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El gran negocio electoral de Indra

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Se acercan las elecciones de Cataluña del 21 de diciembre, fecha en la que todos estaremos pendientes del resultado. ¿Saldrá de nuevo una mayoría para el independentismo? ¿Ciudadanos ganará más diputados? ¿Los perderá el PDeCAT? La respuesta a estas preguntas las resolverá Indra, la compañía tecnológica del Ibex 35 que provee sistemas electorales, según informó El Periódico. La decisión del Gobierno ha tenido su miga política: la carrera por la gestión de recogida y difusión de los datos provisionales se ha disputado entre Indra, en la que el Estado es el principal accionista, y Syctel, una empresa catalana fundada en 2001 por un grupo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Ministerio del Interior ha tramitado este contrato por vía de urgencia debido a la falta de tiempo ante la inminente cita electoral, lo que significa que no ha habido concurso público en el que se detallaran las condiciones, servicios solicitados y precios. Es la segunda vez que se aplica esta vía para realizar el escrutinio provisional (no el definitivo). En las elecciones generales del 26 de junio de 2016, también se optó por este procedimiento e Indra fue la adjudicataria de un contrato de 4,7 millones de euros.

El coste de la tecnología para los comicios varía mucho entre unas elecciones y otras, algo que llama la atención. La periodista Eva Belmonte, de Civio, una organización que lucha por una mayor transparencia, indicó en el programa El Objetivo de LaSexta que el precio de los comicios de 2011 fue tres veces mayor –costaron 16,8 millones por la inclusión de 2.000 nuevas mesas electorales– que el de las elecciones repetidas de 2016. La primera convocatoria de las generales, en diciembre de 2015, también costó más del doble que en 2016: 11,7 millones y estuvo a cargo de Scytl, que batió por primera vez a su competidora Indra en el concurso.

Casi 40 años de experiencia

Civio define a Indra como “un gigante con muy buenas relaciones con el Estado”. De hecho, esta compañía ofrece a la Administración pública una larga lista de productos y servicios, desde tecnologías médicas hasta tareas de mantenimiento de áreas de aterrizaje en buques de guerra, sin olvidar el control de las fronteras, especialmente en lugares como Ceuta y Melilla (Indra ingresó 87 millones desde 2002 por servicios de vigilancia fronteriza, según El Confidencial). Su primer accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 18,7% de las acciones. El segundo es la Corporación Financeria Alba (10,5% de las acciones), seguido por varios inversores internacionales con paquetes de más del 3%.

La compañía tiene 39 años de experiencia en el negocio electoral en España y ha sido la encargada de realizar la mayoría de recuentos provisionales en elecciones generales, europeas, autonómicas y locales. Además, en las últimas décadas, también se ha encargado de gestionar, prácticamente en solitario, los escrutinios provisionales en unos 400 procesos electorales en el ámbito internacional. Según consta en sus informes anuales, el negocio electoral de este “gigante” al servicio del Estado depende de su división de Administraciones Públicas y Sanidad, encargada, entre otros servicios, de automatizar procesos administrativos que la ciudadanía lleva a cabo en el día a día. Este segmento generó 398 millones de euros el pasado año, equivalentes al 15% de las ingresos totales del grupo.

En 2014, Indra llegó a organizar también las elecciones iraquíes a cambio de 130 millones de dólares, con un contrato de gran envergadura debido a que eran los primeros comicios legislativos de ese país tras la salida de las tropas de EEUU. Desde entonces, sin embargo, el negocio electoral de Indra ha caído de forma constante, principalmente debido al menor número de proyectos “básicamente en España y América”. Durante los últimos tres años, la empresa ha vivido varios sobresaltos ligados a dos de los grandes casos de corrupción que han salpicado (principal pero no exclusivamente) al gobierno de la Comunidad de Madrid: las operaciones Púnica y Lezo.

En el primero de ellos, la detención en octubre de 2014 de José Martínez Nicolás, el jefe de la Agencia de Informática y Comunicaciones del gobierno autonómico madrileño, se relacionó con la compañía tecnológica por la adjudicación de contratos a cambio, presuntamente, de pagar a proveedores de la trama Púnica. Según publicaron varios medios de comunicación de ámbito nacional, estas investigaciones llevaron a la Comunidad de Madrid a paralizar un contrato adjudicado a Indra, por 4,5 millones de euros, para realizar el escrutinio provisional en las elecciones autonómicas de 2015.

Sin embargo, esta misma compañía ya poseía un contrato con el Ministerio del Interior para realizar el mismo servicio, al que se aconsejaba a las comunidades autónomas que se sumasen para evitar un mayor gasto público. Esta licitación directa entre la Comunidad de Madrid e Indra habría supuesto un sobrecoste de un millón de euros, de acuerdo a la información recogida por El Español. Este método ya se había utilizado en 2011: Indra ganó ambos contratos, tanto el de Interior como el de la Comunidad de Madrid, por el que cobró 2,9 millones. El juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye Lezo, sostiene que la empresa recompensó presuntamente al PP madrileño sufragando gastos de campaña y otros servicios.

Las pesquisas de la Púnica llevaron a imputar en abril de 2015 al todavía consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, que también se encuentra relacionado con la Operación Lezo a través de su mujer, María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal de Isabel II. La implicación de la empresa en este último entramado supuso el registro de la sede de Indra en abril de este año.

Acusaciones de fraude

Más allá de las fronteras españolas, Indra también ha tenido problemas en el desarrollo de su negocio electoral. En la República Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE) reportó errores en los sistemas comprados a Indra por 40 millones de dólares (33 millones de euros) en las elecciones generales de 2016, unos comicios que se desarrollaron en medio de grandes manifestaciones.

Los más recientes contratiempos los tuvo en Argentina y Angola, donde los partidos de la oposición criticaron y acusaron a los gobiernos de Mauricio Macri y João Lourenço, respectivamente, de la falta de transparencia en la contratación de los servicios electorales de Indra. La empresa española, que espera remontar sus expectativas de negocio este año, rechazó las acusaciones lanzadas sobre las primarias celebradas en agosto en Argentina y en cualquier otra elección: “Indra no ha llevado a cabo ningún tipo de manipulación en ninguna elección en las que participó, tanto en Argentina como en el exterior”.

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Y la política catalana se mudó a las redes

Todo empezó en el Instagram de Carles Puigdemont, y en un cielo decorado de gárgolas que aquel lunes 30 de octubre no era el cielo del 30 de octubre. O sea, que el expresident Puigdemont se había largado ya a Bruselas, pero aquella mañana despejada de Barcelona colgó en su cuenta de Instagram la foto de un cielo con cuatro nubes. Eso lo explicaron a posteriori los expertos en nubes –que el cielo era otro cielo–, pero los comentaristas radiofónicos andaban aquel amanecer dándole vueltas a la posibilidad o no de que Puigdemont hubiera “ido a trabajar”, pese a haber sido cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Bon dia ?

Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 11:39 PDT

Quien sí había ido a trabajar era el conseller Josep Rull. “Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya”, publicó en su cuenta de Twitter. Podría ser verdad o no, podía estar trabajando o, como barajaban algunos periodistas, “recogiendo sus cosas”, ya que menos de una hora después volvía a Twitter para anunciar que dejaba el despacho. Lo único cierto es que aquella mañana de lunes en la que el Govern ya estaba cesado, hace una semana, los asuntos catalanes se mudaron a las redes. Y ahí siguen.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB

— Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

Surto del Departament per anar a la reunió del Comitè Nacional del @Pdemocratacat. Continuem amb l’agenda prevista #seguim

— Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

UN BARULLO

De hecho, el preludio al traslado virtual del Govern arrancó cuatro días antes de aquella jornada nublada en el Instagram presidencial, el jueves 26, justo en el momento en el que parecía que Carles Puigdemont había decidido convocar elecciones autonómicas en lugar de declarar la República.

Los estudiantes universitarios atestaban la Plaça de Sant Jaume al grito de “Puigdemont traidor” y en Twitter se multiplicaban insultos e improperios hacia un gobernante que no había tomado ninguna decisión ni había aplicado medida alguna. Pero así son las redes, y los diputados Jordi Cuminal y Albert Batalla, a las 13.27 y las 13.34 respectivamente, presentaron su dimisión. “Respeto la decisión, pero no la comparto nada”, escribía Batalla. “No comparto la decisión de ir a elecciones”, afirmaba Cuminal. Pero, ay, lo cierto es que no había ninguna decisión tomada. No solo eso, sino que acabaría declarándose la República, más o menos. Sin embargo, en las redes ya había sucedido lo contrario.

No comparteixo la decisió d’anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat

— Jordi Cuminal ? (@jordicuminal) 26 de octubre de 2017

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI

— Albert Batalla ? (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017

En el vaivén de aquel jueves aciago, unas horas después quien dimitía era Santi Vila, entonces aún conseller d’Empresa i Conseixement de la Generalitat. Vila, no obstante, dimitía justo por las razones opuestas a las que habían llevado a sus correligionarios a hacerlo. “Dimito. Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado”, publicaba en su cuenta de Twitter. Aún no había pasado nada exactamente, pero en las redes la suerte ya estaba echada.

https://twitter.com/SantiVila/status/923640609465827329

Y tal era el barullo, que el presidente del Gobierno de España decidió lanzar uno de sus “mensajes de legalidad” a la población. ¿Y dónde lo hizo? En su cuenta de Twitter. “Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR”, publicó a primera hora de la tarde del viernes 27. En el Senado se iba a aprobar la aplicación del 155 y en el Parlament catalán, la declaración de la República independiente. Pero nada de eso había sucedido aún en el mundo real. Las iniciales MR al final del mensaje querían decir que era el propio presidente quien había “escrito” la frase.

https://twitter.com/marianorajoy/status/923904575509327872

COSAS QUE NO SUCEDEN

A última hora del viernes 27 de octubre, finalmente se aprobaron la República catalana en el Parlament y la aplicación del artículo 155 en el Senado, algo que ya había sucedido horas antes en Twitter. Los diputados Albert Batalla y Jordi Cuminal, por cierto, volvieron a sus escaños como si tal cosa, ya que la dimisión había sucedido solo en Twitter.

Y ahí está el meollo de la cuestión. ¿Hasta qué punto suceden las cosas que suceden en Twitter?

No se trata de una cuestión baladí, ya que la marcha del expresident Puigdemont a Bruselas no solo ha reubicado allí su ejercicio como “presidente en el exilio”, según sus términos, sino que allí se traslada también su campaña electoral de cara a los comicios del 21 de diciembre. Para abrir boca, allí anunció el pasado día 4 de noviembre su opción por una lista unitaria.

És el moment que tots els demòcrates s’uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE

— Carles Puigdemont ? (@KRLS) 4 de noviembre de 2017

¿Y qué es una campaña electoral tuitera? Para empezar, lo contrario de la imagen de Miquel Iceta bailando aquel 11 de septiembre de 2015 junto a un pasmado Pedro Sánchez en el arranque de la campaña electoral del PSC.

Si las cosas siguen como están, podríamos vivir la primera campaña electoral en redes de la historia. Pese a que ya ha habido comicios en los que Twitter, Facebook, etc. han jugado su papel, el hecho de que un candidato se postule desde fuera del territorio añade cambios sustanciales. Para empezar, la idea de la gestualidad, tan importante en campaña, y los viejos mítines tendrán por fuerza que cambiar. Pero es que, además, los mensajes en la red tienen la particularidad de que van directamente del político al ciudadano, sin pasar por los medios de comunicación, y de igual forma reciben respuesta inmediata. O sea, que los analistas políticos, cuyo papel ha sido fundamental hasta el momento, no se dedicarán a desmenuzar lo que el candidato hace o dice, ni la asistencia de público, sino lo que el candidato ya ha publicado.

Queda por saber, no obstante, si lo que sucede y se afirma en Twitter se puede dar por cierto o si, como en el caso de Batalla y Cuminal, solo vale por un par de horas.

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