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Pablo Iglesias: “El daño en Cataluña puede ser irreparable”

pablo iglesias

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El secretario general de Podemos admite que el debate sobre el conflicto catalán es complicado para su formación, que en algunas encuestas recientes se sitúa por debajo de Ciudadanos en intención de voto. Pablo Iglesias (Madrid, 1978) es consciente de que no todos sus votantes entienden la apuesta por un referéndum pactado. “Nos sentimos más cómodos cuando el tema es la corrupción del PP o la agresión a la soberanía por parte de instituciones transnacionales o no democráticas”, argumenta. Sin embargo, asegura que Podemos no puede renunciar a su posición y confía en vencer la “incomprensión” con pedagogía. Una vez más, denuncia que sus rivales y los principales medios hacen campaña en su contra. En esta ocasión, al tildarles de aliados del independentismo.

M.B. ¿Cómo valora la situación actual en Cataluña?

La activación del artículo 155 de una forma tan severa revela la incapacidad manifiesta del bloque monárquico, que no tiene propuesta política viable para Cataluña, algo que quedará de manifiesto si al final se convocan elecciones. La activación supone la destrucción de los acuerdos del 78 y una dinámica inaceptable de atrincheramiento que deja fuera a importantes núcleos de ciudadanos en regiones como el País Vasco o Cataluña. España está viviendo una crisis sin precedentes sobre la que no se atisba una solución política a corto plazo. Estamos en un terreno inexplorado. Hemos dichos muchas veces que la Transición es un proceso político exitoso, sin que nos identifiquemos políticamente con ese proceso. Decimos exitoso porque se construyó sobre acuerdos políticos muy importantes. La Constitución española fue votada con gran apoyo en Cataluña porque respondía a un acuerdo político con Cataluña. Eso ha terminado y ahora estamos en una fase de crisis de régimen en la que, seguramente, las formaciones políticas que podemos encarnar el cambio no contamos con las fuerzas suficientes para desarrollar o implementar desde el Gobierno esos cambios, pero las que encarnan la restauración tampoco tienen fuerza para dictar el sentido de esa restauración.

A.M. ¿Es posible construir una España plurinacional bajo una bandera de España como la actual, con toda la simbología que representa?

Creo que no queda más remedio. Los colores oficiales del Estado apelan emocionalmente a una amplia mayoría de españoles. Y debemos asumirlos, aunque algunos de nosotros, por nuestro origen político, durante muchísimo tiempo nos identificáramos más con otra bandera española.

A.M. El periodista Enric Juliana habla de las mayorías superpuestas. ¿Está de acuerdo en que, fuera de Cataluña, existe un sentimiento mayoritario que se identifica con el nacionalismo español?

Absolutamente. Y cuando decimos que en España hay múltiples naciones no decimos solamente que hay una nación catalana o una nación vasca, hay también una nación española. Esa plurinacionalidad es compleja. Parecen evidentes las cuestiones vasca, catalana y gallega. Pero también existe la andaluza, que se ganó el 4 de diciembre [de 1977] la mención a ser reconocida como nacionalidad. Entre todas las identidades políticas y naciones que componen el mosaico de la realidad española, una claramente es España.

A.M.¿Cómo se conjuga ese sentimiento nacional español, construido bajo el precepto de la unidad del territorio, con un referéndum de autodeterminación en Cataluña?

Yo separaría lo que moviliza la derecha en torno a la bandera, que es mucho, de España. Ese no es el único sentimiento nacional español. Hay muchos que se sienten españoles y que, sin embargo, ven con cierta distancia, con extrañamiento, lo que significan las movilizaciones de la derecha, que siempre se envuelven en la bandera de todos para criticar las leyes de igualdad con los homosexuales, los avances en materia de género y, en este caso, para criticar a Cataluña. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España. Queremos convencerla de que siga en un proyecto colectivo con nosotros, precisamente porque nos gusta nuestro país. Creo que no miento cuando digo que problablemente lo único que puede garantizar que España siga existiendo como proyecto de país unido es que los catalanes decidan mayoritariamente en un referéndum seguir formando parte de ese proyecto. Y creo que se ganaría.

M.B. ¿Le sorprende cómo desde sectores progresistas se está justificando la represión en Cataluña?

Hay razones para estar muy decepcionados y muy tristes. Fundamentalmente, con el PSOE y el contraste que hay entre el discurso de hoy de Pedro Sánchez y el que le llevó a ganar las primarias. Un discurso amable, situado en la izquierda, que hablaba de plurinacionalidad, que reconocía que Podemos tenía que ser su aliado de gobierno. Pero la realidad es que finalmente parece un ventrílocuo de las voces más conservadoras de su partido. Lo que han dicho Alfonso Guerra o [Juan Carlos] Rodríguez Ibarra son barbaridades que entran en contradiccción con sus propias briografías. El partido socialista de Guerra era el que defendía el derecho de autodeterminación, y durante mucho tiempo ese señor construyó una bandera que representaba una suerte de izquierdas del partido. Creo que, más allá de etiquetas, una visión progresista y moderna implica reconocer dos cosas: que hay que construir un proyecto de país social que es incompatible con mantener en el gobierno al PP, y que la realidad de España es plurinacional.

A.M. En la actual coyuntura, y con lo que ustedes llaman triple alianza –PP, PSOE y Ciudadanos– comandando la reforma constitucional, ¿esta será expansiva o regresiva en cuanto a derechos?

Ellos verán. Desde luego, nosotros podemos garantizar una cosa: somos una fuerza política constitucional, porque tenemos el poder y los diputados suficientes para hacer que cualquier pacto de reforma de la Constitución que cocinaran entre ellos la decidan los españoles votando. Por lo tanto, el debate sobre el cambio constitucional no se va a producir ni en una reunión a puerta cerrada ni en una limitadísima comisión parlamentaria. Va a ser un debate en toda España que van a decidir todos los ciudadanos. Nosotros hablaremos de todo, de cambio en el sistema electoral, de la regeneración democrática, de blindar derechos sociales. ¿Es posible hacerlo con el nuevo-viejo PSOE, el PP y Ciudadanos, que parece una suerte de Frente Nacional de Le Pen en España? Eso es un intento de restauración que no cuenta con los números suficientes para ser hegemónico.

M.B. La sensación es que la declaración de Zaragoza sobre Cataluña llegó tarde. ¿Va a ser un hecho aislado?

La declaración de Zaragoza es el espacio político que fijó una situación política que, por ahora, no ha sido superada por ninguna otra. Definió que la solución a este problema es un referéndum legal, no lo que ocurrió el 1-0. Eso es una solución política, puede haber otras, pero de momento las que se nos han puesto encima de la mesa parecen menos viables porque están alejadísimas de lo que desea la mayoría social catalana, incluidos los votantes del PP, PSOE y Cs en Cataluña.

M.B. Pero esa declaración no está teniendo suficientes apoyos y ahora nos encontramos en un escenario en el que se suprime la autonomía de Cataluña. Ante esa nueva situación, ¿qué debe hacerse?

Nosotros proponemos una solución política, pensamos que la represión y la excepcionalidad solo van a dañar de manera irreparable la convivencia en Cataluña. Irreparable, que es muy importante. La política sirve para coser los conflictos. Lo que está haciendo el Gobierno es la antipolítica, es ulsterizar Cataluña y provocar que la solución política se vea cada vez más lejos.

A.M. Ustedes han apelado muchas veces a la patria intentando resignificar un concepto en manos de la derecha. Pero ha ocurrido lo contrario y se ha vuelto a reafirmar el carácter identitario en manos de la derecha más reaccionaria. ¿Hay riesgo de que se solidifique a través de discursos de extrema derecha como los que estamos viendo en Ciudadanos?

Ya está ocurriendo. Estamos en un contexto en el que la extrema derecha ha salido del armario. Hemos vuelto a ver nazis en las calles, dando palizas, y a Ciudadanos apostando por colocarse a la derecha del PP. El espectaculo de Toni Cantó en su discurso sobre el adoctrinamiento en las escuelas catalanas mereció una reprobación masiva por parte del Congreso, con intervenciones memorables de representantes de diferentes fuerzas políticas. Nosotros vamos a seguir reivindicando la patria. ¿Que es un término en disputa? Claro que sí, pero se lo vamos a disputar. Les vamos a llamar antipatriotas e hipócritas. Porque estamos en un contexto en el que la extrema derecha se siente cómoda y en el que incluso hemos visto a [Josep] Borrell marchando al lado de lo más parecido a un fascista con cargo público, como es el señor [Xavier García] Albiol. No les vamos a permitir que nos digan que son más patriotas que nosotros.

M.B. ¿Es necesario usar la palabra patriota?

Es una de las señas de identidad de Podemos en su relación con la izquierda tradicional. Si se renuncia a determinados significantes, se pierden. Eso puede permitir soluciones individuales o microcomunitarias, de quien decide exiliarse dentro de su propio país: “Vamos a ser una minoría culta y esnob, con distancia frente a la gente pobre y hacia las mayorías sociales que ven un tipo de cultura distinta a la nuestra. Pero yo me coloco por encima de lo que significan palabras como patria y palabras como España, y cultivo mi pequeña comunidad más ilustrada y más elevada”. No queremos una izquierda así. Estamos orgullosos de ser españoles y vamos a disputar los significantes que sirven para ganar en política. Porque si no ganas, no transformas. Una izquierda que renuncie a la patria, a la identidad, es una izquierda que no aspira a transformar la sociedad. Y respetaremos que haya quien quiera construir una micromunidad más cómoda, pero si hacemos política es para cambiar las cosas y no vamos a regalar al adversario la patria.

A.M. ¿Por qué no han sido más contundentes con las élites independentistas que hasta hace poco eran punta de lanza de los recortes económicos y sociales? ¿No significa eso dejar huérfano a su electorado?

Creo que hemos sido durísimos históricamente con el mundo pujolista, que sigue teniendo mucho peso en el procés. De hecho, le hicimos lo que más le ha dolido y una herida por la que siguen sangrando, como es arrebatarles el Ayuntamiento de Barcelona.

A.M. Me refiero en especial al último acelerón del procés.

Estamos en contra del PdCat de la misma manera que estamos en contra del PP. Sí, sus programas económicos son muy parecidos, y estamos frente a los dos. Pero en un contexto en el que hay algunos que van a la cárcel y otros que aplican la fuerza para impedir una solución política que podría pactarse también con sectores de la derecha, creo que hubiéramos sido enormemente oportunistas si no hubiéramos dicho la verdad. Hemos demostrado históricamente ante quién hemos estado enfrente. ¿Quién ha pactado con el PdCat hasta hace pocos meses? Eso lo dije en TV3, con la señora [Pilar] Rahola enfrente: “Cuando nosotros propusimos que Xavi Domènech fuera el presidente del Congreso, ustedes, señores del PdCAT, prefirieron a Ana Pastor, del PP”. Y, como Roma no paga traidores, luego dejaron al PdCAT sin grupo parlamentario. Y lo denunciamos. Hemos sido enormemente duros pero hubiera sido injusto poner al mismo nivel a los que recibían balas de goma en los ojos y a los que daban las órdenes de disparar contra votantes.

M.B. Ha dicho la frase Roma no paga traidores. Esa fue la expresión que usó la diputada de la CUP Mireia Boya en el mítin de cierre de campaña del 1-O. ¿Cómo vivieron que pidiera a los amigos de los Comuns que no les robaran el referéndum de ese modo?

Bueno, hay respeto, pero hay muchísimas diferencias. Y creo que nosotros hemos sido muy elegantes, aunque no siempre hemos sido objeto de la misma elegancia, en particular en las redes sociales. Pero prefiero que sigamos siendo dueños de nuestra elegancia que prisioneros de salidas de tono que, por nuestra parte, no han existido. No son ni muchísimo menos nuestros enemigos y nosotros no vamos a gastar tweets ni tinta en criticar a la CUP.

M.B. Cada vez más voces alertan del riesgo que corre la CUP de ser ilegalizada. Si fuese así, ¿cómo reaccionaría Podemos?

Nos estamos oponiendo a cualquier escenario de excepcionalidad. Y me duele decir esto, pero creo que vamos anticipando siempre los acontecimientos. Nosotros decimos cosas por las que inmediatamente se nos regaña y luego ocurren: “Cuídese, señor Sánchez, de los que tenían el pasado manchado porque esos le cortarán la cabeza”. Ocurrió: le cortaron la cabeza. Dijimos: “Las élites económicas están trabajando para buscar una solución política que, sea cual sea, implique que Podemos no pueda estar en el gobierno”. Ocurrió. Cuando empezó la fase más tensa de lo que está ocurriendo en Cataluña y ya se hablaba del artículo 155, dijimos en los pasillos del Congreso que no querríamos vivir en un país en el que hubiera presos políticos, y ya tenemos a dos señores que están en la cárcel por haber convocado una manifestación pacífica…

A.M. ¿Son presos políticos?

Evidentemente, evidentemente. No están en la cárcel por haber robado. Cuando la gente dice “son políticos presos”, no, mire usted, estos señores no ocupan cargo público. Les han llevado a la cárcel por haber organizado una protesta pacífica y hay una clara voluntad política, porque incluso si aquella protesta pacífica hubiera implicado un ilícito administrativo o algún tipo de ilícito jurídico había fórmulas que podían perfectamente impedir que dos representantes de dos movimientos sociales muy importantes en Cataluña acabaran en la cárcel. Es impresentable, en términos de estándares internacionales, lo que se ha hecho con estos dos señores. El nivel de hipocresía, además, de los discursos a propósito de estas detenciones, es absoluto. Nosotros lo anunciamos hace muchas semanas, igual que tuvimos el oído muy fino cuando Casado llegó a sugerir “hombre, a lo mejor la solución política en Cataluña es ilegalizar unos cuantos partidos políticos y entonces a lo mejor Arrimadas sí puede ser presidenta de la Generalitat”. Claro, ilegalizando a la mitad de la ciudadanía catalana. ¿Podemos ir a un escenario que nos recuerde a Turquía? Lo dijimos, y nos contestaron que era imposible. Pues vamos a ver, porque en Turquía se sancionó y se encarceló a muchos funcionarios. Vamos a ver cuántos mossos y funcionarios van a la cárcel. Hay un proyecto de extrema derecha de restauración que incluso podría incluir entre sus objetivos quitarse de enmedio a Rajoy y apostar por una vía más radical de derechas . Como esta no puede avanzar con los votos, la única manera que tiene de hacerlo es mediante mecanismos autoritarios. Y no pienso que descarten ilegalizar formaciones políticas.

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Y la política catalana se mudó a las redes

Todo empezó en el Instagram de Carles Puigdemont, y en un cielo decorado de gárgolas que aquel lunes 30 de octubre no era el cielo del 30 de octubre. O sea, que el expresident Puigdemont se había largado ya a Bruselas, pero aquella mañana despejada de Barcelona colgó en su cuenta de Instagram la foto de un cielo con cuatro nubes. Eso lo explicaron a posteriori los expertos en nubes –que el cielo era otro cielo–, pero los comentaristas radiofónicos andaban aquel amanecer dándole vueltas a la posibilidad o no de que Puigdemont hubiera “ido a trabajar”, pese a haber sido cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Bon dia ?

Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 11:39 PDT

Quien sí había ido a trabajar era el conseller Josep Rull. “Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya”, publicó en su cuenta de Twitter. Podría ser verdad o no, podía estar trabajando o, como barajaban algunos periodistas, “recogiendo sus cosas”, ya que menos de una hora después volvía a Twitter para anunciar que dejaba el despacho. Lo único cierto es que aquella mañana de lunes en la que el Govern ya estaba cesado, hace una semana, los asuntos catalanes se mudaron a las redes. Y ahí siguen.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB

— Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

Surto del Departament per anar a la reunió del Comitè Nacional del @Pdemocratacat. Continuem amb l’agenda prevista #seguim

— Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

UN BARULLO

De hecho, el preludio al traslado virtual del Govern arrancó cuatro días antes de aquella jornada nublada en el Instagram presidencial, el jueves 26, justo en el momento en el que parecía que Carles Puigdemont había decidido convocar elecciones autonómicas en lugar de declarar la República.

Los estudiantes universitarios atestaban la Plaça de Sant Jaume al grito de “Puigdemont traidor” y en Twitter se multiplicaban insultos e improperios hacia un gobernante que no había tomado ninguna decisión ni había aplicado medida alguna. Pero así son las redes, y los diputados Jordi Cuminal y Albert Batalla, a las 13.27 y las 13.34 respectivamente, presentaron su dimisión. “Respeto la decisión, pero no la comparto nada”, escribía Batalla. “No comparto la decisión de ir a elecciones”, afirmaba Cuminal. Pero, ay, lo cierto es que no había ninguna decisión tomada. No solo eso, sino que acabaría declarándose la República, más o menos. Sin embargo, en las redes ya había sucedido lo contrario.

No comparteixo la decisió d’anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat

— Jordi Cuminal ? (@jordicuminal) 26 de octubre de 2017

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI

— Albert Batalla ? (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017

En el vaivén de aquel jueves aciago, unas horas después quien dimitía era Santi Vila, entonces aún conseller d’Empresa i Conseixement de la Generalitat. Vila, no obstante, dimitía justo por las razones opuestas a las que habían llevado a sus correligionarios a hacerlo. “Dimito. Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado”, publicaba en su cuenta de Twitter. Aún no había pasado nada exactamente, pero en las redes la suerte ya estaba echada.

https://twitter.com/SantiVila/status/923640609465827329

Y tal era el barullo, que el presidente del Gobierno de España decidió lanzar uno de sus “mensajes de legalidad” a la población. ¿Y dónde lo hizo? En su cuenta de Twitter. “Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR”, publicó a primera hora de la tarde del viernes 27. En el Senado se iba a aprobar la aplicación del 155 y en el Parlament catalán, la declaración de la República independiente. Pero nada de eso había sucedido aún en el mundo real. Las iniciales MR al final del mensaje querían decir que era el propio presidente quien había “escrito” la frase.

https://twitter.com/marianorajoy/status/923904575509327872

COSAS QUE NO SUCEDEN

A última hora del viernes 27 de octubre, finalmente se aprobaron la República catalana en el Parlament y la aplicación del artículo 155 en el Senado, algo que ya había sucedido horas antes en Twitter. Los diputados Albert Batalla y Jordi Cuminal, por cierto, volvieron a sus escaños como si tal cosa, ya que la dimisión había sucedido solo en Twitter.

Y ahí está el meollo de la cuestión. ¿Hasta qué punto suceden las cosas que suceden en Twitter?

No se trata de una cuestión baladí, ya que la marcha del expresident Puigdemont a Bruselas no solo ha reubicado allí su ejercicio como “presidente en el exilio”, según sus términos, sino que allí se traslada también su campaña electoral de cara a los comicios del 21 de diciembre. Para abrir boca, allí anunció el pasado día 4 de noviembre su opción por una lista unitaria.

És el moment que tots els demòcrates s’uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE

— Carles Puigdemont ? (@KRLS) 4 de noviembre de 2017

¿Y qué es una campaña electoral tuitera? Para empezar, lo contrario de la imagen de Miquel Iceta bailando aquel 11 de septiembre de 2015 junto a un pasmado Pedro Sánchez en el arranque de la campaña electoral del PSC.

Si las cosas siguen como están, podríamos vivir la primera campaña electoral en redes de la historia. Pese a que ya ha habido comicios en los que Twitter, Facebook, etc. han jugado su papel, el hecho de que un candidato se postule desde fuera del territorio añade cambios sustanciales. Para empezar, la idea de la gestualidad, tan importante en campaña, y los viejos mítines tendrán por fuerza que cambiar. Pero es que, además, los mensajes en la red tienen la particularidad de que van directamente del político al ciudadano, sin pasar por los medios de comunicación, y de igual forma reciben respuesta inmediata. O sea, que los analistas políticos, cuyo papel ha sido fundamental hasta el momento, no se dedicarán a desmenuzar lo que el candidato hace o dice, ni la asistencia de público, sino lo que el candidato ya ha publicado.

Queda por saber, no obstante, si lo que sucede y se afirma en Twitter se puede dar por cierto o si, como en el caso de Batalla y Cuminal, solo vale por un par de horas.

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Y España, ¿qué piensa de esto?

Mucho se ha hablado estos días de que al Procés catalán le falta apoyo internacional. El Procés es una montaña rusa para todo el que lo vive desde fuera, tan pronto son las hordas del mal como las víctimas de un sistema represor. Eso en cuanto a las redes sociales. En cuanto a los medios de comunicación, todo depende de si cubren el territorio español o el catalán. Los medios de comunicación y las redes solo reflejan –y a veces modifican un poco– lo que NO sucede. Lo que SÍ sucede va por otros cauces, en España, a menudo y lamentablemente, por esos que llaman “cauces judiciales”.

Sin embargo, el tuétano de este caldo no está en los medios, en las redes ni en los tribunales. La chicha está en la población española, la española no catalana. ¿Qué importa lo que piense Europa sobre Cataluña si pasamos por alto lo que piensa el resto de España? Y el resto de España, más allá de quienes ondean las banderas del nacionalismo patrio, permanece callado. O lo que resulta más sorprendente, apoyando las medidas de un Gobierno, el de Rajoy, que hasta hace dos días se consideraba el peor cáncer corrupto de Europa.

Tres pasos podrían ilustrar el pasmo.

PASO 1. Borrell pone voz al PP y C’s

El domingo 8 de octubre, la asociación ultraconservadora Societat Civil Catalana convocaba una manifestación en Barcelona que llenó la ciudad de banderas españolas y besos a los miembros de la Policía Nacional. Apoyaban la convocatoria el Partido Popular, Ciudadanos y fuerzas como Vox o la Falange, entre otros restos de dictadura. El acto habría tenido una relevancia relativa, sencillamente poner en evidencia la postura más conservadora sobre el Procés, si no fuera por la intervención del exministro Josep Borrell. Borrell tomó la palabra y se convirtió en la estrella. Pero no solo eso. Con su gesto blanqueó una manifestación de marcado carácter nacionalista español cuyo eje era el apoyo a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy.

La presencia de Borrell en el acto, su protagonismo y el “desenfado” con el que dio validez a las posturas más conservadoras son imprescindibles para comprender el posterior apoyo del PSOE de Pedro Sánchez a la aplicación del 155.

Desde el resto de España se celebró y aún se celebra esa intervención de Borrell en la manifestación de los ultraconservadores. Y, por lo tanto, la idea de aplicar el artículo 155 en Cataluña y cesar a todo un Gobierno y ocupar sus instituciones por parte de Rajoy no ha provocado ninguna respuesta entre los sectores llamémosles de izquierdas españoles.

PASO 2. Casado propone ilegalizar a los independentistas

El martes 17 de octubre, Pablo Casado declaró: “Hay países democráticos que no permiten partidos que vayan contra la propia configuración del Estado. Yo he dicho que eso se podría plantear”. Se refería a una posibilidad que, como al vuelo, lanzó la semana anterior: ilegalizar a los partidos que reclaman la independencia. Pese a que varios miembros del PP declararon entonces que “ese debate no está abierto”, el globo sonda estaba lanzado.

A Casado, enseguida se unió Xavier García Albiol: “Si alguien tiene la tentación de presentarse a las elecciones diciendo que si ganan llevarán a la destrucción de España, no me parece admisible”.

Desde el resto de España nadie ha alzado la voz contra tal posibilidad, ni la ha recibido con la ración de escándalo democrático que merece.

PASO 3. El selfie de Iceta

El pasado domingo 29 de octubre, Societat Civil Catalana repitió manifestación. Esta vez no solo intervino Borrell, sino que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) se unió a la convocatoria. El éxito del exministro tras su anterior intervención animó a un partido en horas bajas, que decidió echarse al monte. Más allá de que, como admitió el propio Josep Borrell, segundas partes nunca fueron buenas, la jornada brindó una imagen que quedará para la posteridad. En ella, la cúpula del PP –Dolors Montserrat, Andrea Levy, Enric Millo y Xavier García Albiol— rodeaba a un Miquel Iceta en las antípodas de aquel que gritó a Pedro Sánchez aquel “Sálvanos de Rajoy”.

El “nuevo” PSOE liderado con Pedro Sánchez llegaba a la arena política, según su líder, a pedir la dimisión de Mariano Rajoy. Nadie en la sociedad española parecía darse cuenta tras el selfie de que se estaba tratando justo de lo contrario.

Sin este último paso, precedido de los anteriores, resulta muy difícil explicarse por qué nadie en la sociedad española se levanta contra el encarcelamiento de más de la mitad de un Govern democráticamente elegido.

Pasos perdidos.

En pocos días se ha proclamado una república, se ha cesado a un gobierno, el Estado español ha decidido ocupar las instituciones catalanas, el president ha huido y se ha encarcelado a un exvicepresident, a siete exconsellers y dos presidentes de asociaciones catalanas. La pregunta no es qué piensa Europa. La pregunta es qué piensa España.

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La idiotez

Van a dar las siete de la tarde de este jueves 2 de noviembre cuando aparece Inés Arrimadas en la pantalla de mi televisor rodeada de micrófonos. La jueza Lamela de la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para Oriol Junqueras y siete exconsellers. Aquí y allá hablan de riesgo de fuga, destrucción de pruebas, etc. de un Govern que, de hecho, ya fue cesado hace unos días por el Gobierno de España.

Las frases manidas que recorren radios, periódicos y televisiones van desde “la Justicia es igual para todos” hasta “quien la hace la paga”. Y entonces aparece Arrimadas. Conecta desde una universidad catalana. Pasa, como acostumbra, por el “respetamos las decisiones judiciales” y similares, pero hace especial hincapié en un argumento que últimamente cunde demasiado. “En Catalunya hay familias y amigos que ya no se hablan”, lamenta.

Cada vez que oigo “el drama” de los amigos que antes cenaban juntos los viernes y ahora no pueden y que, si por fin se animan a hacerlo, no se atreven a tocar “el tema”, cada una de las veces trato de buscar el momento de nuestra historia en el que nos volvimos idiotas. Siempre hay un primer momento. Por ejemplo, yo sé que cuando Aznar aseguró, sin despeinarse, que en Iraq había armas de destrucción masiva y los medios lo publicaron como si tal cosa, algo se quebró. Y como ese, busco el primer momento en el que no solo aceptamos un argumento idiota, sino que un político lo hizo suyo y lo utilizó públicamente. Como si no fuera idiota (el argumento, se entiende) o sin ser consciente de su idiotez.

Lejos de mí desear el mal a familias y amigos y lejos de mí también celebrar las cenas silenciosas. Sepa la señora Arrimadas que lamento muchísimo lo suyo, si es el caso, o lo de sus allegados, pero de ahí a convertirlo en un argumento para justificar que una jueza encarcele a medio gobierno democráticamente elegido después de que otro gobierno, el central, los haya cesado me parece una muy preocupante muestra de debilidad narrativa. Y el problema de usar ese tipo de argumentos, de la debilidad narrativa, es que contagian y empobrecen. Arrimadas dice “las familias no se hablan” (snif) y una legión de tertulianos repite “las familias no se hablan” (bua), de tal modo que entre la población queda admitido que el hecho –difícil de comprobar, por otra parte— de que las familias no se hablen es suficiente para que se cese a un gobierno y se encarcele a sus miembros.

Y por supuesto que no es así, que las razones del cese y encarcelamiento son muchísimo más complejas, tanto que no sé si aquellos entristecidos por las cenas familiares alcanzan a vislumbrarlo. Sin embargo, usar “las familias no se hablan” como forma de explicar la crisis catalana evidencia la falta de talla política de quien lo usa, su poca consideración hacia los ciudadanos y un empeño en empobrecer el nivel del discurso político.

Un detalle para finalizar, porque a veces olvidamos el lugar que ocupan aquellos que dejan caer sus argumentitos: Arrimadas es la “jefa de la oposición” en el Parlament de Catalunya. Y sus “familias rotas”, una muestra del nivel en “lo de Catalunya”.

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Rajoy disuelve el Parlament de Cataluña y convoca elecciones en diciembre

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su intervención en el Senado. Foto: Moncloa / Diego Crespo.

Horas después de que el Parlament de Catalunya declarase la independencia de la República catalana (70 votos a favor, 10 en contra, 2 en blanco -y el resto de parlamentarios ausentes-), el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha calificado como “acto delictivo” la decisión unilateral del legislativo catalán. Durante su comparecencia sin preguntas, Rajoy ha anunciado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, una decisión que esta misma tarde había recibido el visto bueno del Senado (81% de los votos a favor) y que justo después ratificó en sesión extraordinaria el Consejo de Ministros.

El presidente español ha avanzado que el Gobierno central asume la gestión de las competencias de la Generalitat catalana. Rajoy ha dado la orden de cesar a todo el Govern, incluyendo al president catalán, Carles Puigdemont, así como a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros. Además, Rajoy comunicó que el Parlament queda disuelto y convocó elecciones autonómicas “libres, limpias y legales” para el próximo 21 de diciembre para, según sus propias palabras, “restaurar la democracia en la comunidad autónoma”.

Rajoy pidió tranquilidad a los ciudadanos de España y Cataluña y aseguró que “las cosas se harán bien, con mesura, con eficacia, como hemos hecho hasta ahora”, y subrayó que “España es un país serio”.

Además, según explicó, el Ejeutivo va a estar “a la altura de las circunstancias” y ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la declaración unilateral de independencia aprobada este viernes por el Parlamento catalán, y señaló también la destitución de Pere Soler, director de los Mossos d´Esquadra. Entre los cargos que quedan relegados de sus funciones también se encuentran los delegados de la Generalitat en Madrid y ante las instituciones europeas en Bruselas, así como los cargos directivos de Diplocat (servicio exterior de la Generalitat). “El Estado dispone de medios suficientes para, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal”, aseguró el presidente español, que agradeció el apoyo del PSOE y Ciudadanos a la decisión del Ejecutivo central.

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La balanza y el mazo, la legalidad como garantía, política y represión

Si para algo está sirviendo la crisis catalana, incluso lejos de solucionarse o llegar a término, es para conocernos mejor. La afirmación, que suena amable como un lema de autoayuda, solo nos habla de que hemos destapado lo que llevábamos tiempo ocultando. Si el 15-M fue en parte una gran terapia de grupo, este momento es como un monólogo interior que carece de esperanzas pero al que le sobran frustraciones. Cataluña, el gran chivo expiatorio de las Españas, tras sefardíes y moriscos, comunistas y masones, está siendo la excusa propicia para la vuelta de todos aquellos que añoraban el Amanecer en Cegama. Pero no solo.

Si hay un argumento que ha tenido un éxito arrollador, además de transversal, ha sido el de la legalidad. El conflicto territorial ha revelado que la connivencia con lo existente es mucho más profunda de lo esperado y que lo que comienza en la parte más reaccionaria de la sociedad es un discurso repetido por sectores de todas las capas y todas las ideologías.

Y dejen que les diga algo. Esto de apelar a la legalidad, desde la abstracción interesada, muestra una preocupación sincera unida a un desarrollo político endeble, pero también es un pretexto para tapar españolismos, miedos al cambio e incluso vulgares resituaciones profesionales que, anticipando la que se nos viene encima, buscan el blanqueamiento de lo sensato para no quedar atrapados en la represalia. Ya les adelanto, no valdrá de nada.

La legalidad es una buena idea. Yo mismo he recurrido a ella muchas veces para intentar promover el laicismo tras la ola siguiente a cada atentado yihadista. La legalidad es un avance histórico que nos permite no estar a expensas de los caprichos del reyezuelo o el santón, saber a qué atenernos, darnos un marco de convivencia. Parece lógico que si alguien –en este caso los independentistas– es acusado sin descanso de no respetar la legalidad concite críticas adversas y un descrédito a sus fines. La legitimidad que da la capa de lo legal sigue siendo importante para la mayoría de la población, es decir, se entiende que no basta que una propuesta política sea razonable, sino que para alcanzarla hay que seguir unos cauces pautados.

Esto no es una novedad histórica. El propio Lenin, que anda de aniversario, trató la cuestión de la legalidad en sus escritos llegando a la conclusión de que era un factor a tener en cuenta para conseguir el respeto y la atención de los ciudadanos. Efectivamente el Partido de los socialdemócratas rusos, del que el padre de la URSS formaba parte, utilizó las escasas herramientas legales que el régimen zarista le permitía como forma no de lograr ningún avance, debido a la inutilidad programada de las mismas, sino sobre todo como altavoz de legitimidad. También, obviamente, hizo uso de otras muchas herramientas ilegales, al igual que el zarismo, al que ni siquiera su propio aparato jurídico le valía para mantener el orden establecido.

Este ejemplo histórico no intenta hacer un símil con nuestro contexto. Lo que se vive en Cataluña no es una revolución obrera ni España es el Estado postabsolutista de los Romanov. Pero sí nos vale para ir haciéndonos una idea de qué es eso a lo que se llama legalidad y cuál es su relación con la política. La legalidad, de lo único que nos previene, es de la arbitrariedad del poder, y por lo general ni eso, ya que puede ser torcida, enmendada o directamente obviada cuando quien la ostenta lo decide. El segundo elemento es que la legalidad, aun intentando expresar equidistancia, razón y justicia, es sobre todo la expresión de unos intereses de clase. El tercero es que la legalidad es una herramienta dúctil que adopta la forma de la mano de quien la empuña, primando más la habilidad para encontrar sus resquicios y usos interesados que los significados concretos de sus artículos.

Un apunte antes de continuar. El mero hecho de que lo legal esté centrando el debate es la consecuencia de cómo se ha tratado el conflicto catalán, esto es, como una cuestión de orden público antes que como un problema político. De ahí que hablemos de cargas policiales, sedición y cárcel y casi nada de las causas profundas que nos han colocado en esta situación. Nadie puede ocultarse detrás de la legalidad para no buscar un consenso cuando todos los gobiernos centrales han negociado con una banda terrorista. Y esta hoja de ruta, como no nos cansamos de insistir por aquí, no es torpeza, sino premeditación. Una que pretende tapar las faltas de los incendiarios y utilizar esta crisis para la cimentación del régimen de Felipe VI.

Hay un factor profundamente hipócrita en las apelaciones a la legalidad, sobre todo en el sector más derechista del bloque monárquico. Y si no, miren la corrupción, algo que ha afectado desde la Casa Real hasta el concejal de urbanismo de la pedanía más recóndita. Que el partido que ostenta el gobierno esté envuelto en un caso de financiación ilegal –que realmente más que financiación es el modus operandi de relación entre élites políticas y económicas– habla de la poca autoridad moral de estos señores para portar la venda y la balanza. La Ley de Memoria Histórica ha tenido una aplicación deficiente boicoteada, una y otra vez, por los herederos del franquismo. En el ámbito más cercano, la legislación laboral es retorcida, ninguneada y moldeada para que el empresariado haga y deshaga a su antojo. Efectivamente, ni todas las leyes valen lo mismo ni la ley es igual para todos.

Sin embargo, este hecho, por sí mismo y por sus protagonistas, siendo justos, no es respuesta al problema. Si buscamos un país más decente, el hecho de que los representantes públicos sean tan dados a la ilegalidad –pregunten también a la derecha catalana independentista– no nos debería otorgar a los demás la capacidad de hacer de nuestra capa un sayo. Hay hipocresía e impudicia, pero sobre todo hay una apropiación del concepto de legalidad con una carga ideológica muy profunda y peligrosa.

No hay líder de Ciudadanos, el partido más extremista del bloque monárquico, que no se arrogue la coletilla de demócrata frente al independentismo. Que el independentismo rompa las costuras legales de lo que realmente nos habla es del agotamiento de un modelo territorial, de un enconamiento prolongado, de la falta de salidas. No de que más de dos millones de personas se levanten un día con ánimos sediciosos. Nos habla de que hay una parte de la población, legalmente española, que no quiere serlo. Y esto, aunque no se reconozca, aunque haya quedado sepultado por lo mediático, es el ineludible fondo. Los independentistas no están abogando por una barbaridad contraria a los derechos humanos, sino por algo perfectamente democrático como la autodeterminación. E insistir en lo contrario lo que busca no es aclarar el panorama, sino crear un enemigo legalmente eliminable.

El independentismo no ha respetado la legalidad del Parlament, pero a lo más que ha llegado ha sido a representaciones políticas de una idea, sin valor jurídico como ellos mismos han reconocido en la de antemano inútil correspondencia con el Gobierno central. Precisamente ha sido este, con la legalidad en la mano, el que ha hecho algo tan ilegítimo como utilizar una violencia desproporcionada contra los votantes del referéndum e incluso forzar la legalidad hasta límites muy poco claros. Así ha ocurrido con el encarcelamiento de los líderes de Òmnium y ANC, donde la competencia del órgano judicial, la figura del delito, así como la prisión incondicional, despiertan dudas entre los expertos.

Pero es en el propio artículo 155 de la Constitución donde se expresa bien el motivo sobre el que gira este texto: la naturaleza de clase de la legalidad. Como apuntaba Julio Anguita en un escrito reciente, el 155 carece de una ley orgánica que lo desarrolle, siendo una carta blanca, esto es, totalmente arbitraria, para intervenir la autonomía. Esta abstracción, no corregida en 40 años, no es casual, ya que responde al deseo de la clase dirigente española de tener un recurso de atribución de plenos poderes para mantener no ya la unidad territorial, sino el dominio sobre las administraciones que no controlen mediante el voto. Que la supervisión de la aplicación del artículo lo vaya a ejercer el propio Ejecutivo ya habla del absolutismo de la medida. Veremos cómo responde el Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por la Generalitat.

La Constitución, que se presenta como un todo inalterable, infalible y ausente de influencia, se cambió cuando los banqueros alemanes así lo desearon, añadiendo una cláusula neoliberal, el 135, que entra en contradicción con el supuesto carácter social y el valor de igualdad que se establecen en el Título preliminar. Que un artículo como el 128, aquel que dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, no haya tenido nunca una utilidad social, lo que nos explica es la capacidad de la izquierda, en las instituciones pero respaldada por la fuerza de la calle, para introducir elementos progresistas, así como su pérdida de poder posterior para hacerlos efectivos. El propio proceso de autonomía andaluza deja constancia de cómo el texto constitucional tuvo que ir variando no tanto por la buena voluntad de sus padres, como se nos ha contado desde el periodismo mitológico, sino por la presión democrática del pueblo movilizado. La Constitución es resultado de una reconfiguración en régimen liberal de la dictadura franquista, no del fin de esa dictadura, por presión interna de la oposición antifascista y por necesidades externas de un contexto internacional que necesitaba una España presentable para el proceso de unidad europea.

Lo que parece, viendo la alegría con la que la derecha amenaza con el 155 a Castilla La Mancha, Euskadi y Navarra, viendo la absoluta falta de mesura y control interno en sus procedimientos punitivos, viendo la adhesión inquebrantable del cuarto poder, no es ya que la crisis actual vaya a tener una resolución dialogada y democrática para todos los catalanes, independentistas y no independentistas, sino que el Régimen del 78 se reencarnará en sí mismo, siendo algo aún más reaccionario, bajo la idea no de que la legalidad es garante de la democracia, sino de que una legalidad muy específica, restrictiva y regresiva, es la única forma de democracia posible.

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Tengo un miedo de Transición

Esto es una opinión. A veces escribo reportajes y otras veces, crónicas. Pero esto es una opinión. La ventaja de la opinión es que una puede enunciar sus miedos sin necesidad de disfrazarlos de realidad con datos. El periodismo y la narrativa, al fin y al cabo, no son más que formas de enunciar nuestros temores. El periodismo, además, da palos de ciego tratando de atinar un futuro en el que sea posible guarecerse. El mayor problema del periodismo es que participa en la construcción de aquello que pretende narrar para guarecerse.

Desde que Pedro Sánchez pactó eso que llaman “aplicar el 155” en Cataluña a cambio de que Mariano Rajoy aceptara eso que llaman “una reforma de la Constitución”, me tiene endurecida un miedo inconcreto. ¿A qué? Los miedos siempre son a algo, me digo. ¿A qué, pues?

Voy a intentarlo.

Creímos que, pasado el tiempo, el trapicheo que llamaron Transición y al que se agarran con uñas y dientes, se revisaría. Creímos que se juzgarían los crímenes franquistas, que se echarían cuentas, que a los miles y miles y miles de asesinados se les daría familiar sepultura, que el cinismo político, en fin, daría paso a otra forma de entender la gestión de lo común, de lo público.

Pues bien, hace ya algunos días que me temo que no. Al pacto que existía entre PP y Ciudadanos para que así fuera, para que nada cambiara, se ha unido el PSOE. Y ya están todos. No creo, de ninguna manera, que el pacto de los socialistas con los ultraconservadores y sus conservadorcitos de misal, tenga como objetivo Cataluña. O no exactamente. Creo –y por eso, esto es una opinión– que el objetivo de los dos partidos mayoritarios es frenar en seco, cortar de raíz, abortar un posible cambio en España, ese cambio que pasa por mirar a la cara a la Transición, redactar con honestidad nuestro pasado y ventilar todos los mohos que a nuestra sociedad le crecen entre los dedos de los pies.

Pero esto es solo una opinión, me digo mientras leo que algunos dirigentes del PP ya han advertido que el 155 se puede aplicar también en Euskadi, por ejemplo, o en Navarra.

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Rajoy anuncia el cese del Govern de Puigdemont y la celebración de elecciones

Mariano Rajoy, durante su investidura como presidente el 29 de octubre de 2016. Foto: CONGRESO.ES

Cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y de los consejeros. Sus funciones corresponderán hasta la celebración de elecciones –en un plazo no superior a seis meses– a los ministerios del Gobierno central. La Generalitat de Catalunya como administración continuará funcionando como una organización administrativa ordinaria pero bajo las directrices del Ejecutivo central. Además, la presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar debates ni votaciones de investidura.

Este el resumen de las principales medidas que ha adoptado el gobierno de Mariano Rajoy –con el acuerdo del PSOE y Ciudadanos– en aplicación del artículo 155 y que ahora deberá refrendar el Senado. “No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, se cesa a las personas que han puesto ese gobierno fuera de la ley, de la Constitución y del Estatuto”, ha asegurado el presidente español en una rueda de prensa tras el consejo de ministros celebrado este sábado.

“No se pueden hacer peor las cosas, incluso para los intereses de quienes las hicieron”, ha iniciado el presidente su intervención, en la que ha insistido en que no era su intención ni su deseo aplicar el 155. “Diálogo, una palabra hermosa que en esta ocasión se ha convertido en mágica. Nadie planteó un diálogo por parte de la Generalitat, sino una imposición. Se invitó al presidente al Parlamento y no quiso, a la Conferencia de Presidentes y no quiso, a hablar de la financiación autonómica y no quiso. Lo único que se hizo fue liquidar la ley y poner en marcha sin tener competencia para ello una legalidad paralela. Ni siquiera el diálogo se practicó en el Parlamento de Cataluña”, ha afirmado Rajoy.

Según ha respondido a preguntas de los periodistas, ningún nuevo paso de los responsables de la Generalitat frenará la aplicación del 155. Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia y restituir la vigencia de la Constitución y del Estatuto de autonomía. Estos son los objetivos que esgrime el Ejecutivo tras los dos requerimientos enviados al presidente catalán, Carles Puigdemont.

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