“Es el deber del Gobierno anular la Ley de Conservación de Datos”

Graffiti de Banksy frente a una cámara de circuito cerrado.

Internet es testigo de una batalla silenciosa desde hace años. A un lado, intereses privados y partidistas representados por lobbies e incluso gobiernos; al otro, colectivos ciudadanos como Xnet, que desde 2008 lucha en favor de la democracia en la red. Entre los asuntos que están en juego hay temas cruciales para el futuro de la sociedad, como la libertad de expresión en Internet, la privacidad y neutralidad en la red o la protección legal de los alertadores o whistleblowers que filtran pruebas sobre casos de corrupción, evasión fiscal o abuso de poder por parte de gobiernos y corporaciones.

El año pasado los colectivos ciudadanos ganaron un importante pulso en el seno de la Unión Europea que se materializó en una sentencia del Tribunal de Justicia europeo que deja en la cuerda floja a, entre otras, la Ley española de Conservación de Datos, la misma que obliga a las operadoras a guardar información pormenorizada de la actividad de sus usuarios, desde las páginas que visitan hasta las personas con las que hablan.

Este miércoles Xnet entregó su Agenda Digital 2017 a los distintos grupos parlamentarios y al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En el documento, el colectivo marca una hoja de ruta en defensa de los derechos y libertades digitales y lanza varias propuestas para mejorar las posibilidades de aprender e innovar a través de Internet. Alfonso Sánchez, informático y químico miembro de Xnet, explica los principales desafíos presentes y futuros en defensa de los derechos en la red.

¿Cuáles son actualmente los temas prioritarios en el ámbito digital?

Los temas más urgentes son aquellos relacionados con enmendar legislaciones que ya existen. A nivel de España, lo más urgente es conseguir la nulidad de la Ley de Conservación de Datos, que ya fue tumbada por la Justicia europea. En España y otros países se hicieron los locos y mantuvieron esta ley, que es totalmente invasiva con la privacidad, hasta que por segunda vez, en 2016, el Tribunal de Justicia europeo volvió a pedir su anulación. También es importante vigilar que las normas que salieron adelante en favor de la neutralidad de Internet se pongan en práctica y no se permita que las telecos abusen. Otro tema clave es la transposición de la Directiva europea de Secretos Comerciales, que pone el secreto comercial por encima del derecho de la ciudadanía a conocer información de interés, y pone en peligro a periodistas y alertadores, para quienes pedimos protección.

¿Han recibido alguna respuesta por parte del Ministerio o de algún partido político tras la entrega de la agenda 2017?

De momento hemos recibido los acuses de recibo del Ministerio y de partidos como el PP y Ciudadanos. Estamos a la espera de que se reúnan con la sociedad civil y empecemos a trabajar estos temas. La ciudadanía sigue infrarrepresentada frente a los lobbies.

¿Esperan que este año haya avances significativos en algún área en concreto?

En realidad somos optimistas por varias razones. Por ejemplo, el tema de la privacidad y la conservación de datos es tan flagrante que no se sostiene. Hay que estar atentos para que el Gobierno cumpla con su deber, que es anular la Ley de Conservación de Datos. Si el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital hace su trabajo, esta batalla en principio no tendría que tener más dificultad. En lo que no somos tan optimistas es en la lucha que más va afectar a los derechos digitales a nivel europeo. El año pasado fue la neutralidad de la red, y este año la directiva sobre el derecho de autor de la Unión Europea, que es de 2001 y necesita actualizarse, solo que esta actualización en vez de aprovechar el potencial de Internet y hacerlo más abierto para que la gente pueda innovar y florezca la economía, lo que ha hecho es escuchar a los viejos lobbies, a las grandes empresas del copyright y las entidades de gestión, que ven cómo sus imperios se desmoronan y presionan para poner más restricciones al copyright y a Internet.

¿De qué manera afecta la Ley Mordaza a las libertades en el ámbito digital?

La Ley Mordaza criminaliza a la red con medidas que limitan la libertad de expresión en Internet, como la libertad para convocar una manifestación. También incluye acciones policiales a través de Internet que son impensables en la calle. La Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye cosas como que un agente puede incitarte al delito para después acusarte, un sinsentido. Es muy importante defender la libertad de información y de expresión en internet, para que podamos ver casos de corrupción y organizarnos en las redes para actuar.

Hace poco una tuitera que bromeó con la muerte de Carrero Blanco fue sentenciada a una pena de cárcel. ¿Qué opina al respecto?

No conozco al detalle este caso y no soy abogado, pero sí puedo decirte que se deben aplicar normas constitucionales y respetar la libertad de expresión de esta chica, de la propia sátira política.

¿Cuál es su apuesta para regular los derechos de autor en el poroso mundo digital?

Potenciamos los nuevos modelos de difusión de la cultura, que además están triunfando y se están comiendo a instituciones que no han sabido innovar. Si el modelo de la SGAE no funciona, la culpa no es de la ciudadanía. Hay otros servicios, como la música en streaming o la televisión en Internet, que también están teniendo éxito porque han sabido aprovechar la tecnología. Respecto al copyright, hay que buscar un equilibrio entre la dictadura de los intermediarios, sociedades de derechos de autor, discográficas… Para que pongan en valor los derechos de la ciudadanía a acceder fácilmente a contenido de calidad y no pagar mil veces por el mismo contenido, y que los beneficios tengan mayor repercusión sobre los autores y artistas que los crean, y que no se queden solo en manos de los intermediarios que se dedican a hacer lobby legal.

¿Qué sucede con el canon por copia privada?

No es fácil de explicar porque es una auténtica aberración. Se trata de un canon, una tasa que paga la gente al comprar materiales capaces de copiar contenidos, desde una fotocopiadora hasta un CD o un disco duro. Se tiene en cuenta que pueden utilizar estos dispositivos para hacer copias de contenidos culturales y que eso supone un prejuicio para la industria cultural. Al pagar este canon, se da por sentado que vas a hacer copias aunque en realidad uses el CD para guardar los vídeos de tus vacaciones o utilices tu impresora para imprimir tu tesis doctoral. La Unión Europea ya ha llamado la atención al respecto en dos ocasiones. Pagas a la SGAE aunque no estés haciendo copias de ningún contenido con copyright. Pagamos todos por algo que apenas se hace, ¿quién copia hoy en día CDs?

Ustedes defienden el derecho a protección de los alertadores (whistleblowers) que filtran, por ejemplo, irregularidades fiscales o políticas. ¿Estamos más protegidos ahora que antes?

No se ha dado ningún paso legislativo en aras a proteger a los alertadores. Los países anglosajones llevan siglos teniendo leyes que protegen a quienes denuncian corrupción o abusos empresariales y políticos. Aquí en España no hay legislación a este respecto, y tampoco en la Unión Europea. Si en algo hemos avanzado, es en la consciencia de nuestra propia ciudadanía acerca de la importancia de la figura del alertador, del denunciante, para que estas personas sean protegidas. El otro gran avance se ha dado en las tecnologías, que ahora permiten filtrar información de manera totalmente anónima.

¿Qué países pueden servir de ejemplo por su red de Internet abierta, libre y competitiva?

En el tema de la neutralidad en la red, el modelo a seguir en la Unión Europea es Holanda, que antes de toda la lucha que se dio el año pasado ya protegía fuertemente la neutralidad de la red. A nivel global, hay casos como el de Chile, y también Estados Unidos, que al igual que la Unión Europea, tiene el marco para que sea fuerte pero habrá que legislar para que se desarrolle bien.

¿Hasta qué punto están vigilados los ciudadanos españoles? ¿Cree que se utilizan argumentos como la lucha antiterrorista para fortalecer aún más la vigilancia de los ciudadanos?

Totalmente. No sabemos hasta qué punto los ciudadanos están vigilados, porque esto solo se sabe cuando hay un “caso Snowden”. Lo que sí sabemos es que hay una ley vigente en España que obliga a las operadoras de Internet, como Telefónica, Vodafone u Orange, a guardar durante un año todos tus datos de conexión a la red, desde tu dirección IP hasta las páginas que visitas, tu historial de búsquedas o las personas con las que hablas.

¿Cuál es su postura frente a los bloqueadores de publicidad?

Nuestra postura no es blanco o negro. Por un lado defendemos firmemente que el usuario haga con su ancho de banda lo que quiera, y si no quiere ver publicidad, debe tener derecho a bloquearla, sobre todo cuando se le empuja a ello con el bombardeo publicitario, que llena Internet de anuncios invasivos, que rastrean tus preferencias y hasta tienen software dañino. Pero por otro lado también entendemos que es totalmente legítimo que una web que desarrolla contenidos pueda vivir de ello. Por tanto, pensamos que debería encontrarse una solución de consenso teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios de bloqueadores publicitarios los usan contra la publicidad invasiva, pero que si hay algún banner en la página, no es ningún problema. Hay que llegar a un punto medio en el que las web puedan ingresar por publicidad, como es legítimo, sin que los usuarios estén constantemente atacados por la publicidad. Es importante que estos límites no lo decidan los poderosos bloqueadores de publicidad, sino los legisladores y las agencias reguladoras de la competencia, para así evitar conflictos de intereses.

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