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La impunidad empresarial

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JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA Y PEDRO RAMIRO * // En 2009, Abengoa presentó una demanda contra México ante el CIADI, el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial. Lo hizo después de que una fuerte movilización social hubiera conseguido la paralización de una planta de gestión de residuos peligrosos de su propiedad en el Estado de Hidalgo, en una zona declarada área protegida por la UNESCO. Cuatro años más tarde, el laudo arbitral emitido por ese tribunal privado dictaminó que la empresa tenía que ser indemnizada con 31 millones de euros.

En 2012, Repsol interpuso ante ese mismo tribunal un recurso contra Argentina por la expropiación por parte del gobierno de Cristina Fernández de la que hasta entonces había sido su filial YPF. A la vez, la petrolera emprendió acciones legales ante tribunales nacionales en Buenos Aires, Nueva York y Madrid. Y se benefició de toda la presión política, económica y mediática ejercida por el Estado español y la Unión Europea. Dos años después, la multinacional llegó a un acuerdo con el gobierno argentino y fue compensada con 5.000 millones de dólares en títulos de deuda pública.

En 2014, ACS abandonó el proyecto de construir un depósito de gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona tras demostrarse la relación entre las inyecciones de gas y los cientos de terremotos que habían sufrido en esa zona. El Gobierno español asumió los costes del proyecto Castor e indemnizó al consorcio empresarial liderado por la constructora de Florentino Pérez con 1.350 millones de euros. Durante treinta años estaremos pagándolos en la factura del gas.

A principios de 2018, España se enfrenta a una treintena de demandas internacionales de arbitraje presentadas por diferentes transnacionales energéticas, fondos de inversión y sociedades de capital-riesgo. Son conglomerados empresariales que hace una década se lanzaron a hacer inversiones especulativas en el sector de las renovables, esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que hasta 2010 otorgó el Estado español. Pero cuando los gobiernos de Zapatero y Rajoy recortaron sucesivamente esas subvenciones, decidieron utilizar todos los instrumentos legales a su disposición para reclamar el dinero que iban a dejar de ganar. En caso de perder las demandas, el Estado se enfrenta al pago de miles de millones de euros en compensaciones.

Así funciona la lex mercatoria, el ordenamiento jurídico global basado en las normas sobre comercio e inversiones que protege los intereses de las grandes empresas por todo el mundo. Un entramado de contratos privados, tratados comerciales, acuerdos de inversión, políticas de ajuste, préstamos condicionados, disposiciones internacionales y laudos arbitrales que blindan los negocios de las multinacionales y sitúan los beneficios empresariales por encima de cualquier otra consideración. Un Derecho duro —vinculante, sancionador, coercitivo— que se basa en una idea de la seguridad jurídica únicamente vinculada a los intereses comerciales.

Es lo que hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad, que sitúa en el vértice de la pirámide normativa los derechos del capital transnacional y desplaza los derechos humanos al ámbito declarativo. Y que, mientras tutela con fuerza los intereses de las grandes corporaciones, ofrece la otra cara de la moneda a la hora de regular sus obligaciones. Estas se remiten a las legislaciones nacionales —previamente sometidas a las políticas neoliberales—, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos que es manifiestamente frágil, y a una “responsabilidad social” que opera como un Derecho blando (soft law) basado en la voluntariedad, la unilateralidad y la no-exigibilidad jurídica. Por decirlo con un ejemplo: mientras Abengoa, ACS y Repsol pueden recurrir a tribunales de arbitraje y presionan a los gobiernos para exigirles compensaciones por lesionar sus expectativas de negocio, las comunidades afectadas por las operaciones de estas multinacionales no tienen ninguna instancia internacional a la que llevar sus demandas.

Como se recoge en su Estrategia 2020, la política comercial y la acción exterior de la Unión Europea se orientan a “crear un entorno favorable para las empresas y facilitar su acceso a los mercados exteriores, incluidos los mercados públicos”. En este marco, todos los tratados de ‘libre comercio’ y los acuerdos de asociación firmados en los últimos años, junto a otros muchos que se están negociando en la actualidad tanto a nivel bilateral como multilateral, sirven para otorgar plena seguridad jurídica a esos negocios empresariales. La lex mercatoria avanza adecuando las diferentes normativas nacionales e internacionales a los intereses de las grandes corporaciones, fortaleciendo la armadura jurídica de la que estas son las principales beneficiarias.

No obstante, a pesar de este contexto de asimetría normativa entre el Derecho Corporativo Global y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se está avanzando en la formulación y puesta en práctica de propuestas alternativas para enfrentar la arquitectura jurídica de la impunidad. Diferentes organizaciones sociales, sindicatos e instituciones públicas están planteando la implantación de mecanismos de control para que, por lo menos, los derechos humanos se coloquen al mismo nivel que los derechos de las grandes empresas. Entre esas propuestas se encuentran, por ejemplo, denunciar los acuerdos comerciales cuando concluya su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; promover una normativa internacional para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos en todo el mundo; crear una corte mundial que complemente los mecanismos nacionales, regionales y universales. Todo ello con el objetivo de garantizar que las personas, comunidades y pueblos afectados tengan acceso la justicia por las violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

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Las grandes compañías españolas apoyan y aprovechan las privatizaciones en Brasil

Mariano Rajoy junto al presidente Michel Temer. Foto: Mercosur.

Difícil de construir, fácil de destruir. Brasil vive uno de los periodos más convulsos de las últimas décadas, pero la magnitud de los hechos y la velocidad con que se suceden dificultan la visión del conjunto. El gobierno –no electo– que preside el conservador Michel Temer avanzó en septiembre el paquete de privatizaciones más grande en la historia reciente del país, que afecta a 57 empresas públicas e infraestructuras. Este martes fue más allá al anunciar que sopesaba privatizar también Petrobras, la petrolera semiestatal de Brasil que es, además, la compañía más grande de América Latina.

Varias de estas privatizaciones coinciden con distintas peticiones formuladas por empresarios españoles en los últimos años. Un gesto que, según el periodista brasileño Pericles Carvalho, revela la desesperación del gobierno de Temer por recuperar la desconfianza ante los inversores.

Varias privatizaciones coinciden con peticiones formuladas a Temer por empresarios españoles. De las 57 empresas públicas en venta, la mayoría corresponden a los sectores del transporte, la construcción, la energía y las telecomunicaciones, en los que las multinacionales de España (entre ellas, varias antiguas compañías públicas) se hicieron fuertes en los años 90. Destacan el rol y la presencia de las constructoras Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial y OHL, que ya han mostrado interés por un lote de ocho autopistas y otras infraestructuras; Telefónica, que estudia hacerse con el control del primer satélite nacional de Brasil (su principal mercado, por delante de España); en el sector energético, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Repsol y Red Eléctrica de España estudian pujar por varias centrales hidroeléctricas, empresas de distribución (incluida Eletrobras, la mayor eléctrica del país), líneas de transmisión y pozos petrolíferos.

El presidente Michel Temer con Ana Botin, presidenta del Grupo Santander. Foto: Beto Barata/PR.

Aena, Adif y Renfe podrían hacerse con el control de algunos de los aeropuertos más rentables y transitados del país, además de la autopista Ferrovia Norte-Sur, la “espina dorsal del transporte ferroviario en Brasil”. Algunos analistas apuntan a que el Banco Santander (tercera mayor entidad bancaria de Brasil), será uno de las que sacarán más provecho al financiar concesiones y privatizaciones en ese país, mientras aguarda la reforma financiera prometida por el gobierno de Temer.

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Arabia Saudí, el huevo dorado de la serpiente (2)

Segunda parte de la serie de artículos dedicada ‘El dinero del wahabismo de Arabia Saudí y Qatar en España’.

“Bélgica ha dado las llaves del islam a Arabia Saudí por la gran mezquita. Le ha dejado financiar el salafismo. He dicho que el salafismo no es un problema en sí mismo si no fuera porque no hace nada para minar el terreno a los grupos radicales”. Son palabras de Corinne Torrekens, profesora de la Universidad Libre de Bruselas, explicando una pauta en Bélgica que se da en todos los países que tienen al país saudí como socio prioritario de negocio. Una opinión compartida por multidud de analistas y expertos, como el general Jonathan Shaw, ex jefe de Estado Mayor de Defensa de Gran Bretaña, que aseguró que Arabia Saudí y Qatar habían activado “una bomba de relojería mediante la financiación de la propagación mundial del islam radical”.

La postura habitual de los gobiernos occidentales consiste en mirar para otro lado y priorizar los intereses económicos en lugar de afrontar la preponderante contribución de los países wahabitas como Arabia Saudí y Qatar a la difusión del discurso de odio salafista y su importancia en la legitimización de la violencia como método para imponer su visión rigorista del Islam. España es uno de los países donde la integración del discurso fundamentalista wahabí ha calado con más fuerza en los centros de culto financiados por la dictadura saudí.

El grupo terrorista ISIS o Daesh preocupó durante mucho tiempo a la opinión pública por su expansión y por haber conseguido crear su propio Estado. Pero para observar cómo se establece un Estado islámico represivo que aplica la sharia con crueldad y maneja un ejército, basta poner los ojos en Arabia Saudí. El escritor argelino Kamel Daoud llama al país de los sátrapas Saud “White Daesh” [ISIS Blanco], y alerta de la capacidad que tiene para imponer su visión radical del Islam en multitud de países con sus canales de televisión, periódicos, industria editorial y clérigos entrenados y adoctrinados en el conocido como Fatwa Valley. “Daesh tiene una madre: la invasión de Iraq. Pero también tiene un padre: Arabia Saudí y su complejo industrial religioso”, concluye el autor de The Mersault Investigación en su artículo en The New York Times.

Un ejemplo que muestra de manera gráfica esta relación directa fue expuesto recientemente en el Congreso de los Estados Unidos por el republicano Ted Poe, quien denunció el pasado julio el uso de libros de textos saudíes por parte de ISIS en el año 2015, cuando aún no tenían capacidad para editar los suyos propios. La denuncia del congresista ya fue expuesta en 2014 en un artículo de The New York Times escrito por David Kirkpatrick y ampliamente tratado en el trabajo documental de James Jones Saudi Arabia Undercovered.

El principal objetivo es el negocio. Pero los países occidentales necesitan una coartada para defender ante la opinión pública sus relaciones comerciales, empresariales y políticas con la dictadura de los Saud. Por ello, su petromonarquía se esmera en proyectar la idea de que está luchando contra el terrorismo de un modo sincero y efectivo e incluso realiza visitas para periodistas a la cárcel de máxima seguridad de Al-Ha’ir en la que se encuentran internos multitud de terroristas.

A pesar de su influencia en la propagación del terrorismo global, Arabia Saudí se ha convertido de forma paradójica en un objetivo de la ponzoña que promueve, ya que los terroristas de raíz salafista desearían que el Estado que alberga La Meca fuese aún más riguroso en lo que concierne a sus postulados religiosos. En este sentido, han incluido a este país y a algunos de sus miembros entre los objetivos de sus acciones. Aun así, lo cierto es que la mayoría de los ataques terroristas se dirige contra población chií. [1][2]

La excusa de la lucha antiterrorista de Arabia Saudí sirve a Occidente para ocultar que acepta el discurso de odio que propaga mediante la financiación de mezquitas, la compra y envío de material coránico, el suministro de imanes a todos los lugares del planeta y la colaboración con organizaciones terroristas en Siria. 

La Casa Real española siempre se ha mostrado solícita y cooperante a la hora de facilitar cauces de diálogo que culminan en suntuosos acuerdos comerciales con el régimen saudí. El rey Juan Carlos, íntimo amigo del ya fallecido rey Abdullah, colaboró en la campaña de comunicación que el sátrapa organizó en Madrid en el año 2008 para mejorar la imagen de la familia Saud, que había quedado muy deteriorada tras los atentados del 11 de septiembre.

Ese año, el monarca español inauguró junto a Abdullah de Arabia la Conferencia internacional para el diálogo interreligioso que fue organizada por la Liga Islámica Mundial, la organización wahabí con sede en La Meca que gestiona la Mezquita de la M-30. La conferencia auspiciada por Arabia Saudí buscaba fomentar el diálogo entre religiones. Sin embargo, en su territorio prohíbe cualquier otra práctica religiosa distinta al Islam.

Apoyo a las empresas españolas que invierten Arabia Saudí

El ICEX es según su propia definición “una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas”. Dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, tiene como misión facilitar y dar recomendaciones a las compañías españolas que quieren invertir en el extranjero. En el caso saudí, ofrece información relativa a la legislación laboral y a las oportunidades de negocio en la región.

“Si no lo hace uno, lo van a hacer otros”, respondió el ministro de Economía, Luis De Guindos, al ser preguntado sobre los acuerdos comerciales de España con Arabia Saudí. De ese modo, se mostraba sincero al mostrar la importancia que el Gobierno de España otorga a los derechos humanos en cuestiones de negocios.

“El Código laboral no reconoce a los trabajadores en Arabia Saudí el derecho a la negociación colectiva o al derecho a la huelga. Tampoco se permite formar sindicatos o a manifestarse públicamente. Esto se aplica estrictamente por las autoridades”. Es una frase literal de la guía publicada por el Gobierno español a través del ICEX y que muestra las ventajas que los empresarios pueden encontrar al invertir en el país gobernado por mano de hierro por la dinastía saudí.

Las recomendaciones y consejos alcanzan casi todos los ámbitos, incluida la vestimenta que tienen que llevar las mujeres que trabajen en el país: “Las trabajadoras deberán llevar ropa islámica o uniforme del empleador que será conservador, que cubra  y que no sea transparente [sic]”. Es sólo una descripción somera que refleja cómo las empresas que quieran trabajar en Arabia Saudí deberán faltar el respeto a los derechos de las mujeres. Esta condición no es la única ni la más llamativa regla islámica que las compañías cumplen para hacer negocios con la dictadura saudí. Los servicios financieros y la banca a la que tienen que acudir también siguen los rigurosos preceptos wahabís.

Aceptar la sharia para hacer negocios

Alinma Bank es una de las principales entidades financieras de Arabia Saudí. Todos los servicios de esta institución y sus productos están sujetos a la sharia (ley islámica). Para ello existen varias autoridades, como The Capital Market Authority (CMA) y el Ministerio de Comercio e Industria y el clero (los ulemas), que juegan un papel ocasional pero determinante en la banca ya que están llamados a pronunciarse sobre si ciertos instrumentos contravienen la ley islámica y así prohibirlos

Las empresas españolas establecidas en Arabia Saudí son muchas y de diferentes sectores. Es bastante conocido el emporio empresarial dedicado a las grandes construcciones e infraestructuras como la UTE encargada de la construcción del AVE de Medina a La Meca o del metro de Riad. Las empresas más importantes que operan en Arabia Saudí son ACS, Dragados, Repsol, Amadeus o Indra, pero hay muchas otras compañías que operan en el país árabe de forma habitual mucho más desconocidas.

El grupo de Inditex de Amancio Ortega opera en Arabia Saudí a través de acuerdos con Al Hokair, la empresa más importante de moda en este país. Propiedad de Fawaz Abdulaziz Alhokair, se encarga de gestionar el grupo Zara en el país wahabita mediante 34 tiendas, a las que hay que añadir 60 de otras marcas que también pertenecen al emporio gallego.

Técnicas Reunidas Gulf es la empresa con la que opera en Arabia Saudí la corporación española homónima, propiedad de la ilustre familia catalana Lladó. El actual presidente, José Lladó Fernández, fue ministro de Comercio y Transportes con Leopoldo Calvo Sotelo, e hijo de Juan Lladó Sánchez, quien presidió el Banco Urquijo. El presidente de Técnicas Reunidas es patrono de la Fundación Princesa de Asturias, miembro del círculo de empresarios cercano a la Casa Real y asiduo a muchos de los viajes comerciales que la monarquía española encabeza.

Técnicas Reunidas ha obtenido concesiones importantes en el país árabe, como la construcción de la planta de gas de Fadhili. Los negocios en la región generan importantes beneficios. Muy distinta es la valoración de las condiciones laborales de la mano de obra, ya sea local, foránea o española. Empleados españoles contratados como tuberos para obras en Arabia Saudí ya denunciaban en 2014 el régimen de semiesclavitud en el que trabajaban para la compañía de los Lladó.

La nula importancia que los empresarios que hacen negocios en Arabia Saudí dan a la situación política interna de la dictadura contrasta con la postura que esos mismos hombres y mujeres de negocios mantienen en ocasiones ante la política interna española. Un buen ejemplo es Alberto Palatchi, fundador de Pronovias y propietario mayoritario de la empresa hasta hace unos días. 

Paltachi es amigo íntimo de Jorge Moragas -director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España- y un hombre cercano al PP. Su hijo Alberto Palatchi Gallardo fue nombrado por Xavier García Albiol coordinador de Política de Innovación, Tecnología y Empresa en la ejecutiva del PP de Cataluña. Pronovias mantiene negocios importantes en la dictadura de los Saud gracias a su alianza con Al Daha Group, el socio local, que también mantiene acuerdos con Mango.

No se conocen declaraciones de Palatchi ni comunicación alguna de su empresa sobre la situación política del país saudí en el que hacen negocios. Sin embargo, con motivo del proceso independentista catalán, el empresario ha declarado en varias ocasiones de su intención de abandonar Cataluña si el independentismo logra sus propósitos. En un comunicado interno antes de las elecciones autonómicas de 2015, advirtió a sus empleados de la posibilidad de abandonar la región si vencía la opción soberanista.

La doble vara de medir con respecto a la dictadura saudí se puede ejemplificar con una anécdota reveladora de un personaje público que ejerce feroces críticas ante el fundamentalismo islámico y que se postula como defensora de los valores democráticos. La eminente comunicadora Pilar Rahola se muestra muy beligerante con la financiación de mezquitas financiadas por Arabia Saudí en España. Sin embargo, ello no le impide ser vocal del patronato de la Fundación Rosa Oriol, promovida por la familia Tous. La empresa de joyas propiedad de Alba Tous, amiga íntima de Rahola, es la matriz de Tamkeen, una compañía afincada en Jeddah, una de las principales poblaciones comerciales de Arabia Saudí.

“Arabia Saudí es la ­metáfora de nuestra miserable de­bilidad: necesitamos su veneno para garantizar nuestro modelo de sociedad, sabiendo que ese veneno es el que intenta destruirnos. Es una tiranía ­feroz que promociona ideas totalitarias. Pero es una tiranía poderosamente ­rica, y cuando ese adverbio y ese adjetivo rematan la frase, el sustantivo ya no importa”, decía Pilar Rahola en un artículo en La Vanguardia el pasado siete de julio. Irrebatible.

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El lobby del Ibex 35 echa el cierre

César Alierta, presidente de Telefónica hasta abril de 2016, también presidía el 'Club del Ibex'.

Los directivos de las mayores empresas del país disolvieron este miércoles el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), más conocido como el ‘club del Ibex’. Este lobby, creado en febrero de 2011, nació en el momento más duro de la crisis al margen de a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la patronal española que entonces enturbiaba y presidía Gerardo Díaz Ferrán, a quien nadie se atrevía a echar a pesar de la lluvia de escándalos y crímenes que caían sobre él. Además, la creación del CEC puso en guardia al Círculo de Empresarios, otro foro de la industria, que vio en este nuevo grupo una intromisión directa en su terreno. Tras varios años tratando de ejercer una la influencia directa sobre el Gobierno -ha habido reuniones de sus miembros con el presidente Mariano Rajoy en La Moncloa- el CEC ha echado el cierre.

“Es una buena noticia porque realmente el CEC era una especie de cámara de la plutocracia, la madre de todos los lobbies”, explica José García Abad, veterano periodista fundador de El Nuevo Lunes y El Siglo. En este lobby las riendas las llevaba César Alierta, expresidente de Telefónica, la empresa más grande de España con Inditex. A su alrededor se sentaban 15 presidentes y consejeros delegados de las mayores empresas españolas, que juntas representan aproximadamente el 35% del PIB español. Los presentes en el Consejo forman parte de 28 empresas del Ibex 35, entre ellos caras nuevas como José María Álvarez-Pallete, que sustituyó a Alierta al frente de Telefónica en abril pasado, Ana Botín, presidenta del Banco Santander tras la muerte de su padre, o Pablo Isla, sucesor de Amancio Ortega al frente de Inditex, además de veteranos como Isidro Fainé, ex presidente de La Caixa (ahora dirige Gas Natural Fenosa), Florentino Pérez (ACS) y Juan Roig (Mercadona).También formaba parte del CEC el Instituto de la Empresa Familiar, un ente que reconoce que su misión es obtener ventajas, mayormente fiscales, para las empresas que lo conforman.

La crónica del fin del CEC estaba anunciada desde que su presidente, César Alierta, dejó la presidencia de Telefónica. Antes de la reunión celebrada este miércoles, el directivo zaragozano había intentado convocar a los miembros del CEC hasta en ocho ocasiones, sin resultado, según fuentes citadas por El Mundo. Con Alierta fuera de la dirección de Telefónica, la creciente animadversión hacia la influencia de las compañías del Ibex, las dificultades del CEC para pasar desapercibido y la muerte de algunos de sus miembros fundadores y defensores, como Emilio Botín o José Manuel Lara (Grupo Planeta), este grupo de “15 machos alfa”, tal y como los define García Abad, dejaba de tener sentido.

El toque de gracia que puso fin al lobby este miércoles lo dieron, con tanta o más discreción, los nuevos rostros que ahora ocupan lo más alto de la élite empresarial española: Álvarez-Pallete, con un perfil más técnico que su predecesor, y Ana Botín, de maneras más discretas que su padre Emilio, y hasta el propio Francisco González, un veterano al frente del BBVA, ahora consciente de la mala imagen que provoca ver a las empresas del Ibex unidas para influir en el gobierno.

Las grandes corporaciones mediáticas de España recordaron que las empresas del CEC “dan empleo a más de 1,7 millones de trabajadores”, según recogía El País. Varios de sus miembros “reconocen que sí se ha hablado de política y de medios de comunicación en diversas reuniones”, pero “siempre sin montar conspiraciones u operaciones políticas”, según publica El Mundo en un artículo que cita a nueve fuentes, todas anónimas. De lo que ninguno habla es de la tensa relación entre el lobby clausurado y la CEOE.

Díaz Ferrán dejó la CEOE poco antes de entrar en la cárcel, coincidiendo con la quiebra de su empresa, Viajes Marsans. Lo sustituyó el barcelonés Juan Rosell, que nada más llegar a la CEOE se tuvo que acostumbrar a compartir poder con el CEC, concebido unos meses antes durante la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar, el lobby que agrupa a las grandes firmas familiares (Grupo Barceló, Prensa Ibérica, etc.). Pero, ¿por qué los empresarios más poderosos del país decidieron seguir adelante con el CEC cuando la CEOE, el órgano que los representaba desde hacía décadas, había renovado a su controvertido presidente?

Por su forma, tamaño y discreción, el CEC ofrecía muchas más posibilidades que la burocrática CEOE. Rosell, recién nombrado presidente de la patronal y procedente de la juguetera Congost -la que vende las Barbies en España-, no tenía fuerza ni potestad para dirigirse de forma directa a, por ejemplo, jefes de Estado extranjeros, algo que el CEC sí podía permitirse al estar bajo la batuta de César Alierta, presidente de la que por entonces era una de las compañías más grandes de Europa. Además, Rosell es catalán y, aunque no oculta sus simpatías por el PP, su discurso ambiguo en materia catalana planteaba dudas en las altas esferas -“cada vez somos más los que creemos que Cataluña tiene que volar por su cuenta”, llegó a decir-, interrogantes que no pesan sobre el antiguo presidente de Telefónica. Así lo recoge José García Abad en su último libro, Malvado Ibex, que define al CEC como un ente con vocación “suprapatronal” y que recuerda que Juan Rosell obtuvo el puesto gracias a, en parte, el apoyo del Instituto de la Empresa Familiar y del propio Fainé de La Caixa, uno de los pesos pesados del CEC. Aun así, Rosell tenía la puerta abierta en todas las reuniones formales del Consejo.

En su época de más esplendor, el CEC llegó a mandar un documento al gobierno instando a la reforma laboral antes de que fuera promovida por la ministra Fátima Báñez. Tras la disolución del CEC, varias fuentes del ámbito empresarial creen que la plana mayor del mundo empresarial español tratará de formar un grupo dentro de la CEOE, algo así como un gran consejo asesor. Tras un periodo de seis años compartiendo poder, la CEOE recupera el monopolio de representación empresarial. “Podemos sentirnos satisfechos del trabajo realizado”, remata Alierta en el último comunicado de prensa de la historia del CEC.

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