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Medios que dependen de Silicon Valley

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La filantropía, muchas veces, se resume de la siguiente forma: un empresario acumula tan mayúsculo capital que distribuye cierto excedente entre la clase más baja para desactivar cualquier pretensión de mejora social. En lo referente al periodismo sirve para mantener vivas determinadas estructuras mediáticas inmersas en una crisis sin precedentes y, al mismo tiempo, expandir la doctrina económica que agrava su situación. A través de miles de millones de fondos privados invertidos en decenas de medios de comunicación principalmente europeos y estadounidenses, las corporaciones llevan décadas sufragando con sus fundaciones programas para financiar el periodismo. Hoy lo hacen entre proclamas a favor de la verdad y la democracia.

Con la llegada de Internet, que ha digitalizado la piel del capitalismo, no solo no se han eliminado las dinámicas neoliberales que han azotado a los diarios durante los últimos años, sino que se ha ido un paso más allá. Bajo el mantra de la innovación, los medios están comenzando a depender del duopolio de Google y Facebook en lo que se asemeja a una versión beta de una nueva relación feudal adaptada al mundo digital. Si un artículo no se ciñe a sus normas, pierde posicionamiento y visibilidad. Nos encontramos así ante una suerte de imprenta global donde el ecosistema mediático comienza a girar en torno a las reglas de dos compañías, que determinan buena parte del proceso de creación de opinión pública.

Este tipo de filantropía se remonta a los años 1930, cuando la Fundación Rockefeller empezó a financiar los primeros programas de investigación en comunicación, aunque no fue hasta después del estallido de la Segunda Guerra Mundial cuando creció el apoyo directo a gran escala, gracias a la contribución de la Fundación Ford para establecer el sistema de televisión educativa estadounidense, que se convirtió en la Televisión Educativa Nacional (NET) en 1963. No obstante, el pico se produjo a principios de este siglo, después de que Bill y Melinda Gates levantaran su propia organización.

Entre 2009 y 2011, un total de 1.012 fundaciones financiaron 12.040 subvenciones relacionadas con medios de comunicación y la educación universitaria en esta rama por valor de casi 2.000 millones de dólares —alrededor de un cuarto de este total fue destinado a apoyar concretamente el periodismo. Pero de los 527 millones de dólares asignados a ese fin, el 65% provino de tan solo diez fundaciones (entre ellas la Knight, Ford o MacArthur), de acuerdo a los datos del Foundation Center, centro que publica información sobre el mundo de la filantropía. Las fechas no son casuales, sino que coinciden con la crisis financiera y también con la del modelo de negocio a través del que se financiaban los medios. Según estima el Pew Research Center, de 2005 a 2013, los ingresos por publicidad de los periódicos cayeron de 49.000 millones de dólares a poco más de 20.000 millones.

En EEUU, la crisis periodística fue más pronunciada porque el sector de medios apoyados por el gobierno era más reducido que en otros países europeos. Los pilares de su sistema de medios públicos son el Servicio Público de Radiodifusión y la Radio Pública Nacional (PBS y NPR por sus siglas en inglés), con una financiación de los contribuyentes que asciende a cuatro dólares per cápita. Nada comparado con los 50 dólares que reciben los medios de servicio público en Francia, los 91 dólares de Gran Bretaña o los 130 dólares de Alemania, Noruega o Dinamarca. Por otro lado, en total, las fundaciones donaron 13,4 millones de dólares al periodismo de investigación entre 2015 y 2016, según el Foundation Center. Un ejemplo concreto es el del fondo de Google para la innovación en noticias digitales, que desde 2015 ha otorgado más de 70 millones de euros a más de 350 proyectos en 29 países europeos.

La filantropía como horizonte neoliberal

Atrapados entre el cambio en el mercado de noticias y la negación de recurrir al sector público, la filantropía se ha presentado como la panacea a buena parte de los problemas de la prensa. Emily Bell, del Centro de Periodismo Digital de la Escuela de Periodismo de Columbia, es una de las voces que lo propugnan con más convencimiento: “El periodismo independiente necesita más que nunca una transferencia de riqueza de Silicon Valley. Las cuatro o cinco empresas tecnológicas líderes podrían donar mil millones para dotarle de un nuevo motor”. La idea no ha sido nada bien recibida entre los círculos más críticos. “Debemos recordar que las donaciones no son gratuitas, sino que constituyen una reorientación de los recursos públicos (dólares que podrían ir al gobierno si no fuera por generosas deducciones fiscales) a fundaciones no transparentes que inexplicablemente han asumido responsabilidades en la política mediática”, señala el sociólogo Rodney Benson, de la Universidad de Nueva York.

Pongamos un ejemplo actual del entramado tecnocrático que se ha generado. Una de las fundaciones más influyentes, la John S. and James L. Knight Foundation, anunció a finales de septiembre una iniciativa de 2,5 millones de dólares “para apoyar el papel del periodismo fuerte y de confianza como esencia para una democracia saludable”. La Comisión Knight estará presidida por Jamie Woodson, presidente ejecutivo y consejero delegado de Tennessee State Collaborative on Reforming Education, una organización que en 2013 recibió la financiación de los Gates‘ para seguir implementando sus planes disruptivos en la educación –como desarrollar sistemas pedagógicos para suplantar al profesorado por sistemas de inteligencia artificial y donde la extracción de datos es el principal fin–, y estará dirigido por el Instituto Aspen.

Esta última organización, que en España recibe el patrocinio de la plana mayor del Ibex 35 (Repsol, Telefónica, Caixabank, Acciona, Iberdrola), cuenta con el apoyo de las fundaciones Carnegie, Ford, Rockefeller y Gates. Entre los comisionados que monitorizarán que las investigaciones encuentren la forma de recuperar la confianza en el periodismo, destacan dos altos cargos de Google y Facebook.

Un asunto que también es digno de consideración es si el abrazo de las fundaciones surge por el rápido cambio en la práctica del periodismo impulsado por la tecnología digital. En este sentido, la posición central de los académicos contra las fundaciones es que son un componente importante en el establecimiento y mantenimiento de las estructuras existentes de control de la élite financiera y tecnológica. Según un estudio de 2007 realizado por Robert Arnove y Nadine Pinede, “las tres grandes fundaciones de Estados Unidos, Ford, Rockefeller y Carnegie, han desempeñado un papel crucial en la creación de un sistema de información mundial cada vez más interconectado con la potencia norteamericana como epicentro, promoviendo un enfoque elitista y tecnocrático del cambio social y la labor periodística”.

Dan Schiller, profesor emérito de la Universidad de Illinois y autor de distintos libros sobre la relación entre los medios y el capital en la era digital, lo resume de la siguiente forma: “En las últimas tres décadas de hegemonía neoliberal, las páginas y pantallas de los medios de comunicación integrados globalmente han ejercido una poderosa violencia simbólica, normalizando el poder de las finanzas y despolitizando a los lectores y trabajadores, a los que vieron como meros consumidores de los empresarios que financiaban la actividad periodística. Hoy en día, la nueva economía basada en el capitalismo digital es igual de susceptible a ejercer la influencia que llevó a cabo su predecesor”. Según distintas previsiones, Facebook y Google acapararán más del 60% de la inversión publicitaria en 2017. Aunque este dato solo tiene en cuenta de forma indirecta el poder que tiene Silicon Valley sobre la prensa que señalaba Schiller.

“La batalla que se avecina no será sobre el control de los mercados en el sentido tradicional. Se tratará de la batalla por el control sobre la información de los consumidores. Los titanes tecnológicos están en una carrera para ver cuál de ellos puede construir una mejor réplica digital de sus consumidores, lo que significa encontrar una manera de no solo recoger datos de usuarios, sino también dificultar dicha labor en sus competidores. Los monopolios de mañana no podrán ser medidos solo por la publicidad que nos venden. Estarán basados en lo mucho que saben sobre nosotros y cuánto mejor pueden predecir nuestro comportamiento respecto a los competidores”, señalaba un análisis de la Harvard Business Review. Y aquí está el quid: para Silicon Valley, los medios de comunicación son competidores directos a la hora de implantar su plan para controlar la información global.

Hacia una imprenta digital global

El académico de la Universidad de Columbia Efrat Ne-chushtai ofrece una de las lecturas más claras acerca del control que ejerce Silicon Valley sobre los medios: “El elemento más importante en las relaciones de Google y Facebook con las organizaciones de noticias es el hecho de que han llegado a proporcionar la mayor parte de la audiencia de sus noticias al mismo tiempo que son fuentes importantes de su crecimiento potencial, algo sin lo cual estos medios de comunicación no podrían existir”. Se trata de una especie de burbuja especulativa de las audiencias en la que los medios, gracias a los servicios de intermediación de estas dos empresas, llegan a muchas más personas de las que lo harían imprimiendo su periódico y distribuyéndolo. “Además –añade–, dotan a las organizaciones de noticias de herramientas para la producción de noticias, les proporcionan datos sobre el alcance de las historias y ofrecen herramientas de análisis e información”.

Todo esto tiene un precio. Según el académico, nos encontramos ante una nueva forma de captura corporativa que puede denominarse captura infraestructural: “Circunstancias en las que un organismo de escrutinio como son los medios no solo es incapaz de operar de forma sostenible sin los recursos físicos o servicios  digitales proporcionados por los negocios que en teoría supervisa, sino que depende de ellos”. Se trata del cambio de paradigma más importante que experimenta la prensa en la era digital, todo aquello que va desde reivindicar la independencia periodística frente a los editores y propietarios que han puesto en peligro la profesión durante las últimas décadas a ensalzar la dependencia de nuevos propietarios digitales y editores inteligentes. Como recuerda Nechushtai: “Incluso si las organizaciones de noticias mantienen la soberanía sobre sus plataformas y herramientas, la mayoría de sus lectores se generan ahora a través de plataformas como Google y Facebook”.

El analista Harry Browne interpreta este tipo de movimientos de una forma más profunda: “No existe un ‘interés público’ en el que, por ejemplo, Mark Zuckerberg y un refugiado sirio compartan una perspectiva común sobre un problema. En sociedades como la nuestra, los intereses son inevitablemente diversos y potencialmente antagónicos. Esto debería ser obvio, pero se esconde bajo los discursos de interés público, distintos pero que se superponen, del periodismo y la filantropía”. Según Browne, en la medida en que Google y Facebook equiparan la idea de “interés público” con combatir las “noticias falsas” que se generan en su plataforma –fruto de la influencia corrupta ejercida por el capitalismo digital sobre los medios–, estos últimos sucumben a una versión mitológica que en realidad suprime la diversidad y el pluralismo en línea para abrazar un “ecosistema de medios” monopolizados por dos corporaciones.

Browne se refiere a los planes que están llevando a cabo tanto Google, a través de la iniciativa de noticias digitales (DNI), como Facebook, con un proyecto periodístico que lleva su propio nombre. A primera vista, dos simples fondos para ayudar a los medios a sobrevivir se alzan como una de las primeras muestras de esta especie de relación similar a la que imperaba en el feudalismo entre los propietarios de la imprenta global y los periódicos, a los que tratan como sus inquilinos. Como lo definió The New York Times recientemente, ellos dos son “miembros de la realeza de la corte, los que proveen noticias de calidad son sus suplicantes y siervos”.

En definitiva, nos encontramos ante el intento por culminar la “aldea global” que predijo McLuhan, una forma sutil de señalar que la hegemonía cultural de la industria estadounidense se convertiría en un océano al que tienden las corrientes del resto de Occidente. Pero con una salvedad: la aldea global no nos conecta culturalmente, sino económicamente. Y nuestros datos, transportados por el libre flujo de capital, se concentran en Silicon Valley. En una ocasión el periodista del diario aleman Süddeutsche Zeitung Heribert Prantl señaló que los periódicos son vitales para el sistema. “Pero el sistema para el cual son vitales no se llama economía de mercado, ni sistema financiero, ni capitalismo, sino democracia”. Hoy pareciera como si no lo entendieran quienes depositan en el “nuevo periodismo”, es decir, en el digital, la fe ingenua de alcanzar una prensa verdaderamente libre.

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El periodismo ante el cambio de piel del capitalismo global

Juan Luis Cebrián. FOTO: ÁLVARO MINGUITO.

Ninguna de las dislocaciones que ha sufrido el periodismo a lo largo de su historia ha supuesto un reto mayor para la independencia de la profesión como la llegada de Internet y su correspondiente privatización por los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Más aún si este suceso coincide con otro aspecto coyuntural de similar gravedad: la prensa tradicional ha abandonado los códigos éticos que establecían los límites para el ejercicio de su profesión con el fin de favorecer la versión de la realidad que defienden las grandes empresas que pagan su deudas; el carácter comercial se ha entremezclado peligrosamente con el criterio de verdad.

Nos encontramos así ante una situación bisagra en la que una crisis no termina de ser superada mientras otra nueva emerge. La crisis del periodismo es una normalidad, un instante eterno. Importantes consecuencias para el desarrollo del debate público se desprenden de todo esto: la absoluta perversión de la esfera pública, la alienación de los ciudadanos –ahora convertidos en audiencias inmersas en experimentos de mercado– y su entendible desconfianza hacia cualquier instancia que reivindique la verdad como proceso empírico.

El País, otrora periódico que se reivindicó la vanguardia intelectual de España, es quizá el ejemplo que mejor refleja las dos espadas de Damocles que penden sobre la prensa en esta suerte de interregno. Lejos de representar un ejemplo contemporáneo de emancipación, si colocamos la vista sobre algunos sucesos recientes podemos observar cómo este medio comienza a fundirse en la red de comunicaciones que establece el sistema del capitalismo multinacional de nuestros días. Para ello hemos de colocar el foco en la paradigmática campaña encabezada por el subdirector de este diario, David Alandete, sobre la influencia que han tenido los bots rusos en el debate online posterior al referéndum catalán.

Desinformación sobre la crisis catalana

Parece evidente, y no resulta ninguna novedad, que este hecho habla de cómo un periódico abandona todo criterio periodístico para seguir una agenda política –y en última instancia económica– con el fin de presentar una supuesta injerencia de Rusia en la batalla por el relato de la crisis catalana. En otras palabras: El País contribuye a programar al lector con la idea de que estamos ante el peligro ruso para legitimar actuaciones excepcionales que en ningún otro caso serían tolerables. Porque en realidad, como señalaba en un análisis Yolanda Quintana, faltan datos relevantes sobre la supuesta intervención “de hackers rusos” en Cataluña. “Y estas pruebas no parece que vayan a lograrse, al menos en lo que se refiere a una acción combinada con ciberataques para robar información o comprometer equipos, que no se ha dado en España según los datos del CNI”.

Algo similar argumentaba Carlos del Castillo cuando escribía “que la unidad de la Unión Europea encargada de analizar la propaganda rusa no ha detectado ningún caso de injerencia en el tema catalán, como asegura el Gobierno”. “Un enemigo en forma de simulación”, añadía apelando a la famosa tesis de Baudrillard, donde el sociólogo explicaba que hemos entrado en una lógica de la simulación que no tiene nada que ver con la lógica de los hechos.

En segundo lugar, la campaña de los bots rusos nos dice mucho de la industria de las ideas que ha emergido durante las últimas décadas con el fin de sostener la hegemonía cultural de las élites nacionales y globales. Los think tanks proveen a los medios de cualquier clase de argumentos para reflejar una determinada visión de la realidad, y ambos se retroalimentan para que esta coincida con la del dinero privado que los financia. De esta forma no extraña que las pruebas sobre las que se asienta la información de El País, como señalaba Pablo Elorduy, “son las que ha aportado el propio El País, envueltas para su consumo académico por Mira Milosevich Juaristi, investigadora del Real Instituto Elcano, autora de un informe cuyas principales pruebas son los artículos de dicho periódico”.

Y añadía Marta Peirano, con un análisis más cercano al tercer punto sobre el que ahora hablaremos, que lo más sólido que tenía este periódico son “los informes de think tanks conservadores como los del Lab del Atlantic Council, cuyo presidente europeo para Latinoamérica es José María Aznar”. Todo esto refleja que quizá lo peligroso para la democracia no sea que un par de bots puedan ejercer alguna influencia en la red, sino la absoluta privatización de aquella esfera pública teorizada por Jürgen Habermas. Digamos que el sistema a través del cual desarrollamos nuestro pensamiento ha sido pervertido y corrompido por tecnocrátas con el único fin de propulsar el relato del establishment, dando lugar a sucesos tan rocambolescos como la campaña de El País.

Ahora bien, para entender la tercera de las implicaciones hemos de recurrir a un artículo premonitorio publicado en enero por el escritor bielorruso Evgeny Morozov: “El pánico moral en torno a las noticias falsas esconde la negativa a reconocer que esta crisis ha convertido al Kremlin, en lugar del modelo comercial insostenible del capitalismo digital, en el chivo expiatorio favorito de todos”. A todo ello, por cierto, también contribuye la industria editorial dando difusión a pseudo-teorías como la que Luke Hardian despliega en Conspiración. Porque, como dice Morozov, el problema para la democracia “no son las noticias falsas, sino la velocidad y la facilidad de su diseminación, y existe principalmente porque el capitalismo digital de hoy en día hace extremadamente rentable –mira a Google y Facebook– producir y hacer circular narrativas falsas pero que valgan la pena”.

En este sentido, El País no solo ha escogido eludir todas estas problemáticas (fundamentales para la suerte de un supuesto proyecto ilustrado donde la democracia liberal se asienta sobre un debate público donde la razón prima a cualquier otra consideración), sino que se aprovecha de todas sus deficiencias para atacar a un enemigo político del Gobierno español. La utopía ilustrada está siendo desmantelada por herejes que se dicen sus defensores.

El poder de la violencia simbólica

Lo que nos lleva precisamente a analizar este suceso, de carácter a primera vista nacional, prestando atención al contexto del capitalismo global. En este sentido, las deducciones que Dan Schiller presentó en un trabajo de 1984 (casualmente la fecha con la que tituló Orwell su famoso libro) resultan reveladoras: “En un lapso de aproximadamente 30 años, el capital transformó la estructura de las noticias en un proceso que naturalizó el razonamiento neoliberal en la configuración de la cobertura informativa”. Schiller resaltaba tres conclusiones en su estudio: que los actores institucionales (periodistas y editores, legisladores gubernamentales y ejecutivos corporativos, profesionales de marketing y publicidad…) dominan este proceso, explotando los estándares periodísticos existentes para redefinir los parámetros de lo que es legítimo en una economía desregulada mediante noticias presentadas como información; que la progresiva asimilación de esta práctica era causa directa de la redistribución de los recursos económicos, ya que el capital de la industria canalizaba sus inversiones hacia las empresas de noticias de escala transnacional y que la mayoría de historias que aparecían en los medios integrados globalmente ejercieron una poderosa violencia simbólica, normalizando y despolitizando lo que no hace mucho se entendía como teorías económicas marginales.

De esta forma, si la historia de la prensa se encuentra directamente relacionada con la historia del desarrollo de las estructuras políticas y fundamentalmente económicas, hemos de comprender la dimensión a escala global del capital para entender la independencia de la que goza el periodismo y escrutar si cumple su verdadero rol de garante de la democracia. Y ateniéndonos al contexto que señalaban autores como Schiller y Morozov parece que no es el caso.

Nos encontramos ante el desarrollo de un capitalismo digital en el que Silicon Valley trata de renovar el ideal del capitalismo financiarizado de Wall Street. Digamos que la publicidad ya no supone un negocio tan relevante para las corporaciones digitales como el manejo de nuestros datos. Cada vez más, la economía produce otro tipo de bienes, basados en el conocimiento: los servicios. Así es que las empresas de Silicon Valley se encuentren en el proceso de extraer, compilar y analizar nuestros datos mediante sus sistemas de inteligencia artificial con el fin de ofrecer buena parte de los servicios futuros. Con respecto a El País, no estamos ante un periódico que coloque al poder tecnológico ante un espejo para retratar unas intenciones que cada vez son menos democráticas, sino ante el gran embajador de la llegada de la ideología californiana en España.

Los nuevos revolucionarios corporativos

“Toda revolución tiene un líder. La digital no es excepción”. Así, en un intento por superar a los líderes revolucionarios del pasado siglo, se presentaba en la web de El País Retina el encuentro para los Líderes de la Transformación Digital con el fin de “definir el futuro digital”. O en otras palabras: avanzar la agenda de un par de corporaciones en un mercado que ya es digital. Así es que el 28 de noviembre dicho periódico acogió un acontecimiento financiado por Telefónica y el Santander, ambos accionistas de PRISA (la empresa editora de El País), y de Google, compañía que en 2016 acordó otorgar a varios medios de PRISA parte de los 150 millones de euros en tres años que la empresa destina a iniciativas que “mejoren el periodismo digital”. Pareciera como si las empresas tecnológicas norteamericanas hubieran firmado un acuerdo tácito de convivencia pacífica con las grandes empresas españolas para extraer datos de nuevos nichos.

O eso se desprendió de un evento en el que participó la directora general de Google España y Portugal, el director general de Accenture Digital para Iberia o la fundadora y CEO de Synergic Partners en Telefónica, la cual tiene la intención de “deconstruir la Transformación Digital”. También se encontraban entre los presentes de un evento, cuya entrada de día costaba 750 euros, el director para el sur de Europa de Tesla, el CEO de car2go, el CEO de Telefónica de I+D, el líder en Europa de Google así como los exministros Jordi Sevilla (quien escribió recientemente en Twitter que dejaría de leer El País) y Josep Piqué. Varios periodistas estrella del Grupo Prisa formaban parte del espectáculo.

Digamos que Retina parece una start up que genera, bajo la marca de El País, contenido que bien pudiera aparecer en las notas de prensa de cualquiera de las empresas del nuevo mercado digital. Por ejemplo, Google financia una sección llamada “Think with Google”, donde se pueden leer cosas como “Vender aún más en Black Friday es posible”o “La sanidad privada empieza en la web”. Dicho de otra forma: El País se ha convertido en un periódico cuyo fin es publicitar una empresa que tiene casi el monopolio de los datos de buena parte del mundo; hacer tolerable que la organización del conocimiento del mundo se concentre en una empresa.

Y no es el único ejemplo de cómo la publicidad ha difuminado cualquier rastro de periodismo. Recientemente, OpenMind (la rama de “conocimiento” del BBVA) presentó con la sección de Ciencia de El País un evento donde diversos expertos se reunían para discutir sobre robótica, inteligencia artificial, biología y el futuro del mundo en 2050. Quienes antaño denunciaban que el marketing y la realidad se pudieran entremezclar alterando la esencia del periodismo se han convertido en especialistas en marketing. Son como empresas de comunicación que subordinan la idea del periodismo, o lo que queda de ella tras una crisis sin precedentes, a la ideología californiana.

Noam Chomsky y Edward S. Herman criticaron en 1988 que la industria de las relaciones públicas trataba de crear un consentimiento hacia la racionalidad del mercado a través de la propaganda (hoy llamada fake news para desacreditar precisamente la propaganda enemiga). Veinte años después nos encontramos ante une escenario bastante distinto: la plataformas digitales, junto con periodistas u otros miembros del nuevo establishment, se reúnen en foros como este, no para promover el consentimiento, sino para establecer un consenso sobre el futuro de un capitalismo al que no le queda otra forma de seguir avanzando que penetrar en parcelas cada vez mayores de la vida digital de los ciudadanos. Sean los grandes bancos, las  empresas de telecomunicaciones, las tecnológicas o una fusión de las tres, lo cierto es que se está estableciendo un modelo de negocio del futuro basado en hacerse con el control de nuestra propiedad privada, traducida en nuestros datos, para ofrecernos después pagar por aquellos servicios de los que hoy disfrutamos de forma gratuita, y por otros nuevos que están por llegar.

El País, el hijo terrible de la edad (pos)moderna

Las nocivas dinámicas del capitalismo digital han creado una especie de ecosistema digital hipercompetitivo donde los medios tienen que pelearse por la atención de los usuarios al tiempo que dos plataformas se hacen con buena parte de los ingresos de publicidad digital que antes iban a parar a sus arcas. Por eso, tanto en el sector mediático norteamericano, el grupo comercial News Media Alliance (compuesto por la News Corp de Rupert Murodch, el New York Times o The Economist) ha tratado de lograr una exención antimonopolio del Congreso para negociar la publicidad en Internet en igualdad de condiciones en conjunto con las plataformas tecnológicas, como en el alemán de mano del editor del Bild Alex Springer, las empresas de medios han plantado cara a Silicon Valley con el fin de lograr un trozo mayor de la tarta de ambas empresas y mantener algo de soberanía en su negocio. Como dijo en una ocasión Andrew Ross Sorkin, columnista del Times: “Facebook y Google son propietarios que tratan a los grupos de periódicos como inquilinos. Y las rentas se están incrementando”.

En esta especie de nuevo feudalismo digital, El País parece adelantarse al resto del entorno para convertirse en una especie de nueva nobleza. Todo ello, por supuesto, a un grave costo: el valor (credibilidad) que tiene la marca de un medio de comunicación es explotado por dos empresas de Silicon Valley para presentar como racional ante la opinión pública sus planes de futuro privatizado. De esta forma se está creando una nueva esfera cooptada por el poder corporativo que afecta a la capacidad de los ciudadanos para pensar libremente. Así se entiende mejor lo que las élites han denominado cínicamente como posverdad. La posverdad es en realidad un estado cada vez más próximo al nihilismo en el que se encuentra la opinión pública. Se trata de un momento de tránsito que va desde un sistema de conocimiento basado en que la propaganda corporativa canalice las experiencias humanas hacia el mercado hasta otro con un fin similar, pero asentado sobre la personalización individual del contenido mediante herramientas de machine learning o la inteligencia artificial. El nuevo objetivo de estas herramientas es organizar el consumo del individuo hacia servicios que monopolizan dos empresas adelantándose incluso al deseo del consumidor.

En lo que respecta al periodismo, parece que la forma que tienen los empresarios periodísticos de tomar ventaja en este entorno es abocarse al poder de las empresas privadas pauperizando la profesión hasta cotas nunca antes vistas. Estamos ante un proceso de destrucción creativa schumpeteriana de un modelo periodístico en detrimento de otro, basado en crear una especie de imprenta global en la que los medios de comunicación comienzan a operar bajo una reglas espacio-temporales marcadas por la inmediatez y el exceso de información. Ha desaparecido cualquier reflexión política reposada en unos lectores convertidos en meras mercancías, como también ha desaparecido el papel de guardianes de información de los medios de comunicación. Cuando el mercado controla cada reducto de información, la labor del periodismo es poco más que ejercer de agencias de publicidad que promocionan la intromisión del capital privado en todas las esferas de nuestra vida.

Pareciera como si no existiera nada más allá de este capitalismo ilimitado de dimisiones totalizadoras. Como si fuera una ley natural la asunción de este nuevo rol del periodismo en una sociedad controlada por un par de empresas digitales que dominan la esfera pública en toda su complejidad. Ocurre que al aceptar esta lógica se impone la idea que ha desaparecido cualquier atisbo de vanguardia intelectual, puesto que inmersos en las dinámicas del mercado global ya no hay ningún enemigo al que vencer. En este tiempo, la tarea dialéctica de los medios debiera alejarse mucho de la conducta elegida por El País. Ello supondría la modesta hazaña de hacer periodismo, abrirse paso a machetazos a través de las mecánicas que tratan de establecer los nuevos amos del sistema y transmitir a la opinión pública la dimensión de la época en la que vivimos con una fuerza tal que su sentido pueda ser modificado.

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Día de la absolución del CETA: se culmina el divorcio con la realidad

Encuentro 'CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá'. Foto: Comisión Europea.

Una de las características más inquietantes del presente momento histórico es la absoluta complacencia con los excesos del capitalismo global, forjado gracias a la arquitectura que despliega el comercio internacional. La forma de legitimarse de este orden en un estadio tan avanzado supera cualquier concepción que tengamos sobre el propio espectáculo, se borran las fronteras entre la realidad que decreta y lo que percibe el imaginario popular como tolerable. Estas son las impresiones que se desprenden de la jornada “CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá,” el evento que abre la veda a una nueva campaña de relaciones públicas de la Comisión Europea llamada “Hablemos de comercio”. Ante las turbulencias populistas, la idea parece presentar la globalización neoliberal impulsada desde los años ochenta como nuevo sentido común de época o, como señalaba la nota de prensa de un evento que contaba con dos visiones -la empresarial y la institucional-, intentar “establecer un debate informado sobre el comercio internacional.” El equilibrio no es un rasgo fundamental de este tiempo.

La opinión pública se está haciendo más favorable a estos tratados”, celebraba durante la sesión Christian Burgsmüller, del gabinete de la Comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. Con la llegada de Donald Trump, los acuerdos comerciales no sólo han parecido adquirir completa legitimidad como contraveneno al multimillonario, sino que conceden al establishment bruselense todas las excusas para borrar de un plumazo un pasado molesto. La consciencia de aquellas batallas en la calles de Seattle en 1999, un “referente” contra las dinámicas de la globalización que de por sí eran una distopía de lo que fueron luchas pasadas, se ve ahora progresivamente cercada. De aquello sólo quedan las crónicas y decenas de miles de quejas en forma de ‘tuit’. Y “veremos — añadía Burgsmüller— cuando pasen dos o tres años y la visión apocalíptica de algunos críticos no se haya cumplido.” La realidad desaparece —es privatizada— ante una incesante sucesión de eventos que hablan del futuro de “las sociedades prósperas e igualitarias”.

“Existe una inquietud en proyectar un tipo de integración económica global, que es la base de la prosperidad creada en nuestros países desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos razón para la celebración de hoy,” explicaba Matthew Lewis, embajador de Canada en España, desde su tribuna en la Casa América, que en su patronato cuenta con el BBVA, Gas Natural, Telefónica y las Fundaciones del Banco Santander, Iberdrola y Repsol. Pareciera como si hubieran desaparecido los dislocados por los excesos de la globalización y el ataque al estado de bienestar nacional iniciado en los años ochenta; como si obtuvieran en los acuerdos de comercio como el CETA la receta homeopática a sus males.

El comercio es desde los recuerdos más lejanos de este Viejo Continente el gran motor de su integración. Asentada bajo la garantía de un mercado libre como forma de alcanzar un mundo pacífico y próspero frente a la devastación de la guerra, un grupo de estados europeos trataron de demostrar al mundo la viabilidad de su ideal de progreso ilustrado, fundamentado en la realización de la razón como liberación de la industria. Pese a que José Vicente González, vicepresidente de la CEOE, expresó que “es radicalmente falso que los tratados de comercio están hechos a medida de las grandes empresas”, el producto europeo actual es aquel en el que los jefes de grandes corporaciones se reúnen en Bruselas eminentemente para hacer negocios y, capitaneados por el superávit generado por la industria alemana, alzarse como un bloque comercial que plante cara al resto del mundo. A eso lo llaman Unión Europea. Y precisamente en ese mismo sentido apelaba Matthew Lewis al componente excepcional de nuestro tiempo: “es un acuerdo histórico que refleja la visión de sociedad que queremos, que se beneficia del dinamismo y la creatividad de la apertura económica”.

Precisamente haciendo un recorrido histórico por la posmodernidad, el historiador Perry Anderson concluyó que cuando existe una grieta entre la experiencia existencial y el conocimiento científico, “la ideología asume la función de inventar alguna forma de articular entre sí esas dos dimensiones distintas”. En este caso concreto, la ilusión de que “lejos de beneficiar a las grandes empresas, este tratado está centrado en las pymes [pequeñas y medianas empresas]”, en palabras de Carlos Molina, periodista de Cinco Días. O en las de José Luis Kaiser, de la Secretaría de Estado de Comercio: “yo he trabajado casi 15 años negociando acuerdos como el CETA y este acuerdo está enfocado sobre las pymes.” Todo aderezado de una nota de prensa que sostenía la cifra de que las empresas europeas ahorrarán cada año 590 millones de euros en aranceles gracias al acuerdo. Cabe destacar que la única referencia al dato se remonta a un comunicado de 2016 de la Comisión Europea. Según fuentes oficiales, supuestamente esa cifra es producto de descontar de las exportaciones totales hacia Canadá el ahorro que se deriva de la reducción de los aranceles en los próximos años. Un artificio propio de ilusionistas.

Porque en efecto es ilusorio creer que quienes comenzaron a negociar este acuerdo en 2009 —concretamente, el entonces presidente de la Comisión Europea y actual presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, José Manuel Durão Barroso— lo hicieron con la intención de beneficiar a las pymes. Si bien algunas cuestiones (la reducción de trabas administrativas o eliminación de aranceles) podrá resultar beneficiosas para las pequeñas y medianas empresas, lo cierto es que el acuerdo final no contiene ni un solo capítulo específico con obligaciones para apoyar a las pymes. De hecho, como revela un trabajo académico de 2016, las pymes solo se mencionan en el acuerdo final ratificado por España en tres ocasiones: en los capítulos sobre inversión, comercio electrónico y compras gubernamentales. Y es más: según los datos, en la actualidad existen más de 20 millones de pymes en la Unión Europea (el 93% de estas, con menos de 10 empleados), pero sólo 619.000 exportan fuera de esta. Sin considerar que las dinámicas de liberalización sin freno impulsadas también por el CETA serán feroces para estas empresas, expuestas a la competencia de las grandes corporaciones transnacionales, y deberán hacer malabares para asegurar los 90 millones de puestos de trabajo (67% del empleo total en Europa) que generan.

Al parecer hemos entrado en la era moderna, y van a llegar muchos acuerdos “modernos y progresistas”. En conversaciones con La Marea, Christian Burgsmüller aclaraba que desde Bruselas se han dado de frente con la realidad de que la presente arquitectura de la globalización ya no se adapta a los tiempo actuales y es hora de negociar nuevos tratados de forma ambiciosa con países como Canadá, con los que compartimos valores tales como el “compromiso con la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental”. Dejando de lado que Canadá acogiera a más refugiados en medio año que cualquiera de los veintisiete estados europeos, en lo que respecta al contenido concreto del CETA no hay ninguna cláusula que salvaguarde los derechos humanos, una exigencia que realizó el Parlamento Europeo durante las negociaciones del TTIP.

También la cuestión ambiental es más que discutible. No sólo porque la ampliación de derechos de los inversores que contempla el tratado con Canadá podría desencadenar demandas de compañías contaminantes cuando los gobiernos traten de regular o acabar con la actividad de minas sucias o poner fin a los combustibles fósiles, sino porque cualquier disposición para implementar las políticas ambientales y climáticas de forma urgente puede chocar con las reglas que establece el tratado. Además, contrariamente a las exigencias llevadas a cabo por el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo en el TTIP, el CETA sólo protege parcialmente las indicaciones geográficas, no contiene disposiciones sobre la reducción de los antibióticos en la ganadería, no promueve las energías renovables y utiliza listas negativas que dificultan el derecho a regular el sector energético. En una línea similar caminaban las conclusiones del Comité de expertos establecido por el presidente francés, Emmanuel Macron, para evaluar el impacto ambiental del acuerdo al concluir que, en el marco del texto final, “existen riesgos para invocar el principio de precaución europeo” o sus implicaciones serán “desfavorables para el clima.” Preguntado por ello, Burgsmüller insistió en que “el CETA no va a acarrear políticas contrarias al clima”.

Ha llegado un punto en la lógica discursiva del capital en la que pareciera que son las élites económicas, y no sólo los populistas de ultraderecha, quienes están comenzando a desembarazarse del concepto de ‘verdad’. De nuevo José Vicente González, de la CEOE, entidad poco conocida por su defensa de los derechos laborales de los trabajadores, señalaba en el evento la falacia de que el CETA va a arruinar puestos de trabajo, “cosa que no tiene ninguna constancia empírica,” señaló antes de avisar que improvisaría su intervención. “La desventaja es que estará poco estructurada, pero será sincera,” aseguraba en términos orwellianos. Sobre estas palabras, la Comisión del Parlamento Europeo de Asuntos Sociales y Empleos, tiene algo que decir en lo que respecta a la creación de empleo. Según los datos empíricos de uno de los estudios citados en sus recomendaciones para votar en contra del CETA, en el mejor de los casos se producirán aumentos marginales en el empleo de la Unión Europea de no más del 0,018% en un período de ejecución de entre 6 y 10 años. También otros estudios han presentado el argumento de que la creación de empleos no es tan segura y se pueden producir pérdidas de en torno a 204.000 empleos para la Unión Europea en su conjunto. En cuanto a los salarios, proseguía la recomendación parlamentaria, “la evidencia demuestra que el acuerdo contribuiría a ampliar la brecha de ingresos entre trabajadores no especializados y calificados, aumentando así las desigualdades y las tensiones sociales.”

En conferencias como esta, donde la clase política y económica puso el broche a la sesión entre vinos españoles, uno tiene la impresión de contemplar ante sus ojos aquel fenómeno que Anderson denominó como el “encanallamiento general de las clases poseedoras.” Esas élites verdaderamente intelectuales o academicistas que caracterizaban a la era moderna han sido suplidas hoy por una especie de populismo estético, característico de las élites cosmopolitas contemporáneas, donde la endogamia tecnocrática se vislumbra de forma perfectamente definida. Al final iba a acabar siendo verdad lo que dijo entre risas Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de Comercio de España: “los empresarios se creen más a los empresarios que a las instituciones.” Y al parecer, gracias en parte al mimetismo ético de los círculos de poder, sucede también a la inversa: las instituciones europeas se creen más a los empresarios.

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George Soros y la utopía democrática del ‘filantrocapitalismo’

La última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha desvelado que el multimillonario George Soros usó los servicios del bufete Appleby, que ingresa en torno a 100 millones de dólares anuales y posee oficinas en casi todos los paraísos fiscales. Nacido en una familia judía asentada en Hungría que sobrevivió al Holocausto, Soros es cliente de una compañía líder del mercado en el negocio offshore que ayuda a los oligarcas más ricos del mundo —ya sean de Rusia, Oriente Medio, Asia o África— a enmascarar actividades en algunos casos delictivas. El mismo que financia mediante la fundación Open Society a grupos de la sociedad civil de todo el mundo con el fin de avanzar en cuestiones de justicia social, comparte técnicas de ingeniería fiscal para ocultar dinero de fuentes dudosas con aquellos de su misma clase social dominante, pero de países poco conocidos por sus valores democráticos. Pero a diferencia de estos, el especulador financiero traslada la imagen de un filántropo preocupado por la democracia mundial mediante decenas de proyectos por todo el mundo.

Tomando prestada la idea del filosofo Karl Popper, entre los proyectos de la Open Society -fundada en 1993- para lograr lo que su propio nombre indica, una verdadera sociedad abierta así como un capitalismo globalizado y democrático, se encuentra el de financiar la prensa libre. Tanto es así que el mismo consorcio señalado previamente recibió en 2015 un millón y medio de dólares de la fundación del magnate. El ICIJ reveló con los Papeles de Panamá miles de documentos filtrados, procedentes de la firma de abogados Mossack Fonseca, que contenían enlaces a Soros. Pese a que el consorcio guardó silencio sobre los vínculos de su benefactor con el bufete de abogados, una investigación de la Fox reveló que tres de las vías para actuar a través de sociedades offshore de Soros estaban en los documentos: Soros Finance, Inc., constituida en Panamá; Soros Holdings Limited, en las Islas Vírgenes Británicas; y otra sociedad limitada en las Bermudas, llamada Soros Capital.

George Soros promueve a través de su fundación la visión hegemónica de ese capitalismo especulativo del que se alimentó en 1992 para llevar al Banco de Inglaterra al borde de la quiebra por manipular el precio de la libra tras apostar casi 1.000 millones contra ella, lo que desembocó en una ganancia considerable si se unen a los ingresos que obtuvo tras hacer lo mismo con divisas regionales como la tailandesa o malaya. Buena parte de esa cuantía fluyó a través del grupo de fondos de cobertura privada Quantum, que no está sujeto a la regulación normal de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por estar basada en una de esas islas con nivel impositivo mucho más bajo. Como señalaba la Fox, en 2014 Soros donó 381 millones de dólares acciones de Quantum a Open Society, su fundación.

Al mismo tiempo, Soros transfirió recientemente a dicha fundación unos 18.000 millones de dólares de una fortuna personal que asciende casi hasta los 26.000, convirtiéndola en la segunda mayor organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos por volumen de activos. El ensayista Esteban Hernández resumió a la perfección en un artículo la forma en la que Soros emplea su fundación para minimizar la factura de impuestos que los gerentes de fondos de cobertura debían abonar este año: “(…) el dinero que ganaba por gestionar sus fondos iba a parar a Irlanda, y allí era invertido de nuevo. Ahora, cuando llega el momento en que no pueden dilatar más el pago, muchos gestores de fondos están recurriendo a donaciones filantrópicas, en general a sus propias fundaciones, para reducir la cantidad que deben ingresar”.

Así que el mismo dinero que Soros evita pagar en impuestos en su país, mermando así la recaudación del Estado para financiar servicios públicos, es utilizado para apoyar al Partido Demócrata. Todo apoyo tiene un precio, y los 24 millones de dólares que donó en 2004 a los oponentes de George Bush, los ocho millones que transfirió directamente a la campaña de Hillary Clinton, o el millón que donó a su fundación, le sirvieron para “contratar” a la que también fuera Secretaria de Estado con el fin de que presionara en favor de sus intereses, según revelaron varios emails filtrados por Wikileaks.

Soros revela la dos caras que puede tener la democracia. De un lado, la visión democrática que promueve el otrora imperio norteamericano sobre los países de su órbita. “[El magnate] encarna como nadie la conexión entre el mundo de las finanzas depredadoras y la transformación de la sociedad post-soviética en líneas neoliberales, utilizando la movilización de la ‘sociedad civil’ como vehículo”, afirmaba Kees van der Pijl, científico político de la Universidad de Sussex, en el número 54 de La Marea. De otro, en una sociedad donde la hegemonía neoliberal cada vez es más abrumadora, representa la forma en la que se mezclan los viejos especuladores financieros con los llamados partidos demócratas y todo el entramado oscuro de poder, convirtiendo la democracia en un término vacío cuando choca con los intereses económicos.

Al fin y al cabo, el aspecto que resulta más curiosos de la aparición de Soros en los ‘Papeles del Paraíso’ es aquel que revela la hegemonía del capitalismo. Hablamos de que una de las investigaciones periodísticas más importantes de los últimos años no logra ningún efecto sobre la clase dominante. Pareciera que todo el dinero invertido por este y otros filántropos en financiar y salvar el periodismo ha cumplido su función: que la crítica no tenga ningún valor. La capacidad real que tiene el periodismo para hacer frente a los poderosos revelando información que les haga pagar por sus excesos se estrecha a medida que estos magnates alimentan la cultural capitalista, llenando los ingresos de las reacciones de medio mundo.

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El aparato cultural del Estado español: hacia una ensoñación totalitaria

Concentración Parlem, en Barcelona, el 7 de octubre. Foto: Jorge Lizana / Fotomovimiento

“Debe imponerse la fuerza de la razón”, le dijo Donald Tusk a Mariano Rajoy sobre la forma de lidiar con el conflicto catalán. Ocurre que la razón perdió su significado cuando desde Bruselas se instigó a que coincidiera con las máximas de la austeridad. Cuando la lógica política del Gobierno es superada por aquellas que establecen las fuerzas económicas, al Estado sólo le queda tratar de encontrar la legitimidad para responder a este momento histórico de crisis de Régimen mediante el uso de medios autoritarios y jerárquicos. Y el independentismo catalán lo ha sacado a relucir. Ya sólo queda movilizar al eficaz aparato cultural con el fin de eliminar cualquier atisbo de disidencia e imponer definitivamente la voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy para mantener el orden y la ley. Sólo existe un límite, y nada tiene que ver con consideraciones democráticas, sino con una cuestión de marca internacional: que el conflicto no escale hacia el uso de la fuerza policial y genere mala prensa en los medios extranjeros.

Interpretar el pasado para impedir un presente alternativo

No obstante, cuando hablamos de la batalla por el relato, también nos encontramos ante una lucha por la forma en la que entendemos la historia; el camino mediante el cual hemos llegado hasta aquí. De esta forma, Javier Cercas recuperó de forma cínicamente inteligente “el momento en que el Gobierno de la Generalitat se rebeló contra la legalidad democrática, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal española y cortó con el Gobierno de Madrid”. En la misma línea, pero ampliando las fronteras de su enfoque, Fernando Savater apuntaba recientemente que “el comunismo y el nazismo son la mugre política que la Unión Europea trató de erradicar. Pero ahí siguen”. Además definió con absoluto desprecio a la eurodiputada Marina Albiol como un “error histórico”. No es casualidad.

Los intelectuales de este débil y caduco momento buscan aquellos patrones similares en el tiempo anterior con dos finalidades: recuperar la conformidad del pasado para los valores del presente e impedir el surgimiento de un momento histórico que desemboque en grandes modelos alternativos. Algo que el propio Nietzsche ya criticó en sus segundas consideraciones intempestivas allá por el siglo XIX: “La historia solo resulta prometedora cuando nace de una nueva cultura naciente”. Cercas y Savater son parte de un amplio elenco de sacerdotes de una historia que se ha revelado inservible para establecer un ideal de democracia real en España. Tratan de usar el conocimiento del pasado para desarraigar un futuro, no ya que permita a los pueblos obtener su libertad, sino siquiera tener la capacidad para intentarlo.

Se da otro suceso curioso. En el mismo momento en que el Estado trata de hacer hegemónico el relato presente sobre la crisis catalana polarizando las posiciones de forma que quede enterrado cualquier matiz, observamos que el relato futuro que quedará sobre el conflicto vasco trata de asentarse sobre las mismas bases. Es una casualidad del destino que el Premio Nacional de Narrativa lo recibiera la Patria de Fernando Aramburu -esa novela ensalzada por todo el aparato patrio que presenta una idea de Euskadi en la que están las víctimas y aquellos cuya pistola sólo parecía conocer una patria-. Legítimo, desde luego, pero como ocurre con el relato que promueve el Estado, cualquier tinte intermedio es desdeñado. Cuando se tiene aprensión del contenido subversivo que posee todo recuerdo del pasado, el precio que pagamos no es otro que el olvido. El mismo que ya permite a Alfonso Alonso amenazar a Euskadi con aplicar el 155 o a Pablo Casado, enfant terrible del neoconservadurismo, dar un aviso a navegantes (léase ‘disidentes’). Oriol Junqueras y los otros siete consellers enviados a prisión sin fianza son otro de los ejemplos de represión que trata de justificar el relato cultural hegemónico.

España pasó de una dictadura a una democracia de forma pacífica, entró a formar parte de la actual Unión Europea en pocos años y, sin disfrutar la memoria española de lo que se denominaron los «Treinta Gloriosos», pronto se vio obligada a pagar con sus derechos sociales la factura de la austeridad. Fiel a Angela Merkel, el Ejecutivo de Rajoy cargó todo el peso de la supuesta recuperación sobre la clases más bajas, eliminó de forma sucesiva distintas libertades civiles y cerró la puerta a cualquier ideal de avance democrático en nuestra sociedad. Lejos de cambiar de idea, el reorden del establishment español -que coincide con un proceso de expansión global del capitalismo- trata ahora de que cualquier futura agenda económica o antisocial, por dura que sea, no reciba oposición alguna. Los conservadores usarán toda la fuerza de la Constitución, y en caso de que deba hacerse una reforma, la encabezará una derecha desbordada de poder gracias al apoyo de PSOE y Ciudadanos. Aquello que esté a la izquierda o tenga tintes discrepantes tratará de ser barrido.

Probablemente, el suceso más clarividente de cómo el relato gubernamental trata de acallar a los críticos fuera el artículo en donde Antonio Muñoz Molina atacaba frontalmente a un periodista de la talla de Jon Lee Anderson. Incluso el mundo artístico, ese plano subjetivo que crean los grandes novelistas -algunos articulistas ya convertidos en propagandistas del régimen-, trata de impedir la reflexión con el fin de justificar las acciones del Gobierno. En una entrevista con Nueva Revista, Anderson fue apelado sobre este tema de la siguiente forma: “[El artículo de Muñoz Molina] quizá demuestre que la democracia española es frágil, y por eso hay que defenderla”. A lo que respondió: “¿Y van a ganar adeptos a su causa atacando a los que intentan observar el proceso con ojos críticos pero constructivos?”. Cuando la democracia española es tan frágil que no admite crítica, la tendencia antidemocrática queda de manifiesto. Y solo la perspicacia del aparato cultural puede camuflarlo.

España en un mundo post-orwelliano

En un breve texto publicado en What Orwell Didn’t Know, un libro sobre la propaganda y la nueva cara de la política americana, Alice O’Connor apuntaba que si bien George Orwell describió a la perfección la maquinaria de propaganda en los regímenes totalitarios, nunca imaginó que el consenso de Washington establecido después de la Guerra Fría por los ideólogos de la derecha se convertiría en el nuevo pensamiento único de época. En esta suerte de mundo post-orwelliano, donde el libro más vendido ha vuelto a ser 1984, las élites hasta invocan al escritor inglés para eliminar una oposición que es bastante más moderada que aquella representada entonces por Vladímir Ilich Lenin. Pero han ocurrido muchas cosas desde que Orwell ironizó sobre la revolución rusa en Rebelión en la Granja. Y aún más desde que el mismo Lenin escribiera sobre la imposición de las exigencias socialdemócratas que “la libertad de crítica se redujo en el acto no sólo a la falta de crítica, sino a la falta de todo juicio independiente en general”.

En algo menos de un siglo, el triunfo de la democracia burguesa asentada en un liberalismo embridado ha dado lugar a una suerte de nuevo totalitarismo económico impuesto violentamente por la burguesía neoliberal, donde la socialdemocracia que criticaba Lenin es ya una breve distopía de lo que fue. No es ninguna causalidad que su precaria situación coincida con la avanzada bifurcación entre capital y democracia. Sin embargo, en España aún se mantiene viva. Aunque sea al precio de justificar la cara menos democrática del gobierno conservador.

Lo verdaderamente preocupante es que, si bien es cierto que la crisis catalana es la forma en la que se pone de manifiesto la crisis 78, pareciera como si la forma en la que el Estado español ha gestionado el suceso le hubiera permitido superar el eje arriba/abajo y la crisis de un régimen cuyas brechas permitieron emerger a un movimiento contrahegemónico como el que en su momento trató de ser Podemos. Los conservadores han logrado que la idea del “Estado de Derecho” adquiera la suficiente legitimidad como para colocarnos en una especie de momento histórico donde todo vale para legitimar intervenciones sociales radicales que muchos rechazarían en tiempos normales. Todo concepto debe adaptarse a aquel tiempo en que se utiliza, y la unidad de España es cada vez más una idea totalitaria. Lo vislumbraba Iñigo Errejón en conversaciones con La Marea tras las primeras elecciones: “El consenso ha tenido más peso por parte de las élites que el término democracia. El valor consenso se ha abierto camino de una forma totalitaria”.

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