permita mayores niveles de inversión y prestación de servicios? Si aceptamos la premisa de que las crisis está pasando, ya no sería necesario el rigor en la imposición de recortes del pasado. Parece algo lógico, pero no es así.

En definitiva, en estos momentos no nos enfrentamos a la pasada crisis. Más bien estamos ante un nuevo ensayo general de gobierno en las escalas regionales y locales. Justo ahora que estamos a las puertas de un nuevo periodo de dificultades económicas. La eliminación de estímulos financieros por parte del Banco Central Europeo nos avoca a una nueva fase de estancamiento o recesión y Madrid constituye un laboratorio de escala media, un modelo para testar nuevos procesos de recortes a los Estados del bienestar europeos, un ensayo políticamente muy rentable. Cuando los Estados se articulan cada vez más en complejas estructuras, compuestas de administraciones locales y regionales más diversas, exigen que los mecanismos centralizados del gobierno financiero –el encargo principal del que se ocupa el gobierno del PP–, estén bien engrasados. Solo atendiendo a esta clave entenderemos el marco más amplio de la situación.

En estos días el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado y aprobado que aceptará las condiciones exigidas por Montoro. A cambio, se retirarán las medidas judiciales que han paralizado algunas inversiones y también los contenciosos emprendidos por el Ayuntamiento en su legítima defensa. Se trata de un nuevo Plan Económico Financiero que incluya todas los recortes exigidos por el gobierno del Partido Popular. Valga decir que grosso modo y a falta de tener el detalle presupuestario, estamos hablando de un recorte en los gastos no financieros de cerca de 550 millones de euros, solo en el primer año. Recortes que afectarán fundamentalmente a tres líneas de gasto: la imposibilidad de desarrollar nuevos programas sociales de calado, el incumplimiento de las mejoras laborales pactadas en el último año con los sectores más precarios del Ayuntamiento de Madrid y la reducción de las inversiones de la ciudad en más de un 80%. Los nuevos centros culturales, las escuelas infantiles, los polideportivos, los centros de mayores, las escuelas de música y la gran mayoría de las nuevas instalaciones prometidas (la práctica totalidad del plan de gobierno de la ciudad en materia de inversiones) no se podrán realizar.

¿Qué hacer ante esta situación? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es clara. Para el gobierno de Ahora Madrid es inasumible cerrar la legislatura aprobando recortes multimillonarios. Continuar la batalla en este sentido significa no ceder ante las exigencias de Montoro y abrir un frente político en el que se debatan las medidas de austeridad y sus consecuencias, donde las reglas del juego cambien en favor del sentido común y donde los recortes no se presenten como la única alternativa posible. En definitiva, ser parte actora clave en este conflicto y no cómplice o ejecutor del mismo. Es nuestra responsabilidad que las inversiones y el gasto social al que se puede comprometer Madrid se lleve a cabo, como también es necesario entender que –en el fondo–, lo que está en juego es quién gobierna las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid, un gobierno elegido en las urnas o un ministro que actúa al dictado de la Troika. 

El dilema de Ahora Madrid no se resuelve con convertirse en un buen aparato de gestión de la realidad dada, además de impuesta. Ahora Madrid tiene el reto de apuntar un camino de transformación política en nuestra ciudad, asumiendo que su papel debe expresar la rebeldía y el programa político que hicieron posible nuestra candidatura, sin aceptar la cultura política del neoliberalismo triunfante, ni sus líneas programáticas.   

* Pablo Carmona es concejal de Ahora Madrid, presidente de las Juntas Municipales de Salamanca y Moratalaz y miembro de Ganemos Madrid.

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PP y Ciudadanos piden en plenos municipales cancelar las suscripciones a ‘La Marea’ por motivos ideológicos

MADRID // El Partido Popular ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que elimine las suscripciones municipales a La Marea y Diagonal por motivos ideológicos. No ocurre lo mismo con otras publicaciones de distinto posicionamiento editorial, como ABC, El País o La Razón. Los populares han exigido al consistorio a través de distintas vías —en comisión, en plenos de Juntas de Distrito y en preguntas al Gobierno de Ahora Madrid— que se rescindan estas suscripciones lo antes posible.

El pasado 22 de febrero, Marta Higueras, primera teniente de alcalde de Madrid, ya respondió en la Comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a preguntas de la concejal del PP Beatriz Elorriaga Pisarik que La Marea y Diagonal son dos revistas más dentro de la amplia oferta de la que disponen los centros de jubilados: “En todos los centros se cuenta con carácter general con suscripciones a los diarios ABC, El País, El Mundo y La Razón, y también a diarios deportivos como As o Marca. Es también frecuente en algún distrito encontrar habitualmente publicaciones gratuitas de índole local, como El Distrito o el periódico de las asociaciones Gente, La Gaceta, La Gaceta Local o Distrito-21″.

Un argumento que no convenció a Elorriaga, quien rebatió que no se debía aumentar la oferta con cabeceras como La Marea o Diagonal por sus posicionamientos editoriales: “Tampoco consideramos que estas revistas sean principales ni sean de información general; desde luego La Marea y Diagonal son revistas de marcado carácter ideológico, con una clara tendencia política”. 

La revista mensual La Marea cuenta con 3.400 suscripciones. El Ayuntamiento de Madrid tiene actualmente 38 suscripciones, que incluyen 12 números en papel. Cada una de ellas alcanza una tarifa de 50 o 60 euros, dependiendo del precio vigente en el momento de darse de alta, repartidas entre seis distritos (Latina, Tetuán, Ciudad Lineal, Chamartín, Moncloa-Aravaca y Moratalaz). Además, el distrito de Fuencarral-El Pardo recibe La Marea a través de un contrato con una empresa subsidiaria a la distribuidora Logintegral. MásPúblico Sociedad Cooperativa, empresa editora de La Marea, ignora si en otros distritos reciben la revista a través de esa vía.

La campaña del Partido Popular continúo en los plenos de las Juntas de Distrito. En el celebrado este jueves en Carabanchel, el vocal del PP, José María Lorenzo Moreno, acusó al gobierno de Ahora Madrid de manipular y adoctrinar a los ancianos por ofrecer ambas revistas entre las opciones de prensa, a las que calificó “de carácter ideológico y de su círculo más cercano”. Lorenzo, además, comparó erróneamente precios en las suscripciones, al no tener en cuenta la periodicidad de las publicaciones. Así, el concejal insistió en que el precio del diario As era de 0,93 euros, por los 4,23 euros de La Marea, sin considerar que el medio deportivo es de periodicidad diaria y la revista es mensual. Asimismo, obvió que Diagonal dejó de publicarse el pasado 15 de diciembre, tal como le recordó el portavoz de Ahora Madrid.

Ciudananos, a través de su vocal Francisco Rubio, se unió a la petición del PP de Carabanchel de cancelar las suscripciones. Rubio consideró “poco ético que el dinero público se utilice para sufragar medios periodísticos minoritarios, partidistas y de ideologías trasnochadas y claramente antisistema. Estos medios no contribuyen a formar, educar e informar, sino todo lo contrario”. Bosco Labrado, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, también votó a favor de esta moción. Sin embargo, Begoña Villacís, portavoz de la formación naranja en el consistorio, se ha desmarcado completamente del posicionamiento de su grupo en la Junta de Distrito y ha asegurado que dará instrucciones a los coordinadores para votar en contra de cualquier moción del PP en este sentido. “Ha sido un error que no podemos volver a cometer”, ha insistido.

El portavoz del PSOE en Carabanchel, Rafael José Vélez, que votó en contra de la moción, aseguró que no sería su grupo el que negara a nadie mayor pluralidad informativa. “Me arriesgaré a que me adoctrinen, porque me he suscrito a una de las publicaciones” 

Esther Gómez Morante, concejal de Ahora Madrid y presidenta del distrito de Carabanchel, reprochó al PP y Ciudadanos que trataran a las personas mayores como si fueran menores de edad por creer que saben qué es lo que quieren leer y qué lecturas buscan adoctrinarles. Además, explicó que lo único que ha hecho la Junta de Gobierno ha sido ampliar la oferta editorial al incluir el diario ABC, El País, As, Diagonal y La Marea, frente a años anteriores, cuando el PP se limitaba a una suscripción a El Mundo y otra a La Razón. “La libertad de prensa en este país existe. Yo entiendo que ustedes no se la crean demasiado, pero como existe todo el mundo tiene derecho a leer lo que quiera y a acceder a la información lo más plural posible”, sostuvo.

En un receso, a preguntas de La Marea, el concejal del PP José María Lorenzo Moreno admitió que “nunca” había leído la revista pero que había buscado que es una publicación surgida del diario Público y por eso sabía “de qué pie cojea”. Tras ser cuestionado por la discriminación ideológica frente a otras publicaciones como ABC o La Razón, Lorenzo Moreno increpó a este redactor. “¡Qué pretende usted! ¡Que qué pretende usted!”, fue su respuesta. Al incidir en la pregunta, el edil contestó: “Por personas como usted… y no use esa grabación porque como la use le voy a denunciar”. Ningún responsable del PP ha querido hablar con La Marea para explicar la posición oficial del partido.  

El Ayuntamiento de Madrid no es la única institución pública suscrita a esta revista. En estos momentos hay suscripciones activas con la Universidad de Salamanca, la Universidad del País Vasco, la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, la Biblioteca Pública de Segovia, diversas bibliotecas a través de la Diputación de
Barcelona. También en el extranjero, entre las que destacan las contratadas por la Biblioteca Municipal de Lyon (Francia) y la Universidad de Uppsala (Suecia).

https://www.youtube.com/watch?v=FIA04WmK7QQ&feature=youtu.be

 

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La incoherente preocupación del PP por los derechos humanos en Venezuela

ANA ENCINAS DÍAZ* // La contribución más destacada de Percival Manglano a la gestión de la ciudad de Madrid este mes es una proposición para que el pleno del Ayuntamiento de Madrid exija a las autoridades venezolanas la “inmediata liberación de Leopoldo López, Antonio Ledezma y todos los demás presos políticos encarcelados en Venezuela”. Sin tener la más mínima intención de discurrir acerca de lo que el señor Manglano entiende por “presos políticos”, la aportación de este concejal del PP para los habitantes de Madrid en el mes de febrero remueve en quien firma este texto una mezcla de sensaciones que van desde el bochorno hasta las ganas de chanza.

Más allá del humor con el que se aborde este filón que el Partido Popular cree haber encontrado en Venezuela, lo cierto es que Percival Manglano nos trae un poco más de lo de siempre: un nuevo episodio de guerra cultural que, previsiblemente, tendrá poco recorrido pero que bien le vale para llevarse unos cuantos titulares y, con hilos bien movidos, arañar unos minutos en televisión. La cuestión es la siguiente: ¿Es el pleno del Ayuntamiento de Madrid el lugar desde el que hacer este tipo de reivindicaciones políticas? ¿Aceptaríamos que el Ayuntamiento de Caracas se posicionase sobre la imputación de todo el PP en la trama Gürtel? ¿Y si la alcaldesa de Maracaibo exigiese la inmediata entrada en prisión de Iñaki Urdangarín o Rodrigo Rato?

Volvamos a Madrid. Entre las atribuciones del pleno se encuentran la fiscalización y control del gobierno de la ciudad, la aprobación de ordenanzas y reglamentos municipales, la aprobación de presupuestos, los acuerdos de participación o la definición de la forma de gestión de los servicios públicos, entre otras funciones. Se le supone el espacio donde representantes de distintas sensibilidades políticas de la ciudad canalizan sus propuestas e inquietudes para debatirlas y, si hay mayoría, aprobarlas. Desde otra perspectiva, podemos considerar que el pleno es el lugar desde el que los grupos políticos que están fuera del gobierno pueden exponer sus ideas para mejorar la vida de quienes viven en esta ciudad, defenderlas y forzar que se lleven a cabo, independientemente de la tendencia política de quien ocupe el sillón de la alcaldía. Irremediablemente, tenemos que detenernos ante otra pregunta: ¿Cómo va a mejorar la vida de madrileñas y madrileños la aprobación o no de esta proposición?

Cubazuela del norte y otras batallas culturales que suenan a broma

La fijación de la derecha por Venezuela en general y contra las decisiones de su gobierno en particular no es nueva ni mucho menos está exenta de contradicciones. A pesar del apoyo explícito de Aznar al golpe de Estado de 2002 contra Chávez –en el que participaron Capriles y Leopoldo López–, su colega Morenés nos contaba en 2012 que veía en Chávez “un gran amigo” de España. La declaración se hacía con motivo de la visita a Caracas de una conocida empresa española que se dedica a la fabricación de material militar. También nos dijeron los observadores internacionales que asistieron a las últimas elecciones presidenciales en Venezuela (entre los que había parlamentarios del PP y del PSOE) lo siguiente: “Creemos que el resultado electoral es fiable por contrastable y porque asegura el ejercicio libre, secreto y universal del voto”.

No sirve, pues, escudarse en los derechos humanos para motivar el uso interesado que hace el PP de la situación política en Venezuela, a pesar de reconocerles su derecho a la preocupación por la política internacional. Tendría sentido, eso sí, si alargasen la vista y cuestionasen también las visitas y negocios del rey en Arabia Saudí, la situación del Sáhara o el avance de la extrema derecha en Europa. Tampoco sobraría que en su labor política se preocupasen por vulneraciones que se dan en nuestro país y de las que casi siempre han sido cómplices o ejecutores: baste hablar de la Ley Mordaza o de la valla y las concertinas de Melilla, por ejemplo. Quizá después de ver los resultados de su defensa de los derechos humanos en estos ámbitos podríamos tomar en serio su acción y alejar la sospecha de que esta campaña constante a favor de los opositores venezolanos en realidad está vinculada con algo que va más allá de una guerra cultural o de la defensa de los negocios de la familia Capriles en Madrid.

El objetivo tras este uso partidista de las instituciones es situar en la agenda pública un tema que, en esta ocasión, el PP quiere volver a colocar desde una perspectiva que nace sesgada y para ello se aprovecha del interés que en la prensa genera una sesión plenaria. Presión institucional y miedo mediático para trasladar un mensaje moralista que intenta ligar los intereses neoliberales y conservadores de determinada facción del PP con el interés de la población de Madrid. No es una práctica desconocida y el mismo grupo la ha utilizado con diferentes resultados. Consiguieron hace poco más de un año que el gobierno de Ahora Madrid denunciase a unos titiriteros que no habían cometido ningún delito y llevar ante los tribunales a un concejal por hacer unos chistes en Twitter, pero otras veces no fueron más allá de la parodia y del “no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena”. ¿Por qué no valerse de las víctimas del terrorismo o de los propios hijos para poner contra las cuerdas a un gobierno de cambio? Al fin y al cabo, mejor que la gente en Madrid opine sobre las “desastrosas consecuencias” que tiene esto y no de la Ley de Gasto que Montoro impone a las cuentas municipales, ¿no?

*Ana Encinas Díaz es miembro de Ganemos Madrid.

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Madrid abre la puerta a la prohibición de los circos con animales

Circo con animales.

Madrid se suma a la larga lista de ciudades y municipios españoles que rechazan la utilización de animales salvajes en los circos. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este martes una propuesta presentada conjuntamente por el gobierno de Ahora Madrid y el PSOE que contempla una nueva ordenanza municipal que vete este tipo de espectáculos, tanto en terrenos de titularidad pública como privada.

En la propuesta, Ahora Madrid y PSOE sostienen que “en los circos, los animales suelen vivir en condiciones de cautividad, alojados en jaulas y contenedores donde apenas se pueden mover y transportados a largas distancias en remolques de camiones que no satisfacen sus necesidades físicas más básicas”. Del mismo modo, la propuesta añade que muchos de esos animales que señalan nacidos en cautividad “mantienen instintos naturales”, por lo que “son sometidos a procesos de aprendizaje en los que se les obliga, a veces con violencia, a realizar comportamientos que son completamente antinaturales para su especie”.

“La ordenanza está actualmente en fase de redacción y aún le quedan unos meses para elevarse a la Junta de Gobierno”, explica el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Madrid. Una vez terminada, dicha ordenanza tendrá que volver a Pleno para ser aprobada.

El grupo de trabajo que está redactando el texto normativo está compuesto por la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid, Justicia Animal, representantes del Colegio Oficial de Veterinarios, facultades de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Alfonso X El Sabio, Policía Municipal, SEPRONA y servicios técnicos de Madrid Salud.

Alegría entre los animalistas

La decisión no ha estado exenta de cierta polémica. Los trabajadores del Circo Quirós, que estos días representa su espectáculo en Madrid, han expresado su disconformidad con una manifestación a las puertas del Ayuntamiento. Denuncian no haber sido consultados para la toma de esta decisión, así como el impacto que tendrá para el sector. También recuerdan que la suya es una actividad ganadera y que, como tal, está sometida a los pertinentes controles sanitarios.

Por su parte, los grupos animalistas han celebrado la noticia, destacando la importancia que tiene en la lucha contra el maltrato animal. Matilde Cubillo, de Justicia Animal, explica que “la noticia es muy importante, porque abre las puertas a que se den pasos parecidos en otros municipios de la Comunidad de Madrid”. Aun así, aclara que desde su organización les hubiera gustado que la prohibición se hiciera extensible a todos los animales, y no sólo a los considerados salvajes, aunque valora que “se estén dando pequeños pasos”. En ese sentido, desde otras organizaciones como Igualdad Animal, su portavoz, Javier Moreno, señala que “en la práctica, la prohibición de animales salvajes supone irremediablemente que muchos circos no puedan instalarse en Madrid, ya que algunos de sus espectáculos ‘estrella’ se basan en humillar a animales salvajes”.

“Detrás de esta aprobación hay mucho trabajo, por lo que estamos satisfechos”, apunta Cubillo. Del mismo modo, la organización recuerda que en la aprobación de la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid se intentó sacar adelante un texto que terminase con la utilización de animales en los circos, algo que fue rechazado por el Partido Popular y Ciudadanos. 

En La Marea de este mes se incluye el reportaje ¿Hacia un circo sin animales? Puedes adquirirlo en estos puntos de venta o en nuestra web.

 

 

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