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Delata a tu cerdo

cerdo

Después de que nos enteráramos de que el gigante del cine norteamericano Harvey Weinstein acosara sexualmente a decenas de mujeres, después de que supiéramos que la inmensa mayoría de ellas ha guardado silencio durante años, después de que varios directores, entre ellos Woody Allen, hayan alertado de que se puede desatar “una caza de brujas”, después de décadas durante las cuales los acosadores y violadores no hayan tenido nombre, aparece la campaña #balancetonporc.

O sea, “delata a tu cerdo”.

El uso de la palabra “cerdo” para identificar a los acosadores sexuales entronca con la actual popularización del término “putero”. Son palabras que las mujeres usaban/usábamos en la intimidad, y que sin embargo jamás habían saltado al lenguaje de los medios de comunicación o las organizaciones públicas. La causa no es que resultaran malsonantes u ofensivas, en general. La causa es que ofenden a los hombres, que por el momento siguen siendo los señores del lenguaje. Eso es sustancial. El lenguaje es sustancial.

Mientras se ha denunciado ya una y otra vez que son ellos quienes manejan y presiden el poder económico y financiero, la propiedad de la comunicación o los aparatos represivos, se ha pasado por alto algo tan evidente, tan básico, como su dominación sobre el lenguaje. Ellos dicen puta, pero jamás dirán putero. De eso se trata.

Somos lenguaje. Por eso resulta tan relevante el uso de la palabra cerdo en relación con los hombres que acosan, abusan o violan a las mujeres.

Y es cierto, son unos cerdos. Además de delincuentes, cerdos. Y hay que nombrarlos.

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“La justicia cree que tres profesoras fueron acosadas, pero que una alumna pudo haberlo evitado”

yo te creo profesoras acosadas cultura de la violación

“Me llamo Ana y, hace unos años, fui violada. El agresor, a quien yo conocía, era en ese momento en quien más confiaba. No denuncié inmediatamente; lo cierto es que me costó mucho contárselo a alguien. Primero guardé silencio, tratando de comprender yo sola cómo algo así podía estar ocurriendo. Lloré mucho, me castigué, traté de apartarlo de mi cabeza y, al final, un día, fue incontenible: acudí a dos amigas y les conté lo que pude. El resto, lo que no fui capaz de expresar en palabras, lo dibujé”. Cuando, tres años después, denunció a quien fue su profesor, sintió que era ella la que estaba siendo juzgada: “El proceso fue devastador. Pasé por varios juristas y psicólogos que ni comprendieron ni creyeron mi historia, como tampoco la creyó, finalmente, la jueza del caso. Me acribillaron a preguntas que no buscaban esclarecer los hechos, sino convencerme de que era yo la culpable. Me hirió profundamente la desconfianza y la falta absoluta de empatía con que me trataron. En esa sala, las vejaciones a las que me había sometido mi agresor no eran más que puntos en una enumeración burocrática destinada a acabar en un archivo”, narra en la página web de la campaña Yo te creo, impulsada por la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG).

“El objetivo es denunciar y visibilizar que como sociedad somos cómplices y artífices de la cultura de la violación cuando no creemos en los testimonios de las víctimas. La credibilidad de los testimonios de las víctimas está en el centro: queremos contribuir a desvelar y denunciar los estereotipos y prejuicios que hacen que la violencia sexual sea el único crimen en el que la primera sospechosa es la víctima”, denuncia la presidenta de la AMG y directora de la campaña, Mercedes Hernández. 

El último informe publicado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas recuerda que 120.000 mujeres sufrieron violencia sexual en 2015 fuera del ámbito de la pareja o expareja, de acuerdo a los datos de la macroencuesta de Violencia contra la Mujer realizada por el Gobierno. La coordinadora denuncia la falta de respuesta institucional a este tipo de agresiones y pone como ejemplo que sólo tres comunidades autónomas disponen de protocolos específicos -que son, además, antiguos-:  Cantabria, Madrid y Canarias. “Aunque en Madrid el Hospital la Paz, referente para la atención a víctimas de agresiones sexuales, elaboró un protocolo específico publicado en 2011, con datos de 2008, nos consta que no ha habido evaluación, y que actualmente las mujeres que son violadas y acuden al hospital, si no han interpuesto denuncia, tienen muchas dificultades para recibir la atención adecuada”.

Ana, nombre ficticio, tenía 23 años cuando llegó a España, en marzo de 2011. “No vine por elección, sino como una refugiada que tuvo que salir aprisa de su país, Guatemala, por encontrarse en el lugar y el momento equivocados. Él apareció justo entonces. Aunque intervinieron más personas, se arrogó todo el mérito de haberme sacado del país. No cesó de repetírmelo después: como si le debiera la vida y, por ello, tuviera que pagarle con mi cuerpo”, prosigue Ana, que prefiere no hablar con los medios para proteger su anonimato. Los abusos, cuenta, comenzaron esa misma noche y se prolongaron varias semanas: “Dije que no. Siempre dije que no: lo expresé con palabras, con forcejeos, con llantos. Pero él no paró. Así que en algún momento, simplemente, mi ánimo se quebró y mi voz se ahogó. Para él fue una victoria y ya no hubo límites”. 

La presidenta de la AMG insiste en que el fomento de la cultura de la violación ha desdibujado aún más el ‘no es no’. “Ya no es suficiente porque aunque las víctimas se nieguen su palabra no es tenida en cuenta, primero por el agresor que la ignora, después por el juzgador que no la cree”. En el archivo de la denuncia de Ana -detalla Hernández-, convergieron estereotipos basados en el género y en el conocido como la víctima ideal: “El tribunal llega a afirmar que si Ana participó en manifestaciones contra la violencia machista y tiene estudios superiores, tenía recursos suficientes para evitar las agresiones sexuales. Dicho sea de paso, el tribunal ni siquiera tiene en cuenta que la participación de Ana en esas manifestaciones es muy posterior a las agresiones sexuales, pero fuerza el hecho para hacerlo encajar en su prejuicio”.

Hernández se hace, además, tres preguntas a raíz del caso de las tres profesoras de la Universidad de Sevilla acosadas por un catedrático que sí ha sido condenado por la justicia -aunque fue protegido por la institución académica-: ¿Tiene que haber más de una agredida por el mismo victimario para que no sea la palabra de la víctima contra la del agresor? ¿Una profesora universitaria resulta más creíble que otras víctimas? ¿Se cree más a las profesoras por ser españolas en detrimento de Ana que es una mujer extranjera? Aunque los casos -y las pruebas- son distintas, la presidenta de la AMG, que celebra la condena del catedrático, llega a una conclusión: “La ‘justicia’ en España cree que tres profesoras pueden ser víctimas de violencia sexual pero Ana, que había sido alumna del agresor, pudo haberlo evitado”.

Ana continúa viviendo en España: “Es el país que le brindó protección contra criminales desconocidos, pero que no ha sido capaz de protegerla contra un agresor conocido, con el riesgo que corren no sólo ella sino otras mujeres”, concluye Hernández.

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Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un catedrático por abusos sexuales

El catedrático Santiago Romero, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, ha sido condenado a seis años y nueve meses de prisión por tres delitos continuados de abusos sexuales y a un año de cárcel por un delito de lesiones. El caso llegó a los tribunales en 2011, después de que dos profesoras de su departamento y una becaria lo denunciasen ante el Rectorado, que acordó dar traslado del caso a la justicia.

Los hechos probados son rotundos: “Desde mediados del año 2006 y hasta mediados del año 2010 el acusado, con ánimo libidinoso, realizó diversos tocamientos inconsentidos [a las tres denunciantes]”. El relato judicial señala especialmente el abuso de poder del denunciado: “Al menos desde el año 2006, el acusado vino realizando ostentación de su poder académico desde un primer momento, dejando claro a las mismas que él era quien mandaba en el Departamento de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación, que fuese o no el director del Departamento y formase o no parte de las comisiones, era él quien tomaba las decisiones relevantes en cuanto a docencia, investigación, contratación, etc., de modo que habían de seguirse sus indicaciones tales como la de nombrarle director de las tesis doctorales, hacer constar su participación en las publicaciones que cada profesora realizara o participar en las votaciones internas del Consejo de Departamento o de las diferentes comisiones conforme a sus deseos, criterios u opiniones viniendo a transmitir que aquellos que no accedían a sus pretensiones podían tener problemas para mantener sus plazas”. Y reprocha la cooperación de otros docentes. Uno de los testimonios recogidos responde sobre la “costumbre de echar el brazo a las mujeres” de la siguiente manera: “En Andalucía somos muy propensos a esto”.

La sentencia, que puede ser recurrida, impone además a Romero el pago de una indemnización de 50.000 euros para una de ellas y 30.000 euros para las otras dos, y condena como responsable civil subsidiario al pago de las anteriores cantidades a la Universidad de Sevilla, institución a la que las denunciantes reclamaron, sin éxito, la adopción de medidas de protección. El Rectorado denegó en un primer momento esas medidas por considerar que sólo eran posibles una vez abierto el expediente. Pero tampoco las adoptó después. Lo paralizó el mismo día y remitió el caso a los juzgados. Según un portavoz de la Universidad de Sevilla en aquel momento, “en casos que pueden ser constitutivos de delito se da preferencia a la vía judicial y se sigue después con el expediente”. Ellas preferían que el caso se hubiera resuelto previamente por esa vía, en apenas unos meses, para no tener que seguir sufriendo ante la posible lentitud de la Justicia. Y así se lo hicieron saber al rector en un escrito el 14 de diciembre de 2010: “La Justicia administrativa, en ocasiones como la presente, puede ser más expeditiva, práctica y resolutiva que la penal”. Todas tuvieron que medicarse por depresión y ansiedad y dos de ellas han abandonado sus carreras.

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