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Un organigrama para Catalunya

La jueza titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, ha realizado su último acto judicial antes de entregar al Tribunal Supremo la causa que investiga contra miembros del Govern y contra los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En un informe requerido por el Tribunal Supremo acerca del estado de tramitación de esta causa que se sigue por los delitos de rebelión, de sedición y de malversación de fondos públicos, ha plasmado su particular visión de toda la planificación política del Parlament, del Govern y de la “sociedad civil” (asociaciones ANC y Òmnium), desde el resultado electoral del 27 de octubre de 2015, bajo el concepto de “organización”.

No le ha aplicado el calificativo de “criminal”, pero en el seno de un procedimiento penal, en el que se repite constantemente la palabra “organización”, con inclusión de un organigrama, con reparto de funciones, para la realización de “un plan preconcebido”, es evidente que se estaría hablando de organización criminal y no de una simple reunión de una comunidad de vecinos.

En el organigrama que se incluye en dicho informe, se sitúan cuatro casillas: “legislativo”, “ejecutivo”, “sociedad civil” y “asesores ideólogos”. Es decir, la estructura de la Comunidad Autónoma de Catalunya y quienes participaron en el plan secesionista.

Hasta ahí, nada habría que objetar. El resultado electoral del 27 de octubre de 2015 fue mayoritariamente soberanista: todos los partidos que concurrieron a las elecciones lo hicieron con un programa político lícito, que no fue intervenido por ninguna autoridad judicial o policial. El programa soberanista con el que concurrieron los partidos independentistas no fue anulado ni ilegalizado y los mítines y campañas realizados no fueron suspendidos ni hubo detenciones, pese a que su programa soberanista fue claramente anunciado, con total transparencia y publicidad.

A partir de este resultado electoral del 27 octubre de 2015, el primer acto parlamentario que impulsa el proceso soberanista data del 9 de noviembre de 2015. Es esta fecha la que toma como punto de partida la querella de Fiscalía, que recogerá todos los actos parlamentarios y dos decretos del Govern.

Esta es la organización: una detallada y exhaustiva descripción de los trabajos parlamentarios, realizados por parlamentarios y votados por ellos. Es decir, una planificada acción política con el objetivo de cumplir un programa político, que fue el mayoritariamente votado por los ciudadanos catalanes.

Como colofón, estos dos años de realización de actos parlamentarios y actuaciones de gobierno fueron acompañados de la legitimidad popular, visibilizada en movilizaciones sociales de apoyo a esta actividad política: Diadas y diversas manifestaciones masivas, en las que no hubo nunca ni violencia ni intimidación y no se registraron tampoco detenciones. Se han llegado a registrar hasta dos millones de personas en apoyo al soberanismo. Esta parece ser, la “sociedad civil” marcada como brazo de esta organización descrita por la jueza Lamela.

Nos preguntamos cuál es el elemento criminal que subyace en esta descripción de los hechos y en este organigrama: más bien pareciera una loa a la actividad política consistente en cumplir un programa político, tal cual fue demandado por el 47,4% del electorado, de forma coherente, sistemática y planificada, si no fuera por el hecho de que hay diez personas en prisión provisional y cinco perseguidas en Bélgica para ser encarceladas.

Se dice que todos los actos parlamentarios que impulsaron el Procés fueron suspendidos y anulados por el Tribunal Constitucional. Y ahí está, precisamente, la confusión buscada por muchos que apoyan esta escalada de represión: los actos ilícitos no son necesariamente delictivos. Por ejemplo, el despido de una mujer por el hecho de quedarse embarazada, sería un ilícito que conllevaría la nulidad del despido, es decir, sin efectos jurídicos. El empleador que así ha actuado no es un delincuente por ello, realizó una ilicitud pero no delinquió.

En el Procés, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de los actos parlamentarios pero éstos no son en sí mismos delictivos ni obedecen a un plan criminal preconcebido para la comisión de los delitos de rebelión o sedición.

Llama la atención que el informe emitido por la jueza Lamela se prodiga en detalles sobre dicha planificación parlamentaria y nada diga acerca de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias. Esta protección institucional está contenida tanto en la Constitución Española como en el Estatut de Catalunya, que aunque fuera cribado por el Congreso de los Diputados y anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional, precisamente en este punto se mantuvo intacto. Ni se deben perseguir a los parlamentarios por los votos y opiniones en el ejercicio de su cargo ni se debe detener a los parlamentarios y miembros del Govern -artículos 57 y 70 del Estatut-.

También sorprende que se omita el hecho de que el Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona está investigando 280 casos de maltrato policial durante la jornada del 1 de Octubre, lo que abunda en la idea de que la violencia no procedió de la multitud que acudió a votar, sino de ciertos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que cargaron brutalmente contra la sociedad civil.

Pese a ello, se insiste en que la planificación incluía grandes movilizaciones “intimidatorias” y que se había abonado en “las masas” la falsa idea de que se estaba legislando conforme a Derecho para procurar la independencia. Como si la sociedad civil no hubiera estado “abonada” de ese deseo soberanista, legítima y pacíficamente perseguido, antes de la celebración de las elecciones del 27 de octubre de 2015. Probablemente, en las manifestaciones pacíficamente convocadas los días 20 y 21 de septiembre hubo incidentes aislados, en los que se dañaron vehículos policiales, pero los responsables están sin identificar, lo cual no convierte el ejercicio del derecho de manifestación en un acto insurreccional o sedicioso.

Esta delirante construcción de la dinámica parlamentaria llevada a cabo durante dos años, con organigrama incluido, viene, sin duda alguna, propiciada por una visión muy paranoica basada en meros futuribles, que incluiría una distopía sobre el futuro del reino de España, como panorama desgarrador de lo que los “padres” de nuestra Constitución habrían querido evitar.

Sin embargo, los hechos son los que son, documentados en actas parlamentarias y en archivos videográficos, por más que jueces y policías se empeñen en interpretarlos como hechos sediciosos o de rebelión.

No estamos defendiendo el independentismo sino las garantías que sostienen todo sistema democrático, que en este caso incluyen el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la actividad de representación política en órganos parlamentarios y de gobierno y el derecho a no ser sujetos a la arbitrariedad de los poderes públicos, respetando en todo caso la separación de poderes del Estado. Todos, por cierto, con categoría de Derechos Humanos. Hasta un juez belga podría verlo.

  • Isabel Elbal forma parte del equipo jurídico que defiende a Meritxell Serret y Antoni Comín

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Rajoy anuncia el cese del Govern de Puigdemont y la celebración de elecciones

Mariano Rajoy, durante su investidura como presidente el 29 de octubre de 2016. Foto: CONGRESO.ES

Cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y de los consejeros. Sus funciones corresponderán hasta la celebración de elecciones –en un plazo no superior a seis meses– a los ministerios del Gobierno central. La Generalitat de Catalunya como administración continuará funcionando como una organización administrativa ordinaria pero bajo las directrices del Ejecutivo central. Además, la presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar debates ni votaciones de investidura.

Este el resumen de las principales medidas que ha adoptado el gobierno de Mariano Rajoy –con el acuerdo del PSOE y Ciudadanos– en aplicación del artículo 155 y que ahora deberá refrendar el Senado. “No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, se cesa a las personas que han puesto ese gobierno fuera de la ley, de la Constitución y del Estatuto”, ha asegurado el presidente español en una rueda de prensa tras el consejo de ministros celebrado este sábado.

“No se pueden hacer peor las cosas, incluso para los intereses de quienes las hicieron”, ha iniciado el presidente su intervención, en la que ha insistido en que no era su intención ni su deseo aplicar el 155. “Diálogo, una palabra hermosa que en esta ocasión se ha convertido en mágica. Nadie planteó un diálogo por parte de la Generalitat, sino una imposición. Se invitó al presidente al Parlamento y no quiso, a la Conferencia de Presidentes y no quiso, a hablar de la financiación autonómica y no quiso. Lo único que se hizo fue liquidar la ley y poner en marcha sin tener competencia para ello una legalidad paralela. Ni siquiera el diálogo se practicó en el Parlamento de Cataluña”, ha afirmado Rajoy.

Según ha respondido a preguntas de los periodistas, ningún nuevo paso de los responsables de la Generalitat frenará la aplicación del 155. Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia y restituir la vigencia de la Constitución y del Estatuto de autonomía. Estos son los objetivos que esgrime el Ejecutivo tras los dos requerimientos enviados al presidente catalán, Carles Puigdemont.

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El Gobierno anuncia que el sábado aprobará las medidas para aplicar el 155 en Cataluña

puigdemont

“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre“. Así finaliza la respuesta enviada por el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, al segundo requerimiento del Gobierno previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Ejecutivo, por su parte, ha convocado el Consejo de Ministros el próximo sábado para aplicar el 155. En la carta, Puigdemont hace referencia al encarcelamiento de los presidentes de Òmniun Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana y vuelve a incidir en la petición de una reunión con el presidente Mariano Rajoy. En este sentido, desestima la negociación en el Congreso de los Diputados que reclama el Gobierno.

“El presidente de la Generalidad no responde al requerimiento”, ha afirmado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la lectura de un comunicado en una comparecencia sin preguntas. “No se ha contestado al requerimiento y continuará con los trámites previstos para restaurar la legalidad en Catalunya y el orden constitucional y frenar el deterioro que la inseguridad jurídica y política que está causando la Generalidad”, ha añadido.

 

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La España que deseo

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No soy nacionalista. Ni vasca ni española. Igual no lo soy precisamente porque soy vasca, porque llegué a la conciencia política en un contexto en el que la nación, tanto vasca como española, significaba para mí una especie de pozo negro donde fermentaban el odio, la polarización y la violencia. Me crié en un ambiente en el que España era los GAL, la guardia civil de los controles de tráfico, los “maderos” que nos sacaban a tortas de los bares. España era la monja bigotuda de mi colegio que se negaba a llamarme Edurne porque era un nombre vasco. España era el imperio que celebraba el quinto centenario del “descubrimiento” de América sin reconocer el genocidio indígena. España era lo peor. No nos acordábamos ni de Lorca ni de Miguel Hernández, ni de Durruti ni de Federica Montseny. En nuestro imaginario —o en el mío, solo debería hablar por mí— los españoles admirables lo eran a pesar de sus orígenes. O lo eran porque se rebelaron contra la España carpetovetónica, la que va de los Reyes Católicos hasta el Caudillo y sus herederos. Euskal Herria, la otra nación, tampoco me resultaba mucho más atractiva: era la Arcadia por la que algunos estaban dispuestos a matar. Con eso bastaba.

Ahora soy consciente de las limitaciones de mi visión polarizada, tanto de la nación española como de la vasca. Aun así, sigo creyendo que esa España carpetovetónica existe. Es la España inmovilista, la monológica, la que mira entre el desprecio y el odio cualquier demostración de diferencia, la que está dispuesta a sacar los tanques en defensa de una constitución fallida y defectuosa. Es la España que se aferra a una legalidad que parece escrita no por seres humanos, con las limitaciones propias y de su contexto histórico, sino por un dios omnisciente que ha marcado su ley en unas tablas sagradas invariables, eternas, irrevocables. Es la España que cuando se habla de la dispersión de presos dice “que se jodan”, la que piensa que si a un detenido le torturan, “algo habrá hecho”.

Es la que no reconoce el feminicidio ni ampara como debiera a las mujeres y niños víctimas del abuso, la que cuestiona la ley de matrimonio homosexual. Es la que condena con la cárcel a gente que cuelga un chiste en Twitter pero se calla, cómplice, cuando un torero enarbola la bandera con el aguilucho franquista o cuando un cura dice desde el púlpito que con Franco se vivía mejor. Es la que defiende que desenterrar a los muertos de las cunetas y devolverlos a sus familiares en duelo eterno significa reabrir la herida de la Guerra Civil. Es la que cierra sus puertas a los refugiados, la que dice que se queden en sus casas si no se quieren morir ahogados en el mar. Esa España existe, no es minoritaria, vota en las elecciones, elige a sus representantes. A esa España yo no la quiero.

Pero sé que hay otra España, una con la que se podría construir la que yo deseo. No soy politóloga ni abogada ni juez. No sé qué mecanismos se pueden crear para mejorar la Constitución ni cómo habría que cambiar las leyes para poder desarmar a esa otra España ruin. Para sentirme ciudadana en este país, para aceptar a España como una nación con la que me siento identificada, que reconoce mis derechos y mi diferencia, tendrían que cambiar mucho las cosas.

Yo quiero una España en la que hablar en lengua propia, ya sea el catalán, el gallego, el euskera, el bable o cualquiera de los idiomas o dialectos que pueblan nuestro Estado, no sea objeto de linchamiento colectivo, como vimos a cuenta de las comunicaciones de los Mossos durante el atentado de Barcelona. Una España que reconozca los errores históricos y que se empeñe en acomodarse a los nuevos tiempos, a las necesidades políticas, económicas y afectivas de sus ciudadanos de las periferias. Una España que penalice el feminicidio pero no la libertad de expresión, solidaria con los más desfavorecidos de dentro y de fuera. Me llamarán ingenua, adanista, pero me da igual. A mí me han preguntado qué España quiero, no qué España creo que sea posible. El deseo a veces es incompatible con la realidad, pero sin deseo tampoco hay futuro.

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Respeto o pérdida

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“Había empezado a considerar la ignorancia como un crimen”, dice un personaje cosecha del formidable escritor George Turner. Y por ignorancia no se refiere a la falta de estudios o información, sino a la voluntad de no interpretar los hechos, limitándose a asumir o replicar las ideas que proyectan otros sobre ellos. Así es como se propagan un sinfín de etiquetas falsas. ¿Por ejemplo? “España va bien”. ¿Otra? “Como vienes de un barrio de periferia barcelonesa y escribes en español no puedes querer el referéndum, ese delirio impulsado por la burguesía”.

Hace quince años, cuando la primera etiqueta triunfaba sin demasiada oposición, me descubrí conversando a diario con la tele diciéndole que no podía ser natural que el país batiera cinco récords económicos semanales, además de percibir en un sinfín de actitudes y declaraciones que España no había cambiado tanto desde el esperpento de Valle-Inclán. Como las noticias narraban un país que desde luego no era el que yo encontraba en la calle, me sentí imprecisa pero profundamente engañado, y para que la sensación no derivara en impotencia, fui en busca de España, a la que dediqué un libro de más de 600 páginas.

Uno de los textos apuntaba cómo, incluso cuando la cosa “iba bien”, los superdotados y demasiada gente con facultades intelectuales especiales hallaba obstáculos tan enormes para expandir sus capacidades, que muchos se deprimían o emigraban a otros países.

La llegada de la crisis hizo que millones de personas repensaran España. Las diferencias ideológicas se enconaron, la mayoría de medios de comunicación se alinearon sin tapujos con uno u otro partido, y por el camino se esfumó una palabra: librepensador –el “francotirador” de los 90–, esa figura que describía a los escritores, periodistas, filósofos, pensadores independientes en general que emitían opiniones no sometidas al escrutinio de ningún director o redactor jefe. ¿Qué palabra define ahora a ese tipo de personas? Si los tertulianos son el relevo… Las palabras dicen mucho de la sociedad que las emplea, tanto como su ausencia.

La fuga de cerebros y la “desaparición” del librepensador son dos botones de los derroteros que ha seguido el país. Ambas pérdidas evidencian cuánto se trabaja en nuestra sociedad por neutralizar el talento, la autocrítica y el libre albedrío. Por cultivar la ignorancia. Por eso, puestos a querer, pediría una educación que impulse a cuestionar los lugares comunes y denunciar las etiquetas falsas, a concienciarnos de que la cultura es un poder, las Constituciones no son eternas y de que el mundo líquido que habitamos exige sociedades dinámicas porque el inmovilismo bloquea y anquilosa.

La educación pasa por informarse al menos un poco y de forma contrastada antes de hablar, lo que da por resultado entender, por ejemplo, que la (vieja) burguesía catalana no ha “abducido” a millones de personas sino que supo jugar sus agónicas últimas bazas para intentar capitalizar un movimiento que ya estaba en marcha y, como la Historia sabe, responde a la demanda de un pueblo que basa su poder en el tejido asociativo. Sí, hay un puñado de burgueses tramposos camuflados entre la masa, pero no confundamos a esa micro parte de cobardes corruptos con el todo que reivindica cambios desde antes de la crisis económica.

El conflicto actual entre España y Cataluña señala el fin de una Transición que todavía no había llegado. Para mí, como para muchísimos catalanes, la aspiración siempre ha sido sustituir esa España Una –que recuerda al American First de Donald Trump– por una España Plural que reconozca y disfrute de todas sus regiones, sus lenguas, sus naciones. Pero si el Gobierno español se niega a evolucionar y es necesaria una ruptura, que así sea.

Es cierto que el Parlament ha actuado de forma arbitraria y saltándose normas establecidas. A veces, para modificar situaciones no basta con perpetuarse en una equidistancia presuntamente bienintencionada y políticamente supercorrecta, aún más cuando sabemos que entre equidistar e ignorar a menudo hay un salto muy (muy) pequeño. Es cierto que las cosas podrían haberse conducido de otra forma, que se tendría que haber dialogado, que no deberíamos haber llegado a este punto. Pero en este punto estamos. La desobediencia inminente de millones de catalanes.

Entre otras cosas, por haber creído durante mucho tiempo en un equilibrio y una justicia que constantemente decepcionaba a unos ciudadanos a quienes no solo se desoía sino a los que se faltaba el respeto, como ocurrió con la intrigante derogación del Estatut en 2006. La caída hasta la casi desintegración del socialismo catalán se debió a una equidistancia insostenible. Si alguien pretende una España federal, o como sea, ¿por qué no lo expresa sin miedo? Mi opción es defender ideas de forma pacífica pero firme, y responder a las agresiones con más firmeza pacífica. El miedo y las estrategias “equidistantes” del café para todos y las putas i ramonetas no solo no han dado resultado sino que nos han traído hasta aquí. “Tú eres aquí la única parte inocente y la única que no me inspira ni pizca de respeto”, escribió George Turner también. Es decir, llegados a cierto punto, hay que moverse. Hay que apostar.

Escritor

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Julia Sevilla: “Hay demasiada testosterona”

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El desarrollo del Estado autonómico ha superado con creces el proyecto plasmado en el texto constitucional, pero no es lo único. “Hay aspectos que no se consideraron cuando la Constitución se aprobó, algunos ni se plantearon y otros han sufrido una evolución que está lejos de parecerse al propósito para el que fueron creados”. Por esa sencilla y contundente explicación hay que reformar la Constitución, reflexiona la profesora de la Universidad de Valencia Julia Sevilla, presidenta honorífica de la Red Feminista de Derecho Constitucional.

¿Hay demasiada testosterona en el conflicto sobre Cataluña?

Sí, claro, hay demasiada. Casi el 100% de los líderes de los partidos son hombres, que ocupan también la mayoría de las presidencias de las comunidades y las cúspides de casi todo. Y, sin embargo, en el debate sobre Cataluña también hay mujeres que hablan en nombre de sus partidos y con la misma o mayor destreza que los hombres. Pero, ¿quién tiene la última palabra y pone el punto final del debate? Los que ocupan esa cima. Y son “los” y no “las”. Y en casi todos los partidos, por dejar abierta la posibilidad, el liderazgo lo desempeña un hombre. Pero también los medios colaboran en ello, por una parte reafirmando lo que existe y, por otra, reforzando los roles que la sociedad asigna ¿tradicionalmente? a las mujeres.

¿Cualquier reforma de la Constitución debe pasar por una reforma con perspectiva de género? 

Indudablemente. Desde hace años las constitucionalistas, que defendemos la igualdad de mujeres y hombres, consideramos que es necesaria una reforma que reconozca la existencia, real, de dos sujetos constitucionales como lo han hecho las constituciones de algunos Estados europeos (Alemania, Italia, Portugal, Francia). Y, también, que se incorporen los derechos que se han reconocido en las leyes de igualdad y contra la violencia de género. Las últimas reformas estatutarias han desarrollado nuestra condición de sujetos de derecho que debería incorporar la Constitución. Es su lugar.

¿Por qué sigue vigente el artículo machista de la sucesión a la Corona?

La respuesta es obvia: porque no se ha reformado la Constitución. Y es tan posible como el resto de las propuestas que desde hace tiempo venimos haciendo la Red Feminista de Derecho Constitucional. Este artículo, de la sucesión a la Corona, unió a todas las diputadas y senadoras constituyentes que, unánimemente y por encima de las diferencias ideológicas, abandonaron el Pleno para expresar su disconformidad con él. Es más, se podría haber resuelto sin necesidad de vulnerar la propia Constitución, que prohíbe la discriminación por razón de sexo. Solo permaneció en el Pleno la diputada que defendió el voto en contra, Dolors Calvet. Además, pienso que existe un gran acuerdo sobre esta materia.

¿Cuándo se hablará de las madres de la Constitución? 

Ya es hora y lo fue cuando se impulsó desde la Vicepresidencia del Gobierno [María Teresa Fernández de la Vega] la recuperación de la labor que hicieron en el libro Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente. Y que no fue poca pese a que solo eran 21 diputadas y seis senadoras. Pero, indudablemente, es necesario reivindicar la presencia y aportaciones de las mujeres en todos los campos, especialmente en las instituciones que representan a la ciudadanía.

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El ‘procés’ como síntoma de la quiebra

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Corría el año 1995 cuando la periodista Victoria Prego entrevistó al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez. Una parte de esa conversación se guardó en secreto hasta que, el 18 de noviembre de 2016, La Sexta Columna la hizo pública. Esta es, a micro tapado:

–Es simplemente que la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república.

–Claro, y eso era peligrosísimo en ese momento.

–Hacía encuestas y perdíamos…

–…

–Era Felipe el que estaba pidiendo a los otros que lo pidieran… Entonces yo metí la palabra Rey y la palabra Monarquía en la Ley [para la Reforma Política], y así dije que había sido sometido a referéndum ya.

Las palabras clave de esta corta grabación son monarquía y referéndum. Las palabras clave de lo que se ha venido en llamar el Procés catalán son referéndum y república. No son casuales las coincidencias. De la misma forma que la confesión de la trampa de Suárez pone de manifiesto la farsa democrática que subyace bajo la Transición, los ejes del Procés dinamitan el muy celebrado “consenso” en torno a la misma. Los dos hechos –que se haga pública la conversación secreta y que Cataluña exija un referéndum por la independencia– eran impensables hace solo una década. Son la consecuencia de una serie de crujidos que han ido descascarillando las capas de pintura con la que se trató de tapar las grietas de una construcción política que hoy aparece como evidentemente endeble. Es lo que ha dado en llamar “crisis del Régimen del 78”. En principio, no se trata de movimientos para un mero cambio de gobierno aquí o allá, sino de la exigencia de un cambio de régimen. Nombrarlo es una forma de abrir la posibilidad de cerrarlo: “Régimen del 78”.

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y uno de los políticos que ha popularizado el término, asegura: “Lo usamos en la ciencia política. No es peyorativo. Es el conjunto de instituciones, actores y reglas del juego. Decimos del 78 porque pivotan en torno a un acuerdo constitucional. Luego han querido verlo como sinónimo del régimen franquista pero no… aunque tampoco ha molestado esa referencia negativa”.

El 31 de octubre de 2007, más de tres décadas después de muerto el dictador Franco, el Congreso aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica. Ese momento vino a señalar una de las principales y más fétidas quiebras fruto de la Transición: el silencio sobre las decenas de miles de víctimas de la guerra y la dictadura que aún hoy permanecen enterradas en fosas y cunetas. Y por encima de ellas, el vigor de una Ley de Amnistía que permitió dejar impunes a todos los criminales del franquismo. Aún hoy permanecen libres, y no pocos de ellos o sus herederos al frente de grandes empresas e instituciones nacionales.

El primer rasguño serio en el “consenso” de la Transición, el más sangrante, llegó de mano de las asociaciones de la memoria. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica (ARMH), sitúa dicho momento en el verano de 2002. “Organizamos un campo internacional de trabajo en Piedrafita de Babia con 15 jóvenes de nueve nacionalidades. Allí intervino por primera vez una jueza en una exhumación, la de Villablino. Poco después, en agosto, viajamos a Ginebra para reclamar los casos de los desaparecidos españoles ante la ONU. Ese verano la noticia de las fosas salió en todos los grandes medios nacionales e internacionales y recibimos cientos de llamadas de familiares. La derecha reaccionó con un ataque de revisionismo que convirtió en superventas el libro Los mitos de la Guerra Civil, de Pío Moa, que tuvo media hora de entrevista en La 2, en un programa que presentaba Carlos Dávila”.

Cataluña fue la primera comunidad que aprobó, en 2009, una ley sobre fosas comunes que abría la puerta a que la Administración sufragara las exhumaciones. Gobernaba entonces el tripartito formado por PSC, IU/EUiA y ERC. En noviembre de 2016, el actual Govern anunció que tenía localizadas 380 fosas y, cuatro meses después, una partida de 1,2 millones de euros para su gestión. Cuando el 22 de septiembre, el president Carles Puigdemont acusó al presidente Mariano Rajoy de ser “el guardián de la tumba” de Franco no hacía sino seguir un camino iniciado años atrás en Cataluña. En el lado opuesto, el PP. Como recuerda Silva, “Aznar declaró antes de irse de vacaciones en 2003 que iba a leer tres libros, uno el de Pío Moa, asumiendo públicamente las tesis revisionistas de la Guerra y la dictadura”…

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¿De dónde viene esta sensación?

gatopardo sensación

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Desde la enjuta inocencia del postlerdo, cabe entre otras, esta ristra: ¿Quién propone revisar la idea de Educación industrial que nos aqueja? ¿Quién la Sanidad como espacio de reflexión sobre la (nuestra) materia? ¿Quién propone la hospitalidad como moneda de cambio, la Literatura como gesto lúdico, la Ciencia como lenguaje?

Desde la enjuta inocencia del postlerdo, cabe esta pregunta: ¿De dónde le viene a una la sensación de que no hay deslumbramiento, entendiendo como tal la ofuscación fruto del gesto/idea/acción revolucionarios?

Poca explicación necesita la manoseada frase “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. “¿Y ahora qué sucederá?”, escribe en su novela El gatopardo. “¡Bah! Acuerdos pespunteados de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado… Una de esas batallas que se libran para que todo siga como está”.

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Mercedes de Pablos: “No se pueden negociar las emociones, sino las soluciones precisas”

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“Las comunidades tienen deudas históricas, las ciudadanas también. No concibo una reforma de la Constitución sin una comisión paritaria… y ya te digo, si nos ponemos revanchistas, tal vez les dejemos asistir de oyentes”. Obviamente es una broma, pero Mercedes de Pablos no da bromas sin hilo. Dice que le enorgullecen los actos, no las palabras: “Debe ser el materialismo histórico que me frena el fervor y el éxtasis patriota. Pero ni nos considero peores ni mejores. Me enorgullece la alegría, que se cree algo banal, o yo creo que es una filosofía de vida netamente revolucionaria. Ninguna victoria en el dolor, ninguna conquista desde la humillación ajena”. Hace cuatro años el Centro de Estudios Andaluces abrió un seminario permanente sobre federalismo y la conclusión fue clara: la Constitución había tocado techo.

¿Ha llegado el momento de cambiar España?

Hace tiempo que llegó y no fue posible. Las hemerotecas dicen claro quién se opuso a un nuevo pacto de convivencia constitucional. Mientras se veneraba a Suárez y se convertía la Constitución en las Tablas Sagradas, aquellos que no la habían apoyado en su momento, se iniciaba la cuesta abajo. La Constitución ha tocado techo no únicamente desde el punto de vista territorial sino desde la protección de los derechos de toda la ciudadanía y en la adecuación a los nuevos tiempos. Hay quien puso en riesgo una legitimidad que ahora se quiere revestir de legalidad.

¿Seguimos aferrados al 78?

Ese es un mantra falso, por una y otra parte, según mi opinión. Los que entonces fueron inmovilistas quieren convertir la difícil situación de la Transición en la fórmula mágica que todo lo arregla. Entonces se hizo lo que se pudo y fue mucho (conste que no es una autorreivindicación, yo fui demasiado joven para ser protagonista pero suficientemente autónoma para vivirlo en primera persona como una historia propia) y seguramente con kilos de piedras atadas al pie para evitar la confrontación social desde la violencia. Así de claro. Los que tenían las armas venían del régimen anterior, que pronto se nos olvida, y hubo que buscar elementos de vínculo (sentimiento nacional) para defender un orden democrático donde carceleros y encarcelados convivieran. Para mí fue ejemplar, con todos los errores. Aquellos protagonistas hicieron sus deberes… ¿Y los que vinieron después? Y especialmente hay un vacío que da vértigo: el reconocimiento de quienes habían sido víctimas y a quienes les debíamos los valores en cuyo nombre convivimos.

¿Qué España le gustaría vivir? 

La de la pluralidad y la igualdad. La de un territorio vertebrado en pacto social y en derechos, la que quieran quienes las habitan. Crecí en el internacionalismo y he de confesar que cada vez que un emigrante muere en ese Mediterráneo, al que le debo mi manera de ver el mundo, me dan ganas de quemar mi pasaporte. También me pasa cuando leo a Stephen Zweig. En nombre de España ignoramos a muchos españoles.

¿Y estamos por la labor de cambiarla?

Los cambios producen temor y sobre todo si quienes los reclaman lo hacen desde la exclusión o desde el sentimentalismo, que es legítimo, pero que hace difícil el acuerdo. Me explico: no se pueden negociar las emociones, sino las soluciones precisas. Pero lo cierto es que entre la crisis económica y la fragmentación de la cohesión social, hasta los más conservadores (que no quieren que cambie nada) comparten la sensación de incertidumbre. Y de cuarenta años para abajo las encuestas lo dicen claro, todo está en cuestión: el sistema de representación democrática, el sistema jurídico, el mercado. Todo. Como creo que estamos en el mejor de los mundos posibles, aquel que siente la necesidad de combinar libertad e igualdad, yo creo que hay que sentarse y defender aquello que es prioritario. Porque mientras tenemos miedo a cambiar, la Constitución por ejemplo, el mundo está cambiando. Dónde han ido a parar los derechos laborales, por ejemplo. 

¿Qué pasará ahora?

No me gusta nada de lo que ha pasado antes. Tengo la sensación de asistir como espectadores, y víctimas, a una confrontación que podía haberse evitado si hubiéramos sido los Suárez que algunos mitifican. No me gusta el esencialismo, es catalán quien piensa como yo, es español quien piensa como yo. Si tenemos madurez social y política lograremos recomponernos, si no, la fractura social que percibo lo será también en nombre de las naciones y no de los derechos. Espero que los ciudadanos premiemos la templanza y la honestidad . Steiner dice que hay momentos lúcidos y momentos idiotas en la historia de la humanidad. Ojalá esta vez, otra vez, seamos inteligentes. Por pura supervivencia.

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